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Estado Actual: Ficha Técnica



Punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones y acciones emprendidas por las autoridades competentes respecto a las causas del desplome del helicóptero Augusta-Westland en Puebla, suscrita por los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI.

SE APROBÓ EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES Y ACCIONES EMPRENDIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES RESPECTO A LAS CAUSAS DEL DESPLOME DEL HELICÓPTERO AUGUSTA-WESTLAND EN PUEBLA, SUSCRITA POR LOS SENADORES MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG Y MANUEL AÑORVE BAÑOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con profundo pesar el 24 de diciembre nos enteramos del trágico accidente ocurrido alrededor de las 15:00 horas en Santa María Coronago en el estado de Puebla, en el que se desplomó un helicóptero que viajaba hacia la Ciudad de México y que trajo como consecuencia la pérdida de la vida de la gobernadora del estado de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo y su esposo, nuestro compañero y coordinador de los senadores de Acción Nacional, Rafael Moreno Valle Rosas.

Este terrible hecho no sólo afecta profundamente la vida de sus seres más queridos y cercanos, sino la vida pública del estado de Puebla y de la nación.

Como es de todos conocido antes del acontecimiento lamentable sucedido, Puebla vivió un episodio polarizante post electoral, en el que el candidato perdedor se declaró “gobernador legítimo” del Estado, desconociendo el proceso, y descalificando a las instituciones, así como a la occisa gobernadora, e iniciando una “resistencia civil” contra la mandataria estatal, convocando a un boicot contra la ganadora de la contienda y manifestando “vamos a desmantelar al morenovallismo”.1

Este hecho desencadenó una serie de especulaciones y teorías sustentadas, en el mejor de los casos, tanto en la proliferación de “fake news”, como en algunas declaraciones desafortunadas por parte de actores políticos y un sin número de reportajes de la prensa.

Ha llegado a tal grado la desinformación que, incluso, han circulado supuestos videos del incidente, tratándose en realidad del desplome de un helicóptero militar en Ucrania en 2014.

A partir de lo sucedido en diciembre pasado, Puebla tendrá que lidiar con la investigación de los hechos ocurridos para el esclarecimiento de los hechos, por el derecho a la verdad de las víctimas, y, de ser el caso, fincar responsabilidades en los ámbitos que correspondan; todo esto a la par de la designación de un gobernador interino y posteriormente la realización de un nuevo proceso electoral por la falta absoluta de su gobernadora.

Es por ello que es un imperativo ir al fondo de los hechos y dejar atrás la polarización que a nadie conviene. En este sentido, debe existir una investigación clara oportuna y transparente, que esclarezca sin lugar a duda lo que pasó y se deslinden las responsabilidades correspondientes, sin descartar escenario alguno. Sin duda, como legisladores estamos obligados a participar en el marco de nuestras atribuciones para coadyuvar como representantes de los estados dentro del pacto federal, en un asunto de Estado, en un asunto que para todos los poblanos y los mexicanos es urgente y necesario dar seguimiento puntual en todas sus etapas.

Conforme a la normatividad nacional la Ley de Aviación Civil establece en el artículo 79, segundo párrafo, fracción I la diferencia entre un accidente y un incidente, diferenciando el primero del segundo en el sentido que será accidente aquel que afecte la seguridad de las operaciones al grado de causar la muerte a personas a bordo de la aeronave, estableciendo el artículo en mención la obligación a los concesionarios o permisionarios y, en el caso del servicio de transporte aéreo privado no comercial, los propietarios o poseedores de aeronaves, den proveerse de equipos técnicos y del personal necesario para la prevención de accidentes aéreos.

Asimismo, el artículo 81 de la referida ley establece que corresponde a la Secretaría la investigación de los accidentes e incidentes sufridos por aeronaves civiles. Concluida la investigación, que se llevará a cabo con audiencia de los interesados y determinará la causa probable de los mismos, en su caso, impondrá las sanciones. Si hay lugar a ello, hará los hechos del conocimiento de la autoridad competente.

Por su parte el capítulo XV Bis de la multicitada ley establece la regulación respecto de la seguridad operacional, definida ésta en el artículo 2, fracción XIII, de la ley como el estado en que el riesgo en la prestación del servicio de transporte aéreo, de lesiones a las personas o daños a los bienes, se reduce y se mantiene en un nivel óptimo, o por debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos; y la fracción XVII define al sistema de gestión de la seguridad operacional como un enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional que se establece como un proceso documentado de manejo del riesgo que es parte de un sistema de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad operacional, con el fin de minimizar los riesgos y realizar mejoras continuas de la seguridad operacional de la aviación para proteger el interés público, el cual integra operaciones y sistemas técnicos relacionados con la administración de los recursos humanos y financieros, inclusive las estructuras orgánicas, la obligación de rendición de cuentas, las políticas y los procedimientos necesarios para la obtención de ese fin.

