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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fomentar y promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los delitos en materia de trata de personas.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

DICTAMEN LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON UN ENFOQUE PREVENTIVO PARA ABATIR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos de las entidades federativas a reforzar las acciones y promover  políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los delitos en materia de trata de personas.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha  5 de agosto de 2015, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“Nuestro país forma parte del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) desde el año 2003.

En cumplimento de dicho instrumento, se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que dio origen a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas; misma que se encarga de definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en materia de Trata de Personas, y demás objetos previstos en la referida Ley.

La Comisión Intersecretarial es presidida por la Secretaría de Gobernación y a cargo de la Secretaría Técnica se encuentra el Titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de dicha Secretaría.

A pesar de lo anterior, según el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en los Estados Unidos Mexicanos” realizado por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre el año 2009 y el 2011 se registraron sólo 629 averiguaciones previas por el delito de trata de personas en el fuero común y en el fuero federal. El 32% de estas investigaciones correspondieron a actuaciones del gobierno federal.

El estudio refiere además, que al menos 15 zonas en México tienen una alta incidencia de trata de personas y existen cuatro grandes rutas para el tráfico de personas.

Del mismo modo, señala que las zonas de mayor riesgo son: Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo; además de  Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; Puerto Vallarta, Jalisco; y Los Cabos, Baja California Sur; así como el Distrito Federal, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Por otra parte, refiere que ocho entidades concentran 81% del total de averiguaciones previas, sobre trata de personas del fuero común; a saber; Aguascalientes, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo y el Distrito Federal; en el fuero federal se observa mayor dispersión, aunque también sobresalen los estados de Chiapas, Veracruz y Tlaxcala.

Preocupa también el hecho de que la principal modalidad parece ser la trata de personas con fines de explotación sexual. Por lo menos, es el fenómeno más estudiado, perseguido o cubierto en los medios de comunicación, lo cual hace que se cuente con más cifras, a pesar de que el propio estudio manifiesta la carencia o dificultad de conseguir datos fidedignos.

A los fines de explotación sexual, le siguen en importancia los trabajos forzados, la venta de niños y niñas, y el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

Otra circunstancia que llama la atención del estudio es el perfil de las víctimas de trata, quienes en la mayoría de los casos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, siendo las más proclives para ser víctimas de este delito las mujeres, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes.

En este contexto, el diagnóstico refiere que de acuerdo con los datos sociodemográficos se pueden identificar827 municipios donde la población, en especial las mujeres, viven en condiciones de vulnerabilidad a la trata de personas.

Si bien, el diagnóstico menciona que muchos de estos municipios se encuentran en la zona sur- sureste, en la que se concentran los mayores índices de analfabetismo, desempleo, de marginación, pobreza, y flujos migratorios; existen dos zonas que se han localizado como puntos rojos: la zona fronteriza de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Sonora, y la zona, también fronteriza, de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango.

Una de las conclusiones que se mencionan en el documento es que la evolución de las redes dedicadas a la trata de personas, está directamente relacionada con las oportunidades que ofrecen una localidad y sociedad en específico.

Estas oportunidades, que pueden ser vistas en términos de las condiciones socioeconómicas desfavorables, potencian por un lado, el ingreso de nuevos integrantes a las redes criminales y, por otro, el número de víctimas viables.

Por estos motivos, y dadas las cifras referidas en el Diagnóstico, es prioritario desarrollar políticas públicas que contribuyan a disminuir la incidencia de este complejo delito, que afortunadamente ya ha sido tipificado.

Para ello, señala la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), es indispensable dar dos enfoques a estas políticas públicas: a) fortalecer la prevención, crear entornos más seguros y oportunidades de desarrollo para que niñas, niños y adolescentes no caigan en las promesas de los que se dedican a estas actividades; y b) es imprescindible que la impunidad que aún existe para las redes que se benefician de la trata en sus diversos aspectos se combata efectivamente, principalmente a nivel estatal que es donde más carencia de información y de denuncias existe.

En este tenor en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincidimos con la percepción de que es indispensable promover unidades especializadas en el combate a la trata de personas, con presupuesto suficiente y personal interdisciplinario especializado en la materia, que permitan el combate efectivo de la trata de personas.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Intersecretarial, para prevenir, combatir y sancionar los delitos en materia de trata de personas; a fomentar y promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los delitos en materia de trata de personas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a combatir y sancionar con mayor eficacia los delitos en materia de trata de personas, a fomentar y promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los delitos en materia de trata de personas.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a ampliar los esfuerzos de capacitación especializada agentes del Ministerio Público en materia de trata de personas.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito. En su contexto se manifiesta el interés de estimular la actuación de las autoridades federales, de los gobiernos de las entidades federativas y de las procuradurías de justicia de estas últimas, con la finalidad de fomentar y promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los delitos en materia de trata de personas, combatir con mayor eficacia estos injustos criminales y ampliar los esfuerzos de capacitación especializada en los agentes del Ministerio Público en la materia.  

