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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica






De los Senadores Gerardo Sánchez García, Miguel Romo Medina, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Graciela Ortiz González y Diva Hadamira Gastélum Bajo y del Dip. Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a analizar reestructurar e implementar las acciones necesarias tendientes a garantizar la seguridad pública y establecer metas para disminuir los actos delictivos, que se han incrementado en la entidad.

SE TURNó A LA COMISIóN DE GOBERNACIóN.

ASUNTO QUE FORMA PARTE DE INVENTARIO ENVIADO A (LA CÁMARA DE SENADORES) O A LA (CÁMARA DE DIPUTADOS) DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ANALICE, REESTRUCTURE E IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTABLEZCA METAS PARA DISMINUIR LOS ACTOS DELICTIVOS MISMOS QUE SE HAN INCREMENTADO EN LA ENTIDAD.

Los suscritos legisladores Gerardo Sánchez García, Miguel Romo Medina, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Graciela Ortiz González, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Yericó Abramo Masso integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante las últimas décadas la inseguridad pública en nuestro País se ha convertido en un serio problema para la ciudadanía, creando incertidumbre e intranquilidad en su vida diaria, deteriorando el tejido social, causando preocupación y temor en la sociedad y su gobierno.

En junio de 2008, entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia que implicó cambios profundos en materia penal para la administración y procuración de justicia, dejando atrás un modelo inquisitivo y adoptando un modelo acusatorio de justicia penal, adecuado con estándares internacionales de derechos humanos constitucionalmente reconocidos.

En materia de seguridad pública, el artículo 21 de nuestra carta magna establece que ésta es una función a cargo de la federación, las entidades Federativas y los Municipios; es decir, en materia de seguridad recae la responsabilidad en autoridades de los tres niveles de gobierno.

Lograr un México en Paz es una de las 5 metas nacionales propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto; en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala que: “Aspiramos a una sociedad donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, que participen activamente y cumplan sus obligaciones en el marco de una democracia plena; y que, por lo mismo, ninguna persona en México se enfrente a la falta de seguridad, a un inadecuado Sistema de Justicia Penal o a la opacidad en la rendición de cuentas. Si México quiere alcanzar su máximo potencial, necesita garantizar a cada persona el derecho a la seguridad y un acceso equitativo a la justicia”.

El Gobierno Federal, en el ámbito de su competencia, ha realizado grandes esfuerzos para que la seguridad pública mejore y los ciudadanos tengan la certeza de que así sucede. Dentro de las últimas acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo Federal se encuentran, por una parte; la Iniciativa en materia de Justicia Cotidiana con la que se busca administrar una justicia eficaz para todas las y los mexicanos; así como la Iniciativa para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Publica y lograr una mejor coordinación y capacitación de los cuerpos policiales encargados de garantizar la seguridad pública en todo el País.

Sin embargo, el problema de la inseguridad ha llegado a niveles alarmantes, la presencia e impunidad de los grupos criminales en algunas zonas del país, se han convertido en una amenaza muy seria para la estabilidad y la capacidad para combatirla por parte de autoridades municipales y estatales.

La última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre “Resultados de Calidad e impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 el 66.4% de la población le preocupa la inseguridad y la delincuencia, incluso por arriba de la corrupción con 50.9%.

En Guanajuato, la inseguridad y delincuencia han aumentado de manera alarmante; el índice de homicidio, los crímenes violentos, así como los cometidos con armas, siguen a la alza, posicionándose en la clasificación número 21 de los 32 Estados de la República, siendo Yucatán la número 1, es decir donde se presenta el menor índice de delitos de acuerdo con el Índice de Paz de México 2016.

En los últimos dos años, la violencia desatada por los grupos delictivos dedicados al narcomenudeo, la desigualdad económica que permea en la entidad, aunado a las deficientes políticas públicas implementadas; dan como resultado que el Estado de Guanajuato sea ahora uno de los más inseguros del País y que sea cooptado por el crimen organizado, toda vez que según éste índice, parte de la violencia que se vive, se explica también por actividad del crimen orgaTurno a la Primera Comisiónnizado que se registra en entidades vecinas como Michoacán y Jalisco, que se ubican entre los 10 Estados más inseguros.

Con indicadores del INEGI, en el periodo 2010-2014 la Tasa de Prevalencia Delictiva por cada 100 mil habitantes ha crecido en casi 50% y la Tasa de Incidencia Delictiva en 74%. La última encuesta del mes de marzo de esta Institución, señala que casi 7 de cada 10 personas de 18 años en adelante, considera que vivir en su ciudad es inseguro; para Guanajuato, en especial el Municipio de León, la cifra es cercana a 8; semejante a la que se vive en algunas Delegaciones de la Ciudad de México y en Cuernavaca, Morelos.

La percepción de inseguridad pública en Guanajuato sigue creciendo. Incluso es posible considerar que este problema ha rebasado el gobierno de la entidad. Esto es muy lamentable porque, en un Estado que años atrás se consideraba pacifico, la inseguridad ahora se traduce en temor, miedo e incertidumbre

La inseguridad pública en México es de los principales problemas que vive la población y en Guanajuato se ha acentuado. De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, durante los primeros seis meses de 2016 Guanajuato sumó 439 asesinatos, siendo abril, mayo y junio los meses con mayor número; ascendiendo a 84, 88 y 90 asesinatos respectivamente, lo cual representó un promedio de 2.8 personas que perdieron la vida diariamente.

Sin embargo, en el informe correspondiente al mismo periodo del presente año, las cifras aumentaron considerablemente respecto al año 2016. Durante el periodo enero-mayo, los homicidios dolosos se incrementaron en 43% mientras que los culposos se incrementaron en 31%, lo cual coloca al Estado de Guanajuato como la entidad con mayor número de víctimas de homicidio del país.

Respecto el número de homicidios culposos, se requiere un análisis especial toda vez que más del 65% corresponden a accidentes viales, lo que demuestra una deficiente planeación de política pública en materia de vialidad, falta de infraestructura adecuada y segura y el fomento de cultura de respeto al peatón la entidad.

No obstante, lo más grave es que, de acuerdo el Índice Delictivo Nacional, Guanajuato ocupa el primer lugar en ejecuciones, es decir en homicidios que tienen que ver con el crimen organizado, con un índice de 177% durante el primer trimestre de este año, por arriba de entidades como Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, entre otros

En el mismo sentido, en algunos medios de comunicación (Reforma martes 27 de junio de 2017) se destacó que “el viernes 23 de junio en Guanajuato la Policía Federal (PF) decomisó 12 mil 113 cartuchos útiles, 9 arma largas y una corta, 4 miras telescópicas y 32 cargadores”.

También, el diario El Universal destacó recientemente (2 de julio), que dos policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron calcinados en el Municipio de Apaseo El Alto, Guanajuato.

Desde principios del año 2014 se puso en marcha el Programa de Seguridad “Escudo”, instalándose el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control, Comando e Inteligencia (C-5i), en red con 2,700 dispositivos de video-vigilancia en 122 arcos carreteros, que implicó un costo superior a los 2,700 millones de pesos. A pesar de ésta importante inversión y tecnología disponibles para la seguridad de los guanajuatenses, la inseguridad en el Estado sigue presente y en incremento.

Incluso, el pasado 11 de mayo el H. Congreso Local de Guanajuato presentó un Punto de Acuerdo por el que se ordena a la Auditoria Superior del Estado una auditoria sobre los resultados obtenidos de las operaciones realizadas en materia de seguridad pública del Programa Escudo; así como una Auditoria de Desempeño en el enfoque de cumplimiento del mismo.

El columnista Jorge Fernández Meléndez, en el diario Excelsior señala “Los Estados no están interesados en desarrollar fuerzas de seguridad propias que tengan capacidad de contener el crimen en cada una de las entidades: han recibido con este objetivo en lo que va del sexenio más de 9 mil millones de pesos y prácticamente no hemos visto avances en ninguna entidad…”

Un ejemplo es Guanajuato. De acuerdo a los resultados de la Cuenta Pública 2016, que dio a conocer la Auditoria Superior de la Federación señala que las principales irregularidades detectadas en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) son la falta de ejercicio de los recursos del Fondo.

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de mayo de 2016 no se ejerció el 65% y 46.4% respectivamente, lo que significa un daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal por 141 millones de pesos.

Recientemente en la columna Kiosko del Diario Universal (25 de junio de 2017) señaló que por violencia el Gobernador de Guanajuato pide ayuda a la Federación porque la violencia que vive el Estado superó todos los indicadores históricos de los que se tiene registro, principalmente en homicidios. Pidió al Gobierno Federal 600 elemento de la Gendarmería Nacional. Y no ha tenido respuesta por parte de la Segob que solo tiene 150 agentes en la entidad y que será hasta el otro año cuando podría comenzar a operar la Brigada Militar de 3 mil 200 elementos que reforzarán la seguridad en Guanajuato.

Ante este panorama lo que se percibe es que el grave problema de seguridad se ha convertido en un problema estructural que hay que modificar de raíz. La impunidad, la corrupción y la falta de un sistema de seguridad adecuado con policías preparados y bien pagados, así como delimitar perfectamente la función de las Fuerzas Armadas, cuando sea necesaria su participación en materia de seguridad pública.

Por lo anteriormente expuesto, y con el espíritu de contribuir mediante la colaboración entre poderes, para beneficio de los guanajuatenses, presentamos la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de su competencia; implemente las acciones necesarias tendientes a garantizar la seguridad pública en la entidad.

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal para que, en coordinación con el Gobierno de Guanajuato, y autoridades municipales; analicen la conveniencia de reforzar la presencia militar ante el incremento de actos delictivos e inseguridad en el Estado.

TERCERO. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, a través de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, remita a esta Soberanía un informe respecto la incidencia delictiva registrada en averiguaciones previas iniciadas por dicha dependencia, así como el estado que guardan dichas investigaciones.

CUARTO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que remita un informe, con soporte documental y estadístico sobre los resultados obtenidos en la implementación del Programa de Seguridad “Escudo”.

QUINTO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus facultades, lleve a cabo una auditoria respecto del ejercicio de los recursos asignados al Gobierno de Guanajuato como parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 04 días del mes de julio del año dos mil diecisiete.


  Mexico Peace Index 2017. Elaborado por el Institute for Economics and Peace.

Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2017. Elaborado por el Centro Nacional de Información con datos proporcionados y actualizados de manera mensual por las Procuradurías y Fiscalías de las 32 entidades federativas.