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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que se conduzca con apego a la constitucionalidad y a la legalidad en el funcionamiento de los servicios de salud.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIóN DE TRABAJO.


Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a conducirse con arreglo a la constitucionalidad y la legalidad en el funcionamiento de los servicios de salud, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se conduzca con apego a la constitucionalidad y a la legalidad en el funcionamiento de los servicios de salud, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 14 de diciembre pasado el secretario de Salud federal doctor Jorge Alcocer Varela, formuló diversos pronunciamientos y celebró un acuerdo con los gobernadores de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, que atentan contra el derecho a la protección de la salud, contra el federalismo sanitario mexicano, contra el Seguro Popular, y en general contra el marco constitucional y legal de las instituciones de salud de nuestro país.

El secretario de Salud federal hizo un llamado para extinguir el Seguro Popular y para retirar de la responsabilidad de los gobiernos de los estados los servicios médicos a la población. Ese planteamiento, además de las diversas expresiones que empleó el secretario de Salud Alcocer Varela para denostar los servicios públicos de salud del país, son ofensivos a los cientos de miles de trabajadores de la salud que cotidianamente hacen posible la atención a cerca de la totalidad de la población, es decir a más de cien millones de mexicanos.

Dichas manifestaciones y expresiones del secretario de Salud lo son también en agravio a las instituciones de salud, del gremio médico, de las enfermeras, de los sanitaristas y de todo el personal de salud que se encuentran a cargo de la atención médica y también del cuidado epidemiológico, del saneamiento, de la prevención de riesgos sanitarios y de muchos otros aspectos que conforman las actividades y las altas responsabilidades del sistema de salud en las esferas del Gobierno Federal, en todas las entidades federativas y de todos los municipios del país.

Decir que la incompetencia, el tráfico de influencias y la corrupción están en todos lados de los servicios públicos de salud a la población en general es una afrenta sin precedentes más aun viniendo del titular de la máxima autoridad sanitaria federal que es la Secretaría de Salud.

Los planteamientos y pretensiones que dio a conocer el 14 de diciembre el doctor Alcocer Varela ponen en riesgo la seguridad de los tratamientos de más de 57 millones de pacientes que tienen cobertura y servicios garantizados gracias al Seguro Popular, pretendiendo sustituir un sistema de cobertura organizada y efectiva por una promesa de servicios médicos y medicamentos gratuitos.

Esa promesa no es otra cosa que un engaño demagógico, puesto que en el Seguro Popular los tratamientos y los medicamentos son gratuitos.

El discurso del secretario de Salud alcanzó el extremo de manifestar que México se encuentra en una emergencia nacional, lo cual es una afirmación completamente gratuita que no puede pasar por desapercibida. El país no se encuentra en una condición de emergencia sanitaria. Para eso están las instituciones y por ello es indispensable preservar las instituciones sanitarias de México, para evitar su deterioro y su destrucción como lo ha planteado el titular de la Secretaría de Salud en su declaración de Yucatán.

El acuerdo de Yucatán, del 14 de diciembre, impulsado por la Secretaría de Salud federal, se caracteriza por carecer de fundamentación constitucional y legal y, más aún, por ser contrario a la constitucionalidad y a la legalidad. Hace imputaciones generalizadas de ineficiencia, de ineptitud, de incapacidad y de corrupción en todos los servicios y sistemas estatales de salud. Acusa generalizada falta de transparencia, carencia de resultados, corrupción, abandono, incompetencia y tráfico de influencias. Expresiones todas ellas inaceptables, más aún cuando el propósito es la descalificación para destruir lo que se ha logrado en décadas en favor de la población en general y en especial de la más desprotegida y necesitada.