Nuestro país, por su ubicación geográfica, es un territorio de origen, tránsito  y recepción de miles de migrantes, entre ellos, mujeres, niñas, niños y adolescentes, situación que contribuye a aumentar su vulnerabilidad y pone en riesgo su integridad frente a los autores del delito de trata de personas, principalmente, cuando se busca victimizarlas con fines de explotación sexual y laboral. En el artículo 3 del Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se define este injusto criminal como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

II.- Esta Dictaminadora  considera, en el escenario que se describe, de suma importancia la aportación que las autoridades federales, los gobiernos locales y las procuradurías de justicia de estos últimos, puedan ofrecer con la finalidad de fomentar y promover la consolidación de políticas públicas con un enfoque preventivo que sirvan para abatir los delitos de trata de personas, combatirlos con mayor eficacia y ampliar los espacios en la capacitación especializada de los agentes del Ministerio Público, para que éstos estén en condiciones de actuar con certeza y seguridad desde el momento en que tengan conocimiento de un hecho delictuoso relacionado con el fenómeno criminal en cita.

Si la trata de personas es un delito de daño, doloso, en el que es posible la tentativa, y por la naturaleza de los bienes jurídicos que lesiona o pone en riesgo, todas las autoridades del Estado Mexicano, cuando su competencia así lo determine, tienen la obligación de investigar y castigar a los responsables con penas adecuadas a su gravedad, es atendible la inquietud que asiste a la legisladora que presenta la proposición con la intención implícita en su contexto de fortalecer las medidas necesarias para hacer frente de manera conjunta a ese tipo de delincuencia que no reconoce fronteras ni respeta soberanías. Fenómeno criminal que requiere de una atención global, solidaria y decidida en todos los ámbitos en que se registre.  En este sentido, las medidas de mérito responden a esa obligación al contemplar la posibilidad de impulsar el fomento y la promoción de políticas públicas con un enfoque preventivo que sirvan para abatir los altos índice que se manifiestan en la consumación de ese delito en sus diferentes modalidades.

III.- La Segunda Comisión reitera su coincidencia con la proposición en estudio. Proposición que es conforme con el fundamento de legitimidad que se consagra en la fracción XXI, inciso a), del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y autoriza al Congreso General, a los congresos de las entidades federativas y a todas las autoridades involucradas en el rubro de seguridad pública, dentro de los ámbitos de su competencia y en la parte que les corresponde, a expedir las disposiciones legales conducentes para combatir de manera frontal la trata de personas y emitir las medidas de otra índole que coadyuven a su prevención y atención eficiente.

Luego, al ser la Trata de Personas un fenómeno transnacional que se consuma por bandas bien organizadas, con acceso a información sobre las personas a las que se piensa privar de su libertad para conseguir sus fines, gastos de transportación, casas de seguridad, etcétera, se justifica con suficiencia conceder a todo lo que implica el fenómeno que la integra la más alta prioridad para prevenirlo y erradicarlo, con independencia de la atención que de manera permanente se manifiesta sobre el tema de mérito en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Instancia que ha impulsado el desarrollo de múltiples acciones para abordar la problemática que conlleva desde sus distintas perspectivas, y se realizan esfuerzos significativos en cuestiones tales como la capacitación, sensibilización y la ejecución de operativos orientados a desarticular bandas de delincuencia trasnacional organizada.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Intersecretarial, para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas a fomentar y promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los delitos en esa materia.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a los gobiernos de las entidades federativas combatir los delitos en materia de trata de personas, fomentar y promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los delitos en esa materia.

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a ampliar los esfuerzos de capacitación especializada a los agentes del Ministerio Público en materia de trata de personas.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.

POR LA SEGUNDA COMISIÓN

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Armando Ríos Piter
Presidente

     

Sen. Daniel Amador Gaxiola
Secretario

     

Sen. Fernando Yunes Márquez
Secretario

     

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes
 Secretaria

     

Dip. Alejandro Montano Guzmán

     

Dip. Filiberto Guevara González

     

Sen. René Juárez Cisneros

     

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu

     

Sen. Juan Carlos Romero Hicks

     

Dip. Rocío Reza Gallegos

     

Dip. Fernando Rodríguez Doval

     

Dip. Fernando Belaunzarán Méndez

     

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez

     

Sen. Manuel Bartlett Díaz

     

Dip. María Sanjuana Cerda Franco