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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA COMISIóN DE DEPORTE DE LA CáMARA DE DIPUTADOS.


QUE DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, A CARGO DEL DIPUTADO ERIK ISAAC MORALES ELVIRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, en su fracción II, 56, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura física y Deporte, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El deporte, es un elemento fundamental para la condición humana, es una de las actividades sociales con mayor capacidad de movilización y convocatoria y en consecuencia creadora de hábitos. 

Su práctica no sólo es importante para mantener la salud, sino que también forma parte de las estrategias de gobierno sobre reinserción social, no en vano su importancia fue recogida en el máximo cuerpo normativo del país como un derecho humano y como principio rector del Estado su estímulo y fomento.

Una primera respuesta del Estado frente a esta atribución se dio a través de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual fue de extraordinaria importancia en su momento y que ha sido múltiples veces reformada. En ella, se definían las autoridades garantes del derecho al deporte.

Así pues, en primer plano encontramos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, (CONADE) encargada de su fomento, financiamiento y estímulo; y por otra parte, aparecía un órgano denominado Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, (CAAD) siendo una autoridad la cual sustantiva y formalmente esta integrada dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, pero que en sustancia atiende problemas y asuntos materialmente o adjetivamente de carácter jurisdiccional.  Y no sólo eso, sino de una materia tan especial y que se encuentra en constante e inmediato movimiento como lo es el deporte con la urgencia y el apremio que un derecho humano de esa generación merece.

Así pues, hoy es preciso sustituir o complementar dicha normatividad, no tanto por el tiempo transcurrido desde la publicación de la Ley, sino por las exigencias derivadas de la posible actuación pausada, inconclusa e inefectiva de la CAAD, la importancia del asociacionismo deportivo y la regulación de sus procesos internos, los cuales deben adaptarse a la evolución del fenómeno deportivo.

El objetivo fundamental de esta iniciativa de reformas, es trascender el discurso sobre la naturaleza jurídica de la actividad deportiva, reconceptualizar el término de “injerencia gubernamental” para darle una connotación positiva y definir al deporte como una actividad de práctica libre y voluntaria que tiene su base en la sociedad.  De ahí que el Estado a través de sus autoridades deba preocuparse por ella, sus actores y sus efectos, organizar adecuadamente su ejercicio y participar de su financiación

Por cuanto hace a la CAAD, parece clara una necesaria reorganización de sus facultades y atribuciones para lograr mejores resultados en beneficio no sólo de los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, sino también de cualquier organización o persona que tenga como objeto la practica u organización deportiva.   Esto es, dotar de toda la fuerza e imperio del Estado para que sus resoluciones se cumplan y haya una verdadera justicia deportiva.

Actualmente la CAAD tiene a su cargo, tramitar el recurso de apelación, contar con oficinas regionales y fungir como panel de arbitraje y/o coadyuvar en mediaciones y conciliaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, éste órgano desconcentrado debe de coordinar un área de mediación y conciliación con la participación de personal calificado y, en su caso, con la estructura u organización que permita atender la justicia deportiva en los Estados.

Su naturaleza jurídica es la de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, sin personalidad jurídica, ni patrimonio propio, lo que hace que toda su gestión y la emisión de sus resoluciones o determinaciones no puedan ser ejecutadas por ella misma, sino a través de un superior jerárquico, el cual, pertenece a una materia distinta como la educativa, que obstaculiza en gran medida la consecución plena de sus fines.

En ese sentido, la CAAD, necesita una reforma integral tanto a la parte sustantiva, como a la parte administrativa con miras a ampliar sus servicios y llegar al mayor número de interesados dentro de la comunidad deportiva.

De igual forma, en este proceso de consolidación, se busca llegar a los núcleos deportivos con menos posibilidad económica, a través de una defensoría de oficio, que permita a los atletas dedicarse a su deporte y no sufrir las consecuencias de un litigio o sanción por parte de sus autoridades, los cuales en ocasiones truncan la carrera deportiva y están plagados de opacidad en su desarrollo.

Actualmente la CAAD es el único órgano que imparte justicia deportiva, por lo que se convierte en una especie de procurador de los atletas, frente a los diversos actos de autoridad que pueden cometer las autoridades deportivas. Sin embargo, no sólo se trabaja para este sector deportivo, sino por el contrario, se busca también ser un perfecto modulador y colaborador de las Asociaciones Deportivas.

De ahí que se busque una colaboración conjunta a través de una Ley específica que combata el descredito y excesos de los que son blanco las Federaciones Deportivas Nacionales, quienes son asociaciones que reciben recursos públicos y que por delegación colaboran y coadyuvan con el Estado en funciones de utilidad pública como es el deporte.

