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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California para que haga público y entregue un informe pormenorizado del estado que guarda la construcción y operación del Centro de Justicia para las Mujeres.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA PRIMERA COMISIóN DE TRABAJO.


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE A LA BREVEDAD HAGA PÚBLICO Y ENTREGUE UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA ENTIDAD, CON EL OBJETO DE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA, EL NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS, SU EFICIENCIA Y EFICACIA, TODA VEZ QUE LA CONSTRUCCIÓN DE DICHO CENTRO FUE UNA DE LAS 14 RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA SEGOB EN 2016 Y REQUISITO POR EL CUAL, EN SU MOMENTO NO SE DECLARÓ LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y EN CONTRASTE, EN BAJA CALIFORNIA SE HAN INCREMENTADO LOS DELITOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, A CARGO DE LA DIPUTADA SOCORRO

ANDAZOLA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II constitucional y 58 y 59 y demás aplicables del Reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos, somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Baja California, para que a la brevedad haga público y entregue un informe pormenorizado del estado que guarda la construcción y operación del centro de justicia para las mujeres en la entidad, con el objeto de hacer del conocimiento de la ciudadanía, el número de asuntos atendidos, su eficiencia y eficacia, toda vez que la construcción de dicho centro fue una de las 14 recomendaciones por parte de la Secretaría de Gobernación en 2016 y requisito por el cual, en su momento no se declaró la alerta de violencia de género y en contraste, en Baja California se han incrementado los delitos con perspectiva de género, a cargo de la diputada Socorro

 Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hoy en día las mujeres en la república mexicana están sufriendo violaciones atroces y de forma sistemática en contra de sus derechos humanos, específicamente, se ha recrudecido una problemática que lamentablemente está al alza y pareciera ser que sin control, se trata de la violencia de género.

Ante esta situación, encontramos evidencia suficiente para señalar que existe un déficit por parte de las instituciones gubernamentales correspondientes para satisfacer la demanda social y dar solución a esta situación, el maltrato y los asesinatos de miles de niñas y mujeres que tienen lugar en distintas regiones del país, siguen sin resolverse y es ahí, en donde nuestro quehacer como legisladoras y legisladores encuentra una área de oportunidad para incidir de forma positiva y levantar la voz para inducir por el camino institucional, la atención inmediata y eficaz de la problemática referida en este punto de acuerdo.


Desafortunadamente este problema no es nada nuevo y ha trascendido varias administraciones locales y federales, en las que ni la alternancia ha sido factor de mejoría ya que, desde hace varios años, vivimos un contexto en el que las autoridades en México han demostrado su negligencia, falta de voluntad política e incapacidad gubernamental para emprender acciones contundentes, imperando un clima de permisibilidad a la violencia de género y feminicida en el territorio nacional.
La impunidad, corrupción y omisión de las autoridades municipales y estatales, busca poner bajo la sombra los crímenes relacionados con la violencia contra las mujeres, que rebasa la violencia familiar y la discriminación y a la que se imponen los grupos delincuenciales, quienes acaban con la vida de las mujeres de las maneras más inhumanas 1.


Entre otras cosas, recientemente se han dado a conocer por diversos medios y con información oficial, las penosas estadísticas que prevalecen en nuestro país, dando a conocer que en México se mata entre nueve y 10 mujeres al día y con un total anual de 3 mil 580 muertes violentas de las que sólo 834 son investigadas como feminicidios, el número de asesinatos contra mujeres perpetrados en 2018 subió a nivel nacional 9.41 por ciento, en comparación con 2017, cuando se reportaron 3 mil 272 casos y sólo 735 de estos se indagan como feminicidios, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).


De esta forma, la cifra de asesinatos de mujeres creció en 16 entidades federativas: el 50 por ciento del país. Guanajuato, Jalisco, Baja California, Campeche y Quintana Roo son los estados donde porcentualmente se disparó este delito.
De acuerdo a comentarios de la experta María Salguero, geofísica y creadora del Mapa de Feminicidios en México, explica en relación a la tasa de asesinatos de mujeres por cada 100 mil habitantes, que las entidades más violentas son Colima, Baja California, Guerrero, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato y Quintana Roo, pues registran un nivel mayor de 10 víctimas por cada cien mil mujeres. 2


Asimismo, María Salguero resaltó que en Baja California el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres ocurrieron en Tijuana, el municipio más sangriento de 2018.


María Salguero coincidió que no todos los estados reportan los asesinatos de mujeres como feminicidios, “aunque lo sean. Es una forma de ocultar las cifras por parte de las procuradurías”. 3
Con lo que se comprueba, que la apreciación generalizada es que los gobiernos prefieren mentir, a atender de forma decidida éste flagelo.


Por su parte, otra experta en el tema: María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ha enfatizado que la violencia sistemática que se vive en México, originada por diversas estructuras delincuenciales, bandas criminales, también “está violentando a las mujeres”.


María de la Luz Estrada ha insistido que hay una negativa de las autoridades por reconocer e investigar los feminicidios como tal y se aferran en señalar que los asesinatos vinculados al crimen son sólo por motivos de delincuencia y los clasifican por homicidios dolosos. Estrada consideró que se niegan a indagar todas las muertes violentas como feminicidio porque “no quieren que sus estadísticas o cifras de feminicidios crezcan”.