La salud pública y la asistencia social, es decir el cuidado de las condiciones sanitarias generales del país y la atención a los más vulnerables, no merecieron en el acuerdo de Yucatán ni una sola palabra. La máxima autoridad sanitaria de este país no puede y no debe pretender que su tema de salud son solamente los servicios médicos pasando por alto la asistencia social, las condiciones sanitarias y otros múltiples aspectos que conforman la salud pública, en aras de un mensaje promisorio de atención médica y medicamentos gratuitos, que ya se brindan conforme a la Ley General de Salud y con el esfuerzo presupuestal de los gobiernos federal, de los estados y de las personas derechohabientes del sistema de protección social en Salud.

La Constitución Política de nuestro país no solamente establece el derecho a la protección de la salud, sino también y conjuntamente el federalismo sanitario y el cuidado de la salubridad general.

El federalismo sanitario tiene una fórmula constitucional que prevalece desde la Constitución de 1917, conforme a la cual a las entidades federativas les corresponde la salubridad local y concurrentemente a los gobiernos de los estados y al gobierno federal la salubridad general. La suma de la salubridad local y la salubridad general está a cargo del conjunto de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, no solamente de la Secretaría de Salud. Más aún, la competencia de los Gobiernos de los Estados en materia sanitaria es originaria y es ancestral. Es el gobierno federal el que con la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en 1943 se incorporó a las responsabilidades sanitarias y asistenciales. La Secretaría de Salud, desde su origen y hasta cercano el año 2000, operó en todo el territorio nacional a través de los servicios coordinados de salud pública en cada uno de los estados.

El secretario de Salud federal planteó en el acuerdo de Yucatán la pretensión de que la dependencia a su cargo asuma directamente los servicios y las funciones que han estado y están a cargo de los gobiernos de los estados, en los respectivos sistemas estatales de salud. Se trata de una pretensión de centralización política y burocrática de los servicios de salud. Ese planteamiento implicaría despojar a los Gobiernos de los Estados de sus responsabilidades frente a las necesidades de salud de la población y de la organización y recursos para atender este ámbito fundamental del bienestar social. Plantea incluso que sean los gobiernos de los estados quienes financien los servicios de salud federales, aportando para ello, en lugar de cofinanciar los servicios estatales, conforme lo establece la Ley General de Salud.

La descentralización de los servicios de salud que se inició mediante reformas constitucionales de 1983, que determinaron la concurrencia en materia de salubridad general entre la federación y los gobiernos de los estados, ha tenido y mantenido el propósito de la cercanía entre las autoridades sanitarias y los servicios de salud con la población, así como el que los sistemas estatales de salud se adecúen a las particulares necesidades y condiciones de cada una de las entidades federativas. Todos los sistemas estatales de salud responden a requerimientos y situaciones diversas, como diverso es el país. El acuerdo de Yucatán propone “federalizar”, cuando lo que pretende es la centralización burocrática y política de la salud, lo cual es inaceptable.

El Seguro Popular se creó en la Ley General de Salud, estableciendo el contenido y los alcances del Programa, distribuyendo responsabilidades y atribuciones entre esferas de gobierno, es decir entre la Secretaría de Salud y los servicios estatales de salud. Su implantación ha permitido avanzar en superar inequidades poblacionales, geográficas, económicas y en general de acceso a los diversos bienes de la salud, haciendo posible que se allegaran importantes asignaciones al presupuesto de atención a la salud de la población que no es derechohabiente de la seguridad social. El Seguro Popular ha sido en los hechos un impulsor de justicia y equidad en favor de los núcleos de población y de las personas más desprotegidas y vulnerables. El Secretario de Salud Federal desconoce y niega los logros y los méritos del Seguro Popular en las tres esferas de Gobierno y en las miles de organizaciones de la sociedad que participan.

