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Gaceta de la Comisión Permanente



Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica


De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora y del diputado Antonio Ortega Martínez, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría de desempeño del proceso de elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIóN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE REALICE UNA AUDITORIA DE DESEMPEÑO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

Quienes suscriben, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora y Antonio Ortega Martínez, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una Auditoría de Desempeño del proceso de elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

1. A partir del 30 de abril pasado, la Cámara de Diputados se encuentra realizando un ejercicio inédito. Por primera vez ejercerá una nueva facultad constitucional establecida en la reforma política del año 2014: la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Esta facultad fue el resultado de una prolongada lucha desde la izquierda para lograr que la definición de las grandes metas del desarrollo nacional se pudiera debatir públicamente y el PND no fuera un mero trámite o un ornato del gobierno en turno.

La importancia central de este instrumento como eje de la política pública del gobierno en turno es fundamental. Así lo establece la Ley de Planeación, en el artículo 21, cuarto párrafo:

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

A través de acuerdos parlamentarios, el ejercicio del Parlamento Abierto y el trabajo de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, durante estos días se está llevando a cabo, encabezado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, el proceso de análisis del PND 2019-2024.

2. Sin embargo, alrededor de este proceso han surgido diversas dudas e interpretaciones sobre el cumplimiento de lo establecido constitucional y legalmente respecto al proceso de elaboración del PND y lo que recibió la Cámara de Diputados para que sea sometido a examen en el proceso de análisis ya descrito.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 26 que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; que la ley establecerá los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema y que el sistema debe ser además deliberativo.

La Ley de Planeación contempla en su artículo 20 que:

En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.

Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable, en las disposiciones reglamentarias deberán preverse la organización y funcionamiento, las formalidades, periodicidad y términos a que se sujetarán la participación y consulta para la planeación nacional del desarrollo.

Y en el artículo 20 Bis que:

En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente.

En ese sentido, resulta relevante para el debate que se está llevando a cabo en este receso, conocer cómo se cumplió con este precepto. Según un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria como “Anexo” al PND, se realizó un proceso de consultas del 28 de febrero al 15 de abril de 2019, mediante una encuesta ciudadana por internet, 32 foros estatales, 29 foros especiales, 13 foros en Estados Unidos, 87 mesas sectoriales y una encuesta realizada a niñas, niños y adolescentes.

También se recibieron propuestas físicas en los distintos foros y mesas y de forma electrónica en la página y correo oficiales del PND.

Se reporta en dicho “Anexo” que participaron en estos mecanismos un total de 7 mil 458 personas.

Si estos datos son así, la consulta y deliberación que pide la Constitución y la ley resulta minúscula. Si comparamos con el ejercicio de consulta que realizó el gobierno anterior, para la elaboración del PND 2013-2018,  se reportaron 228 mil 949 participaciones a través de 5 foros nacionales, 7 foros especiales, 32 foros estatales, 231 paneles de discusión, 122 mesas sectoriales, y una consulta por internet [*] .

En el caso del PND 2007-2012, participaron 51 mil 997 personas a través de 205 foros de consulta popular entre ellas 4,334 miembros de comunidades indígenas en foros realizados en 57 comunidades; 79 mil 921 participaron individualmente enviando sus opiniones y propuestas por distintas vías [*] .

Finalmente, para la realización del PND 2001-2006, el Ejecutivo reportó la realización de 1 mil 141 reuniones de opinión ciudadana en sus diferentes modalidades, en las que participaron 46 mil 914 personas y que considerando los procesos de participación ciudadana mediante encuestas y reuniones de opinión ciudadana, participaron 174 mil 865 personas, que presentaron un total de 379 mil 525 propuestas [*] .

Esto no significa que las propuestas de los gobiernos anteriores hayan sido mejores o peores por estos datos; sólo sirven para hacer una comparación y poder afirmar que el PND que está ahora en discusión en la Cámara de Diputados no hizo una consulta más amplia que sus antecesores y eso pone en duda si el PND proviene de un proceso efectivo de participación y consulta popular como es mandatado en la Constitución y en las leyes.

3. Por otra parte, la entrega misma del PND y de qué documento podemos o no considerarlo como tal, ha desatado una polémica en la Cámara de Diputados.

En la Gaceta Parlamentaria número 5266-XVIII del 30 de abril, Anexo XVIII Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se publicó dicho documento con tres oficios anexos.

El primero, No. SELAP/UEL/311/1143/19 girado por el Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual, dice el oficio, “se acompaña de una carpeta, un sobre cerrado y dos USB”.

Junto a este comunicado, se entregó un oficio 3.2302/2019 enviado al Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con el cual se envía “original del comunicado mediante el cual el C. Presidente de la República somete a consideración de este órgano legislativo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, acompañado de un sobre que contiene el mismo”.

En tercer lugar, el comunicado del Presidente de la República, sin número, el 30 de abril, y dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remite escuetamente el documento.

Finalmente, se encuentra el PND 2013-2018, compuesto por 63 páginas y una portada.

Esto dejaría en claro que el documento a analizar por la Cámara de Diputados debería ser este último.

Sin embargo, en un Anexo XVIII-1 de la edición de la Gaceta Parlamentaria ya citada, aparece otro documento, remitido por la Secretaría de Gobernación y que es titulado por el órgano de difusión oficial de la Cámara “Anexos al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”.

Este último documento contiene 225 páginas y tiene en sus encabezados la leyenda Plan nacional de Desarrollo. Gobierno de México. 2019-2024. Además comienza con una Carta del Presidente que presenta el documento.

