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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


DICTAMEN POR EL SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA A VELAR Y REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, HONRADEZ Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A VIGILAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS JUECES DE DISTRITO DEL ESTADO DE PUEBLA.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, y al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el comportamiento de los jueces de distrito del estado de Puebla” presentada por las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

  1. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.
  2. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.
  3. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.
  4. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

I. ANTECEDENTE

A. En la sesión del miércoles 5 de agosto de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, y al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el comportamiento de los jueces de distrito del estado de Puebla, dicha proposición fue presentada por las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2781.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Que la organización internacional World Justice Project (WJP) publicó el pasado mes de junio el nuevo Índice de Estado de Derecho 2015, el cual consta de un informe anual que con base en las experiencias y percepciones de la población general, mide el estado de derecho en 102 países.

Que los indicadores usados por la organización para el desarrollo de este índice fueron: restricciones sobre los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento normativo, la justicia civil y la justicia penal.

Que en el caso de México en torno al índice es lamentable. Nuestro país se ubicó dentro de los países más rezagados en la materia con la posición 79 de las 102 naciones evaluadas. En cuanto a la región de América Latina y el Caribe, se ubicó entre los seis países peor calificados, con la posición 14 de 19 países de la región.

Destacan que, resulta alarmante que para la sociedad mexicana, el acceso a la justicia en México parece ser un derecho limitado por las mismas autoridades encargadas de su impartición que salvo en algunas excepciones gracias a la presión social o la capacidad profesional de algunos funcionarios, ha podido alcanzar a algunas personas.

Señalan que desafortunadamente, un gran ejemplo de estado represor es la entidad de Puebla, en donde el acceso y la impartición de justicia atraviesan una severa crisis de legitimidad en la que sus autoridades son señaladas como cómplices de un gobierno represor, corrupto y autoritario.

Indica que muestra de ello son los más de 200 presos y presas políticas en la entidad, solamente durante el gobierno moreno vallista, al cual, cualquier crítica u oposición a su administración parece acreedora de la privación de la libertad.

Y destacan el caso de Adán y Paul Xicale, presos políticos del estado de Puebla y activistas de Cholula, es una de esas situaciones alarmantes en las que el acceso a la justicia es restringido por aquellas personas que deberían garantizarlo y defenderlo.

Indican que en el andamiaje jurídico del caso de Adán y Paul, su libertad se veía cercana, no sólo por las omisiones de los funcionarios que injustamente los inculparon, sino porque se vencía el plazo para dar cumplimiento a una orden del juzgado de Cholula que pedía liberarlos. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJ) les notificó esta semana una nueva orden de aprehensión por despojo con hipótesis de perturbación que les negaba una vez más, su derecho a la libertad.

Manifiestan que el papel de la Procuraduría en la negación de la justicia se ha facilitado porque en Puebla aún impera el sistema penal inquisitivo por lo que la palabra de los Ministerios Públicos (MP) es ley, e integrar, consignar y detener personas con tan sólo indicios, es la regla a seguir.

Señalan que es una constante en la estrategia del sistema de procuración de justicia poblano para negar la libertad a activistas y personas defensoras, es que tras el auto de formal prisión dictado por un juez y la promoción de amparos que son generalmente ganados por las violaciones al debido proceso -a espaldas de los procesados y sus defensas-, se interponen recursos de averiguaciones previas por nuevos delitos. De esta manera, las personas permanecen recluidas pese a que hayan ganado recursos de revisión y se hayan ratificado sus sentencias de amparo(s).

Indican que todos estos actos dilatorios de las autoridades gubernamentales tienen el fin de desgastar a personas y movimientos sociales, al mismo tiempo que violan el principio pro persona y la presunción de inocencia.

Ante esta situación no podemos evitar preguntarnos, ¿cuál es el verdadero papel de nuestras instituciones de justicia? ¿A quién sirve la Procuraduría General y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla? Queda claro que no es a la ciudadanía de Puebla a la que sin pruebas, detienen, criminalizan y reprimen, o a la que le piden que busque a los asesinos de sus familiares y les hablen cuando los encuentren.

 Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo de los proponentes:

PRIMERO.- Exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

SEGUNDO.- Exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a que en el sentido de sus atribuciones, vigile el comportamiento de los jueces de distrito del estado de Puebla.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJ) es la Dependencia del Poder Ejecutivo en la que se integra la Institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos para el ejercicio de las atribuciones que les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables; su actuación se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

En este sentido, la PGJ de Puebla es responsable de organizar y regular el funcionamiento de la Institución del Ministerio Público, los servicios periciales y la policía encargada de la función de investigación de los delitos; así como determinar los funcionarios que los integran y auxilian en el despacho de los asuntos que les imponen las normas ya señaladas.

Es importante destacar que la PGJ del estado debe promover la cultura de la denuncia y trabajar también en la prevención del delito; buscan el cumplimiento de la Ley así como  la protección de las víctimas del delito.

