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Proposiciones

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Andrés Manuel López Obrador, a desconocer y no aplicar la Política Nacional de Mares y Costas de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018; y a diversas autoridades de la Administración Pública Federal a informar sobre actividades mineras terrestres y marinas expedidas ese mismo día por gobierno del entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

ASUNTO CON TURNO DIRECTO DE LA SESIÓN DEL JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018.

SE TURNó A LA COMISIóN DE MINERíA Y DESARROLLO REGIONAL.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES
P R E S E N T E.

La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, C. Andrés Manuel López Obrador, a desconocer y no aplicar la Política Nacional de Mares y Costas de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018 Y A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A INFORMAR SOBRE ACTIVIDADES MINERAS TERRESTRES Y MARINAS EXPEDIDOS ESE MISMO DÍA POR GOBIERNO DEL ENTONCES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado día 30 de noviembre de 2018, siendo el último día de funciones del Titular del Poder Ejecutivo Federal y de su Administración Pública, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación todo un paquete enorme de ASIGNACIONES MINERAS (Edición Matutina), así como el ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA POLÍTICA NACIONAL DE MARES Y COSTAS DE MÉXICO, instrumentos por los cuales se permitirá para este Gobierno actual 2018-2024 la realización de diversos proyectos mineros que pueden comprometer negativamente el medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas de nuestro país.

LAS ASIGNACIONES:

En la materia de asignaciones mineras, 3 de ellas nos preocupan de manera importante debido a que su proyección y desarrollo se ubica en el Estado de Baja California Sur, bajo los siguientes términos:

  1. Título de asignación minera número 374 del lote Todos Santos con número de expediente 100/000625, con una superficie de 2,000 hectáreas, en el Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur.
  2. Título de asignación minera número 389 del lote El Venado con número de expediente 100/00624 al Servicio Geológico Mexicano, con una superficie de 1,982 hectáreas con ubicación en el Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur.
  3. Título de asignación minera número 392 del lote Tres Marías con número de expediente 100/000614 al Servicio Geológico Mexicano, con una superficie de 44,984.3475 hectáreas en el Municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur.

Resulta inaudito que el último día de gobierno de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, de manera por demás sospechosa, haya expedido estas 3 asignaciones mineras en Baja California Sur, con una extensión total de 48,966.3475 hectáreas, en favor del Servicio Geológico Mexicano,  en las cuales se desconocen los minerales para los que fueron expedidas y los impactos que estas mismas ocasionarán en la entidad, máxime que dichas asignaciones, por disposición de ley, ÚNICAMENTE OTORGAN DERECHOS SOBRE LOS MINERALES, MAS NO SOBRE EL TERRENO SUPERFICIAL.

Incluso, las coordenadas establecidas en la asignación minera número 374 del lote Todos Santos, se encuentran dentro del fundo legal de una comunidad, lo cual podría generar deslaves y mayores impactos en perjuicio de su población.

Llama la atención que dichas asignaciones se hayan dado el último día del anterior gobierno federal, cuando se aprecia que dicho acuerdo fue otorgado hace más de un año desde el 22 de noviembre de 2017, como se puede apreciar a continuación:

Dado en la Ciudad de México, el 22 de noviembre del 2017, en términos de lo previsto por los artículos 10, párrafo segundo, y 16 párrafo primero de la Ley Minera, procédase a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Directora General de Minas, Claudia Yolanda Ibarra Palafox.- Rúbrica.

Además, dichas asignaciones se expiden por seis años improrrogables, contados a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, conforme lo dispuesto por el artículo 16, primer párrafo, de la Ley Minera, sin que se señale el tipo de explotación para el cual fue expedido.

Las funciones del Servicio Geológico Mexicano se encuentran definidas en el artículo 9 de la Ley Minera. Se destacan las siguientes:

Artículo 9.- Para promover el mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación, la Secretaría se apoyará en el Servicio Geológico Mexicano, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por dicha dependencia.

