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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a ampliar los mecanismos de prevención y atención para evitar los denominados fraudes inmobiliarios.

Se turnó a la Tercera Comisión.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, AMPLÍE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA EVITAR LOS DENOMINADOS FRAUDES INMOBILIARIOS.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

En los últimos años, los denominados fraudes inmobiliarios se han mantenido entre las diez principales quejas presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), situación que en gran medida obedece a la alta demanda de renta o venta de inmuebles.

De acuerdo a medios de comunicación, así como con el testimonio de las personas agraviadas por conductas de esta naturaleza, este panorama ha dado pauta al surgimiento de personas que se hacen pasar como agentes o caseros, así como el de diversos grupos de personas que al margen de la ley, pretenden adjudicarse propiedades a costa de la necesidad de la población. Entre las principales irregularidades que se presentan durante los fraudes inmobiliarios destaca la venta de propiedades y terrenos que no están plenamente certificados, y la celebración de contratos a través de engaños. 

Para dimensionar la gravedad del asunto, basta mencionar que tan sólo de enero a noviembre de 2010, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), recibió 6 mil 426 quejas por cuestiones relativas al sector inmobiliario, cifra por la cual se colocó en el tercer lugar con mayor número de reclamos. Este contexto no dista del actual, prueba de ello es que durante 2014, la propia institución recibió más de 7 mil quejas contra empresas inmobiliarias, lo cual ubicó a los fraudes de este tipo en el quinto lugar con mayor número de quejas.     

No podemos ser omisos ante este panorama, en virtud de que, por un lado, todos somos víctimas potenciales, y por el otro lado, con la comisión de conductas de esta naturaleza no sólo se violan las leyes penales, sino que además se transgrede el acceso a una vivienda digna, derecho humano consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

Asimismo, se vulneran los derechos básicos del consumidor, principalmente los relativos a la elección, a la no discriminación y a la protección. En este orden de ideas, queda de manifiesto la importancia de que la PROFECO, lleve a cabo las acciones solicitadas en el presente punto de acuerdo.

En términos del artículo 8º de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría es la dependencia encargada de fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

En relación a las operaciones con inmuebles, en el capítulo VIII del ordenamiento jurídico invocado, se establece que los contratos relacionados con la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habitación deberán registrarse ante la PROFECO. En relación a este tipo de actos, el artículo 73 BIS del propio ordenamiento jurídico señala que los proveedores deben poner a disposición de los consumidores diversas cuestiones, entre las que destacan:

  • Los documentos que acrediten la propiedad del inmueble. 
  • Informar sobre la existencia de gravámenes que afecten la propiedad del mismo, los cuales deberán quedar cancelados al momento de la firma de la escritura correspondiente. 
  • Información sobre las condiciones en que se encuentre el pago de contribuciones y servicios públicos.  
  • En el caso de inmuebles nuevos o preventas, las autorizaciones, licencias o permisos expedidos por las autoridades correspondientes, así como todos aquellos con los que debe contar conforme a la legislación aplicable. 
  • En el caso de inmuebles usados que no cuenten con dicha documentación, se deberá indicar expresamente en el contrato la carencia de éstos. 
  • Las opciones de pago que puede elegir el consumidor, especificando el monto total a pagar en cada una de las opciones.  
  • Las condiciones bajo las cuales el consumidor puede cancelar la operación. 

Bajo este contexto, si bien es cierto que la PROFECO dispone de diversos mecanismos para prevenir este tipo de conductas, también lo es que los mismos no son conocidos por toda la población, prueba de ello es que los denominados fraudes inmobiliarios siguen como una de las principales afectaciones a los derechos del consumidor en nuestro país. 

Aunado lo anterior, es importante señalar que en términos del artículo 286 del Código Penal Federal, comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. En el mismo sentido, el artículo 287 de la propia ley penal sustantiva establece los supuestos en los que se impondrán las mismas penas previstas para los fraudes genéricos, por lo que respecta a los denominados fraudes inmobiliarios, señala que se aplicarán al que:

  • Por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente.  
  • Vende a dos personas una misma cosa, sea mueble o raíz y recibe el precio de la primera o de la segunda enajenación, de ambas o parte de él, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o del segundo comprador. 
  • Simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido. 
  • Al fabricante, empresario, contratista, o constructor de una obra cualquiera, que emplee en la construcción de la misma, materiales en cantidad o calidad inferior a la convenida o mano de obra inferior a la estipulada, siempre que haya recibido el precio o parte de él.  

En consecuencia, los legisladores del PRI, reiteramos la idoneidad de que se exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de que en el marco de sus atribuciones, amplíe los mecanismos de prevención y atención para evitar los denominados fraudes inmobiliarios.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el marco de sus atribuciones, amplíe los mecanismos de prevención y atención para evitar los denominados fraudes inmobiliarios.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 05 días del mes de agosto de 2015.

Atentamente