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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De la Dip. Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a reconsiderar las disposiciones administrativas emitidas el 14 de febrero de este año, por las que toma la decisión de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización de la sociedad civil, y a construir un diagnóstico de éste sector, a fin de que aquellas OSC que han luchado desde la trinchera de la participación democrática por el bien común, la defensa de los derechos humanos y por gobiernos que sirvan a la población, cuenten con recursos para el desarrollo de sus proyectos y procesos a favor de las causas por las que se han movilizado.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA PRIMERA COMISIóN DE TRABAJO.


Quienes suscriben, diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

  1. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se han definido como una serie de organizaciones formales e informales, registradas o no; privadas en el sentido de no formar parte de la estructura institucional del gobierno, que no distribuyen beneficios económicos entre sus miembros y directivos, que no son comerciales como propósito, auto gobernadas y capaces de cerrar actividades si así lo desean, y voluntarias en el entendido de estar soportadas por personas que eligen apoyar y no como una obligación contractual.

Las actividades realizadas por la sociedad civil en México son reguladas por diversas disposiciones jurídicas como el Código Civil Federal, el Código Fiscal de la Federación en cuanto a la parte financiera, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) en cuanto a su promoción, entre otras.

Según la tradición del llamado “tercer sector” y lo dispuesto en diversas leyes como la LFFAROSC, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y la Ley de Instituciones de Asistencia Privada (LIAP), una Organización de la Sociedad Civil debe contar con las siguientes características: estar institucionalizada, es decir, contar con acta constitutiva que acredita su personalidad jurídica; evitar buscar el lucro, esto es, que no puede repartir remanentes económicos entre sus socios o colaboradores, así que dichos remanentes deberán reinvertirse en la propia organización; ser privada, pues están fuera del gobierno, es decir, no pertenecen a ninguna estructura del aparato estatal; ser autónoma, porque se autogobiernan y pueden cerrar actividades en el momento que así lo deseen; ser de beneficio a terceros, ya que los destinatarios de sus acciones son terceros, personas que no forman parte de los colaboradores o fundadores; evitar tener fines religiosos, ya que no incluye organizaciones de tipo religioso; y evitar tener fines políticos, ya que no persiguen el poder político, lo que no significa que estén impedidas para incidir en asuntos públicos o recibir recursos públicos.

2.   Las OSC están presentes en donde más se les necesita, acompañando y brindando ayuda, siempre al pie del cañón. Buscan llegar de manera amplia y eficaz a todos los sectores de la población. Además, abarcan una gran variedad de temas como seguridad, medio ambiente, migración, género, salud, por mencionar algunos. Son a su vez, fuentes de información que nos dan a conocer la situación real que vive el país en temas tan delicados como la inseguridad, la violencia y la migración, por mencionar algunos, dando a conocer casos, testimonios y cifras que de otra manera no llegan a la atención pública.

En México, de acuerdo con el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2018, existen más de 39,000 que cumplen con las siete características de autonomía, sin fines de lucro, institucionalizadas, privadas, voluntarias, de beneficio a terceros, no religiosas y no políticas. Además, hay 33 OSC por cada 100,000 habitantes. Así, junto a otros países, México se ubica en niveles bajos de densidad asociativa comparado por ejemplo con Estados Unidos, Chile, Argentina y Brasil.

La obtención de la personalidad jurídica y el alta ante el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), no garantiza a las OSC el acceso inmediato a recursos públicos y/o privados, por lo que deben buscar su financiamiento a través de apoyos, estímulos, programas y convocatorias del sector público, donaciones del sector privado o agencias internacionales.

3.   En relación a las fuentes públicas de financiamiento con que las OSC cuentan en México, se tiene información de que en 2016, la Administración Pública Federal destinó 6,983,449,858 pesos como fomento a favor de las OSC, cifra considerablemente inferior a la correspondiente a las donaciones realizadas por particulares nacionales, la cual alcanzó en el mismo ejercicio fiscal 27,900,842,642 pesos, es decir, casi el cuádruple de la inversión del Gobierno Federal en el sector; sin embargo, fue casi tres veces mayor a las donaciones del extranjero: 2,830,284,056 pesos . De forma sintética se puede decir que de los 40,000 millones de pesos que las OSC recibieron para su operación en 2016, el 18.5% provino del Gobierno Federal, el 73.9% de donantes nacionales y el 7.5% de donantes extranjeros.

