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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica


De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Michoacán a realizar acciones tendientes para la defensa y protección de los derechos humanos de José Manuel Mireles Valverde.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


Las que suscribimos, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y Senadora LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN A REALIZAR ACCIONES TENDIENTES PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE JOSÉ MANUEL MIRELES VALVERDE, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Desde el año 2009, la Procuraduría General de la República, había considerado al estado de Michoacán como uno de los más problemáticos del país, debido al fanatismo y violencia desmedida que practicaban muchos de los grupos delictivos que tenían presencia en ese estado, así como su penetración entre segmentos importantes de la población y por la complicidad que tenían con autoridades municipales y/o estatales.

Ante la falta evidente de un Estado de Derecho y ante el reclamoconstante de la ciudadanía en materia de otorgar seguridad pública, en 2011, surge la figura de Policía Comunitaria en el municipio de Cherán, Michoacán, el cual se replicó a otras poblaciones indígenas de la meseta purépecha, las cuales tenían el respaldo de las comunidades indígenas de la zona, para enfrentar a los talamontes que eran apoyados por los cárteles de “La Familia Michoacana” y de “Los Templarios”. En ese mismo año, en los municipios de la zona conocida como “Tierra Caliente”, surgen grupos de autodefensa ciudadana en contra del cartel conocido como los “Caballeros Templarios Guardia Michoacana”,quienes realizaban el famoso cobro de derecho de piso a negocios y comuneros que trabajaban la tierra, así como de las extorsiones y en muchas ocasiones de homicidios de los que eran objeto endiversos municipios.

El 24 de febrero de 2013, en el poblado de La Ruana, municipio de Buenavista y en Tepalcatepec se formaron los primeros grupos civiles armados llamados “Autodefensas”, en respuesta a los abusos de los grupos delictivos que tienen presencia en la mayoría de los municipios de ese estado, conformados por comerciantes, productores de limón y aguacate, así como de profesionistas y gente de la zona para “recuperar el control” de las comunidades.

El 15 Octubre de ese año,  Monseñor Miguel Patiño Velázquez, Obispo de Michoacán, publica una carta en la que denuncia la inseguridad y violencia que existe en el estado de Michoacán. Además, caracteriza a Michoacán como un Estado fallido y señala la posible conexión entre los grupos criminales con autoridades municipales y hasta estatales.

A ocho días de emitida la Carta de Monseñor Miguel Patiño, integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano emiten un comunicado en el que reiteran su apoyo al Obispo de Michoacán, manifestando las condiciones de inseguridad y violencia en que se encontraban varios municipios de ese estado.

En el mes de noviembre de 2013 el entonces Gobernador de ese Estado, advierte a los grupos de autodefensas detener su avance hacia otros municipios, o de lo contrario serían detenidos por agentes federales y estatales.

A partir del 26 de noviembre autodefensas de Tancítaro, Buena Vista, Aguililla, Tepalcatepec y La Ruana ingresaron a las poblaciones de El Corrijo, Rancho Grande, El Zapote, y Santiago de Acahuato, en Michoacán. Asimismo, instalaron barricadas para colocar filtros de revisión y realizando recorridos en la zona. Posteriormente, el 19 de diciembre toman el municipio de La Huacana; el 30 de diciembre se instalan en la comunidad de Poturo, perteneciente al municipio de Churumuco; el 12 de enero del presente año, toman Nueva Italia, municipio de Múgica y avanzan hacia Apatzingán, considerado el principal centro operativo del cártel Los Caballeros Templarios.

Ante un posible enfrentamiento de dichos grupos, el 13 enero el gobierno Federal decide llevar a cabo un operativo en Michoacán con despliegue militar, policiaco y político exigiendo a los grupos de autodefensas a desarmarse y a entregar los municipios tomados. A la par el Presidente de la República emite un Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán y designa como Comisionado a Alfredo Castillo Cervantes. En este sentido, el decreto establece entre otros considerandos… “Que en los últimos años, el Estado de Michoacán y varios de sus municipios han presentado manifestaciones de debilidad institucional, lo que ha propiciado diversas expresiones violentas de la delincuencia organizada y de otros grupos armados y, como resultado, se ha mermado el Estado de Derecho en el que se deben desarrollar las relaciones entre el gobierno y los habitantes de aquella entidad federativa”.