Por todo lo expuesto, en uso de las facultades conferidas como diputado federal someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

PRIMERO. Se deroga el Título Tercero que tiene por nombre “De la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo”, mismo que comprende los artículos 79, 79, 80, 81, 82 y 83 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

SEGUNDO. Se adiciona un Título Sexto que tendrá por nombre “La Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo” para quedar la forma siguiente:

Título Sexto

La Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo

Artículo 156. La CAAD es un organismo descentralizado de la administración pública federal, mismo que contara con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México.

Su objeto es constituirse como Panel de Arbitraje, lo cual le permitirá tener conocimiento respecto de aquellas controversias de naturaleza jurídica, que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos; dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independiente de las autoridades administrativas.

Artículo 157. El patrimonio de la CAAD se integrará con:

I. Las aportaciones que realice el Gobierno Federal y sus dependencias, a través de los recursos que se le asignen en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los subsidios y demás recursos que reciba;

II. Las aportaciones que, en su caso, le realicen los Gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

III. Las aportaciones que le realicen las personas físicas y morales nacionales o extranjeras, a través de donaciones, legados, fideicomisos y premios, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece la Ley;

IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le destinen para su funcionamiento;

V. Los recursos que la propia CAAD genere, y

VI. Los demás recursos, bienes y derechos que se adquieran o reciban por cualquier otro título legal.

Artículo 158. La administración de la CAAD estará a cargo de un órgano de gobierno denominado Junta Directiva y de las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico correspondiente.

Tendrá un Director General designado por el titular del Ejecutivo Federal

Artículo 159. La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por representantes de cada una de las siguientes Dependencias:

a)        Secretaría de Educación Pública;

b)        Secretaría de la Función Pública;

c)        Secretaría de Gobernación;

d)        Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

e)        Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

f)         Auditoría Superior de la Federación;

g)        Fiscalía General de la República;

h)        Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;

i)          Instituto Nacional de las Mujeres;

j)          Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

El Presidente de la Junta Directiva, podrá solicitar la participación de personalidades de los sectores social y privado que, por su relación, nexos, vinculación y aportaciones con el ejercicio del derecho a la cultura física y el deporte, pudieran colaborar en el desarrollo de un objetivo determinado.

Los mencionados en el párrafo anterior, acudirán a la reunión de Junta Directiva con voz y sin voto.

Artículo 160. La CAAD, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Conocer y resolver mediante el recurso de apelación, sobre las impugnaciones planteadas por cualquier persona física o moral inscrita en el RENADE o cualquiera de los miembros del SINADE, en contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las autoridades, entidades u organismos deportivos, que afecten los derechos deportivos establecidos a favor del apelante, en la presente Ley o en los reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen.

El impugnante podrá optar en agotar el medio de defensa que corresponda o interponer directamente el recurso de apelación;

II. Conceder la suspensión provisional y, en su caso, definitiva, del acto impugnado dentro del trámite del recurso de apelación;

III. Efectuar la suplencia de la deficiencia de la queja dentro del trámite del recurso de apelación, cuando el impugnante no sea directivo, autoridad, entidad u organismo deportivo;

IV. Fungir como conciliador dentro del trámite del recurso de apelación;

V. Intervenir como Panel de Arbitraje en las controversias que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, o entre unos y otros, de conformidad con el Reglamento que se expida para tal efecto;

VI. Coordinar un área de mediación y conciliación con la participación de personal calificado y, en su caso, de mediadores o conciliadores independientes, para permitir la solución de controversias que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, o entre unos y otros, de conformidad con el Reglamento que se expida para tal efecto.

Para efectos de esta fracción se entiende por mediación la función de establecer comunicación y negociación entre las partes para prevenir o resolver un conflicto, y por conciliación el método para proponer a las partes alternativas concretas de solución para que resuelvan de común sus diferencias;

VII. Imponer correcciones disciplinarias y medidas de apremio a todas aquellas personas físicas o morales, organismos y entidades deportivas por conducto de sus titulares que se nieguen a acatar y ejecutar o que no acaten y ejecuten en sus términos, los acuerdos, decisiones, laudos y resoluciones emitidos por la propia CAAD, y

VIII. Las demás que establezca la presente Ley y otras disposiciones reglamentarias.

Artículo 161. La CAAD se integrará por un Pleno, por las unidades administrativas y Oficinas Regionales, necesarias para el cabal desempeño de sus funciones.

El Pleno se integrará por un Presidente y cuatro Miembros Titulares. El Ejecutivo Federal designará al Presidente y a los Miembros Titulares.

Los nombramientos antes citados, deberán recaer en personas con profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, amplio conocimiento del ámbito deportivo, y reconocido prestigio y calidad moral.

El Presidente y los Miembros Titulares de la CAAD, durarán tres años en su encargo, pudiendo ser reelectos para un periodo más.