Es preciso decir además que, del total de apoyos y estímulos otorgados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a favor de las OSC, en realidad, menos de la mitad se dirige a las organizaciones. La LFFAROSC no plantea mecanismos que impidan que las organizaciones vinculadas al Gobierno Federal accedan a los recursos destinados a las OSC. En México, órganos de gobierno y asociaciones relacionadas a entidades gubernamentales (government-organized non-governmental-organizations o GONGO, por sus siglas en inglés) cuentan con una Clave Única de Inscripción (CLUNI) para acceder a recursos destinados al fomento de actividades de las OSC.

Asimismo, cabe mencionar que la asignación de recursos, al menos en el caso de la APF, únicamente se hace para proyectos que consideren la implementación de acciones durante el año fiscal en el que se entregan los recursos, de modo que las organizaciones cuentan en promedio con cinco o seis meses para implementar sus proyectos.

4.   Si bien es cierto que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) obtienen recursos de instituciones públicas -vía convocatorias- que les permiten realizar acciones focalizadas de desarrollo social y brindar servicios a grupos específicos, su trabajo tiene una función complementaria para el desarrollo social, pero no sustituye a los programas de desarrollo social que promueve el Estado y, por tanto, no son parte de él. Se desempeñan como actores sociales porque su identidad y agencia social produce cambios en favor de grupos sociales en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a los bienes y servicios que ofrece el mercado.
En su actuar promueven la visibilización de los grupos sociales excluidos, marginados y/o vulnerables, impulsan la atención de su problemática en la agenda de los partidos políticos y las instituciones de gobierno y colocan en la opinión pública la discusión sobre la desigualdad y vulnerabilidad de los grupos que reciben su atención; además de las diversas acciones y actividades que realizan directamente con sus beneficiarios.

Y si bien la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) reconoce algunas las actividades en las que puede actuar la sociedad civil, las cuestiones que ella atiende van más allá de dicha agenda, ya sea por el enfoque (prevención, sensibilización, con metodologías innovadoras), o por ser situaciones emergentes identificadas en razón del trabajo que realizan de manera directa con las comunidades.
Por tanto, abrir espacios de participación y fortalecimiento de las OSC no implica duplicar tareas de la agenda estatal o triangular en cuanto a la entrega de beneficios a la población, por la simple razón de que las OSC llevan a cabo tareas distintas.
El trabajo de las OSC, a través de los servicios que ofrecen, tiene la ventaja de identificar con precisión las necesidades de las comunidades, porque trabajan de manera muy cercana a las personas beneficiarias. El nivel de acercamiento que tienen con la población les permite tener diagnósticos puntuales de las necesidades de los grupos y comunidades que atienden. Ellas se encargan de brindar servicios y atender demandas sociales de grupos vulnerables que no encontraron otra opción para satisfacerlas. Sus costos de operación son más bajos que los del mercado y, lo más importante, son agentes de cambio en la medida que promueven la participación, organización y representación de los sectores más pobres en los procesos de toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas.

5.   Las agrupaciones civiles han tenido un impacto positivo en la economía del país, pese a que el presupuesto gubernamental ha disminuido 30%: de 7 mil millones en 2015 a 4 mil en 2018.

De acuerdo con la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México (ISFL) 2017, el PIB ampliado de las organizaciones no lucrativas privadas, tambie?n llamadas el tercer sector, alcanzo? un monto de 278 mil 882 millones de pesos durante 2017, cifra que represento? el 1.3% del PIB del pai?s para ese an?o; es decir, poco ma?s de un peso de cada 100 que produjo la economi?a en dicho an?o, correspondio? a las organizaciones privadas sin a?nimo de lucro y a la valoracio?n econo?mica del trabajo de sus voluntarios. De este monto, el 55.8% provino del valor agregado generado a partir de transacciones econo?micas registradas y el restante del valor econo?mico del trabajo voluntario realizado en estas organizaciones.

