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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De los Diputados Alliet Bautista Bravo y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecer una mesa de trabajo a fin de que se busque solución para los diferentes grupos de defraudados por empresarios privados del ahorro y el préstamo.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.


PUNTO DE ACUERDO PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS MÚLTIPLES CASOS DE FRAUDES COMETIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO

Quienes suscriben, ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO Y GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, sometemos a la consideración de esta Representación Soberana, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a los múltiples casos de fraudes cometidos por empresas privadas que realizan actividades de ahorro y préstamo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde el año 2000, han sido frecuentes los casos de ciudadanos que son defraudados por empresarios privados que bajo diversas figuras asociativas, ofrecen los servicios de ahorro y préstamo, aprovechando el vacío dejado por la banca comercial, que tiene muy baja penetración en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

En buena medida, esos empresarios privados se aprovechan de la necesidad que tienen los habitantes de las comunidades más alejadas del país, de ahorrar los recursos que les envían sus parientes que con gran sacrificio se encuentran trabajando en otras regiones del país o al otro lado de nuestra frontera. Realmente no les preocupa dar financiamiento competitivo a sus clientes, sino lucrar excesivamente mediante engaños.

En estos 20 años ha quedado en evidencia que la regulación que aplican la SHCP y la CNBV a la banca comercial, además de que no la obliga a cubrir todo el territorio, también le permite evadir una de sus funciones básicas, de ser intermediaria del ahorro y el financiamiento nacional. Además, le da oportunidad de realizar operaciones que ponen en riesgo el ahorro de sus clientes, como el envío de miles de millones de dólares de HSBC al exterior.

Los problemas para los usuarios del crédito en México son evidentes, porque aún cuando la tasa de referencia del Banco de México se encuentra en el nivel de 3%, la banca aplica restricciones que impiden el otorgamiento de financiamiento, de modo que, de acuerdo con cifras del Banco de México, el saldo del financiamiento otorgado por la banca comercial al sector privado es cercano a apenas 16% del PIB, totalmente insuficiente para impulsar la actividad productiva.

Asimismo, las autoridades promueven figuras como las Sociedades Financieras “Populares”, que en realidad son empresas privadas que, como en el caso de Ficrea, actúan con gran libertinaje en operaciones fraudulentas. En el mismo sentido, promueven a las Sociedades  Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) o de Objeto Limitado (Sofoles), que en el caso de las que operaban en el sector de vivienda, ya obligaron a un rescate multimillonario por medio de la Sociedad Hipotecaria Federal. De esa flexibilidad e impunidad se aprovechan empresas privadas que llegan a las regiones más alejadas del país y a plena luz del día captan los ahorros que envían los migrantes, hasta que se fugan con los recursos.

Esos ejemplos evidencian la actitud omisa de los funcionarios de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, frente al surgimiento de firmas privadas, sobre todo en las regiones más apartadas del país, que captan ahorros del público en general, sin cumplir con ninguna normatividad y sin ninguna supervisión.

A lo anterior se agrega que esos funcionarios establecen tratos discriminatorios, como se observó en el caso de Ficrea, en el que propusieron garantizar los recursos de los ahorradores que depositaron en una figura del sector privado, como es el caso de la Sociedad Financiera Popular, sumas equivalentes a lo establecido para los bancos comerciales (400,000 udi´s).

Es en ese contexto en el que de manera reiterada se presentan grupos de ahorradores, que demandan atención de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que les regresen los recursos que confiadamente depositaron en figuras permitidas o ignoradas por esas dependencias. También se acercan a las Comisiones del Congreso vinculadas, como son las de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados y del Senado, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que conozcan su problemática y coadyuven con las reformas legales que impidan que empresas privadas sigan despojando de sus recursos a los ahorradores.

Las autoridades de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deben comenzar aplicar una mejor supervisión a los Ficreas, a los SITMA,  a Productos Amor, de Guerrero, y a tantas  y tantas firmas privadas, que sin arraigo social, sin vigilancia y con aparente complicidad, siguen defraudando a los mexicanos mediante operaciones de ahorro y préstamo.

En particular, el caso más reciente que se presentó en la Cámara de Diputados, el de Productos Amor, demuestra el descuido y falta de interés en ofrecer soluciones reales a los sectores más desprotegidos de la población. En este caso ya se dio una solución en beneficio de sólo 5,237 ahorradores, en un proceso, parcial, discrecional e insuficiente, que discriminó a 12,500 familias ahorradoras, indígenas de la zona centro del estado de Guerrero, dejándolas sin atención, a pesar de haber sido despojados de $360 millones de pesos, una cifra que, por cierto, resulta insignificante si se compara con los $6,000 millones que causan desvelo por el Ficrea o los casi $20,000 millones de las sociedades financieras del sector vivienda o la cifra monumental que ha significado el IPAB.

Los 12,500 ahorradores defraudados por el Corporativo Teo s, la Firma o Productos Amor propiedad de Teódulo Espinosa Aguilar y su familia originarios del Estado de Veracruz, quienes a través de tres sociedades anónimas captaron recursos, y cuyos nombres son: Comercializadora de Canastas Básicas Servicios y Productos del Campo Teos la Firma, S.A. de C.V. constituida el 29 de noviembre de 2006, Complementos Alimenticios Amor, S.A de C.V., constituida el 2 de marzo de 2007 y Complementos Alimenticios Teo s la Firma, S.A. de C.V., constituida el 10 de marzo de 2008.

Por lo expuesto anteriormente, se someten a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que establezca mesa de trabajo a fin de que se busquen solución para los diferentes grupos de defraudados por empresarios privados del ahorro y el préstamo.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso a crear un grupo de trabajo integrado por las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y del Senado y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin den seguimiento a los múltiples casos de fraudes cometidos por empresas privadas de ahorro y préstamo.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del

Congreso de la Unión, 4 de agosto de  2015

S u s c r i b e n

DIP. ALLIET MARIANA

BAUTISTA BRAVO

DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ

TORRES