Respecto a esto, el artículo 78 Bis, Bis 1 y Bis 3 señalan:

Artículo 78 Bis. La secretaría establecerá un Programa estatal de seguridad operacional destinado a la gestión de la Seguridad operacional por los Estados Unidos Mexicanos, a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de Seguridad operacional en la aviación civil, el cual incluirá como mínimo los siguientes componentes:

I. Política y objetivos estatales de seguridad operacional;

II. Gestión estatal de los riesgos de seguridad operacional;

III. Aseguramiento estatal de la seguridad operacional;

IV. Promoción estatal de la seguridad operacional, y

V. Un sistema de supervisión de la seguridad operacional.

La secretaría determinará el nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional, de conformidad con los tratados, lineamientos internacionales y las disposiciones administrativas aplicables.

Artículo 78 Bis 1. En materia de seguridad operacional, la secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. Manejar y mantener un sistema eficaz de supervisión de la seguridad operacional;

II. Implantar, administrar y mantener el Programa estatal de seguridad operacional eficaz para garantizar los niveles óptimos de seguridad operacional;

III. Requerir a los proveedores de servicio que implementen y mantengan un sistema de gestión de la seguridad operacional eficaz, certificado de conformidad con las disposiciones de reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables;

IV. Coordinar las actividades de las diversas organizaciones que participen en el programa estatal de seguridad operacional;

V. Establecer un sistema de notificación de incidentes obligatoria y otro de notificación voluntaria, para facilitar la recopilación de información sobre las deficiencias de seguridad operacional reales o posibles, así como para promover las instalaciones y los servicios para recopilar, publicar y difundir la información de seguridad operacional y alcanzar acuerdos con individuos o entidades gubernamentales para el ejercicio de esos servicios, con la finalidad de que exista un flujo continuo e intercambio de datos sobre seguridad operacional entre la secretaría y los proveedores de servicio;

VI. Conducir inspecciones, verificaciones y evaluaciones de las actividades aeronáuticas de los proveedores de servicio;

VII. Requerir que los proveedores de servicio mejoren, enmienden o tomen acciones en su sistema de gestión de la seguridad operacional, cuando se identifiquen deficiencias o carencias que representan un riesgo que podría comprometer la seguridad operacional de sus actividades;

VIII. Hacer uso de un procedimiento documentado para adoptar las medidas correctivas apropiadas las cuales eliminen las causas que generaron los hallazgos de Seguridad operacional, incluyendo medidas para el cumplimiento, que permitan resolver los problemas de Seguridad operacional detectados;

IX. Asegurarse de que los hallazgos de seguridad operacional detectados se resuelvan de manera oportuna por medio de un sistema que permita observar y registrar el progreso, así como las medidas adoptadas por los proveedores de servicios, para solucionar los mismos;

X. Incluir los recursos financieros necesarios para la implementación del Programa estatal de seguridad operacional en su presupuesto.

Artículo 78 Bis 3. El sistema de gestión de la seguridad operacional deberá incluir, por lo menos:

I. Un proceso para identificar los peligros reales o potenciales para la Seguridad operacional y evaluar los riesgos conexos;

II. Un proceso para definir y aplicar las acciones necesarias para mantener un nivel óptimo de seguridad operacional;

III. Disposiciones para observar continuamente y evaluar en forma regular la idoneidad y eficacia de las actividades de gestión de la seguridad operacional;

IV. Prever la supervisión continua y evaluación periódica del nivel de Seguridad operacional logrado, y

V. Mantener la mejora continua del nivel global de seguridad operacional de la organización.

Por su parte el artículo 78 Bis 5 establece que la información sobre Seguridad operacional contenida en el Sistema de gestión de la seguridad operacional y demás sistemas de procesamiento y notificación, bases de datos, esquemas para intercambio de información e información registrada, comprende en su fracción I los registros pertenecientes a las investigaciones de accidentes e incidentes de aviación.

El artículo 88 Bis de la ley prevé que, por el incumplimiento con lo establecido en la misma, su reglamento y demás disposiciones aplicables en relación con la implementación del Sistema de gestión de la seguridad operacional por parte de los proveedores de servicios, les será suspendido o revocado el certificado correspondiente, atendiendo a la gravedad de la infracción.

No obstante, aunque el artículo 88 Bis únicamente establece sanciones para los proveedores de servicios en tratándose de la implementación del Sistema de gestión de la seguridad operacional, la ley establece como hemos visto obligaciones también para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que deben ser analizadas en el caso concreto de Puebla como la de mantener un sistema eficaz de supervisión de la Seguridad operacional y determinar el nivel óptimo de rendimiento en materia de Seguridad operacional, de conformidad con los Tratados, lineamientos internacionales y las disposiciones administrativas aplicables, entre otras.

