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Gaceta de la Comisión Permanente



Proposiciones de Ciudadanos Legisladores


De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita información relacionada con el número de personas que han obtenido el beneficio de su libertad anticipada y de las que se encuentran en proceso de obtenerla, en virtud de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y del artículo décimo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada el 16 de junio de 2016.

SE TURNó A LA PRIMERA COMISIóN.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA CONCLUSIÓN DE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE NO SE DICTAMINEN POR SUS COMISIONES DE TRABAJO", DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017.


SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, presento a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición POR ELQUE SE SOLICITA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN OBTENIDO EL BENEFICIO DE SU LIBERTAD ANTICIPADA Y DE LAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE OBTENERLA, EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE JUNIO DE 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos días nos hemos podido percatar por diversos medios de comunicación que existe una confusión que mezclan los temas de la inseguridad, la incidencia delictiva con el nuevo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Así encontramos información que ante la implementación del nuevo sistema de justicia penal, se han liberado delincuentes peligrosos para la sociedad. Se comenta sin contar con una información precisa o un diagnóstico real que existe una cifra que oscila entre los 10 a 12 mil reclusos que serán liberados.

Asimismo, encontramos voces que señalan al sistema acusatorio como un esquema de “puerta giratoria” (sic), por lo tanto, las propuestas llegan al extremo de ampliar los delitos de prisión preventiva oficiosa que establece el artículo 19 de la Constitución como la portación de armas o el robo de combustible, no obstante de que los delitos de delincuencia organizada están previstos en este artículo.

Así lo han manifestado la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el Comisionado Nacional de Seguridad, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por mencionar algunos. Con estos argumentos la CONAGO por ejemplo propone cambios a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales que implicaría para la ciudadanía un importante retroceso en el sistema de justicia penal.

Si observamos los datos que arroja la Primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016), levantada por el INEGI en 338 centros penitenciarios durante el último trimestre de 2016, nos podremos percatar de los retos inmediatos que enfrenta el problema de transitar al nuevo sistema de justicia y hacerlo congruente con las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal y evitar la percepción de que se están liberando “delincuentes”.

Al entrar en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, quedó establecido en su artículo 29 la conformación de un Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria, en el cual se mandata al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a levantar de manera periódica la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad.

Se trata de un instrumento encargado de recabar la información sobre los delitos y penalidades por los cuales son ingresadas las personas en los centros de reclusión, así como la relativa a las víctimas de los delitos por los cuales fueron sujetos a proceso. Por ello el INEGI se encuentra obligado a realizar la ENPOL, la cual se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos, será de tipo probabilística, incluirá a población privada de la libertad tanto del fuero común como federal y será representativa a nivel nacional y estatal.

Conforme a este mandato, el pasado 31 de julio el INEGI dio a conocer la ENPOL 2016, la cual nos permite con datos duros conocer cómo está funcionando actualmente nuestro sistema carcelario.

Conforme a la ENPOL 2016 encontramos que:

60% de los presos reincidentes habían sido procesados anteriormente por robo de vehículo, en vía pública, a casa habitación y a negocios principalmente. 12.9% por poseer drogas y sólo 9.7% por posesión de armas, por tanto, resulta cuestionable que el sistema acusatorio libera a peligrosos delincuentes que reinciden casi automáticamente.

Es decir la propia ENPOL 2016, demuestra que no existen datos fehacientes que sostengan el argumento que las personas que enfrentan un proceso en libertad, sean las mismas que cometen nuevos delitos, y lo más grave es que no existe ninguna evidencia que demuestre la efectividad de la prisión preventiva para disminuir la inseguridad o reducir la incidencia delictiva.

Esto obliga a nuestras autoridades a discutir con más seriedad el mandato constitucional de la reinserción social y generar instrumentos de análisis y evaluaciones sobre las personas que recuperan su libertad, dado que el problema no es la figura de la prisión preventiva, ya que ésta de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, puede proceder por cualquier delito siempre y cuando el ministerio público justifique la necesidad de que la persona imputada represente un riesgo de fuga, un obstáculo para la investigación o riesgo para la víctima o la comunidad.

La ENPOL 2016 pone en evidencia otros aspectos que son urgentes de atender. Por ejemplo que los malos tratos y la tortura son prácticas comunes durante el arresto: 58.3% de las personas detenidas fueron incomunicadas o aisladas; 46.2% desvestidas; 52.5% amenazadas con levantarle cargos falsos y 36.6% presionada para denunciar a alguien más; 40.2% fue atada, a 39.2% se le cubrió la cabeza o vendaron los ojos y a 36% le impidieron respirar; mientras que 28.2% fue amenazada con daños a su familia y 7.5% de hecho sufrió el daño.

Adicionalmente el 59% señalan haber recibido patadas o puñetazos, 39% golpes con objetos, 37% lesiones por aplastamiento y 19.4% descargas eléctricas.

Si bien 67.6% conocía de qué se les acusaba, sólo a 27.8% le permitieron contactar con algún familiar o conocido y 18.4% pudo contactar con un abogado.

Casi la mitad, 46.6% del total, recibió presiones de la autoridad para dar una versión distinta de los hechos. Hasta 29.6% de la población detenido espera su sentencia y de ella 43.4% lleva más de dos años recluida.

Finalmente, 33.2% ha sido víctima de algún delito dentro del centro de detención, principalmente robo, lesiones y extorsión. Al menos 39.3% ha sufrido actos de corrupción, con una tasa de 108 víctimas de corrupción por cada mil personas, tasa que llega hasta 119 de cada mil en los centros de detención estatales y municipales. Delitos que quedan impunes, pues dada su situación hasta 94.2% no presenta una queja o denuncia.

Por tanto resulta urgente contar con evaluaciones y datos que nos permitan dar un seguimiento sistemático e integral de cómo se estáoperando el Sistema Penal Acusatorio y el Sistema penitenciario, para generar proceso de mejora continua de las y losoperadores que integran el sistema.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Gobernación, a informar de manera detallada esta soberanía sobre los avances implementados en capacitación, de los establecimientos penitenciarios y su capacidad instalada, equipo, desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones, así como su estructura organizacional que le mandata la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita de la Consejo de la Judicatura Federal y de los Consejos de la Judicatura de las entidades federativas, un informe con relación al número de personas que han obtenido el beneficio de su libertad anticipada y de las que se encuentran en proceso de obtenerla en virtud de la aplicación del artículo Décimo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita de la Consejo de la Judicatura Federal y de los Consejos de la Judicatura de las entidades federativas, un informe sobre las solicitudes de revisión de medidas privativas de libertad o de prisión preventiva decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, así como las medidas de su resolucion sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de las mismas, en virtud del artículo Quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 16 días del mes de agosto de 2017.