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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a instalar, en breve término y en condiciones óptimas, las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, a fin de darle plena vigencia al mandato constitucional del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en materia de medidas cautelares.

Se turnó a la Primera Comisión.


La suscrita, Senadora YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de este Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE INSTALEN, EN BREVE TÉRMINO Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS, LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A FIN DE DARLE PLENA VIGENCIA AL MANDATO CONSTITUCIONAL DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTELARES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral representa un cambio de paradigma en la impartición de justicia, caracterizado por su corte garantista de los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Dentro de las novedades del nuevo sistema se encuentra la valoración que debe realizar el Juez de Control al momento de imponer diversas medidas cautelares a la prisión preventiva, que ahora es la excepción y no la regla al momento de garantizar la presencia del imputado en el proceso penal.

El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un catálogo de catorce medidas cautelares, enlistadas de menor a mayor gravedad en relación con la restricción de la libertad personal del imputado, siendo la prisión preventiva la medida cautelar de mayor gravedad en el mencionado catálogo, al tenor de lo siguiente:

Artículo 155. Tipos de medidas cautelares

A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:

  1. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe;  
  2. La exhibición de una garantía económica;  
  3. El embargo de bienes;  
  4. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero;  
  5. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;  
  6. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada;  
  7. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares;  
  8. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;  
  9. La separación inmediata del domicilio;  
  10. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos;  
  11. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral;  
  12. La colocación de localizadores electrónicos;  
  13. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o  
  14. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada 

Por tal motivo, como medida administrativa para darle plena eficacia a la supervisión de las medidas cautelares, se han dispuesto recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad, operado por la Secretaría de Gobernación a través de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de lo siguiente:

Las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS), cuentan con especialistas encargados de realizar un perfil de la persona imputada atendiendo a la información de su entorno socioeconómico, antecedentes procesales y comportamiento, para determinar el riesgo que representa para la víctima, la sociedad y el proceso. Dicha información se proporciona al Ministerio Público y la Defensa, quienes expondrán ante el Juez de Control, la necesidad o no de imponer una medida cautelar. Una vez que el Juez ha escuchado los argumentos de cada parte, decidirá si impone o no una medida y en caso de que decida hacerlo, la UMECA dará seguimiento y supervisará el debido cumplimiento de esta, así como, de las condiciones que se establezcan para la suspensión del proceso si es que se accede a esta salida alterna al proceso.

El Modelo Homologado determina las necesidades de recursos humanos, infraestructura, equipamiento, capacitación y reorganización institucional para el buen funcionamiento de estas. El modelo debe servir como referencia a las Entidades Federativas para fortalecer esta figura de vital importancia para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio.

Las Entidades Federativas destinarán recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Supervisión Condicional del Proceso.

La correcta aplicación de las medidas cautelares brindan certeza jurídica, privilegia la presunción de inocencia y la seguridad ciudadana, reducen el uso de la prisión preventiva y en consecuencia, la disminución de  costos procesales.

Evita la criminalización de las personas sujetas a un proceso penal, otorgándoles el derecho de gozar de su libertad mientras se determina su culpabilidad o inocencia mediante un mecanismo que facultan a la autoridad a determinar que dicha persona no representa un riesgo para la víctima y la sociedad. [*]

Ahora bien, el pasado 21 de julio de 2017, a un diagnóstico del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se ha señalado que “de los 32 estados, sólo tres cuentan con unidades en condiciones intermedias u óptimas (Querétaro, Morelos y Guanajuato)” [*]

Y respecto al funcionamiento de las UMECAS en el resto de las entidades federativas, el diagnóstico señala:

“22 entidades tienen unidades con debilidades y carencias, en cuatro operan en condiciones mínimas, y en tres entidades no han instalado su autoridad de supervisión obligatoria, por lo que improvisan la función. Las carencias que presentan la mayoría de las Umecas son, según el diagnóstico, personal e infraestructura insuficiente y falta de capacitación, equipamiento y tecnología.”

En consecuencia, el presente punto de acuerdo tiene por objeto realizar un exhorto respetuoso a los Gobiernos de las entidades federativas para que instalen en condiciones óptimas las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso a fin de darle plena vigencia al mandato constitucional del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en materia de medidas cautelares.

Por lo tanto, someto a consideración de este Honorable Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

ÙNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las entidades federativas para que instalen, en breve término y en condiciones óptimas, las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso a fin de darle plena vigencia al mandato constitucional del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en materia de medidas cautelares.

Dado en el Pleno del Senado de la República a los 08 de agosto de 2017.

Suscribe

Yolanda de la Torre Valdez.

Senadora de la República.


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