Es lamentable –también– que el secretario de Salud, en el acuerdo de Yucatán ignore la diferencia que existe entre la salud y la seguridad social, que además de ser constitucionalmente diferentes, lo son institucionalmente en todos los ámbitos, inclusive en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, que tienen comisiones distintas para Salud y para Seguridad Social. Las instituciones federales de seguridad social no son concurrentes con los estados, no son autoridades sanitarias, el alcance de su actividad son los servicios de salud y otras prestaciones económicas y sociales a sus derechohabientes. Pretender retirar servicios que son estatales y municipales para encomendarlos al IMSS, es algo que simple y sencillamente carece de realidad y de sentido alguno, y que pone en riesgo la salud y el bienestar de toda la población del país. El Secretario de Salud Federal se ha pronunciado por destruir el Seguro Popular y los sistemas estatales de salud en aras de una idea equivocada, que sería la conjunción, unificación, información y concentración de todos los servicios de atención médica del país en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es a lo que llama sistema universal de Salud, concepto que no tiene sustento ni explicación alguna en el acuerdo de Yucatán.

Cabe mencionar que el que habrá de llamarse IMSS-Bienestar, es un programa que se creó desde la administración del presidente José López Portillo como IMSS-Coplamar (Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados), el cual ha cambiado de nombre en cada gobierno, pasando por Solidaridad, Prospera, etcétera. Dicho programa, como otros, ha sido una excelente contribución para brindar atención primaria a comunidades indígenas y a población en zonas especialmente rezagadas. La solidaridad del IMSS en la operación de ese programa debe reconocerse con toda amplitud. Sin embargo, la operación de ese Programa no es sustento para pretender que se sustituyan los sistemas y servicios estatales de salud para encomendarlos al IMSS.

El secretario de Salud en sus pronunciamientos encuentra dificultad para la integración y unificación total de los servicios públicos de salud en el IMSS, en la condición laboral diferente de ese Instituto, respecto de los trabajadores de la Secretaría de Salud y de los Gobiernos de los Estados, que en su mayoría se encuentran en el régimen del apartado B del Artículo 123 Constitucional. La cuestión no es que los trabajadores de los distintos componentes del sistema de salud se encuentren en regímenes laborales diferentes, sino en la existencia misma de regímenes laborales diferentes en el país.

Lo cierto es que los servicios públicos de salud, especialmente los de atención médica tienen múltiples dificultades y carencias, las cuales solo se pueden resolver mediante recursos humanos, materiales, tecnológicos, económicos, de información, formativos y de otra índole, pues la problemática de la salud debe ser atendida con un enfoque holístico, no con un enfoque de critica simplista, dogmática y publicitaria. En la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 no hay previsión de recursos para superar problemas y rezagos. Sumamos a esta convocatoria el que el Gobierno Federal asigne recursos adicionales suficientes para asegurar atención y cobertura efectiva de la atención médica, de la salud pública y de la asistencia social de manera plena, a través de los diversos componentes del Sistema Nacional de Salud descentralizado. Los servicios públicos de salud funcionan con recursos, no con discursos.

No ignoramos que el partido de la mayoría en la Cámara de Diputados se opondría a la aprobación de los puntos de acuerdo que se proponen, por lo cual procederemos a la difusión de esta propuesta y convocatoria nacional vía redes sociales y por todos los medios posibles para sumar el interés de la sociedad y de organizaciones públicas, sociales y privadas a la causa del mantenimiento y mejoramiento del Seguro Popular y a favor de la descentralización de la salud en beneficio del pueblo.

Es conforme a lo expresado que mediante esta proposición convocamos a una movilización nacional de defensa del Seguro Popular y planteamos los siguientes puntos de acuerdo que a continuación se enuncian

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a valorar la desaparición del Seguro Popular, respetar el pacto federal para el funcionamiento de los sistemas estatales de salud, y que se abstenga de centralizar los recursos públicos para la salud.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Salud del Gobierno Federal a aclarar y hacer explícitos los objetivos de la transformación del Sistema Nacional de Salud, y a apegarse estrictamente al marco jurídico constitucional y legal vigente.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Salud del gobierno federal a abstenerse de denostar a los servicios estatales de salud, con críticas y acusaciones generalizadas e infundadas. A no realizar declaraciones que alarman a la población al manifestar que en México hay una crisis del Sistema Sanitario.

Dado en el Senado de la República, a 15 de mayo de 2019.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba

(rúbrica)