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Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a respetar la autonomía de gestión que otorga el artículo 28 Constitucional a los órganos constitucionales autónomos del Estado mexicano.

ASUNTO CON TURNO DIRECTO DE LA SESIÓN DEL JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018.

SE TURNó A LA COMISIóN DE ENERGíA.


Senador Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara De Senadores del H. Congreso de la Unión
P R E S E N T E

El suscrito Senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por la que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a respetar la autonomía de gestión que otorga el artículo 28 Constitucional a los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado mexicano, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

Desde la década de 1980, el Estado mexicano comenzó una profunda reestructuración del gobierno federal. Frente a un gobierno robusto y de proporciones insostenibles económicamente, los gobiernos a partir de 1982 comenzaron, a través de la técnica de la descentralización, a quitarle cargas a la Administración Pública Federal.

Esto implicó la emisión, posteriormente, de una nueva Ley de Entidades Paraestatales. Estas entidades nacieron con dos propósitos fundamentales: llevar a cabo las tareas comercies y bursátiles del gobierno mexicano y realizar actividades estratégicas con un enfoque más parecido al empresarial, como fue el caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

En el mismo sentido, los órganos desconcentrados se multiplicaron dentro de la Administración Pública Federal, bajo la idea de que se requería un mayor conocimiento técnico para la comprensión y posterior solución de problemáticas altamente complejas y especializadas. Tal fue el caso en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión con la Comisión Federal de Telecomunicaciones; y del Servicio de Administración Tributaria, en la materia fiscal, entre otros.

El principio rector detrás de estas técnicas de distribución del poder era la eficiencia. Al no encontrarse técnicamente subordinados dichos órganos a las Secretarías que sí estaban centralizadas, podían actuar regidos por criterios estrictamente técnicos con el objeto de no mezclarse con asuntos políticos. De esta forma, se crearon órganos con equipos altamente especializados, cuya única guía para la resolución de casos eran los conocimientos técnicos. Por ello, la autonomía técnica de estos órganos resultaba de enorme trascendencia.

Sin embargo, este grado de autonomía resultó insuficiente para dotar de certeza jurídica a los mercados, así como a los actores políticos y sociales del país. Se requería de una independencia mayor de ciertos órganos que llevaran a cabo funciones importantes del Estado mexicano.

Esto se reflejó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el entonces Instituto Federal Electoral. Pero no fue sino hasta el conocido Pacto por México, que los órganos con esa naturaleza crecieron exponencialmente. En ese proceso de reformas constitucionales y secundarias nacieron el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entre otros.

De esta manera, es evidente que la decisión de crear órganos con autonomía constitucional no obedece a una cuestión política coyuntural o a un contexto económico específico, sino que se trata de una decisión del Estado mexicano de reservar ciertos espacios de la vida pública mexicana a ciertos órganos con capacidades determinadas. 

Aunado a lo anterior, al aprobarse la Reforma Energética de 2013 se le confirió a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión de Reguladora de Energía el carácter de “órganos reguladores coordinados en materia energética”, haciéndolos más independientes que en el pasado, cuando tenían una mayor dependencia de la Secretaría de Energía.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aceptado y robustecido el modelo de los órganos con autonomía constitucional. En distintas tesis ha establecido sus características, así como su configuración constitucional y jurídica.

La Corte ha construido una doctrina constitucional sobre los órganos reguladores que establece como una de sus más altas prioridades, por ejemplo, su garantía de autonomía, pues se entiende que sin ésta no existe la posibilidad de que ejerzan a plenitud sus funciones mandatas por el texto constitucional.

No obstante lo anterior, desde el 14 de noviembre en el diario El Financiero el periodista Salvador Camarena, reveló que funcionarios del entonces equipo de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador, presionaron a funcionarios de la CRE y la CNH a someterse a sus pretensiones de gobierno, pasando por alto la autonomía de dichos organismos.

En ese contexto hemos entendido varios integrantes de este Poder de la Unión, la renuncia del ahora ex titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda. De igual manera en dicho artículo se revela que Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, ha recibido presiones para que de la misma manera deje el cargo antes de que concluya su período constitucional.

Si bien la titular de la SENER ha declarado que dicha información no es verdadera debe señalarse que, en la Iniciativa presentada en Cámara de Diputados por el Coordinador de la bancada de MORENA, el Diputado Mario Delgado, por la que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aparecía expresamente la disposición de que estos organismos reguladores en materia energética quedaran sectorizados a la Secretaría de Energía. Es decir, existen elementos que presumen la intención por parte del partido en el gobierno, de coartar dicha autonomía constitucional.

De ser ciertas esas presiones, no deben ser pasadas por alto. Como poder político que es este Senado de la República, debemos exigir al Gobierno Federal que respete las decisiones que ha tomado el Poder Constituyente Permanente para conferir autonomía a estos órganos del Estado.

La autonomía de los órganos reguladores nos beneficia a todos. Las funciones que estos realizan deben mantenerse alejado de los cismas políticos y debe respetarse la valoración que en su momento el Senado hizo con el fin de lograr el consenso del nombramiento de los integrantes de los Consejos directivos de dichos reguladores.

Por ello, exigimos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que respete la Constitución General de la República, pues solo de esa manera podremos contar con un Gobierno de leyes, en donde los deseos de los individuos no estén por encima de la voluntad del pueblo.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

P U N T O     D E    A C U E R D O

UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a respetar los preceptos de autonomía expresados en nuestra carta fundamental en relación con los órganos reguladores de energía y abstenerse de intentar influir en su vida interna con el objeto de que éstos, dentro de sus facultades y atribuciones, continúen brindando la certeza y regulación necesarias en tan importante sector de la economía y desarrollo nacionales.

Salón de sesiones del Senado de la República a 11 de diciembre de 2018.

Senador Ismael García Cabeza de Vaca


Rubro: ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. Aprobada por el Tribunal Pleno el catorce de enero de 2008. Número 12/2008. Tesis Jurisprudencial. Novena Época. Ciudad de México.

Rubro: GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. Aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el viernes 10 de noviembre de 2017. Número 2a. CLXVI/2017. Tesis aislada. Décima Época. Ciudad de México.