En términos reales el PIB ampliado de las ISFL privadas registró un nivel de 232 mil 524 millones de pesos, durante 2017, y presentó una variación anual de 3.9% respecto al año anterior.

Al comparar el PIB de las ISFL privadas con algunas de las actividades de la economi?a nacional, para dimensionar la importancia del sector en el periodo que se reporta, se observa que e?ste se acerco? al valor agregado que genero?, por ejemplo, la construccio?n de obras de ingenieri?a civil8 o la fabricacio?n de partes para vehi?culos automotores en igual periodo; y fue mayor al de actividades como la elaboracio?n de productos de panaderi?a y tortillas.

Durante 2017, el nu?mero de personas que colaboraron como voluntarios en las ISFL privadas se ubico? en 1 millo?n 947 mil, y representaron el 73.7% del personal total (remunerado y voluntario) que laboro? en organismos no lucrativos privados. De los voluntarios de las ISFL privadas el 47.2% lo conformaron las mujeres y el 52.8% los hombres.

El tiempo de trabajo de los voluntarios en las ISFL privadas, fue equivalente a 1 millo?n 38 mil 166 empleos de tiempo completo, en 2017. De dichos puestos, las mujeres aportaron el 46% y los hombres el 54 por ciento.

El valor econo?mico del trabajo voluntario alcanzo? un monto equivalente a 123 mil 196 millones de pesos, durante el an?o de referencia, representando 0.6% del PIB nacional; el 51.6% lo aporto? el trabajo de las mujeres y el 48.4% el de los hombres.
Por cada 0.3 pesos que deja de percibir, vía impuestos, el Gobierno federal para dárselos a las organizaciones de la sociedad civil, éstas regresan 3.8 pesos a la sociedad por sus actividades.

A raíz de lo anterior, las OSC se han posicionado como un actor público fundamental en el ámbito de la gobernanza, como mecanismos para alcanzar la gobernabilidad democrática en México. 


6.   Vemos con preocupación que la postura del gobierno federal es una postura de ruptura y distanciamiento con las organizaciones de la sociedad civil.

Como muestra, lo ocurrido el pasado 14 de febrero del año en curso, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador giró una circular a todas las dependencias federales ordenando no darles más recursos a las Organizaciones de la Sociedad Civil; las acusa de corrupción y opacidad.

Basta con mencionar los dos párrafos que tuvo la circular de López Obrador: “Hemos tomado la decisión de no transferir recursos del presupuesto a ninguna agrupación social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción.

“Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios. Asimismo, se deberá cumplir con las disposiciones legales para que obras, adquisiciones y servicios se contraten mediante licitaciones y con absoluta transparencia.”

De acuerdo con Pablo González Ulloa, investigador de la UNAM especializado en teoría política y social, globalización y multiculturalismo, esta decisión presidencial impactará a miles de organizaciones pequeñas que realizan un trabajo fundamental para la gobernabilidad, que son un contrapeso político y coadyuvan en la política social con actuaciones directas y diagnósticos serios en diversos problemas, que van desde la violencia contra las mujeres, el robo del combustible y la atención a comunidades indígenas y campesinas, hasta la asistencia a la población marginada. “Son aliadas, no son enemigas”.

Esto provocará una mayor carga de trabajo sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Administración, pues ante la falta de organizaciones que ayuden a paliar la situación de pobreza o de falta de servicios, será el Gobierno federal quien deba cubrir ese vacío.

7.   Si bien, algunas organizaciones han abusado de su relación con el gobierno, la gran mayoría ha demostrado ser un aliado imprescindible de las principales causas y en los momentos difíciles.

Hasta el año 2016 —dato más reciente— se habían iniciado sólo 25 procedimientos contra organizaciones en las que fue detectada alguna irregularidad; la falta más común es que las OSC contrataron empresas para realizar algún trabajo y alguno de sus socios era miembro de la organización.


