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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los titulares del poder ejecutivo de cada entidad federativa y del Distrito Federal a garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres en los centros de reclusión, incluidos los menores de edad que viven con sus madres.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIA DE GOBERNACIÓN ATENDER CABALMENTE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL "INFORME ESPECIAL SOBRE LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA".

 

HONORABLE ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Defensa Nacional, al Comisionado Nacional de Seguridad, a los gobernadores de los 31 estados de la República Mexicana y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a atender cabalmente las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el "Informe Especial sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana".

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha  8 de julio de 2015, las Diputadas Roxana Luna Porquillo y Graciela Fraire Saldaña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“De acuerdo al “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana” elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Estado mexicano no brinda la atención pertinente a las mujeres que se encuentran en cárceles del país, incumpliendo así con su obligación de adoptar medidas para asegurar que este sector poblacional goce de todos los derechos que les corresponden.

Entre las denuncias que se enumeran en el Informe destacan las ineficientes condiciones materiales; insuficiencia en los servicios; desigualdad entre las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato físico; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno , cobros y privilegios; prostitución; inadecuada separación y clasificación; aplicación discrecional de sanciones disciplinarias; falta de atención médica; inexistencia de manuales de procedimientos; prohibición de estancia para las hijas y los hijos de las internas en algunos casos; falta de apoyo para centros de desarrollo infantil; deficiencia de programas para la atención de personas con adicciones; insuficiente personal técnico y de seguridad; falta de capacitación e inadecuada supervisión de los centros.

El documento señala datos alarmantes que ponen en entredicho la seguridad e integridad de las mujeres, así como de sus hijos e hijas en los centros de reclusión. La lista de denuncias es larga y no es nueva, aun así éstas deben enunciarse. 

Para iniciar, la CNDH reportó que en 33 penales de casi todo el país - Baja California, Chipas, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz, etc. -, 60 internas denunciaron haber sido golpeadas por el personal; 147 internas de 50 cárceles, han sido amenazadas, 256 internas en 61 penales han sufrido algún tipo de humillación y 213 presas de 55 centros señalaron tratos discriminatorios por parte del personal del centro penitenciario.

En cuanto a ineficientes condiciones materiales se recalcaron las fallas en el suministro de agua que se utiliza para el aseo de las internas y de las estancias. Esta declaración nos recuerda las denuncias de la líder comunitaria Nestora Salgado, quien se encuentra recluida en el en el Centro Federal Femenil Noroeste, en Tepic, Nayarit, quien señaló que el agua potable le ha sido negada.

Aunado a esto se detectaron cantidades insuficientes de alimentos para satisfacer las necesidades de las internas, en algunos casos sólo se proporcionan dos comidas al día. También se señaló la falta de alimentación especial a las/os hijas/os de las internas que viven con ellas en los centros.

Resulta alarmante la alerta de sobrepoblación y hacinamiento en 17 penales - Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas – en donde las internas deben dormir en el suelo a falta de camas. Tal es el caso del centro de Venustiano Carranza, en Nayarit, que cuenta con una sobrepoblación es de 246%, o de lo casos de Chalco y Ecatepec, Estado de México, y Cárdenas, Tabasco, en los que la sobrepoblación es igual o mayor al 100%.

De igual forma, los casos de explotación sexual son también un problema en los centros penitenciarios. De acuerdo a la CNDH se encontraron casos de explotación sexual en 20 establecimientos de Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. En 66 centros ni siquiera existe separación por situación jurídica ni clasificación, entre varones y mujeres, lo que ha derivado que en algunos casos cohabiten mujeres y hombres.

Estas denuncias se agravan al conocer que en 27 centros de reclusión (Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas), el personal asignado para vigilar y custodiar las instalaciones es insuficiente; en algunos casos tan sólo hay de una a cuatro personas por turno encargadas de la seguridad y custodia.

En cuanto al tema de capacitaciones en materia de derechos humanos y prevención de la tortura, en 57 centros (Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) el personal directivo o de seguridad y custodia no ha recibido ninguna capacitación.

Al respecto de la prestación de servicios médicos, en 73 penales de 77 visitados, se registran irregularidades en la prestación de éstos, puesto que se carecen de instalaciones y personal médico específico para las internas, además, muchas veces son atendidas en el servicio médico destinado a los varones, cuya atención resulta deficiente e inoportuna debido a que son insuficientes, incluso para los internos.

Tampoco existe atención médica especializada para las mujeres ni para los menores que viven con ellas. Aunado a este problema, se destaca que en los centros de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas está prohibida la estancia de menores de edad lo que vulnera el interés superior de la infancia y el derecho de los menores de estar y convivir con sus madres, así lo señala lo CNDH; en al menos 53 penales no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y/o educación básica.

Finalmente, en tanto a la accesibilidad de los centros, en 25 de ellos - Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz-, no hay adaptaciones para facilitar el desplazamiento de las personas con alguna discapacidad. El problema se agrava con internas con padecimientos mentales, las cuales, de acuerdo a la CNDH, se encuentran en áreas con malas condiciones y sin personal médico que las atienda.

En la investigación de la CNDH se señala que en promedio hay 14 irregularidades por centro, y los que concentran el mayor número de éstas son centros en Guerrero, particularmente los de Chilpancingo y Acapulco.

Las condiciones precarias, abusos y vulneraciones a los derechos de las mujeres privadas de su libertad en los centros de reclusión del país, deben ser atendidas de manera inmediata. Desde hace al menos una década, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos ha alertado sobre esta situación, y los gobiernos han permanecido omisos e indiferentes ante estas graves violaciones. Todos los derechos para todas las personas.

El Secretario de Defensa Nacional, el Comisionado Nacional de Seguridad, y cada Gobernador así como el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deben atender cabalmente las recomendaciones de la CNDH para garantizar los derechos humanos de las mujeres reclusas, y así eliminar las desigualdades y violaciones a derechos humanos que se ejecutan en los centros penitenciaros contra la población femenil.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Defensa Nacional y al Comisionado Nacional de Seguridad a atender cabalmente con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, publicado en marzo de 2015.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a atender cabalmente con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, publicado en marzo de 2015.”

CONSIDERACIONES

I. Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito respecto de la preocupación por las condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y a los niños y niñas que viven con sus madres internas; así como por la imperiosa necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas, que enfrentan una vulnerabilidad agravada tanto por su condición de reclusas, como por ser mujeres y en muchas ocasiones, madres. Así mismo, en muchos casos confluyen una serie de circunstancias como son la pobreza, la enfermedad, la mala alimentación, la corrupción e incluso la explotación con fines sexuales, entre otras; condiciones todas que demuestran que la situación de los centros de reclusión es propicia para la transgresión de los derechos fundamentales, lo que motiva a los miembros de esta dictaminadora a adherirnos a las advertencias y propuestas que lanza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante su “Informe Especial sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana".

La adopción de políticas penitenciarias con perspectiva de género, que consideren las necesidades especiales de la mujer y busquen reducir su vulnerabilidad a la vez que persigan la reinserción social, propósito fundamental de la pena y base sobre la que descansa nuestro sistema penitenciario.

II. El artículo 18 constitucional señala en su segundo párrafo:

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.”

De lo anterior se colige que el objetivo asignado constitucionalmente a nuestro régimen penitenciario y a la pena privativa de la libertad no es el castigo o la venganza del Estado por las acciones de aquel que llega a delinquir, sino su reinserción a la sociedad, concibiendo al delito como una enfermedad social y procurando por tanto el tratamiento de quienes la han adquirido. Por supuesto, la ejecución penal tiene un elemento intimidatorio del que no se puede desprender, pues no deja de ser una medida de defensa social que busca suspender la relación del individuo con la sociedad que lo vio delinquir, sin embargo éste no tendría sentido sin procurar reencausar al sentenciado asumiendo que volverá a ser parte de la sociedad, momento en el que deberá estar preparado para observar y respetar los valores colectivos que quebrantó, lo cual no podría conseguirse sin respetar escrupulosamente la dignidad e integridad de la persona y sus derechos fundamentales.

El respeto a los derechos de las personas privadas de libertad es uno de los mayores y más complejos desafíos que enfrenta nuestro sistema penitenciario, que requiere políticas públicas para revertir la cotidiana violación de los derechos humanos de la población reclusa, por lo tanto, para que la privación de libertad como respuesta al delito, cumpla con su finalidad esencial, es imprescindible hacer frente a estas deficiencias estructurales, asumiendo como deberes del Estado el garantizar los derechos fundamentales de las personas sometidas a su custodia, y ejercer el control efectivo y la seguridad interna de los centros penales.

III. El Dictamen que nos ocupa trata entonces un asunto relativo además, al cumplimiento de las obligaciones de México ante la comunidad internacional. En el plano internacional, el Estado mexicano ha asumido el compromiso de contar con un sistema penitenciario humanista que persiga la reinserción social de las personas en reclusión, particularmente de las mujeres, destacando como instrumentos para perseguir tal objetivo las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad de la ONU(Reglas de Tokio),las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes” (Reglas de Bangkok),y los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Así mismo, la ONU ha establecido una Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da seguimiento permanente a la protección de personas privadas de libertad en las Américas.

En este tenor, ambos organismos han emitido recomendaciones generales y específicas considerando a las reclusas como uno de los grupos vulnerables que tienen necesidades y requisitos específicos, entre las que destaca la invitación contenida en la resolución 10/2 del Consejo de Derechos Humanos, de 25 de marzo de 2009, dirigida a los gobiernos, los órganos internacionales y regionales competentes, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales, para que dediquen mayor atención a la cuestión de las mujeres y niñas que se encuentran en prisión, incluidas cuestiones relativas a los hijos de las reclusas, con miras a identificar y abordar los aspectos y desafíos del problema en función del género.

Como puede verse, la CNDH, en cumplimiento a tal compromiso internacional ha dado seguimiento a esta problemática, emitiendo propuestas (recomendaciones en sentido amplio, más no en el jurídicamente estricto que reserva tal concepto al ejercicio de su facultad primordial), a efecto de que la reclusión de las mujeres se lleve a cabo en inmuebles separados a los que ocupan los hombres; separar a las internas sentenciadas de las procesadas; edificar locales y/o establecimientos con instalaciones apropiadas para la atención médica, espacios que permitan el desarrollo infantil y propicios para el tratamiento de las mujeres, tomando en cuenta sus necesidades específicas; así como para que, tanto ellas como sus hijos que conviven con ellas, reciban un trato respetuoso y digno, de acuerdo con la condición de su género, atendiendo a sus necesidades de salud, educación, capacitación, trabajo productivo y remunerado, así como actividades deportivas, entre otras; y advirtiendo que losgobiernos Federal y de las Entidades Federativas no han realizado acciones efectivas para asegurar el respeto pleno de los derechos de las reclusas.

IV. Resulta interesante observar que según apunta la CNDH en el informe de referencia “la población penitenciaria del país en el periodo citado en el párrafo anterior [al mes de febrero de 2014] ascendía a 249, 912 personas, y únicamente 12,690, que corresponde al 5.08%, eran mujeres, de las cuales 9,529 son del fuero común; de éstas, 5,019 bajo proceso y 4,510 sentenciadas, mientras que las restantes (3,161) pertenecen al fuero federal; 1,866 de ellas se encontraban bajo proceso y 1,295 estaban sentenciadas.” Ante lo que señala que “El hecho de que el número de mujeres privadas de la libertad por la comisión de conductas delictivas sea menor que el de los hombres, como ya se ha apuntado, no justifica la deficiencia de una perspectiva de género…”.

En este sentido la CNDH consigna que tuvo conocimiento de hechos “que dificultan las condiciones de vida digna y segura, así como de situaciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijos que permanecen con ellas, relacionados con maltrato; deficiencias en las condiciones materiales de los centros de reclusión; falta de áreas para el acceso a servicios y actividades; condiciones de desigualdad de las áreas femeniles respecto de las instalaciones destinadas a los hombres; deficiencias en la alimentación; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno; cobros y privilegios; prostitución; inadecuada separación y clasificación; irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias; diversidad de criterios sobre la permanencia de los menores de edad que viven con sus madres y falta de apoyo para que accedan a los servicios de guardería y educación básica; inexistencia de manuales de procedimientos; deficiencias en la prestación del servicio médico; insuficiente personal de seguridad; falta de capacitación a servidores públicos adscritos a los centros de reclusión; anomalías en la supervisión de los centros de reclusión; deficiencias relacionadas con las actividades de reinserción social; ausencia de modificaciones y adaptaciones para el desplazamiento de personas con discapacidad física; inadecuada atención a las personas con discapacidad psicosocial, así como inexistencia de programas contra las adicciones y para el tratamiento de desintoxicación.”

Esta larga lista de irregularidades es preocupante al indicar un conjunto de situaciones que impiden el cumplimiento de los objetivos fundamentales de nuestro sistema penitenciario. En este sentido, los miembros de esta comisión consideramos que estas graves faltas pueden impedir la resocialización de las reclusas y provocar su reincidencia criminal, por lo que hacemos hincapié en la necesidad de establecer reglas especiales a fin de velar por que las mujeres recluidas en los centros penitenciarios, independientemente de su ámbito competencial, sean tratadas en forma equitativa y justa, respetando sus derechos humanos y prestando atención a los requerimientos especiales que enfrentan las mujeres embarazadas o con hijos.

Finalmente, señalamos que el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad no está en conflicto con los fines de la seguridad ciudadana, sino que por el contrario es un elemento esencial tanto para su realización como para a buena administración de la justicia; por lo que nos adherimos a las veintidós propuestas que presenta la CNDH para procurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado como responsable de la integridad de las personas recluidas, particularmente de las mujeres, así como el cumplimiento del objetivo resocializador y correctivo de nuestro sistema penitenciario.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación, así como a los titulares del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa y del Distrito Federal, a garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres en los centros de reclusión, incluidos los menores de edad que viven con sus madres, considerando la adopción de políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura penitenciaria nacional con un enfoque de género, atendiendo cabalmente las propuestas emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, emitido el 18 de febrero de 2015.

 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece  días del mes de agosto del año dos mil quince.


POR LA SEGUNDA COMISIÓN

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Armando Ríos Piter Presidente

 

 

 

Sen. Daniel Amador Gaxiola Secretario

 

 

 

Sen. Fernando Yunes Márquez
Secretario

 

 

 

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes
 Secretaria

 

 

 

Dip. Alejandro Montano Guzmán

 

 

 

Dip. Filiberto Guevara González

 

 

 

Sen. René Juárez Cisneros

 

 

 

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu

 

 

 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks

 

 

 

Dip. Rocío Reza Gallegos

 

 

 

Dip. Fernando Rodríguez Doval

 

 

 

Dip. Fernando Belaunzarán Méndez

 

 

 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez

 

 

 

Sen. Manuel Bartlett Díaz

 

 

 

Dip. María Sanjuana Cerda Franco