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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que investiguen las probables faltas administrativas y penales que se deriven del uso de recursos públicos con fines político-electorales.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA PRIMERA COMISIóN DE TRABAJO.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, PARA QUE INVESTIGUEN LAS PROBABLES FALTAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES QUE SE DERIVEN DEL USO DE RECURSOS PÚBLICOS CON FINES POLÍTICO ELECTORALES.

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Estrategia Nacional de Blindaje Electoral, se estableció como un mecanismo para prevenir la probable comisión de delitos y faltas durante los procesos electorales. Debe ser empleado por los tres órdenes de gobierno y atender a los principios de transparencia y equidad en la contienda electoral.

De acuerdo con los principios de esta estrategia, todo servidor público tiene la obligación de aplicar la absoluta imparcialidad en el uso y manejo de los recursos públicos, sin influir en la equidad de la contienda entre los partidos políticos; queda prohibido también utilizar propaganda institucional que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier persona; así como destinar, utilizar, o permitir la utilización de fondos, bienes o recursos con un objeto distinto al que fue destinado.

De acuerdo con tales principios se han establecido diversas faltas administrativas o penales para cualquier persona que dentro del gobierno federal, estatal o municipal utilice o maneje recursos públicos con el objetivo de influir en la contienda y vulnerar el principio de equidad que da sustento y estructura a nuestros procesos electorales.

Así, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de imparcialidad en la contienda electoral, previstos en los párrafos séptimo y octavo que a la letra refieren:

Artículo 134. …

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

 La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Es precisamente por tales motivos que el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé como falta administrativa la violación de este principio de equidad previsto en la Ley Fundamental.

Artículo 449.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

a) y b). …

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución;

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato,

El principio de equidad en la contienda electoral plantea que todos los partidos políticos, candidatos, funcionarios partidistas y figuras públicas deberán respetar el marco legal y abstenerse de emitir cualquier acción o discurso que podría influir de manera dolosa el libre ejercicio del voto en los electores.

De esta forma el uso y manejo de recursos públicos o programa social de cualquier orden de gobierno, debe mantenerse desmarcado de cualquier tinte político que pudiera afectar la imparcialidad y la inequidad en las elecciones; esto es porque los funcionarios públicos constituyen actores del Estado que trabajan en favor de la sociedad y no en pro de un partido político.

No obstante, es importante advertir que el reparto de las llamadas tarjetas de Bienestar del Gobierno Federal se encuentra directamente relacionado con una estructura partidista que vulnera el principio de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

Basta señalar que “De acuerdo con los testimonios de 10 “servidores” de los estados de Coahuila, Puebla, Morelos, Tampico, Tabasco y Ciudad de México, durante la campaña [del Presidente Andrés Manuel López Obrador] no recibieron pago por su apoyo en la promoción del voto; sin embargo, para el levantamiento del Censo [del bienestar] sí les entregaron contratos que establecían el compromiso de recibir una compensación económica de tres mil 400 pesos mensuales, durante octubre y noviembre, periodo en el que se preveía que concluyera el ejercicio”, según una investigación de un medio de comunicación. [*]

De acuerdo con tal situación el investigador Guillermo Cejudo del CIDE,  advierte que una estructura clientelar en el manejo de los recursos públicos violenta el principio de inequidad electoral. Esto es porque el gobierno federal utiliza estructuras partidistas de MORENA en el ámbito local para realizar el reparto de un programa social. [*]

Lo anterior es de gran relevancia pues recientemente un medio de comunicación dio a conocer que, “en medio del proceso para renovar el Congreso del estado [de Tamaulipas], la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México realiza la entrega de tarjetas bancarias a beneficiarios de diversos programas sociales federales... A través de su coordinación y delegación en Tamaulipas, los plásticos son entregados a los Siervos de la Nación, parte de la estructura de la dependencia federal, quienes a su vez realizan el reparto a los beneficiarios”. [*]

De acuerdo con la ley todo programa social es público y ajeno a cualquier partido político; su uso distinto a sus fines constituye una violación que puede derivar tanto en faltas administrativas como penales. Así el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales refiere que:

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I. …

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Un régimen democrático, se caracteriza por elecciones libres en igualdad de condiciones para candidatas, candidatos y partidos políticos. Por ello, resulta determinante que el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales realicen las investigaciones correspondientes a fin de identificar, sancionar y prevenir el desarrollo de delitos electorales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión Exhorta al Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que investiguen las Probables faltas administrativas y penales que se deriven del uso de recursos públicos para fines político electorales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

 Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al día 15 de mayo de 2019.

ATENTAMENTE

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, Vicecoordinador, en representación del Coordinador del GP, Dip. René Juárez Cisneros.