En términos generales, el Consejo de la Judicatura, tanto a nivel federal como local, en los estados en que existe esta institución, tiene entre otras atribuciones o facultades, la de tomar a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Todo esto tiene sustento en los artículos 94, párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de sus correlativos en el Distrito Federal y demás entidades que cuentan con consejos de la judicatura.

Esta dictaminadora en el proceso de análisis del punto de acuerdo a valuó las diversas opiniones y valoraciones de los proponentes y que diversas organizaciones e instituciones han realizado respecto a la impartición de justicia en el gobierno de Moreno Valle y si bien se destacan señalamientos como los del punto de acuerdo, los integrantes de esta dictaminadora encontró los siguientes argumentos contrarios a los manifestados por los proponentes.

Se destaca que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla ha refrendado su compromiso con la sociedad para investigar todos los casos que sean denunciados y realizar los operativos necesarios para lograr el rescate de las víctimas y la captura de los responsables.

El Gobernador ha deja claro su obligación para garantizar y fortalecer los derechos ciudadanos, siempre bajo los estándares internacionales, con apego a la Ley para preservar la concordia y la tranquilidad, en el mismo sentido se han pronunciado por fortalecer una cultura de la denuncia, fomentar la prevención del delito y conocer las acciones relevantes del combate a la delincuencia.

Nuestro compromiso es mantener un espacio de contacto que nos permita servirte mejor, modernizar los sistemas de procuración de justicia y de seguridad en nuestro estado, así como conocer tus necesidades informativas.

Muestra de ello, son las diversas accione en la materia, entre las que podemos destacar que con el objetivo de garantizar una aplicación de justicia libre de discriminación a hombres y mujeres, el gobernador Rafael Moreno Valle se sumó al Convenio de Adhesión al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Justicia en México, signado por la magistrada de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), Olga María Sánchez Cordero, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Roberto Flores, ha refrendado su compromiso de velar por un especializado servicio de procuración de justicia, para las personas de origen indígena.

Respecto a los hechos que narran los proponentes, es importante mencionar que la PGJ del estado continúa con las investigaciones bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

En ese escenario esta dictaminadora considera que la emisión de un punto de acuerdo legislativo sobre el tema implicaría la intromisión de esta Comisión Permanente en asuntos estrictamente jurisdiccionales, con lo que se sentaría un precedente que debilita la independencia del Poder Judicial.

Tampoco es constitucionalmente posible para esta Comisión emitir un exhorto a ningún órgano del Poder Judicial, pues ello también implicaría vulnerar el principio de independencia judicial y, además, ningún órgano jurisdiccional puede emitir tales criterios generales, salvo a través de la creación de jurisprudencia.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora hemos revisado profundamente la Proposición de mérito y hemos encontrado, tal y como se ha señalado anteriormente, que aun cuando consideramos muy importante que las normas jurídicas sean respetadas de manera irrestricta tanto por los ciudadanos como por las autoridades encargadas de su aplicación, no podemos dejar de advertir que el Poder Judicial es uno de los tres poderes y que uno de los principios que lo fundan es el de independencia judicial y que exige a todas las autoridades a respetar las determinaciones judiciales mientras no sean declaradas como insubsistentes por otro órgano del mismo Poder Judicial.

En virtud de lo anterior, legisladoras y legisladores de esta Primera Comisión consideran que la proposición  con punto de acuerdo materia de esta dictamen ha quedado sin materia, toda vez que las autoridades competentes se encuentra en proceso de atención y es indispensable recordar que México es una República democrática, representativa y popular en la que rige el principio de división de poderes y, ante ello, es indispensable reconocer que aprobar la Proposición que se estudia vulneraría tal configuración jurídica y política nacional.

En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera necesario desechar por completo la Proposición con Punto de Acuerdo que se ha estudiado.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, y al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el comportamiento de los jueces de distrito del estado de Puebla, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese como asunto totalmente concluido. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de agosto de 2015.


LEGISLADORES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Arturo Zamora Jiménez

Presidente

     

Dip. Abel Salgado Peña

Secretario

     

Dip. José González Morfín

Secretario

     

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero

Secretaria

     

Dip. Manuel Añorve Baños

Integrante

     

Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez

Integrante

     

Sen. Graciela Ortiz González

Integrante

     

Sen. Manuel Cavazos Lerma

Integrante

     

Sen. María del Pilar Ortega Martínez

Integrante

     

LEGISLADORES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Juan Carlos Romero Hicks

Integrante

     

Dip. Fernando Rodríguez Doval

Integrante

     

Sen. Angélica de la Peña Gómez

Integrante

     

Dip. Graciela Saldaña Fraire

Integrante

     

Dip. Tomás Torres Mercado

Integrante

     

Dip. Lilia Aguilar Gil

Integrante