+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta de la Comisión Permanente



Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica



De las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, y al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el comportamiento de los jueces de distrito del estado de Puebla.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA A VELAR Y REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, HONRADEZ Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A VIGILAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS JUECES DE DISTRITO DEL ESTADO DE PUEBLA

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La organización internacional World Justice Project (WJP) publicó el pasado mes de junio el nuevo Índice de Estado de Derecho 2015, el cual consta de un informe anual que con base en las experiencias y percepciones de la población general, mide el estado de derecho en 102 países.

Los indicadores usados por la organización para el desarrollo de este índice fueron: restricciones sobre los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento normativo, la justicia civil y la justicia penal.

El caso de México en torno al índice es lamentable. Nuestro país se ubicó dentro de los países más rezagados en la materia con la posición 79 de las 102 naciones evaluadas. En cuanto a la región de América Latina y el Caribe, se ubicó entre los seis países peor calificados, con la posición 14 de 19 países de la región.

Al respecto, cabe también destacar la calificación en torno al indicador “Justicia civil” que alude al derecho de la ciudadanía para resolver sus quejas, obtener y garantizar derechos fundamentales de las instituciones encargas de impartir justicia y brindar seguridad. Los resultados ubicaron a México entre los 10 países con más baja calificación junto a Pakistán, Guatemala, Birmania, Belice, Camboya, Bolivia, Afganistán, Honduras y Venezuela. El país se situó en el lugar 93.

En este sentido, resulta alarmante que para la sociedad mexicana, el acceso a la justicia en México parece ser un derecho limitado por las mismas autoridades encargadas de su impartición que salvo en algunas excepciones -gracias a la presión social o la capacidad profesional de algunos funcionarios-, ha podido alcanzar a algunas personas.

La ciudadanía en México desconfía de los cuerpos policíacos y militares. Casos como los de Apatzingán, Ostula, Tlatlaya, Chalchihuapan y Ayotzinapa mostraron un Estado represor y asesino que con gala de un cinismo político, ha hecho intolerable más ataques contra la población, desenmascarado intereses políticos y económicos, y develado un sistema de impartición de justicia que lejos de servir al pueblo con transparencia se ha encargado de acallar voces y contener con el uso ilegal de la fuerza el descontento social del país.

Desafortunadamente, un gran ejemplo de estado represor es la entidad de Puebla, en donde el acceso y la impartición de justicia atraviesan una severa crisis de legitimidad en la que sus autoridades son señaladas como cómplices de un gobierno represor, corrupto y autoritario.

Muestra de ello son los más de 200 presos y presas políticas en la entidad, solamente durante el gobierno moreno vallista, al cual, cualquier crítica u oposición a su administración parece acreedora de la privación de la libertad.

El caso de Adán y Paul Xicale, presos políticos del estado de Puebla y activistas de Cholula, es una de esas situaciones alarmantes en las que el acceso a la justicia es restringido por aquellas personas que deberían garantizarlo y defenderlo.

El 7 de octubre de 2014 mientras Adán y Paul se encontraban en el ayuntamiento de San Andrés Cholula en una manifestación pacífica contra el proyecto estatal del Parque de las 7 Culturas, junto con otras personas que se encontraban manifestándose también, fueron desalojados con violencia y detenidos sin orden de aprehensión por funcionarios del ayuntamiento sanandreseño, quienes los denunciaron por motín y despojo.

Hasta el momento, los Xicale han pasado más de nueve meses encerrados, incluso después de que un juez federal determinara que el delito por despojo, por el cual no se les permite salir de la cárcel, no existe. Aunada a esta injusticia, el pasado 23 de julio, el juez Penal instruyó alegatos en acatamiento de la resolución del juez de Distrito para que los funcionarios de San Andrés Cholula que acusaron a Adán y Paul Xicale de motín, se presentaran a un careo para determinar la culpabilidad de los activistas. Los funcionarios no asistieron ni a esa cita ni a las siguientes que fueron reprogramadas estos últimos días, mostrando desinterés y, sobretodo, la inocencia de los Xicale.

En el andamiaje jurídico del caso de Adán y Paul, su libertad se veía cercana, no sólo por las omisiones de los funcionarios que injustamente los inculparon, sino porque se vencía el plazo para dar cumplimiento a una orden del juzgado de Cholula que pedía liberarlos. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJ) les notificó esta semana una nueva orden de aprehensión por despojo con hipótesis de perturbación que les negaba una vez más, su derecho a la libertad.

El papel de la Procuraduría en la negación de la justicia se ha facilitado porque en Puebla aún impera el sistema penal inquisitivo por lo que la palabra de los Ministerios Públicos (MP) es ley, e integrar, consignar y detener personas con tan sólo indicios, es la regla a seguir.

Otra constante en la estrategia del sistema de procuración de justica poblano para negar la libertad a activistas y personas defensoras, es que tras el auto de formal prisión dictado por un juez y la promoción de amparos que son generalmente ganados por las violaciones al debido proceso -a espaldas de los procesados y sus defensas-, se interponen recursos de averiguaciones previas por nuevos delitos. De esta manera, las personas permanecen recluidas pese a que hayan ganado recursos de revisión y se hayan ratificado sus sentencias de amparo(s).

Este ha sido el proceso que activistas como Abraham Cordero Calderón, Enedina Rosas, Juan Carlos Flores, Rubén Sarabia Sánchez, Rubén Sarabia Reina; los presidentes de las juntas auxiliares como Raúl Pérez Velázquez (San Miguel Canoa), Javier Montes Bautista (San Bernardino Chalchihuapan), Sabino Leonardo Báez Serrano (La Resurrección) -quien ha obtenido recientemente su quinto amparo-; grupos como mototaxistas y otros transportistas, entre tantos más, han tenido que enfrentar contra el sistema que debería garantizarles justicia y seguridad.

En estos procesos, además, las personas son generalmente acusadas por alguna autoridad como policías municipales o estatales, y otros funcionarios públicos, quienes nunca vuelven a ratificar sus declaraciones, demostrando la fabricación de delitos a la que gente inocente es sometida por el gobierno poblano.

Todos estos actos dilatorios de las autoridades gubernamentales tienen el fin de desgastar a personas y movimientos sociales, al mismo tiempo que violan el principio pro persona y la presunción de inocencia.

Ante esta situación no podemos evitar preguntarnos, ¿cuál es el verdadero papel de nuestras instituciones de justicia? ¿A quién sirve la Procuraduría General y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla? Queda claro que no es a la ciudadanía de Puebla a la que sin pruebas, detienen, criminalizan y reprimen, o a la que le piden que busque a los asesinos de sus familiares y les hablen cuando los encuentren.

¿Cuántos presos políticos más le hacen falta al gobierno moreno vallista para darse cuenta que no puede contener el descontento y el rechazo hacia sus políticas y acciones gubernamentales poco transparentes, lejos de la consulta ciudadana y violatorias de derechos humanos? ¿Cuántas familias más deben enfrentar procesos dilatorios y difamatarios en contra de sus seres queridos?

El informe que se mencionó al principio señala que “no sólo la violencia impone heridas en la sociedad, sino que también impide el logro de otros objetivos, tales como el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, y garantizar el acceso a las oportunidades y la justicia”.

Por todo lo anteriormente expuesto, preocupadas y preocupado por la privación de la libertad a luchadoras y luchadores sociales del estado de Puebla que demuestra lo que el gobierno de Rafael Moreno Valle se ha empeñado en negar, y que es la represión y criminalización de activistas y personas defensoras de derechos humanos,  sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión:

PRIMERO.- Exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

SEGUNDO.- Exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a que en el sentido de sus atribuciones, vigile el comportamiento de los jueces de distrito del estado de Puebla.

Dado en la sede de la Comisión Permanente a 3 de agosto de 2015

DIP. ROXANA LUNA PORQUILLO                     DIP. GLORIA BAUTISTA CUEVAS

DIP. GRACIELA SALDAÑA FREIRE                   SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