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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Educación Pública, a efecto de que informe a esta Soberanía los procesos que se están llevando a cabo para garantizar los derechos de las y los maestros que, con antelación a la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia educativa del 15 de mayo de 2019, fueron evaluados y calificados como idóneos para ocupar plazas docentes y puestos directivos en el servicio profesional docente.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA SEGUNDA COMISIóN DE TRABAJO.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA A EFECTO DE QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS PROCESOS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS Y LOS MAESTROS QUE, CON ANTELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA EDUCATIVA DEL 15 DE MAYO DE 2019, FUERON EVALUADOS Y CALIFICADOS COMO IDÓNEOS PARA OCUPAR PLAZAS DOCENTES Y PUESTOS DIRECTIVOS EN EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 95, numeral 2, 108, 109, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, misma que deberá ser considerada de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones.

1.            Reforma Constitucional en Materia Educativa de 2019.

El miércoles 15 de mayo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, fue publicado el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa (en adelante, Reforma Constitucional en Materia Educativa)

A través de la reforma en comento, se derogó el tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM) en el que se establecía que “…El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos…”

Asimismo, otro de los cambios derivados de la reforma constitucional en materia educativa fue la derogación de la fracción III del artículo 3º Constitucional, en la que se establecía que “…el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan…”

En su lugar, las disposiciones constitucionales vigentes establecen que las maestras y maestros tienen derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación, de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional y que, asimismo, la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior.

Al respecto, es de mencionarse que en la ahora abrogada Ley General del Servicio Profesional Docente (en adelante, LGSPD) se establecía que la asignación de las plazas docentes sería realizada con estricto apego al orden establecido con base en los puntajes obtenidos, de mayor a menor, de los sustentantes que resultaron idóneos en el concurso, tal como se advierte de la lectura a los artículos 8, fracción XIV, 9, fracción XVI y 23, fracción I, de la LGSPD en comento.

2.            Disposiciones transitorias de la reforma constitucional en materia educativa.

En el Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la reforma constitucional en materia educativa, se estableció que a partir de la enteada entrada en vigor de dicha reforma, quedaría abrogada la LGSPD, que quedarían derogadas todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y, asimismo, que quedarían sin efecto los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al decreto de reformas.

Debe destacarse que en el párrafo segundo del transitorio en comento, expresamente se señaló que, hasta en tanto el Congreso de la Unión expidiera la Ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros –misma que sustituiría a la LGSPD– quedaría suspendida cualquier evaluación y que permanecerían vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública (en adelante, Coordinación Nacional) para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente.

Asimismo, en el tercer párrafo, se estableció que se respetarían los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrían ser restringidos o afectados de manera retroactiva.

Por su parte, en el Artículo Tercero transitorio, se señaló que quedarían sin efecto los actos relativos a la aplicación de la ahora abrogada LGSPD que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio.

3.            Procedimientos para asignación de las plazas docentes.

Toda vez que con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia educativa se abrogó la LGSPD, se entiende que quedan sin efecto jurídico alguno las disposiciones en las que se establecía que la asignación de las plazas docentes se harían entre los sustentantes de los concursos de oposición que hubieran sido calificados como idóneos y en el orden de los puntajes obtenidos, de mayor a menor.

Ahora, si bien en el segundo párrafo del artículo segundo transitorio se establece que queda suspendida cualquier evaluación hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en la materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, también es cierto que la propia disposición transitoria en comento señala que permanecen vigentes las disposiciones que facultan a la Coordinación Nacional para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del servicio profesional docente, respetando en todo momento los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los que no podrán ser restringidos ni afectados retroactivamente.

Lo anterior significa que, si previamente a la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia educativa, se hubieran efectuado evaluaciones a maestras y maestros, en consecuencia, para aquellos que fuesen calificados como idóneos se tendrían que respetar sus derechos de que las plazas docentes fueran asignadas entre ellos, conforme al puntaje obtenido, de mayor a menor, razón por lo cual, como lo establece la disposición transitoria, es que permanecen vigentes las disposiciones que facultan a la Coordinación Nacional para dar cumplimiento a los procesos derivados del servicio profesional docente.

Asimismo, implicaría que las evaluaciones que ya estaban programadas no podían ser suspendidas, sino que forzosamente tendría que permitirse que dicho proceso llegara a su conclusión, esto es, con el resultado de idoneidad y el respeto al derecho de asignación de la plaza docente conforme al puntaje obtenido de mayor a menor, pues de lo contrario se estarían vulnerando los derechos adquiridos de los sustentantes y se haría una aplicación retroactiva en su perjuicio de la reforma constitucional en materia educativa.

Máxime cuando debe considerarse que, tratándose de educación básica y la media superior, la formación educativa en nuestro país se lleva a cabo conforme a una temporalidad anual determinada conocida como ciclo escolar, que no está sujeta al año calendario, por lo que la aplicación de las reformas necesariamente tiene que ajustarse a esta realidad.

No obstante, tal ha sido documentado por la organización de la sociedad civil Mexicanos Primero, así como por la prensa nacional, existen diversos casos en toda la República Mexicana en los que no se tiene certidumbre ni claridad respecto a la situación jurídica en que se encuentran las y los maestros, por ejemplo:

  • A pesar de haberse publicado el calendario de las evaluaciones correspondientes a los procesos de ingreso y promoción de los docentes, éstas fueron canceladas;
  • Actualmente hay docentes con nombramientos provisionales que estaban en un periodo de prueba y que no saben si tendrán que presentar evaluación para conservar la posición o de qué manera pueden conseguir un nombramiento de carácter definitivo;
  • No obstante que en su evaluación fueron calificados como idóneos, en virtud de sus méritos y capacidades, existen docentes a los que se les ha impedido obtener los nombramientos de manera oficial o ingresar a los planteles asignados, en virtud de amenazas o agresiones; entre otros.

Dentro de este contexto, es necesario conocer cuáles son los procesos que la Secretaría de Educación Pública está llevando a cabo para salvaguardar los derechos adquiridos de las y los maestros que fueron evaluados y calificados como idóneos, así como también para prevenir la aplicación retroactiva en su perjuicio de la reforma constitucional en materia educativa, siendo oportuno que el titular de dicha Secretaría comparezca ante esta Soberanía a efecto de informar lo anterior.

Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- El Senado de la República cita a comparecer al Titular de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que informe ante esta Soberanía sobre los procesos que se están llevando a cabo para prevenir la aplicación retroactiva de la reforma constitucional en materia educativa en perjuicio de los docentes que hayan sido evaluados y calificados como idóneos para ocupar plazas docentes y puestos directivos, así como para garantizar los derechos adquiridos de los mismos.

Suscribe,

Senadora Minerva Hernández Ramos