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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas a apegarse al protocolo establecido para activar la Alerta ÁMBER; a diversas autoridades del Estado de México a investigar y fincar las responsabilidades correspondientes a los funcionarios que se negaron a activar la Alerta ÁMBER en el caso de la niña Valeria; y a la Cámara de Diputados a dictaminar la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.

Se turnó a la Primera Comisión.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A APEGARSE, DE MANERA ESTRICTA Y SIN DILACIÓN, AL PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA ACTIVAR LA ALERTA AMBER; A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE MÉXICO A INVESTIGAR Y FINCAR LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LOS FUNCIONARIOS QUE SE NEGARON A ACTIVAR LA ALERTA AMBER EN EL CASO DE LA NIÑA VALERIA; Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DICTAMINAR, A LA BREVEDAD, LA LEY GENERAL DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Diputado Rafael Hernández Soriano, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. De 2012 a octubre del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) activó 713 alertas AMBER y localizó a 482 menores –esto es, el 70 por ciento de los casos– informó el Gobierno Federal a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, una investigación de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) señala que entre 2006 y 2014 más de 6,700 niños, niñas y adolescentes fueron reportados como desaparecidos [*] . Lo anterior significa que: (1) el universo de casos supera cerca de 10 veces el número de ocasiones que la alerta se lanzó, por lo tanto, ésta no se activó para todos los casos reportados y (2) la eficacia de la localización de menores es mucho menor de lo que el gobierno mexicano informó a la instancia internacional.

SEGUNDA. La alerta AMBER es un sistema para la búsqueda, localización y recuperación de menores de edad desaparecidos, implementado en varios países desde 1996. El objetivo del Programa es difundir en todos los órdenes de gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, empresas entre otros sectores para la localización de niños y adolescentes. Para activar la alerta, el protocolo que debe seguirse es acudir ante el Ministerio Público para denunciar la desaparición. La coordinación estatal de la Alerta AMBER recibe la información y de inmediato activa la medida a nivel nacional. Esta misma área coordina al gobierno, transporte, medios y sociedad civil para transmitir el mensaje y debe reportarlo al FEVIMTRA, quien apoya con la difusión de la información sobre el menor. La alerta sólo dura 72 horas, si no aparece el niño o adolescente, la procuraduría debe establecer una línea de investigación para seguir la búsqueda [*] .

Los criterios para activar la alerta son que sea un menor de edad; que se encuentre en riesgo por ausencia, extravío, desaparición o privación de la libertad; y que cuenten con información suficiente del menor sobre su vestimenta, características físicas y señas particulares.

TERCERA. La eficacia de este protocolo radica en que se debe activar en las tres primeras horas posteriores a la desaparición. De esa manera, existe un 90 por ciento de probabilidad de encontrarlos con vida y en buen estado. Más aún, de acuerdo con la alerta de género, las primeras 24 horas son cruciales; la mayoría de víctimas femeninas que se han encontrado ya muertas han sido asesinadas en las primeras 24 horas [*] . No obstante, en nuestro país, pese a que la alerta pretendió combatir las malas prácticas institucionales, en las que se requería que transcurrieran de 24 hasta 72 horas para iniciar la búsqueda, la excesiva burocracia, en la que los servidores públicos suelen pedir que existan elementos que pongan en riesgo la vida de los pequeños; la falta de sensibilidad del personal para atender los casos, dando por sentado que “se fueron de pinta”, que la chica se fue con el novio, que se enojó con la mamá y está en casa de alguien; y, hasta el desconocimiento del protocolo, continúan retrasando o definitivamente hacen imposible la emisión de la alerta.  En este último caso, las autoridades se limitan a abrir una averiguación previa.

CUARTA. Aunado a lo anterior, cada entidad la ejecuta de manera discrecional. Un par de ejemplos son los estados de Puebla y de México.  En el caso de Puebla, en los últimos cinco años que entró en operación esta estrategia, de un total de 375 menores de edad que desaparecieron, sólo en 70 ocasiones se emprendió este tipo de búsqueda, es decir, en el 18 por ciento de las ocasiones, mientras que en el resto de los casos (305) se desconoce la razón del por qué no se actuó de la misma forma a pesar que también se trató de menores de edad.  Tan sólo en el año 2016, se reportó que en total se inició una averiguación previa por la desaparición de un menor de edad en 170 ocasiones, de los cuales, sólo en 8 casos se activó la alerta AMBER [*] .

En lo que respecta al Estado de México, es la entidad donde ocurre el mayor número de homicidios en contra de niñas y mujeres adolescentes: una cuarta parte de los casos registrados entre el año 2013 y 2015. Asimismo, aun cuando el promedio nacional es de 139 personas desaparecidas, el Estado registra un total de 975 casos, de los cuales, el 70% corresponde a niñas y adolescentes mujeres.  No obstante, las autoridades se niegan, sistemáticamente, a activar la alerta de manera inmediata [*] . Un caso reciente fue el de Jennifer Flores, en el que la Fiscalía indicó a sus familiares que “activar la alerta pondría en riesgo la vida de Jennifer y estarían a alertando a quienes pudieron haberla secuestrado” [*] .

Lo anterior, a pesar de que en el año 2015, la Procuraduría General de la República, como instancia coordinadora nacional del Programa de Alerta AMBER México, realizó reuniones regionales con los titulares de los programas estatales con el objetivo de revisar la implementación y operación del Programa en cada entidad, así como identificar y analizar áreas de oportunidad por región [*] .

QUINTA. Uno de los últimos casos de desaparición de una menor de edad –y hasta ahora de impunidad– que derivó en un feminicidio, fue el caso de Valeria, de 11 años de edad que subió a una combi del transporte público en el municipio de Nezayualcóyotl en el Estado de México el pasado 08 de junio, siendo hallado su cuerpo sin vida al día siguiente en la misma unidad en dicho municipio.  En este caso, entre las principales fallas de la autoridad se halla el no haber activado de inmediato la alerta AMBER, pues de acuerdo con Dilcya García, Fiscal Central de Delitos de Género de la Fiscalía del Estado de México, los padres de la menor presentaron la denuncia, entre 2 y 3 de la mañana, emitiéndose la alerta, aproximadamente, hasta las 12 del día.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de

ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las Procuradurías y Fiscalías de todas las entidades federativas a apegarse, de manera estricta y sin dilación, al protocolo establecido para activar la alerta AMBER.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a investigar y fincar las responsabilidades correspondientes a los funcionarios que se negaron a activar la alerta AMBER en el caso de la niña Valeria; así como a realizar la reparación del daño de acuerdo a los estándares internacionales y ofrecer disculpas públicas por la negligencia ocurrida.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar, a la brevedad, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, a efecto de que el Ejecutivo Federal pueda iniciar el desarrollo de un protocolo específico de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos con perspectiva de género.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 10 de julio de 2017

Suscribe,

Dip. Rafael Hernández Soriano