Para el cumplimiento de su objeto señalado en el párrafo primero de este Artículo, el Servicio Geológico Mexicano tendrá las siguientes funciones:

IX. Participar en fondos de inversión de riesgo compartido para exploración;

XXIII. Celebrar contratos mediante licitación pública para llevar a cabo obras y trabajos dentro de los lotes que amparen las asignaciones mineras expedidas en su favor, en los términos previstos al efecto por el Reglamento de la presente Ley;

Se destaca la fracción XXIII que señala este Servicio Geológico Mexicano podrá celebrar contratos mediante licitación pública de las asignaciones mineras que sean expedidas en su favor, lo cual nos hace suponer que dicho organismo público descentralizado realizará las licitaciones de estas asignaciones, de las cuales se desconoce el tipo de explotación de que se trata.

La asignación goza de características similares a la concesión, solo que la primera se otorga a un ente del Estado, el Servicio Geológico Mexicano, mientras que las concesiones se otorgan a particulares. Sin embargo, los trabajos que ampara la asignación minera están supeditados a que se obtengan las autorizaciones, permisos o concesiones conforme a la Ley Minera, según lo que indica el texto de la publicación oficial de las asignaciones en cuestión, el cual se transcribe literalmente:

Obligaciones del titular

Las obras y trabajos mineros que al amparo del presente título se desarrollen, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso o concesión según el caso de las autoridades que tengan a su cargo los bienes que resulten afectados, atento a las disposiciones aplicables. Asimismo, su titular deberá sujetarse a las normas oficiales relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad, de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Este título únicamente otorga derechos sobre los minerales, mas no sobre el terreno superficial.

La Ley Minera en su arti?culo 12, establece que “toda concesio?n, asignacio?n o zona que se incorpore a reservas mineras debera? referirse a un lote minero, so?lido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales y cuya cara superior es la superficie del terreno, sobre la cual se determina el peri?metro que comprende. Los lados que integran el peri?metro del lote debera?n estar orientados astrono?micamente Norte-Sur y Este-Oeste y la longitud de cada lado sera? de cien o mu?ltiplos de cien metros, excepto cuando estas condiciones no puedan cumplirse por colindar con otros lotes mineros. La localizacio?n del lote minero se determinara? con base en un punto fijo en el terreno, denominado punto de partida, ligado con el peri?metro de dicho lote o ubicado sobre el mismo. La liga del punto de partida sera? perpendicular preferentemente a cualquiera de los lados Norte-Sur o Este-Oeste del peri?metro del lote”.

En ese sentido y dada la relevancia de otorgar 3 títulos de asignación minera en el territorio del Estado de Baja California Sur, con una extensión total de 48,966.3475 hectáreas, con un potencial para desarrollar obras y actividades mineras, bajo cualquier metodología, es preocupante porque en ninguna parte de los títulos de asignación se indica el objeto de dichas asignaciones. SOBRE TODO PREOCUPA QUE, CON BASE EN ACTOS DE PROMOCIÓN DEL MEJOR APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINERALES Y DE GENERAR LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA BÁSICA DE LA NACIÓN, POR PARTE DEL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO, SE SIGAN EXPLOTANDO LOS RECUROS MINERALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A COSTA DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO, DEL AGUA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES DEL ESTADO, MUCHOS DE ELLOS ÚNICOS EN EL PLANETA Y QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

Baja California Sur tiene ya una extensión muy amplia de su territorio concesionado para actividades mineras, y dentro de estas se encuentran algunas que pueden poner en peligro su biodiversidad, como es el caso de Los Cardones, que actualmente se encuentra en proceso de obtención de diversas autorizaciones por parte de la SEMARNAT para realizarse.

EL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA POLÍTICA NACIONAL DE MARES Y COSTAS DE MÉXICO:

En su edición vespertina, en el Diario Oficial de la Federación se publicó, de última hora también, la Política Nacional de Mares y Costas de México, por parte del titular de la Secretaría de Marina, por sí y como Presidente de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas.

