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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De las diputadas Nelly Minerva Carrasco Godínez, Erika Vanessa del Castillo Ibarra y del diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que a la brevedad se haga pública toda la información reservada y/o clasificada, relativa a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, organismo público descentralizado, así como del Sindicato Mexicano de Electricistas.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIóN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES; ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PARA QUE A LA BREVEDAD SE HAGA PÚBLICA TODA LA INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CLASIFICADA, RELATIVA A LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO ASÍ COMO DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E.

Quienes suscriben, Diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, Diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra y Diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  6 numeral 1 fracción I, 62 numeral 2, 65 numeral 4, 76 numeral 1 fracción IV, 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracciones I y III, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de ésta soberanía, la presente:

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que a la brevedad se haga pública toda la información reservada y/o clasificada, relativa a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, Organismo Público Descentralizado así como del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Antecedentes

1. La Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) fue un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que generó, transmitió, distribuyó y comercializó energía eléctrica en la zona central de México, es decir: a todo el Distrito Federal, a 82 (ochenta y dos) municipios del Estado de México, 2 (dos) de Morelos, 3 (tres) de Puebla y 45 (cuarenta y cinco) de Hidalgo.

2. El 11 de octubre de 2009 se publicó en el Diario Oficial el decreto presidencial mediante el cual se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, quien conservaría su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación, de acuerdo al artículo 1 del decreto. Así inició el proceso de liquidación administrativa de LyFC, en tanto la operación eléctrica comenzó a ser operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

3. El Decreto citado establece, en su artículo 2, que la liquidación de Luz y Fuerza del Centro estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que en cualquier materia requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.

4. En el mismo artículo 2 se estableceque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por sí o por conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, puede intervenir de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; mientras que, de acuerdo al artículo 5, el Gobierno Federal quedará obligado al pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

5. Que la liquidación Luz y Fuerza del Centro enfocó sus argumentos en contra de los trabajadores electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sus salarios y prestaciones sociales y económicas contenidas en su Contrato Colectivo de Trabajo. Argumentos que el gobierno federal nunca pudo probar, pues los Estados Financieros consolidados y auditados muestran que ni los trabajadores, ni sus salarios y prestaciones fueron responsables de la quiebra técnica de LyFC.

6.Todo el proceso de extinción liquidación de Luz y Fuerza del Centro, particularmente desde abril de 2013 en que se inicia la negociación directa entre la dirección del SME y la SEGOB, ha brillado por su opacidad y falta de transparencia, como lo hacen evidente decenas de solicitudes de información negadas tanto por el SAE, la SENER y la SEGOB, entre otras entidades de la administración pública federal, que han respondido que toda esta información está clasificada como reservada por periodos que van de 4 a 12 años. Es decir, una vez que se ejecutó el proceso de extinción-liquidación, se han suscitado diversas anomalías, controversias y actos plagados de opacidad, que vulneran los ordenamientos constitucionales y convencionales y por ende, los derechos laborales así como los relativos a la administración pública y los bienes nacionales, esto es, a los intereses de la nación, mismos que han sido materia de controversias e incluso, de 18 exhortos emitidos desde ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

7. Toda vez que el ejercicio y reclamo de los derechos de las partes involucradas, incluyendo a la nación, depende de la información generada durante el proceso y tomando en cuenta que gran parte de la información se encuentra reservada y o clasificada y considerando que sin mediar motivación suficiente, sólo se funda la reserva en dudosas cuestiones de interés público o de seguridad nacional; entonces es indispensable que de manera inmediata, se inicie un procedimiento de transparentación del proceso en general que inicie por desclasificar, quitar todo tipo de reserva y hacer público el contenido de acuerdos, contratos, convenios, auditorías, dictámenes, decretos, circulares, oficios, memorándum, de títulos de concesión o concesión y de cualquier otro documento que contenga información de los trámites y procedimientos principales y accesorios relacionados con el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Considerandos

Primero.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6º establece el derecho al acceso de información, texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

Artículo 6º

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VI.         Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII.        La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

VIII.       La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

...

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.

El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

B...

Segundo.-  Que de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 23, señala:

De los Sujetos Obligados

Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los  datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.”

Mientras que el artículo 83 de la misma Ley establece obligaciones específicas en materia energética, por lo que:

“[... L]os sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo para tal efecto.

[...].”

Tercero.- Que la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público establece en su artículo 31 que:

Los procedimientos de enajenación previstos en esta Ley, son de orden público y tienen por objeto enajenar de forma económica, eficaz, imparcial y transparente los bienes que sean transferidos al SAE; asegurar las mejores condiciones en la enajenación de los bienes; obtener el mayor valor de recuperación posible y las mejores condiciones de oportunidad, así como la reducción de los costos de administración y custodia a cargo de las entidades transferentes.

...

I. a II. ...

...

...

...

Cuarto.- Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  6 numeral 1 fracción I, 62 numeral 2, 65 numeral 4, 76 numeral 1 fracción IV, 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracciones I y III, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Quinto.- Dado a que, en lo que concierne a la a la extinción y liquidación de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, se han dado una serie de irregularidades y controversias que han sido suficientemente públicas y documentadas en diversos ámbitos, implicando específicamente la reserva o clasificación de información insuficientemente motivada; quienes suscriben este punto de acuerdo, estimamos pertinente exhortar a las instancias involucradas en el proceso de extinción y liquidación de LyFC a hacer pública toda la información que hasta ahora se encuentra reservada y clasificada.

De igual forma, se estima conveniente realizar una solicitud al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en su carácter de responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, ayude a transparentar y hacer públicos los datos relativos al proceso de extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro, con énfasis en el proceso de desclasificación de documentos.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de ésta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que a la brevedad se haga pública toda la información reservada y/o clasificada, relativa a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, Organismo Público Descentralizado así como del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Segundo. Se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a transparentar y hacer públicos los datos relativos a: el número o identificador de los expedientes involucrados con el proceso de extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro, y coadyuve con el proceso de desclasificación de documentos con los órganos e instituciones señalados en el numeral que antecede.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de mayo de 2019

Suscribe

Diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez

 

Diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra

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Diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero,