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Gaceta de la Comisión Permanente



Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación y a los gobiernos de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias para incrementar el número de abogados defensores públicos e intérpretes certificados para garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas indígenas.

SE TURNó A LA SEGUNDA COMISIóN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE ABOGADOS DEFENSORES PÚBLICOS E INTÉRPRETES CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR EL PLENO ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS INDÍGENAS.

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es un país culturalmente diverso que alberga alrededor de 10 millones de personas que pertenecen a uno de los 65 grupos etnolingüísticos existentes en el país. Lo que debiera ser motivo de orgullo y consolidación de la cultura en México y desarrollo económico al ser vinculados con actividades de producción artesanales y promoción turística de los pueblos indígenas, se ha convertido en una forma de discriminación histórica hacia este sensible sector de la población: pobreza, dificultades para acceder a los servicios de salud, vivienda y a las instituciones de justicia son algunos de los problemas que enfrentan día a día las personas pertenecientes a los pueblos originarios de nuestra nación.

En lo concerniente al tema del acceso a la justicia, la situación se vuelve más complicada, debido a las fallas del sistema judicial en el país y a la pasividad del Estado Mexicano para dotar de mecanismos y de herramientas jurídicas para garantizar el derecho humano al debido proceso; en la mayoría de los casos, los indígenas no hablan español lo que dificulta su defensa ante las autoridades, porque no existe un canal de comunicación certero entre la parte acusada y las autoridades.

La SCJN se ha pronunciado al respecto, señalando que durante los procedimientos judiciales, el Estado Mexicano debe garantizar y asegurar que el indígena procesado, debe contar con un defensor y con un intérprete, y no sólo en los procesos penales, sino que ante cualquier juicio ante la jurisdicción del Estado.

Actualmente existen alrededor de 8,000 personas indígenas detenidos en espera de una sentencia que los condene o los absuelva, sin embargo, solo hay 24 abogados defensores de oficio certificados en las siguientes 17 lenguas (aunque en México se hablan 65 lenguas con más de 300 variantes): maya, purépecha, náhuatl, rarámuri, huichol, chinanteco, mazateco, mixteco, mixe, tzeltal, tzotsil, triqui, otomí, yaqui, amuzgo, chol, zapoteco y zoque.En términos porcentuales, solo el 27% de los grupos étnolingüintiscos se encuentran representados en la Defensoría Pública Federal.

Asimismo, existen 664 intérpretes y traductores registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI).No obstante, los gobiernos locales no solicitan su apoyo debido a que no cuentan con recursos económicos suficientes para pagar los honorarios de estos.

Una investigación del diario La Jornada, reveló que en Oaxaca, la entidad donde hay más hablantes de lengua materna, hay un déficit de 70 por ciento de intérpretes para cubrir las 176 variantes lingüísticas. Por cada diligencia deben percibir mil 100 pesos, más los viáticos, pero a muchos les dan 500 o 200 pesos, afirma. En 2012, 91 por ciento de los acusados no había contado con asistencia lingüística. Ser traductor no es fácil. No es trasladar un término de una lengua a otra. No sólo deben hablar perfectamente su idioma y el castellano, deben conocer la cultura de quien van a asistir y hacer una interpretación jurídica.

México es Estado Parte de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación Racial, por lo que el pasado 07 de junio, la Secretaría de Gobernación remitió al Congreso de la Unión el informe periódico de México sobre la implementación de la Convención, y el propio Estado reconoce la carencia de defensores de oficio certificados e informa lo siguiente:

“Para solventar dicha problemática se instrumentan procedimientos para que los defensores públicos federales vigilen con especial cuidado la eficacia de los derechos de las personas que se auto reconozcan como indígenas, a través de un Cuerpo de Atención a Indígenas integrado por: 25 defensores públicos federales, 21 oficiales administrativos, un perito en etnopsicología y un perito práctico en antropología. En su conjunto hablan 34 lenguas y variantes lingüísticas indígenas.

Para garantizar el acceso a la justicia, los integrantes de ese Cuerpo se trasladan a cualquier parte del país en que sea necesaria la defensa, y adicionalmente participa el defensor público propio de la adscripción en donde se sigue el juicio o procedimiento. En 2016 se otorgó servicio de defensa pública en materia penal, a 677 indígenas de los cuales 74 son mujeres y 603 hombres. También se proporcionan peritos intérpretes al juez de distrito o magistrados de circuito para apoyar en las notificaciones o diligencias o emisión de dictámenes, sobre todo tratándose de causas penales.”

Sin denostar el esfuerzo realizado por el gobierno mexicano, debemos poner el dedo en la llaga: acciones improvisadas e incompletas no son la solución para garantizar el acceso a la justicia de las personas indígenas.

Es importante recordar que la Defensoría Pública Federal solo atiende casos que implican delitos federales, como el tráfico de drogas, el secuestro o el crimen organizado. En 2016, atendió a 676 indígenas que están encarcelados bajo el anterior Sistema de Justicia Penal y a 257 que están bajo el nuevo modelo, que procura evitar que el prisionero pase más de dos años en prisión sin sentencia. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2015 había 8,412 indígenas en los centros penitenciarios del país. De ellos 7,728 pertenecían al fuero común y 684 a la jurisdicción federal.

Por lo anterior, resulta necesario que las Entidades Federativas, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento de lo dispuesto por la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación Racial; amplíen la información enviada al Congreso de la Unión con datos desagregados por Entidad Federativa respecto de la situación de los defensores de oficios e intérpretes certificados que existen para la defensa de las personas indígenas que presuntamente cometieron un delito del fuero común, ya que representan más del 90% de los casos de indígenas en centros penitenciarios, además de redoblar esfuerzos para garantizar que cada indígena sometido a un proceso judicial, cuente con un defensor de oficio y con intérpretes certificados en lenguas indígenas.

Si los procesos penales tanto del fuero federal como del fuero común son viciados de origen, y al no tener una defensa adecuada, las sentencias en contra de las personas indígenas suelen ser severas y desproporcionadas en relación con el delito cometido del cual se les acusa. Para consolidar un Estado de Derecho donde no se excluyan del goce y disfrute de las prerrogativas reconocidas en la Carta Magna y los Tratados Internacionales, como lo es el debido proceso, resulta imperativo dotar de mecanismos de defensa a los grupos vulnerados, como lo son los pueblos indígenas. Por lo anterior, solicito al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su voto afavor de los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación para que en coordinación con los Gobiernos de las 32 Entidades Federativas, amplíe y publique la información respecto del estado actual que guardan las Defensorías de Oficio y los Intérpretes Certificados en lenguas indígenas en el fuero común en el Informe periódico de México sobre la implementación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación Racial.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, a realizar las acciones necesarias para incrementar el número de abogados defensores públicos e intérpretes certificados en lenguas indígenas para garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas indígenas.

Dado en el Senado de la República, a 16 de agosto de 2017.

SEGOB, Informe periódico de México sobre la implementación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación Racial. Gaceta del Senado, 07 de Julio de 2017.

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72221