Extraña la expedición por demás tardía y fuera de lugar de esta Política Nacional, cuando está vinculada con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuya vigencia ya feneció el pasado 1º de diciembre de 2018, con la entrada en funciones de un nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal y nuevas dependencias federales que tienen, entre otras, la tarea de formular el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, conforme al Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación, que regirá durante este sexenio gubernamental.

Una de las razones por las que se entiende la expedición de esta Política Nacional de Mares y Costas de México es LA MINERÍA MARINA, actividad lucrativa que durante el pasado gobierno no tuvo éxito en ser autorizada para su realización, gracias, entre otros factores, a una sólida unidad social, sobre todo de los sudcalifornianos, pero que requiere de las condiciones de política pública para poder ser permitida por el Gobierno Federal; y parte de esas condiciones la proporciona la Política Nacional en cuestión.

Veamos lo que este instrumento dice al respecto de la minería marina:

Minería marina.

México cuenta con gran potencial para el aprovechamiento de minerales que se encuentran en la franja de entre 12 y 15 millones de km², denominada "Zona de Fracturas Clarion-Clipperton (ZFCC)", que va de México hasta Hawái, en esa franja se han calculado reservas potenciales de siete mil millones de toneladas de manganeso, 340 millones de toneladas de níquel, 240 millones de toneladas de cobre y 78 millones de toneladas de cobalto. La importancia de su potencial productivo se vislumbra en el dato de que en esta zona se desarrollan 12 de los 22 contratos de exploración otorgados por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), según su informe de abril de 2018.

La posición inmediata de nuestro país con la ZFCC y la alta probabilidad de que muy pronto se transite de la exploración a la explotación de los minerales contenidos por los nódulos polimetálicos, indican que debemos fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la creación de instrumentos normativos jurídicos y técnico-científicos para regular, atenuar, mitigar o eliminar los potenciales impactos naturales de las actividades que se generen en el aprovechamiento de estos minerales con la conservación de nuestro patrimonio natural. Para esto último, se requiere una gestión adaptable para responder a lanaturaleza compleja y dinámica de los ecosistemas y a la precaria comprensión y deficientes conocimientos que poseemos sobre su funcionamiento.

La inserción del país en las actividades de minería marina, demanda de una relación más cercana con la AIFM, que controla estos recursos catalogados "Patrimonio de la Humanidad", para asumir el retraso que tenemos, y desarrollar tratados de reciprocidad, frente a los países que han contratado con esta autoridad la exploración de los bloques de la ZFCC. Además, con ello, podremos construir un escenario de inserción viable de las empresas y economía nacional en la explotación y las cadenas que se generen en el aprovechamiento de estas riquezas naturales.

La continuidad de las características geológicas de la Zona de Fracturas Clarion-Clipperton hacia la Zona Económica Exclusiva Mexicana, sugiere que potencialmente existen recursos de nódulos polimetálicos en aguas de jurisdicción nacional. En México se identifican yacimientos minerales en zonas costeras y en zonas marinas, es decir, en el Mar Territorial, Zona Contigua y Zona Económica Exclusiva. Algunos de los minerales presentes en las zonas costeras incluyen depósitos de sal y arenas con minerales pesados como la magnetita, ilmenita y rutilo.

En las zonas marinas, existen potenciales recursos de fosforita, hierro, manganeso, níquel, cobre, cobalto, molibdeno, zircón, elementos de tierras raras, platino, oro, plata, cadmio, galio, estaño, selenio, entre otros, contenidos en nódulos polimetálicos, sulfuros masivos del fondo marino y en costras de cobalto, los cuales son requeridos para usos industriales y tecnológicos. Geográficamente se tiene actividad económica-minera en zonas costeras y marinas de las regiones Pacífico Norte, Golfo de California y Pacífico sur.