De 32 mil organizaciones que había en ese momento, 25 procedimientos significan que sólo el 0.07 por ciento de las OSC cometió una irregularidad, una cifra muy alejada a la generalización que dio el presidente de la República.
Los datos anteriores nos dejan ver que la gran mayoría de las OSC no son, como se ha afirmado, canales de recursos entre gobiernos y personas. Como ya se afirmó, ellas ofrecen directamente servicios y con frecuencia actúan como interlocutores y mediadores en la relación y diálogo de comunidades y organizaciones con otros actores, entre ellos el gobierno.


Si bien es cierto que se han creado organizaciones con fines clientelares y para apoyar fuerzas o corrientes políticas, este no es un fenómeno que se puede generalizar; no todas las OSC son iguales, muchas han promovido y actuado con ética en la política. Por ello no es justo que se generalice y se tomen medidas extremas para todas.

8.   No se debe dejar de lado que las OSC han hecho un gran aporte en las transformaciones que han ocurrido en el país en materia de alternancia en el poder, reformas políticas, reconocimiento de la diversidad social, de exigibilidad de los derechos humanos; en algunos territorios hemos cubierto la ausencia de Estado y de gobiernos en la atención de problemáticas sociales, como los feminicidios, las personas desaparecidas, las víctimas de las violencias, las víctimas de tortura y detenciones arbitrarias, las poblaciones desplazadas, los migrantes, la violencia contra las mujeres, la instrumentación de proyectos que atentan contra el cuidado y protección del medio ambiente y la sustentabilidad, así como la innovación de energías renovables; las condiciones deplorables en los reclusorios, la exclusión de jóvenes de los sectores más pobres, y detectamos rápidamente el surgimiento de nuevas problemáticas sociales, no se hubieran colocado en la agenda pública de no haber sido por las organizaciones de la sociedad civil.

9.   Los partidos políticos nos pronunciamos a favor de una estrecha relación con la sociedad civil. Creemos que el acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil es la mejor manera de lograrlo. Al mismo tiempo, rechazamos las descalificaciones que se han hecho en su contra.

Quienes suscribimos el presente Punto de Acuerdo, creemos que es equivocada e injusta la apreciación y generalización que ha expresado el Presidente sobre su ética y compromiso, ya que al igual que otros agentes de la sociedad, las OSC son diversas, plurales, con ideologías y objetivos distintos en una sociedad que es compleja, desigual y diversa, expresión de la democracia.

Las organizaciones de la sociedad civil no son parte de la “mafia del poder”. Cuando se les señala de tal manera, se demerita el trabajo de años, la experiencia, los conocimientos, los logros y los aportes hechos. Se demerita a miles de mexicanos que trabajan día a día por mejorar las condiciones de vida de nuestro país e incluso se debilita a la propia democracia.

Las democracias sólidas fomentan una sociedad civil fuerte que favorezca el ejercicio de actividades libremente. Es responsabilidad del gobierno asegurar un entorno legal, incluyente, económico y político que fomente y no desincentive y vulnere a la sociedad civil.

10. El mensaje que se le quiere dar al Presidente es que todos necesitamos de todos, que cuenta con las organizaciones de la sociedad civil, pero para ello debe haber un acercamiento, no descalificaciones. Todos queremos que a México le vaya bien. Todos queremos que los problemas que nos aquejan se resuelvan y esto solo se logrará con la colaboración y el esfuerzo de todos.


Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la siguiente proposición con


PUNTO DE ACUERDO


Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, a reconsiderar las disposiciones administrativas emitidas el 14 de febrero de este año, por las que toma la decisión de no transferir recursos del Presupuesto a ninguna Organización de la Sociedad Civil, y a construir un diagnóstico de éste sector, a fin de que aquellas OSC que han luchado desde la trinchera de la participación democrática por el bien común, la defensa de los derechos humanos y por gobiernos que sirvan a la población, cuenten con recursos para el desarrollo de sus proyectos y procesos a favor de las causas por las que se han movilizado.


Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, a abrir un espacio de diálogo a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de conocer sobre sus aportes, fortalezas y debilidades, con el propósito de construir y consolidar una nueva forma de relación entre gobernantes y gobernados y a trabajar, en coordinación con ellas, a fin de  asegurar un entorno incluyente, que fomente y no desincentive la participación y actividad de  la sociedad civil.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.

Dip. Ana Paola López Birlain