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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Que reforma los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PAN.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.


QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 336 Y 336 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE LA SENADORA MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus artículos 11 y 25, reconoce el derecho a recibir alimentos, como un derecho fundamental. Aunado a lo anterior, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de la que México forma parte, establece que

“[...] Toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier forma de discriminación [...]”1

Por tal motivo la firma del tratado en mención, obliga el reconocimiento del derecho que las niñas, niños y adolescentes tienen de vivir en condiciones de bienestar, por lo que las decisiones que se tomen en todos los ámbitos de interés público y general, deben garantizar el interés superior de la niñez, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4.

En este tenor, el capítulo II del título sexto del libro primero del Código Civil Federal, contempla la obligación de dar alimentación y el derecho a pedirla. De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)2 , en nuestro país se estima que 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia y 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, además en 91 por ciento de los casos, los acreedores son los hijos.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 20163 se registraron un total de 25 mil 624 denuncias por incumplimiento de pensión alimenticia. Las entidades con más denuncias fueron Sonora, estado de México, Tamaulipas, Tabasco, Chihuahua, Baja California y Guanajuato.

Además, es importante hacer mención que de acuerdo a cifras del Inegi de 2000 a 2015 los divorcios en el país se incrementaron hasta en 132 por ciento, lo que trae consigo que el incumplimiento de pensión alimenticia se incremente, dejando en incertidumbre el bienestar y el derecho a la alimentación de las niñas y niños.

Ante este incremento de denuncias en torno a la pensión alimenticia, los juzgados deben de hacer más eficientes las resoluciones y las investigaciones por incumplimiento de pensión alimenticia, para sancionar y castigar a las personas responsables, prevaleciendo así el interés superior de la niñez.

Por tal motivo y ante dicha problemática, la presente iniciativa tiene como objeto incrementar las penas por incumplimiento de pensiones alimenticias, y que las investigaciones y denuncias por incumplimiento de las mismas, se resuelvan con diligencia y celeridad, cumpliendo siempre en que prevalezca el interés superior de la niñez, además se establece que en aquellos casos en los que se compruebe el dolo en el que una persona se coloque en estado de insolvencia, las obligaciones alimentarias podrán ser retroactivas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos:

Artículo 336. Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión, o de 200 a 380 días multa; privación de los derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.

Artículo 336 Bis. Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de uno a tres años. El juez resolverá con diligencia y celeridad la aplicación del producto de trabajo que realice el agente a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste.

Las investigaciones y denuncias por incumplimiento de obligaciones alimentarias no prescribirán y en los casos que se compruebe dolo en el estado de insolvencia, las obligaciones alimentarias serán retroactivas.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente decreto.


Notas

1 Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. [En línea]. Sitio web < http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-54.html>

2 Con información de http://www.cronica.com.mx/notas/2016/959837.html

3 Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, citado por

https://www.debate.com.mx/mexico/mayor-indicio-pension-a limenticia-demandas-sonora-20180224-0130.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2019.

Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado (rúbrica)