Hacerlo de esta manera asegurará que se preserven los ecosistemas marinos que son fuente de recursos indispensables para las comunidades en los litorales nacionales.

Es evidente que la Política Nacional de Mares y Costas de México expresa una presión enorme de empresas nacionales y extranjeras y del propio Gobierno Federal, de querer explotar los minerales marinos con la misma intensidad con la que históricamente se han explotado los minerales terrestres y con costos de contaminación altísimos a la flora y fauna marinos que ningún estudio ni investigación científica y tecnológica puede ayudar ni garantizar su inocuidad o mitigación.

Inclusive, hace apenas unas semanas se informó que la SEMARNAT negó la autorización de impacto y riesgo ambiental al proyecto de minería submarina conocido como “Don Diego”, ubicado en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, justamente por no ser viable respecto de los diversos impactos ambientales no controlables ni mitigables que iba a causar al ambiente marino y sus recursos naturales. Y a través de esta Política Nacional del Gobierno anterior, se insiste con argumentos prospectivos, globalizadores y de supuesto atraso respecto de otros países del mundo, en impulsar una actividad que en el mismo orbe ha sido rechazada por sus consecuencias contaminantes que NO SON TOLERABLES SOCIAL NI AMBIENTALMENTE.

Por ello, no podemos permitir que, a través de actos de gobierno de última hora, “en lo oscurito”, se sigan expidiendo nuevas asignaciones y concesiones mineras, y se realicen actividades de minería marina amparadas en una visión gubernamental que no necesariamente corresponde al nuevo Gobierno del Ejecutivo Federal, afectando de manera grave los derechos fundamentales de la población sudcaliforniana.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con:


PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Economía, a la Dirección General de Minas y al Servicio Geológico Mexicano, de manera conjunta o separada, que proporcione copia de los expedientes completos de los siguientes títulos de asignaciones mineras:

  1. Título de asignación minera número 374 del lote Todos Santos con número de expediente 100/000625, con una superficie de 2,000 hectáreas, en el Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur.
  2. Título de asignación minera número 389 del lote El Venado con número de expediente 100/00624 al Servicio Geológico Mexicano, con una superficie de 1,982 hectáreas con ubicación en el Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur.
  3. Título de asignación minera número 392 del lote Tres Marías con número de expediente 100/000614 al Servicio Geológico Mexicano, con una superficie de 44,984.3475 hectáreas en el Municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Economía, a la Dirección General de Minas y al Servicio Geológico Mexicano informe por escrito a esta H. Soberanía respecto a los alcances, contenido y los minerales que se contienen en las tres concesiones mineras que fueron otorgadas en favor del Servicio Geológico Mexicano, mediante publicación del 30 de noviembre del presente año, en virtud de la potencial intención de desarrollar obras mineras en una extensión de 48,966.3475 hectáreas del Estado de Baja California Sur, toda vez que estas asignaciones se destinan a desarrollar acciones que se refieren a actividades que son incompatibles con la vocación del Estado y el cuidado de su capital natural.

TERCERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Marina a que exponga por escrito su posición sobre la Política Nacional de Mares y Costas de México y su validez jurídica, política y administrativa, expedida por el Gobierno anterior el último día de su gestión, en particular en lo relativo a la minería marina, y si ese instrumento, vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, será aplicado por la dependencia a su digno cargo y por la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas que preside.

CUARTO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, C. Andrés Manuel López Obrador, a desconocer y no aplicar la Política Nacional de Mares y Costas de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, al tratarse de un acto sorpresivo, corrupto e inválido jurídicamente, al estar vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y a considerar al Poder Legislativo Federal y al pueblo de México en la discusión seria, amplia y transparente de la minería marina y sus implicaciones sociales, económicas y ambientales, antes de asumir cualquier decisión política y regulatoria de esta actividad contaminante de los ecosistemas y recursos naturales marinos de los mexicanos.

Atentamente,

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2018.