Es el Estado, por medio de sus instituciones, el responsable de velar por la seguridad de las personas, así como de sancionar toda conducta que constituya violencia, evitando que las normas sociales y jurídicas las coloquen en una situación de indefensión o desigualdad. Cuando el Estado no cumple con ello y es omiso frente a la violencia, también viola los derechos humanos. De ahí que la primera tarea de un Estado democrático que procura el respeto a los derechos y libertades fundamentales, sea la de asumir y aplicar con esta visión las reformas jurídicas y las políticas públicas necesarias, para prevenir y sancionar la violencia en sus diversas expresiones, especialmente contra las mujeres, promoviendo una cultura de respeto a su dignidad e integridad.
De todo lo anterior, un ejemplo muy claro lo encontramos en Baja California, en donde, según datos estadísticos, en este 2018 se cometieron 304 homicidios violentos en contra de mujeres y solo 16 se han considerado feminicidios, siendo a nivel nacional el tercer estado con mayor número de mujeres asesinadas.


En ese mismo orden de ideas, resulta indignante que a pesar de que en el 2015 se solicitó la alerta de Género, el gobierno del estado sólo simuló acciones en beneficio de las mujeres al decir que cumplió con las 14 recomendaciones emitidas por el grupo de Trabajo. Solo por mencionar algunas de las recomendaciones no cumplidas: El Centro de Justicia para las Mujeres para lo cual incluso se creó una Ley (“Ley que crea el centro de justicia para las mujeres del estado de Baja California, publicada en el periódico oficial no. 57, de fecha 11 de diciembre de 2015, sección I, Tomo CXXII”), y se comprometía a iniciar operaciones en el 2018, al día de hoy ni siquiera existe el edificio terminado y menos ha iniciado su operación para tal efecto. El banco de datos sobre la violencia hacia las mujeres no opera, asimismo, se emitieron protocolos de investigación para los casos de feminicidio sin tener perspectiva de género.
Aunado a lo anterior, no se explica, el hecho de que a pesar de que el 31 de mayo de 2016 se dio a conocer que el gobierno estatal y organizaciones civiles f

ron un acuerdo por el que se instalaron cuatro mesas de trabajo para dar seguimiento a las 14 recomendaciones antes referidas, y que en esa reunión, en voz de la presidenta de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, Meritxell Calderón dijo textualmente: "Hemos avanzado mucho desde que se solicitó la alerta. Antes teníamos un rezago en esta materia y ahora es como si hubiéramos avanzado 20 años porque ya tenemos una Ley de Igualdad, un protocolo para averiguar feminicidios, un Centro de Justicia para Mujeres y otras cosas que no había en Baja California", … además de que se mencionó el 2017 como fecha posible de la culminación y entrada en operación del Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California… hoy en día, haya sido solo letra y discurso muertos, con las consecuencias funestas que saltan a la vista y que por lo tanto, se asume que No se cumplió con las recomendaciones que impidieron la declaratoria de alerta de violencia de género por parte de la SEGOB-CONAVIM en su momento.

Lo anterior, nos hace reflexionar y asegurar que en las Leyes correspondientes (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Baja California) y sus reglamentos existen “lagunas legales” que ciertas instancias de gobierno de forma vival, aprovechan para burlar a la autoridad y sobre todo, burlarse de la ciudadanía que como en muchos otros casos, termina pagando la falta de probidad de los servidores públicos, porque al día de hoy no existe ninguna denuncia y mucho menos una sanción como consecuencia de la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o de las Leyes aplicables a nivel local y/o federal por el mal uso de recursos por parte de servidores públicos.

Para decirlo más claro, el gobierno del estado se comprometió a cumplir con 14 recomendaciones que le impuso SEGOB por medio de la CONAVIM y con eso el gobierno federal por conducto de estas últimas dependencias mencionadas emitieron un dictamen en el que prácticamente exoneraron al gobierno estatal de Baja California por que dictaron la NO PROCEDENCIA de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en espera de que el gobierno de ésta entidad cumpliera lo que hoy sabemos NO CUMPLIÓ, sin embargo a pesar de que ya pasó mucho tiempo de las fechas en que se debió dar cabal cumplimiento a dichas recomendaciones, tristemente en Baja California no existe un Centro de Justicia para las Mujeres de esa entidad, pero tampoco existe una responsabilidad de los funcionarios que simplemente engañaron y simularon para “salir del paso” y así demostrar lo laxo de las normas asociadas al caso y porque no decirlo, lo laxo de las instancias del gobierno federal de la administración pasada involucradas.

Por lo que se considera que, debido a la situación creciente y alarmante de falta de atención y ausencia de cumplimiento de los compromisos del gobierno del estado de Baja California ante las recomendaciones del grupo de trabajo de la Secretaría de Gobernación por conducto de la CONAVIM, a la postre ha resultado en un crecimiento de delitos de violencia de género sin atender en esa entidad, por lo que por todos estos argumentos se conf

 que la autoridad estatal en Baja California no se ha decidido a resolver y garantizar la seguridad, libertad y derechos humanos de las mujeres y la paz social en el estado en sus cinco municipios, es que someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Baja California, para que a la brevedad haga público y entregue un informe pormenorizado del estado que guarda la construcción y operación del centro de justicia para las mujeres en la entidad, con el objeto de hacer del conocimiento de la ciudadanía, el número de asuntos atendidos, su eficiencia y eficacia, toda vez que la construcción de dicho centro fue una de las 14 recomendaciones por parte de la Secretaría de Gobernación en 2016 y requisito por el cual, en su momento no se declaró la alerta de violencia de género y en contraste, en Baja California se han incrementado los delitos con perspectiva de género.

Salón de Plenos del Senado de la República a 3 de mayo de 2019.

A T E N T A M E N T E

Diputada Socorro
 Andazola Gómez


Comunicado de prensa. Violencia feminicida en México: ni un paso atrás. OCNF

http://jornadabc.mx/tijuana/31-05-2016/estado-y-organizaciones-firman-convenio-para-trabajar-contra-violencia-de-genero