Este documento no es antecedido de ningún oficio de envío (o es el que refiere la Unidad de Enlace Legislativo de Gobernación en su entrega de “dos USB”. No se sabe,

El Grupo Parlamentario del PRD solicitó el 5 de mayo pasado, mediante un escrito y en ejercicio de sus derechos constitucionales y reglamentarios, que se aclarara porque hay dos documentos denominados como PND 2019-2024, recibidos por la Mesa Directiva y publicados en la Gaceta Parlamentaria”.

De manera verbal, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se ha manifestado porque sólo sea motivo de análisis el documento del Anexo XVIII de la Gaceta, el PND de 64 páginas. Pero sin dejar en claro cuál es el estatuto jurídico del documento publicado en el Anexo XVIII-I, que entidad pública lo remitió, por qué se publicó en la Gaceta Parlamentaria, si es un documento complementario al PND de 64 páginas o es otra cosa que no debiera ser parte del análisis.

La existencia de dos documentos muy diferentes entre sí, su naturaleza y la razón por la que no debiera analizarse uno de ellos no es clara, pues el Ejecutivo ha ignorado, hasta la fecha, la petición de los legisladores federales y no aclara de manera incuestionable este enredo.

4. Pero hasta ahí no termina la confusión provocada por el Ejecutivo y/o por nuestra Mesa Directiva.

El Presidente de la Cámara ha insistido en que sólo se debe analizar el PND de 64 páginas e incluso sólo turnó para opinión éste sin remitir el otro PND de 225 páginas. Y en el marco de la inauguración de los Foros de Análisis que están en marcha ha insistido en que sólo se someta a discusión y eventual aprobación el primer PND.

Pero de ser así, nos encontramos ante un documento que por su naturaleza dista de ser calificado como un PND: el documento no contiene un diagnóstico general sobre la situación actual de los temas prioritarios que permitan impulsar el desarrollo nacional así como la perspectiva de largo plazo respecto de dichos temas; los ejes generales que agrupen los temas prioritarios referidos en la fracción anterior, cuya atención impulsen el desarrollo nacional; los objetivos específicos que hagan referencia clara al impacto positivo que se pretenda alcanzar para atender los temas prioritarios identificados en el diagnóstico; las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos señalados en el Plan; los indicadores de desempeño y sus metas que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos definidos en el Plan, y los demás elementos que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables.

Estos requisitos no provienen de un estándar académico ni de juicios personales. Son los requisitos que demanda el artículo 21 Ter de la Ley de Planeación.

Es un discurso, un conjunto de buenas intenciones y promesas, pero no un documento útil para la programación del desarrollo en el mediano y largo plazo: no prevé la asignación de recursos acordes con los fines; no señala instrumentos ni responsables de su ejecución; no fija lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; al no establecer metas ni indicadores hace imposible distribuir recursos públicos que sean óptimos para su realización y hace nugatorio el derecho del Poder Legislativo y de la sociedad para darle un seguimiento y evaluar su desempeño.

5. La Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la fiscalización del gasto público, para lo que cuenta con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano con autonomía técnica y de gestión.

La revisión del gasto no es sólo financiera, sino de desempeño. A través de auditorías de desempeño, la ASF verifica el grado de cumplimiento de los programas federales (artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación)

El caso que hemos expuesto en esta proposición, encontramos el posible incumplimiento de disposiciones constitucionales y legales relativas al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y a la participación social de la planeación.

También estamos ante un caso de incertidumbre jurídica pues no se ha aclarado de manera formal y suficiente cuál es el documento que debe tomar la Cámara de Diputados como materia para ejercer su facultad exclusiva de aprobar el PND conforme al artículo 74, fracción VII de nuestra Carta Magna.

Y finalmente, si es el caso de que el documento a analizar sea el publicado en el Anexo XVIII de la Gaceta Parlamentaria, sus deficiencias hacen insostenible su análisis con las características que legalmente debe tener un documento legal como debiera ser el PND.

Solicitamos, en consecuencia, la realización de una Auditoría de Desempeño al proceso de elaboración y presentación del PND, tal vez no se dé el caso de que esta Auditoría, sea posterior a la aprobación o no del Plan, pero no puede dejarse pasar las irregularidades e incumplimientos que están empañando el ejercicio por vez primera, de una facultad del Poder Legislativo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, quienes suscriben someten a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación la realización de una Auditoría de Desempeño del proceso de elaboración y presentación del Plan Nacional del Desarrollo 2019-2024, que considere el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en la Ley de Planeación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, referente a los siguientes elementos, cuando menos:

  1. Cumplimiento de los mecanismos de participación social dentro del sistema de planeación democrática definido en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Capítulos Segundo y Tercero de la Ley de Planeación. 
  2. Cumplimiento de las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia encargada de coordinar las actividades de Planeación Nacional de Desarrollo y de la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables. 
  3. Presentación del Plan Nacional de Desarrollo y diversos documentos y comunicaciones recibidos por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2019 y, publicados en la Gaceta Parlamentaria de ese día como Anexo XVIII Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y Anexo XVIII-1 Anexos al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 , así como la relación entre éstos. 
  4. Cumplimiento de lo que debe contener el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo al artículo 21 Ter de la Ley de Planeación. 

Suscriben,

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña                                  Dip. Claudia Reyes Montiel

Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora                                   Dip. Antonio Ortega Martínez

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 29 días del mes de mayo de 2019


[*] SHCP. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013. Consulta realizada el viernes 24 de mayo de 2019

[*] SHCP. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. http://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=4989210 . Consulta realizada el viernes 24 de mayo de 2019.

[*] SHCP. Plan nacional de Desarrollo 2001-2006. http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=766334. Consulta realizada el viernes 24 de mayo de 2019