Tras la ahora fallida estrategia del gobierno federal, el Secretario de Gobernación emplazaba a grupos de autodefensa a deponer las armas, argumentando que elementos federales harían valer la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; sin embargo, en Antunez municipio de Parácuaro, Michoacán, se realizaron presuntas agresiones de militares en contra de civiles en donde perdieron la vida dos personas, sin que se hubieran aclarado tan lamentables hechos.

Así, el 27 de enero de 2014, el Gobierno Federal a través de su representante Alfredo Castillo, suscribió 8 puntos con varios grupos de  autodefensas en los que se establece lo siguiente:

1.  La incorporación de grupos de las denominadas autodefensas  a los Cuerpos de  Defensa Rurales. Para este fin, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados con la formación del expediente respectivo, controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos cuerpos serán temporales y estarán bajo el mando de la autoridad en los términos de las disposiciones aplicables.

2.  Para la protección de sus comunidades, personal de las autodefensas podrá formar parte de la Policía Municipal siempre y cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del Cabildo de su Ayuntamiento para ser propuesto para formar parte de dicha policía.

3.  Las autodefensas se obligan a registrar las armas que actualmente poseen o portan ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o, en su caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, se comprometen a dotarlos de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación.

4.  Se acuerda que en los municipios en conflicto se llevará a cabo una auditoría del uso de los recursos públicos, conforme a las disposiciones legales aplicables.

5.  Se establece la rotación de los Agentes del Ministerio Público Federal y Local, así como la instrumentación de unidades móviles de Ministerio Público.

6.  La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se compromete a mantener comunicación permanente con las autoridades municipales de la zona para ofrecerles el apoyo conforme a las facultades que tiene dicha Comisión.

7.  Para el caso de las personas que fueron detenidas por portación de arma de fuego y que se encuentran en libertad provisional bajo caución, se harán las gestiones pertinentes para que puedan firmar en el estado de Michoacán, sin tener que trasladarse a otras entidades federativas.

8.  En el caso de los servidores públicos municipales y estatales que tengan responsabilidad penal o administrativa, y que se encuentre totalmente acreditada, se les aplicará todo el peso de la ley.

Es una realidad que la situación que prevalece en el estado de Michoacán es consecuencia de malas administraciones locales que permitían el incremento y arraigo de grupos delictivos, con un evidente desvío de recursos en materias de prevención del delito, seguridad pública y carente de investigación, persecución y castigo del delito.

Es evidente que la opresión, marginalidad y multiplicidad de delitos que cometieron grupos delictivos a lo largo de décadas en ese estado, desató un encono en la ciudadanía que en algunos casos la orilló a tomar las armas para proteger a sus familias y sus bienes. Lo anterior, ante una inoperancia, indiferencia o inactividad por parte del gobierno del estado en turno que ha llevado al Gobierno Federal a realizar acciones carentes de sustento legal que van desde el nombramiento de manera autoritaria de un Comisionado casi supremo carente de medidas de control de transparencia y rendición de cuentas hasta dejar de aplicar el artículo 8º de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; culminando con el ofrecimiento de integrar a los grupos de autodefensas en los Cuerpos de Defensa Rurales contemplados en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, señalando una temporalidad no establecida ni medidas de control y/o supervisión con motivo de su encargo.