Todo lo anterior corresponde al supuesto de tratarse de un accidente, sin embargo, además, de las investigaciones dependerá si es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de vista a otras autoridades, conforme al artículo 81 de la ya citada ley, de existir hechos que pudieran constituir delitos.

Igualmente, no se debe perder de vista lo delicado de este trágico hecho, al grado que la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5, fracción VI, contempla como amenazas a la seguridad nacional, los actos contra la seguridad de la aviación.

Es necesario conocer entre otras cosas, la intervención que las autoridades federales y locales realicen en el sitio donde fue el accidente; la participación de los expertos de la empresa italobritánica Leonardo Helicopters y Pratt & Whitney, fabricantes del AW109 Grand, helicóptero en el que se transportaban la mandataria como el compañero legislador; el personal de la empresa Rotor Flight Servicios, que es especialista en el mantenimiento de helicópteros tipo Augusta, que es aquel con las características del siniestrado;2 y el trabajo de investigación del área de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.

También, los dictámenes de los peritos que colaboren y los perfiles de los mismos; las autoridades extranjeras que están coadyuvando en este proceso, como los peritos del Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá, las que participarán del país vecino, Estados Unidos de América que ya han confirmado,3 entre otras que posiblemente se sumen con el avance hasta la conclusión de las investigaciones, y en su caso, la aplicación de las sanciones correspondientes en este caso que tanto daño le ha causado a las familias de los ahora occisos y a la vida pública de nuestro país, y que se realice bajo los parámetros objetivos claros y precisos contemplados en la Ley de Aviación Civil, Ley de Seguridad Nacional, y demás normas aplicables.

Tanto la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, como el Reglamento del Senado de la República, prevén la creación de comisiones especiales enfocadas al seguimiento de casos o situaciones de interés nacional.

En este sentido y en términos de nuestra normatividad, el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 119 del Reglamento del Senado de la República, permiten al Senado de la República la creación de comisiones especiales con carácter transitorio para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas, o desempeñar un encargo especifico.

El artículo 119 del Reglamento del Senado dice:

“Las comisiones especiales se constituyen para realizar investigaciones en los términos del tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución. También se crean para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la ley.

Las comisiones especiales se crean por acuerdo del pleno a propuesta de la Junta; en ningún caso tiene facultades para dictaminar.

El acuerdo que las crea precisa su naturaleza, objeto y plazo de cumplimiento, número y nombre de sus integrantes, la composición de su Junta Directiva, así como la periodicidad para la presentación de informes”.

El Senado de la República no puede quedar impasible ante el reclamo social de conocer la verdad de lo ocurrido, máxime cuando una de las personas que lamentablemente perdieron la vida era un senador de la República.

Por todo lo anterior expresado, el presente punto de acuerdo busca que el Senado de la República constituya una comisión especial de seguimiento a las investigaciones que deriven de los hechos ocurridos el 24 de diciembre en Santa María Coronago en Puebla.

Por lo expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones y acciones emprendidas por las autoridades competentes respecto a las causas que provocaron el desplome del helicóptero Augusta-Westland en el estado de Puebla, el 24 de diciembre de 2018.

Segundo. El objetivo de la comisión especial es el que se desprende de su denominación y para dar cumplimiento a ello, la Comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente, llamando a reunión, cuando lo estime necesario, a las autoridades federales, estatales o municipales competentes, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Tercero. La conformación de la comisión será plural y se integrará por un legislador de cada grupo parlamentario con representación en el Senado de la República.

La Presidencia de la comisión será rotatoria entre todos los grupos. El orden de ésta será acordado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Cuarto. La comisión deberá presentar informes de sus trabajos ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, cada que le sean requeridos por ese órgano de gobierno, además de aquellos que deberá rendir por disposición del Reglamento del Senado de la República.

Quinto. La comisión especial estará vigente por el plazo de la duración de las investigaciones o hasta la conclusión de su objetivo.

Sexto. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de la comisión serán aprobados por la Comisión de Administración.


Nota

1 https://adnpolitico.com/estados/2018/12/16/barbosa-se-declara-gobernado r-legitimo-de-puebla­e-inicia-pelea-contra-el-pan

2 https://www.multimedios.com/nacional/concluye-peritaje-canadiense-por-d esplome-de-helicoptero-de-martha-erika

3 https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-eeuu-suma-investigacion-mue rte-gobernadora­puebla-pese-cierre-parcial-gobierno-20181228165607.html

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de enero de 2019.

Senadores: Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños (rúbrica).