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Iniciativas


Que reforma los artículos 85 y 86 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, suscrita por el Sen. Ángel Benjamín Robles Motoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

SE TURNÓ, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

SE COMPLEMENTÓ EL TURNO EN LA SESIÓN DEL 2 DE FEBRERO DEL 2016, PARA QUEDAR EN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.


La presente iniciativa tiene el objetivo de establecer sanciones penales a los servidores públicos que realicen transferencias de recursos a cuentas bancarias no autorizadas, buscando que la administración de los recursos federales se efectué de manera oportuna y transparente.


QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 85 Y 86 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SUSCRITA POR EL SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, y 78, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 85, y se reforma el artículo 86 de la Ley General de Contabilidad Hacendaria, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las mayores responsabilidades que tenemos como legisladores es la del seguimiento a la aplicación total de los recursos públicos a efecto de observar el debido cumplimiento de los ejercicios fiscales.

La vigilancia al gasto público es, por ende, un imperativo categórico para cualquier legislador.

En este sentido, advertimos que uno de los focos rojos en la oportuna aplicación del gasto es la existencia de opacidad en el manejo de los recursos públicos, condición que debe ser analizada exhaustivamente con la finalidad de generar medidas destinadas a minimizar la ocurrencia de subejercicios.

De esta manera, la presente propuesta tiene como finalidad crear mecanismos legales que enfrenten esta grave problemática que afecta negativamente la aplicación del gasto público.

En virtud de lo anterior, sabemos que la opacidad es generada, en gran medida, por los altos índices de corrupción, que a su vez inhibe el efecto social de la inversión pública en áreas estratégicas, fomentando así la agudización de la pobreza y la marginación.

Un ejemplo de áreas en la que se cometen actos de corrupción es el caso de los subejercicios del gasto. Técnicamente un subejercicio se define como el saldo negativo entre el monto de recursos ejercidos y el originalmente programado para un período determinado.

Es decir, que el resultado señala la aplicación de un gasto menor al autorizado o modificado para el ramo presupuestario, que en muchos casos se presenta por la intención se los servidores públicos de hacerse ilegalmente de los recursos públicos en detrimento de su correcto ejercicio.

De lo anterior, desprendemos que la opacidad implica, bajo una perspectiva técnica, la incapacidad o la imposibilidad de ejercer la totalidad del gasto autorizado y programado en el plazo establecido para ello por parte de los funcionarios.

De tal suerte, que la existencia de opacidad en el manejo de recursos afecta el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas de los fondos y programas.

Para todos es conocido, que la opacidad representa un problema mayor, sobre todo si partimos de la premisa es producto, en muchos casos, de la corrupción en la que participan conscientemente las y los servidores públicos.

De tal suerte, es imprescindible procurar medidas que limiten las causas de este mal manejo del gasto público, que por el contrario debería ser impecable.

En este orden de ideas, abordaremos, con información de la Auditoría Superior de la Federación, los tres ámbitos principales en los que existen espacios que pueden propiciar la aparición y recurrencia de actos de corrupción:

1. La operación de fideicomisos no paraestatales.

2. Los convenios entre dependencias federales y entidades federativas.

3. Gasto federalizado.

De igual manera, la opacidad en el manejo del gasto es originada, entre otras, por las siguientes causas:

• Normatividad compleja o ambigua en algunos fondos y programas;

• Imprecisión operativa del principio de anualidad en el ejercicio de los recursos;

• Ausencia de sanciones por la falta del ejercicio oportuno de recursos federales transferidos;

• Falta de incentivos para gestiones eficientes, ya que los mecanismos de asignación de los recursos tienen fundamentalmente un carácter inercial;

• Retraso en la firma de convenios de coordinación y anexos técnicos, así como en la priorización de obras y en su proceso de licitación;

• Elevado número de reprogramaciones en el ejercicio, y

• Carencia de calendarización de ministraciones de recursos y entrega de una parte de éstos en el siguiente ejercicio fiscal con cargo al anterior, derivada de los ajustes al padrón de afiliados, y la comprobación de recursos de ejercicios anteriores.

La trascendencia de estos recursos se advierte, por el papel que juegan para las finanzas estatales y municipales; al respecto, para los entidades federativas representan alrededor d un 90 por ciento de sus ingresos totales y para los gobiernos municipales un 65 por ciento, con la particularidad de que, para los municipios rurales y los de mayor marginación significa más del 90 por ciento de sus ingresos totales.

Cabe señalar, que es dentro de este tipo de gasto, en donde se presentan los mayores índices de opacidad en su manejo.

En este contexto, la existencia de corrupción se vuelve una verdadera problemática para las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno, de ahí la imperiosa necesidad de establecer acciones que impidan la recurrencia de esta situación, que está dañando significativamente a la sociedad mexicana.

Es así, que el impacto de opacidad en la gestión del gasto federalizado se manifiesta principalmente por las dificultades para la fiscalización de los recursos no ejercidos oportunamente, así como en la falta de certeza de que serán efectivamente ejercidos para los fines previstos y con observancia de la normatividad aplicable.

Como podrán notar, estamos ante una situación que lacera a nuestro país, ya que la opacidad en de la gestión de los recursos públicos abre una gran gama de posibilidades para que los servidores públicos cometan impunemente actos de corrupción.

Actos de corrupción, que hoy en día tienen a nuestro país sumido en el ostracismo internacional, corrupción que ha mermado profundamente la confianza de las y los mexicanos por sus instituciones, provocando una incertidumbre ciudadana que lastima gravemente a nuestra nación.

Para tales efectos, planteamos una reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental con el objetivo de establecer sanciones penales a los servidores públicos que realicen transferencias de recursos a cuentas bancarias no autorizadas, buscando que la ministración de los recursos federales se efectué de manera oportuna y transparente.

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 85; y se reforma el artículo 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Único. Se adiciona y reforma el artículo 85; y se reforma el artículo 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 85. ...

I. a V. ...

VI. Las transferencias de recursos federales a cuentas bancarias no autorizadas por la Secretaría de Hacienda.

...

Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones II, IV y VI del presente artículo, así como las reincidencias en las conductas señaladas en las demás fracciones.

Artículo 86. Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público correspondiente, incurra en las conductas previstas en las fracciones II, IV y VI del artículo 85 de esta Ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2016.

Senador Benjamín Robles Montoya
(rúbrica)