Artículo 161. El Pleno de la CAAD, requerirá para la celebración en sus sesiones de la mayoría de sus miembros integrantes.

En ausencia del Presidente, en cualquiera de las sesiones, asumirá sus funciones, uno de los Miembros Titulares, elegido por mayoría de los presentes.

Cuando la ausencia del Presidente sea definitiva, el titular del Ejecutivo Federal designará de entre los Miembros Titulares, a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. Ante la ausencia definitiva de cualquiera de los Miembros Titulares, el titular del Ejecutivo Federal, designará a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo.

Artículo 162. El Ejecutivo Federal expedirá las normas reglamentarias necesarias para la integración y funcionamiento de la CAAD. Asimismo, proporcionará anualmente el presupuesto para su funcionamiento.

Artículo 163. La tramitación y resolución del recurso de apelación a que hace referencia este Título, se sujetará a los requisitos y condiciones siguientes:

I. Se interpondrá por escrito, por comparecencia o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, dentro de los quince días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación o se tenga conocimiento del acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, debiéndose señalar la autoridad, organismo o entidad que lo emitió o que fue omiso en su realización, acompañando en su caso, el documento original que lo contenga y su constancia de notificación, así como señalando los hechos y agravios que se le causaron, y ofreciendo las pruebas que acrediten dichos hechos y agravios.

Si la interposición del recurso de apelación se hace por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, el apelante deberá ratificar dicho recurso por escrito y exhibir la documentación a que hace referencia el párrafo anterior, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su interposición;

II. La CAAD, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del escrito o de la comparecencia respectiva, por la que se interpuso el recurso de apelación, o en su caso, a la ratificación del recurso, acordará sobre la prevención, admisibilidad o no del recurso.

Si el recurso fuera obscuro o irregular, o no cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en la fracción anterior, la CAAD prevendrá al apelante para que dentro del término de tres días hábiles subsane los defectos. De no hacerlo transcurrido el término, la CAAD lo tendrá por no admitido y devolverá al apelante todos los documentos que haya presentado.

Una vez admitido el recurso, se correrá traslado al apelado para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación correspondiente, rinda un informe por escrito justificando el acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, ofreciendo las pruebas que correspondan.

En el acuerdo que determine la admisibilidad del recurso de apelación se citará a las partes a una audiencia de conciliación dentro de los diez días hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o no las partes;

III. Admitido el recurso de apelación, la CAAD podrá conceder la suspensión provisional y en su caso definitiva del acto impugnado o de la resolución materia de la apelación, siempre y cuando lo justifique el apelante, no se trate de actos consumados, no se ponga en riesgo a la comunidad de la disciplina deportiva respectiva, ni se contravengan disposiciones de orden público. La CAAD podrá revocar en cualquier momento esta suspensión, cuando cambien las condiciones de su otorgamiento;

IV. En la audiencia de conciliación, la CAAD escuchará a las partes en conflicto y de ser posible propondrá una solución al mismo, que podrá ser aceptada por ambas partes, mediante la celebración de un convenio que tendrá los efectos de una resolución definitiva emitida por la CAAD. En caso de que las partes no quisieran conciliar, la CAAD continuará con la secuela del procedimiento, pronunciándose sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, y citándolas a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, dentro de los diez días hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o no las partes;

V. Las pruebas admitidas se desahogarán en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, y de ser posible en un solo día. Acto seguido, en su caso las partes formularán alegatos y se citará para la resolución definitiva que deberá emitir el Pleno de la CAAD en ese momento, o dentro de los quince días hábiles siguientes, en razón de lo voluminoso del expediente;

VI. Las notificaciones se podrán hacer a las partes por correspondencia o mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Asimismo, se podrán utilizar dichos medios para la administración de los expedientes formados con motivo del recurso de apelación;

VII. Las resoluciones definitivas emitidas por la CAAD no admitirán recurso alguno en el ámbito deportivo, agotarán la vía administrativa, serán obligatorias y se ejecutarán en su caso, a través de la autoridad, entidad u organismo que corresponda, que será responsable de su estricto y efectivo cumplimiento, y

VIII. En todo lo no previsto en esta Ley y su Reglamento para la substanciación del recurso de apelación, la CAAD aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

TRANSITORIOS

Primero. Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que contravengan a las presentes modificaciones.

Tercero. El Reglamento y demás disposiciones reglamentarias a que se refiere esta Ley deberán adecuarse a las presentes modificaciones dentro de los próximos 180 días siguientes a la entrada en vigor de la Ley.

Quinto. Las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico  se harán dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones a la presente Ley y deberá inscribirse en el Registro Público de organismos descentralizados.

ERIK ISAAC MORALES ELVIRA

DIPUTADO FEDERAL

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2019