2.- Otro punto, es la manera en la que disolvió, premio o castigó el Gobierno Federal a los líderes de las llamadas Autodefensas, como a Estanislao Beltrán Torres, apodado “Papá Pitufo”, quien es oriundo de Punta del Agua del municipio de Buenavista Tomatlán; Hipólito Mora originario de la La Ruanda, Buenavista Tomatlán (quien fue el primero en levantarse en armas); Martín Barragán Cerca, originario de Tepaltepec; Luis Antonio Torres González a quien apodan “El Americano”; José Manuel Mireles Valverde de Tepaltepec, a quien se le atribuye ser uno de los líderes más visibles de las llamadas autodefensas, entre los más representativos.

Por lo que respecta al líder más representativo de autodefensas José Manuel Mireles, el pasado 27 de junio del 2014, mediante un operativo implementado por las Fuerzas Federales detuvieron en el municipio de Lázaro Cárdenas a José Manuel Mireles, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Junto con él fueron capturadas otras 69 personas, a quienes, de acuerdo con las autoridades de Seguridad Pública, se les imputan la posesión de armas largas y cortas.

El citado operativo inició a las 12:00 horas del día, emprendido por la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, en conjunto con elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública estatal tras un reporte en el que se indicaba que había varias personas armadas en las comunidades de La Mira y Acalpican, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

En este sentido, se considera necesario resaltar que dicha captura se dio luego de que Mireles Valverde anunciara que conformaría el Consejo Ciudadano de Autodefensas en la Tenencia de La Mira.

Durante una conferencia de prensa emitida por el entonces Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, afirmó que en el operativo en el que Mireles fue detenido no hubo lesionados, bajas o abusos de autoridad, y aclaró que José Manuel Mireles no sería enjuiciado por asociación delictuosa, sino por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión simple de drogas.

Asimismo, el Juez Quinto de Distrito, en Uruapan, Michoacán, José Armando Wong Aceitunas, emitió un acuerdo de vinculación a proceso para José Mireles Valverde, dentro la causa penal 137/2014 por los delitos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

Por su parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó dos escritos en donde promovió la figura jurídica conocida como AmicusCuriae (“amigo de la corte”), cuyo objetivo es abrir la posibilidad a terceros que no son parte de un litigio, pero que poseen un interés demostrable y justificado en la resolución de éste, a promover voluntariamente una presentación que contiene una opinión técnica mediante la cual aportan elementos que pueden resultar jurídicamente trascendentes al momento de que el juzgador resuelva sobre la materia del litigio;  en dicha petición la Comisión Estatal, solicitó al órgano jurisdiccional, que sobre el caso Mireles, se tomara en cuenta el contexto de inseguridad, violencia, asesinatos, secuestros, violaciones y extorsiones en que se vio envuelto Michoacán.

De acuerdo con su defensa, en el juicio de Mireles ya se descartaron las acusaciones de posesión de droga y en cuanto al uso de las armas, los defensores de Mireles mostraron el permiso oficial que Alfredo Castillo, entonces comisionado para Michoacán, otorgó a las autodefensas para que portaran esas armas.

Por otra parte y de acuerdo con el decreto por el que se modificaron diversas normas en materia penal, los legisladores consideramos necesario señalar que este Poder Legislativo, aprobó la denominada Miscelánea Penal, la cual fue publicada el 17 de junio de 2016, en el Diario Oficial de la Federación en donde se establecen entre otras adecuaciones, lo señalado por el Artículo 5° Transitorio, cuya finalidad es que las personas que “Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código.”

Dicho elemento, es de suma importancia dado que en el caso de Mireles se le está violando uno de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, al emitirle un auto de vinculación a proceso decretando la prisión oficiosa, así como dejando a un lado el principio de presunción de su inocencia poder llevar el proceso fuera de prisión, con la finalidad de que pueda aportar los elementos de prueba necesarios que le permitan acceder a una justicia real y tangible.

A su vez, es importante señalar que el ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, se ha escudado bajo su figura de servidor público, con la finalidad de no comparecer ante el juzgado de la causa y con ello contribuir a la vulneración en el proceso que se lleva en contra de Mireles, dado que en la integración del expediente correspondiente, él era el único funcionario del Gobierno Federal designado por el Presidente de la República, como responsable de la seguridad y orden del estado de Michoacán y por ende enlace del Gobierno con las denominadas autodefensas. Dicha actitud de apatía, indiferencia y falta de sensibilidad política del señor Castillo se deja veral momento en que la defensa de Mireles solicitó nuevamente su comparecencia para que afirmara o negara si la signatura que aparece en el acuerdo suscrito con líderes de autodefensas el 27 de enero de 2014 corresponde a su firma; debido a que no lo hizo así en las comparecencias anteriormente programadas relativas a los casos de otros autodefensas presos. A pesar de que los oficializó y fueron de dominio público en 2014, Alfredo Castillo negó ante el juez Quinto de Distrito, con sede en Uruapan, Jorge Armando Wong Aceituno, la existencia de acuerdos con grupos de autodefensa y que se les permitiera registrar armas, no obstante que dicha condicionante es uno de los requisitos establecidos en el acuerdo suscrito el 27 de enero de 2014 y el cual fue ampliamente cubierto y difundido a través de varios medios de comunicación de nuestro país. Cabe señalar que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunta falsedad de declaraciones en contra del señor Castillo.

Por último, cabe señalar que el Juez Quinto de Distrito con sede en Uruapan rechazó la petición de revisión, sustitución, modificación o cese de la medida cautelar de prisión preventiva a que se encuentra sujeto José Manuel Mireles Valverde con el fin de que continuara su proceso legal en libertad, debido también a las condiciones de salud que presenta José Manuel Mireles, quien se encuentra en el penal de Nayarit, tras una estancia de casi dos años en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, en donde ha manifestado sufrir malos tratos hacia su persona, así como falta de atención médica necesaria para controlar la diabetes que presenta y problemas que padece en la columna vertebral.

CONSIDERANDOS

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II.- Que con fundamento en el artículo 20 apartados A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que en el caso del señor José Manuel Mireles,  todas y cada una de las actuaciones estén apegadas conforme a los principios del proceso penal, así como de los derechos de toda persona imputada.

III. Ahora bien, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, sobre la no retroactividad en perjuicio de persona alguna, sin embargo en el entendido que hubiere una disposición que beneficie al imputado, dicha norma deberá ser tomada en cuenta para su beneficio:

“…Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata….”

Igualmente, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

“…Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto…”

Por tal motivo, quienes suscribimos el presente Punto de Acuerdo, debe de prevalecer el PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD A FAVO de José Manuel Mireles, tal y como lo establecen diversos Tratados Internacionales de los que México forma parte y ha suscrito, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra establece:

“…Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas…”.

En este sentido, cabe recordar que con la reforma Constitucional en materia de Amparo y Derechos Humanos, publicado mediante Decreto el día 10 de junio de 2011, y la apertura del Sistema Jurídico Mexicano hacia el Ordenamiento Internacional, cualquier (Tratado y Jurisprudencia Internacional) que el Estado suscriba, tendrá que ser armonizado al ordenamiento jurídico interno con jerarquía de rango Constitucional.

Es por ello que el Control de Convencionalidad obliga de forma directa a los Estados a tomar aquellas medidas necesarias para la implementación de los tratados internacionales, los cuales se cumplirán cabalmente, en lo que respecta al Poder Judicial, los Jueces deberán desarrollar de oficio una serie de razonamientos que permitan la aplicación más amplia y el mayor respeto a los tratados internacionales, prueba de ello son las sentencias “Almonacid Arellano vs Chile, de 26 de Septiembre de 2006”, párrafo 124, donde la Corte afirma lo siguiente:

“…La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana…”

Luego entonces, el Control de Convencionalidad ha sido también reiterado en varios casos contra México como son: 1.- Rosendo Padilla Pacheco vs México, de 23 de Noviembre de 2009, párrafo 339 que señala:

“…En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico320. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana…”

IV.- En los instrumentos internacionales obligatorios para el Estado mexicano, cuya aplicación debe ser obligatoria para el caso de José Manuel Mireles, se deben de tomar en cuenta:

Declaración Universal de Derechos Humanos Adhesión de México: 24 de marzo de 1981

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9: Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

Artículo 10: 3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. (4to párrafo.).

Artículo 15 1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, señala mediante resolución 45/111, de fecha 14 de diciembre de 1990, los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, específicamente 6 y 8 lo siguiente:

“…6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana.

8. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio…”

Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad

(Reglas de Tokio)

“…8. Imposición de sanciones

8.1 La autoridad judicial, que tendrá a su disposición una serie de sanciones no privativas de la libertad, al adoptar su decisión deberá tener en consideración las necesidades de rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y los intereses de la víctima, quien será consultada cuando corresponda.

8.2 Las autoridades competentes podrán tomar las medidas siguientes:

a) Sanciones verbales, como la amonestación, la reprensión y la advertencia;

b) Libertad condicional;

c) Penas privativas de derechos o inhabilitaciones;

9. Medidas posteriores a la sentencia

9.1 Se pondrá a disposición de la autoridad competente una amplia serie de medidas sustitutivas posteriores a la sentencia a fin de evitar la reclusión y prestar asistencia a los delincuentes para su pronta reinserción social.

9.2 Podrán aplicarse medidas posteriores a la sentencia como las siguientes:

a) Permisos y centros de transición;

b) Liberación con fines laborales o educativos;

c) Distintas formas de libertad condicional;

11. Duración

11.1 La duración de las medidas no privativas de la libertad no superará el plazo establecido por la autoridad competente de conformidad con la ley.

11.2 Estará prevista la interrupción anticipada de la medida en caso de que el delincuente haya reaccionado positivamente a ella.

12. Obligaciones

12.1 Cuando la autoridad competente decida las obligaciones que deberá cumplir el delincuente, tendrá en cuenta las necesidades de la sociedad y las necesidades y los derechos del delincuente y de la víctima.

12.2 Las obligaciones que ha de cumplir el delincuente serán prácticas, precisas y tan pocas como sea posible, y tendrán por objeto reducir las posibilidades de reincidencia en el comportamiento delictivo e incrementar las posibilidades de reinserción social del delincuente, teniendo en cuenta las necesidades de la víctima.

12.3 Al comienzo de la aplicación de una medida no privativa de la libertad, el delincuente recibirá una explicación, oral y escrita, de las condiciones que rigen la aplicación de la medida, incluidos sus obligaciones y derechos.

12.4 La autoridad competente podrá modificar las obligaciones impuestas de conformidad con lo previsto en la legislación y según el progreso realizado por el delincuente…”

El artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es competente para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados Partes; el artículo 41 de dicha Convención faculta a la CIDH a "formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos", mientras que el artículo 44 dispone que "cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte".

Es por ello, que en el petitorio número 2 del presentePunto de Acuerdo se pide que la Comisión Estatal someta a consideración de la CIDH, presuntas violaciones a derechos humanos de José Manuel Mireles. Lo anterior con la finalidad de no violentar lo dispuesto por el Apartado B del Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los organismos de protección de derechos humanos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Asimismo, que en caso de que la CIDH emita alguna opinión o recomendación sea acatada por el Estado mexicano.

Por los hechos antes señalados, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones dictaminadoras del Senado de la Repúblicaa que presenten a la brevedad ante el Pleno del Senado, un dictamen de la Iniciativacon proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Amnistía en favor de las personas integrantes de los grupos denominados autodefensas en el estado de Michoacán, presentada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán a que estudie la viabilidad de presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por presuntas violaciones a los derechos humanos de José Manuel Mireles Valverde.

TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que remita a esta Soberanía a la brevedad, un informe en el que se detallen las acciones realizadas por esa Comisión Nacional, ante probables violaciones a los derechos humanos de José Manuel Mireles Valverde.

Dado en el Salón de Sesiones delaComisión Permanente, en el Senado de la República,a los nueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

SENADORAMARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA