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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación del homicidio del periodista Rubén Espinosa Becerril, la defensora de derechos humanos Nadia Vera y tres víctimas más, así como restablecer el respeto a la libertad de expresión en el estado de Veracruz.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación del homicidio del periodista Rubén Espinosa Becerril, la defensora de derechos humanos Nadia Vera y tres víctimas más así como restablecer el respeto a la libertad de expresión en el Estado de Veracruz, con base en las siguientes:

C o n s i d e r a c i o n e s

Sobre la urgencia de una investigación seria, exhaustiva y autónoma.
La dinámica delictiva en torno al asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, la luchadora social Nadia Veray tres mujeres requiere de la máxima voluntad política de los Poderes de la Unión para que se apliquen todas las consecuencias jurídicas derivadas del delito a quienes lo perpetraron. La Procuraduría General de la República con una investigación seria, exhaustiva y profesional; los legisladores dando seguimiento puntual y exacto a que la ley se cumpla y los tribunales haciendo justicia. Los tres Poderes a través de sus titulares y con la participación activa de quienes los integran tienen la obligación ética y jurídica de asegurarse, desde su ámbito de competencia, que no reine la impunidad.

Su ejecución (los cadáveres presentaron huellas evidentes de tortura así como el tiro de gracia) se registró con una cauda de indicios sólidos que obligan a las autoridades competentes a agotar las líneas de investigación derivadas de su actividad periodística. Se cuenta con una serie profusa de acontecimientos relacionados con la concepción, planeación, preparación y consumación del homicidio colectivo. Es importante destacar que junto con Rubén fueron sacrificadas cuatro mujeres. Al menos una participa del esquema de motivación que pudiera conducir a la privación de la vida de Rubén: Nadia Vera, en su carácter de luchadora social y defensora de derechos humanos de Veracruz, el Estado con una crisis humanitaria para los trabajadores de la comunicación y defensores de derechos humanos.

De ahí que existen los elementos para llevar a cabo una investigación a partir de indicios serios y graves en un tiempo breve, siempre y cuando se tenga la intención de llegar a las últimas consecuencias, poner a disposición los recursos humanos, materiales y logísticos para lograrlo y llevar ante los tribunales a los autores materiales junto con los que ordenaron la matanza. Se ha de reconocer que la línea de investigación más fuerte es la relacionada con la actividad informativa de Rubén Espinosa así como con la defensa de derechos humanos de Nadia. En consecuencia, la instancia con mayores posibilidades de esclarecimiento de los hechos es la Procuraduría General de la República ya que puede realizar investigaciones libremente tanto en el Distrito Federal como en Veracruz y en cualquier otra entidad que resulte necesaria. La competencia territorial de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal imposibilita que agote las pesquisas en el momento que conduzcan al estado de Veracruz, adonde necesariamente confluyen todos los indicios. Las actuaciones del Ministerio Público de la Ciudad de México quedan supeditadas al cumplimiento que sus homólogos de Veracruz quieran dar a los oficios de colaboración que de manera inminente se han de girar si se quiere agotar todas y cada una las líneas de investigación. En Veracruz bajo ningún concepto puede quedar la investigación del ilícito en manos de quienes fueron señalados por las propias víctimas como sus acechadores.

En repetidas ocasiones Rubén Mendoza manifestó a compañeros de la prensa así como a organizaciones protectoras de periodistas su deseo de no convertirse en el periodista número 14 sacrificado en el Estado de Veracruz. Por ello, el 9 de junio del año en curso dejó todo atrás: trabajo, amistades y estabilidad para trasladarse a lo que consideraba un sitio seguro: la capital del país. Con lujo de detalles, explicó, entre otros, a la organización Artículo 19, que un miembro de la ayudantía de quien al tomar posesión dijo admirar al dictador español Francisco Franco, lo amenazó de muerte con las palabras siguientes:

‘Deja de tomar fotos si no quieres terminar como Regina’

La zozobra de escuchar las palabras anteriores de parte de un colaborador cercano del hombre más poderoso de Veracruz, se incrementó en los días siguientes cuando Rubén se supo como el objetivo de una operación de seguimiento que también refirió ampliamente hasta que, en la vía pública y a punto de abordar un taxi, tuvo un encuentro con quien vigilaba sus pasos, todo ello con la intención evidente de hacerlo desistir de su labor informativa cubriendo principalmente los movimientos sociales en el Estado de Veracruz. Es de alta probabilidad que una investigación profesional y a fondo en los círculos de inteligencia y entre los altos mandos de las instituciones de seguridad pública y gobierno del Estado de Veracruz arroje resultados positivos para aclarar la muerte de Rubén Espinosa. Por ello, se hace necesario que la Procuraduría General de la República intervenga directamente y, además, que haga la designación de un fiscal autónomo. De un abogado experimentado en cuestiones penales, que no se amilane ante la sombra creciente del poder que se proyectará sobre los hechos en la medida que avancen las indagatorias y que, finalmente, cuente con alta capacidad jurídica para aportar los medios de prueba idóneos que permitan fincar responsabilidades a los servidores públicos seguramente coludidos en el homicidio.
Hasta ahora, la recién nombrada Procuradora General de la República había dado muestras de compromiso con los derechos humanos dando seguimiento a la implantación de los juicios orales, anunciando el debido respeto a los derechos de los inculpados. Ahora tiene la oportunidad de mostrar dicha convicción frente al ejercicio de la atribución toral del Agente del Ministerio Público de la Federación consistente en la investigación a fondo de los delitos. Sin embargo, frente a hechos materiales sucedidos en una entidad federativa pero que con toda nitidez apuntan a otra entidad para su esclarecimiento, la institución que preside se ha limitado a actuar de manera tímida y titubeante reduciendo todo su potencial de actuación al mero levantamiento de un acta administrativa. Lamentablemente, cada día que pasa sin que la Procuraduría General de la República se dé cuenta de que en el homicidio del periodista Rubén Espinosa, la defensora de derechos humanos Nadia Vera y tres mujeres más están claros los supuestos para tomar la decisión de atraer la investigación, se cae en la parálisis que pone en riesgo la solución exitosa del caso, tal y como sucedió con los hechos de Ayotzinapa, Guerrero. El Ministerio Público Federal ante este tipo de casos que conmocionan a la Nación debiera asumir una actitud procesal decidida y solvente desde un inicio.

Una investigación en torno a la ejecución de un periodista y cuatro víctimas más con las características enunciadas en un Estado de Derecho que aspira a ostentarse como democrático, requiere de tomar medidas concretas para que la investigación resulte transparente, legítima y creíble. Resulta imperativo e impostergable que el aparato de seguridad, así como los titulares de las dependencias relacionadas con el gobierno, la seguridad pública y la procuración de justicia del Estado de Veracruz sean separados de sus cargos para evitar obstáculos a la justicia. El gobernador de Veracruz debe dar amplias facilidades, aún en exceso, para que un fiscal autónomo lleve a cabo su investigación con acceso a los registros de llamadas telefónicas, de radio cuando se manejen a través de sistemas de cómputo así como de agendas y bitácoras hasta de la propia oficina del titular del Ejecutivo pues hacia allá apuntan las principales líneas de investigación. A pesar de recurrir al exilio para salvar su vida, ante la pasividad de las autoridades Rubén Espinosa se suma ahora a la lista de comunicadores asesinados durante la administración de Javier Duarte: Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina Martínez Pérez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Hugo Córdova,
Esteban Rodríguez Rodríguez, Ana Irasema Becerra Jiménez, Víctor Manuel Báez Chino, Miguel Morales Estrada, Sergio Landa Rosales, Gregorio Jiménez de la Cruz, Octavio Rojas Hernández, Moisés Sánchez Cerezo, Armando Saldaña Morales y Juan Mendoza Delgado.

Necesidad de acabar con prácticas excluyentes e intimidatorias.

Por otra parte, los últimos meses de la vida de Rubén Espinosa entrañan un catálogo de las violaciones a la libertad de expresión que como política emprende cotidianamente el gobierno de Veracruz. Agresiones físicas a los fotógrafos y reporteros que cubren movimientos sociales; robo de sus cámaras fotográficas y destrucción de los chips que contienen las imágenes; amenazas directas y personales como la descrita líneas arriba; compra de toda la edición de revistas críticas distribuida en la entidad para que la gente no se entere de imágenes incómodas; palizas a quienes se atreven a manifestar su inconformidad con las decisiones del gobierno y, finalmente, un manto de absoluta impunidad que resulta claro ante la omisión deliberada de investigar el Ministerio Público de dicha entidad a sus propios compañeros servidores públicos del mismo gobierno. A pesar de la vigencia del derecho a la información reconocido en nuestra Ley Fundamental así como en las leyes de la República, el gobierno veracruzano niega sistemáticamente el acceso a ruedas de prensa y eventos diversos a los periodistas que considera incómodos por no someterse a sus dictados en torno a la línea editorial.

La periodista Denise Maerker se expresó del siguiente modo en torno a las prácticas que mencionamos:

“Yo no sé si Duarte o alguno de sus colaboradores o subalternos hayan mandado matar a un periodista, eso le toca decirlo a un juez después de una investigación; lo que sí sé es que el profundo desprecio que ha manifestado por la vida y el trabajo de quienes practican esta profesión los ha dejado totalmente expuestos y vulnerables.

En Veracruz se vale matar a un periodista porque su muerte es la prueba de que se lo merecía. Y esto dicho por el encargado de evitarlo. Gran invitación para cualquier funcionario, delincuente, policía, presidente municipal, narcomenudista, sicario, extorsionador, que se haya sentido afectado o exhibido por el trabajo de cualquier reportero. El periodismo, por definición, molesta, incomoda. Cada revelación o denuncia expone y exhibe a alguien, muchas veces a un poderoso. Es condición indispensable de cualquier sociedad democrática soportar y proteger a estos incómodos, incluso cuando se equivocan, porque sin ellos sólo queda el silencio y la oscuridad que propicia todos los abusos.”

Estas prácticas anómalas que se han vuelto costumbre en el ámbito de la comunicación social del gobierno de Veracruz han de ser expulsadas de inmediato del quehacer público pues son el caldo de cultivo para ulteriores y más intensas agresiones. Para ello, además de las exhortaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se requiere que el gobierno del Estado de Veracruz aporte muestras inequívocas de respeto a los derechos fundamentales de periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos y, en consecuencia, modifique a la brevedad sus prácticas excluyentes e intimidatorias de comunicación social y cumpla con el respeto, protección, garantía y fomento de los derechos fundamentales en general y de la libertad de expresión en particular.
En cuanto a la condición de seguridad a que tenían derecho en vida Rubén Espinosa y Nadia Vera, es de atraer la atención que la necesidad de recurrir a terceros para sufragar su viaje al salir de Veracruz y para sus gastos más elementales como pago de la renta de su vivienda y transporte, la extinción de su vida en su propio domicilio, entre otros, muestran que el actual esquema del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas resulta insuficiente para garantizar la vida, libertad personal e integridad corporal de comunicadores y activistas de los derechos fundamentales. Por ello, y por economía procesal parlamentaria, se hace en esta misma pieza excitativa para que se dictamine la iniciativa del suscrito cuya finalidad es transformar a dicho Mecanismo en organismo constitucional autónomo.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se requiere, con toda atención, a la titular de la Procuraduría General de la República con el fin de que gire instrucciones para la atracción dela investigación sobre los hechos relativos al homicidio de quien en vida llevara el nombre de Rubén Manuel Espinosa Becerril, fotoperiodista de la agencia AVCNoticias, de la revista Proceso y de Claroscuro, así como de Nadia Vera y tres mujeres que resultaron privadas de la vida en la colonia Narvarte el viernes 31 de julio del año en curso y, asimismo, se sirva designar como fiscal especial para dicho caso a un profesionista que goce de autonomía de criterio, alta capacidad de investigación y profundos conocimientos en materia penal.

Segundo.- Se requiere al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para que de inmediato ponga a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal –en tanto se ejerce la facultad de atracción por el Agente del Ministerio Público de la Federación- la relación del personal de su ayudantía, así como las bitácoras o consignas del día en que Rubén Espinosa refirió fue amenazado por uno de sus miembros; separe de sus cargos a los directivos de las dependencias encargadas del gobierno, seguridad pública y procuración de justicia que colaboran con dicha ayudantía y garantice facilidades para la investigación del homicidio de Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera y tres personas y, asimismo, cese en las prácticas excluyentes e intimidatorias con que, en perjuicio de los periodistas y los defensores de derechos humanos, el área de comunicación social de su gobierno se conduce en dicha entidad.

Tercero.- Se solicita, con toda atención, al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz comparezca ante las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia, Seguridad Pública y la Especial para dar Seguimiento a las Agresiones en contra de Periodistas y Medios de Comunicación para que explique las medidas que haya adoptado o vaya a tomar para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en la entidad.

E X C I T A T I V A.

Único.- Se formula excitativa, con toda atención, a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a fin de que se sirva dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Apartado “C” al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que le fue turnada el 8 de abril del 2014 para elevar al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a rango de organismo constitucional autónomo.

México, Distrito Federal a 4 de agosto de 2015.
SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS.


En alusión a Regina Martínez Pérez corresponsal de Proceso y La Jornada, asesinada en Veracruz El 28 de abril de 2012.

Véase la nota de opinión “La responsabilidad de Javier Duarte”, en el vínculo siguiente consultado el 4 de agosto de este año: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/denise-maerker/nacion/2015/08/4/la-responsabilidad-de-javier-duarte

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