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De los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo al recorte de apoyos al Programa PROSPERA y la forma en que se llevó a cabo el Censo del Bienestar.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIóN.


CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL RECORTE DE APOYOS AL PROGRAMA PROSPERA Y LA FORMA EN QUE SE LLEVÓ A CABO EL CENSO DEL BIENESTAR.

Los senadores suscritos, Senador MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, Senadora NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO, Senador MANUEL AÑORVE BAÑOS, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

PROSPERA es uno de los programas de mayor antigüedad del Gobierno Federal. A pesar de que ha sido modificado a lo largo de los años, el espíritu se ha mantenido casi intacto: apoyar a familias completas que se encuentran en pobreza alimentaria, a fin de que puedan desarrollarse de mejor manera y de forma sustentable.

El programa de PROSPERA recibió elogios de la ONU, de la Unesco, Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de México y de ex presidentes, recibió un premio internacional, e incluso, llegó a inspirar al ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, para lanzar un programa similar en Estados Unidos, llamado Opportunity NYC: Family Rewards.

En términos institucionales, ese programa tenía como objetivo “contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar” .

Dicho programa, surgido desde 1997 con el nombre de PROGRESA, se instrumentó como un apoyo directo a comunidades rurales y, posteriormente, indígenas, luego de estudios que comprobaban que los niveles de pobreza en ese sector eran verdaderamente lamentables, por lo que habría que acercar los recursos suficientes para que su línea de bienestar se colocara más arriba a través de apoyos directos en materia alimentaria, de salud y educativa.

Al día de hoy, la cobertura del programa se incrementó. Datos del CONEVAL arrojan que en 2017-2018, se atendían 2 mil 457 municipios de las 32 entidades federativas, llegando a más de 26 millones de personas en territorio mexicano, lo cual implicaba la inversión de casi 441 mil millones de pesos. Estamos hablando que este programa era una oportunidad de desarrollo completo y transversal para 6.8 millones de familias.

El Programa operaba en diversas aristas. Entregaba apoyos alimentarios económicos $335 pesos mensuales, apoyos educativos dependiendo el grado escolar, en promedio entregaba $225 pesos por niño inscrito en primaria, $541 pesos en secundaria, $923 pesos en educación media superior y $950 pesos en educación superior; apoyos en materia de salud dependiendo el número de integrantes de la familia tenían acceso al Seguro Popular y la vinculación de los beneficiarios con proyectos productivos, laborales y servicios financieros. De igual manera, el Programa brindaba un Seguro de Vida a las jefas de familia que otorgaba un apoyo monetario directo mensual, que era de los $315 a los $1,942 pesos mensuales.

De igual manera, el programa de PROSPERA operaba otorgando el apoyo mayoritariamente a un sector de la población que se encontraba en educación básico, es decir, se otorgaban hasta 3 o 4 apoyos por familia para las becas en nivel básico, esto con el objetivo de satisfacer el mayor número de beneficiarios, los cuales se encuentran en nivel básico educativo.

Con la llegada de este gobierno, se aseguro de forma tajante que el esfuerzo de muchos años se iba a acabar, que iban a eliminar el programa, sin embargo, el propio gobierno señaló que no desaparecería. Era entonces una nueva promesa de campaña. Eso sí, aseguraron que habría modificaciones sustanciales, sobretodo en la intención de entregar los recursos de forma directa, es decir, sin intermediarios.

Al día de hoy, los beneficios se han reducido y se han conglomerado prácticamente en otros programas. El aspecto del Seguro Popular, Seguro de Vida y alimentario desaparecieron del nuevo esquema, quedando sólo el educativo que, en realidad se trasladó al Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para la educación básica y a Jóvenes Construyendo el Futuro, tratándose de educación superior.

Hoy en día el programa únicamente va a entregar una beca por $800 pesos en educación básica, para la Educación Media Superior se van a otorgar $1,600 pesos hasta a tres integrantes por familia y para la Beca de Jóvenos construyendo el futuro, una beca por $4,800 pesos sin existir un límite de integrantes por familia.

Esto esta llevando a que el objetivo primordial del programa el cual es de atender la desigualdad social y fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales se extinga, para pasar a ser un programa con objetivos electorales y clientelares.

Los apoyos se dan directamente a los beneficiarios sin otro requisito que el de contar con la edad y la inscripción en algún nivel educativo, sin que haya esquemas de corresponsabilidad como lo había anteriormente. Hasta el año anterior, los apoyos de salud y alimentarios se daban con la condicionante de acudir a citas médicas de revisión o a pláticas de salud y nutrición, de tal manera que además se capacitara y se brindará cuidados cercanos para lograr los objetivos; en materia educativa, se daba mayor apoyo a niñas a fin de impulsar de que fueran enviadas a las escuelas.

Lo anterior adicional a que sólo se entregará un apoyo por familia, dejando de lado aquellas personas que obtenían el recurso en conjunto dependiendo los miembros y las razones por las que calificaban como beneficiarios. Quitar apoyos alimentarios y de salud disminuye el número de beneficiarios y privará a los niños que no estén en edad escolar, de un crecimiento sano y pleno.

Adicionalmente, a los beneficiarios se les dijo que los apoyos de los dos últimos bimestres del 2018, se les harían llegar en los primeros dos meses del 2019, sin embargo, hay miles de personas que no han recibido el apoyo (al cual ya tenían derecho), debido a una falta de probidad en su esquema de entrega de recursos. Así es, gente que cuenta con un ingreso “per cápita” estimado menor a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) establecidas entre $1,596.36 pesos y $1,117.40 pesos para comunidades urbanas y rurales, aún no reciben lo que les corresponde.

Aunado a lo anterior, en febrero de 2019, durante una de las conferencias matutinas, el Gobierno Federal calificó de “censos fantasma”, la información levantada por Prospera, señalando de forma literal que servidores públicos encargados de la entrega de apoyos “falsificaban firmas y se robaban el dinero”, sin embargo, a pesar de asegurar que tenían pruebas, estas nunca se hicieron públicas; incluso, hasta hoy no se sabe si hay procesos en contra de esos servidores públicos que llevaron a cabo actos de corrupción.

No obstante, pese a las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, el pasado 7 de mayo se anunció la conclusión del “Censo del Bienestar”, acción llevada a cabo por 20 mil “Servidores de la Nación”, para detectar y seleccionar a los próximos beneficiarios de los programas sociales de la actual administración, dejando fuera a instancias como el CONEVAL o el mismo INEGI para realizar el levantamiento de una encuesta de esta magnitud y cuya experiencia a servido para dar mayor fortaleza y mejores resultados a las acciones de política social del Gobierno Federal.

Dicho censo, en más de una ocasión ha sido la oposición quien ha solicitado a las dependencias correspondientes emitir un informe detallado de la metodología aplicada que asegure a la ciudadanía que la elección de beneficiarios se realice bajo un esquema de detección de necesidades y no con tintes o fines políticos, pues de lo contrario se esta corriendo el riesgo no solo de limitar reducir el impacto del programa, sino de atentar contra la integridad de millones de familias que dependen de los recursos destinados de programas como Prospera que aseguran el acceso garantizado a servicios de salud, educación y alimentación.

Es importante resaltar el riesgo que implica la creación de esquemas de una política social asistencialista, ya que esta condición puede alterar el objeto de un programa social. Y pone ante un conflicto operativo la transparencia y la rendición de cuentas, propiciando el uso clientelar y proselitista del programa. 

La desarticulación de un programa de desarrollo social que tenía una efectividad probada a nivel internacional, sin una justificación técnica o científica, da muestra de la falta de planeación y la omisión de la actual administración para enfrentar los rezagos sociales.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Titular de la Secretaría del Bienestar, a mantener el Programa PROSPERA, con la misma cobertura que tenía en el ejercicio fiscal 2018, así como con los componentes de educación, alimentación y salud con los que contaba.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que destine los recursos suficientes para la operación del Programa PROSPERA de la Secretaría del Bienestar. Dichos recursos deberán ser, por lo menos, en la misma cantidad que se destinó en el ejercicio fiscal 2018.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Bienestar informe de manera detallada, la metodología y los resultados del Censo del Bienestar que han practicado para determinar el estado que guardan los apoyos y los beneficiarios del programa PROSPERA.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las Titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría del Bienestar, así como al Fiscal General de la República para que informen a esta soberanía, el número y detalle de las investigaciones de índole administrativa o penal por el desvío de recursos o cualquier otro acto de corrupción, cometido por servidores públicos, en la operación del programa PROSPERA.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a a los 28 días del mes de Mayo de 2019.

SUSCRIBE

SENADOR MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

SENADORA NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO

SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS