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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que condena el trágico homicidio múltiple ocurrido en la Colonia Narvarte del Distrito Federal, el día 31 de julio y se pronuncia por el esclarecimiento de estos hechos.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL HOMICIDIO MÚLTIPLE DE PERSONAS DESPLAZADAS, ENTRE QUIENES SE ENCONTRABAN EL FOTOPERIODISTA RUBÉN ESPINOSA Y LA ACTIVISTA NADIA VERA, OCURRIDO EL PASADO FIN DE SEMANA EN LA COLONIA NARVARTE DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES

México sigue siendo uno de los países donde se presentan las mayores dificultades para ejercer el periodismo y esta profesión, sigue catalogada por los organismos internacionales, como un trabajo de alto riesgo, en el territorio nacional. Todo ello a pesar de los esfuerzos para contar con instrumentos públicos para la protección de la libertad de expresión (una ley federal, un mecanismo de protección a periodistas, una fiscalía especial y un área especializada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos). El portal Horizonte reporta que en 2014 fue el país más mortífero del continente americano para los informadores, según Reporteros sin Fronteras, y ocupa el lugar 148 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Diez reporteros han sido asesinados desde junio del año pasado, de acuerdo con las organizaciones Freedom House y Artículo 19.

Grave como era ya la situación en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Enrique Peña Nieto la situación empeoró aún más. Antes se registraba un ataque cada 48.1 horas. Hoy, en México un periodista es agredido cada 26.7 horas. Tan solo en 2014 se registraron 326 ataques contra comunicadores y cinco reporteros fueron asesinados presumiblemente por realizar su labor.

En regiones como Tamaulipas o Chihuahua, la autocensura es la única defensa ante los embates de criminales, aunque en el resto del país, la mayor parte de las agresiones provienen desde el poder. En resumen, se trata del peor panorama para la libertad de prensa y el derecho a la información de los últimos siete años.

Así lo documenta el informe “Estado de Censura”, elaborado por Artículo 19, presentado el 24 de marzo pasado. El temor de la prensa ainformar acerca de temas que pongan en riesgo su integridad, “lo que ha generado una censura —y auto censura— generalizada y, por lo tanto, un efecto inhibidor en la prensa de estas entidades”, advierte el estudio.

Las agresiones contra periodistas en México en el primer semestre de 2015 aumentaron 39.26% respecto de la cifra registrada en el mismo periodo de 2014, de acuerdo con el reporte publicado el 6 de julio por Artículo 19, el cual también señala que es Veracruz, con nueve casos, el estado que registró más violencia contra mujeres periodistas en el lapso mencionado. Asimismo, en el territorio veracruzano, durante el primer semestre del año, ocurrió el asesinato de Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan Mendoza.

Este clima de violencia e impunidad ha obligado a numerosos periodistas a exiliarse para huir de las amenazas que enfrentan ellos y, con frecuencia, sus familias. Numerosos medios de comunicación han renunciado a abordar el tema del narcotráfico por temor a represalias violentas, de ahí un clima de autocensura perjudicial para la libertad de información.

El asunto cobra notoriedad porque el pasado fin de semana se cometió un quíntuple homicidio en la colonia Narvarte del DF, entre las víctimas se encontraba el fotoperiodista Rubén Espinosa.

Rubén Espinosa tuvo que desplazarse de Veracruz porque era acosado por desconocidos. Confesó sentir miedo después de que sujetos sospechosos lo seguían  al trabajo, a su casa y con sus amigos. Esta situación comenzó luego de sus acciones, con otros periodistas, para cambiar el nombre a la plaza Lerdo a Plaza Regina Martínez -también corresponsal de Proceso víctima de feminicidio-. La placa con el nombre de Regina fue retirada horas después de su colocación por parte de periodistas. Los reporteros la compraron nueva y la montaron otra vez. Rubén Espinosa tomó cemento blanco para fijar el trozo de metal a la escalinata, pero ni así la respetaron y a los pocos días la sustrajeron. Después de ese evento decía el acaecido que lo comenzaron a seguir desconocidos. Por eso se marchó al DF, desde donde sentenció: “La muerte escogió a Veracruz como su casa y allí decidió vivir”.

El fotoperiodista, Rubén Espinosa, de 31 años, se había mudado a Ciudad de México en junio debido, según declaraciones recientes, a las amenazas y acoso por su trabajo en Veracruz.

Espinosa dijo que fue acosado durante varios años en Veracruz. En 2012, aseguró que un representante oficial le dijo que ya no tomara fotos de estudiantes detenidos durante una protesta y le advirtió: "Deja de tomar fotos o acabarás como Regina", en referencia a otra periodista del semanario Proceso, Regina Martínez, también asesinada. Proceso señaló que Espinosa "estaba aterrorizado y presentaba síntomas de estrés postraumático".

Compañeros del foto reportero señalaron que al menos en dos ocasiones personas desconocidas se acercaron a él en la capital mexicana y le preguntaron abiertamente si era "el periodista desplazado". Según sus declaraciones, eso aumentó el miedo del reportero, quien incluso habló de la posibilidad de volver a Veracruz, porque ya no se sentía seguro en Ciudad de México.

De las cuatro mujeres que fueron asesinadas junto a Espinosa, extraoficialmente se ha identificado entre ellas a la activista Nadia Vera Pérez, originaria de Chiapas, y quien también trabajó en Veracruz. Producía programas para redes sociales y era integrante de la Asamblea Estudiantil de Xalapa, la capital de Veracruz, y del movimiento #YoSoy132.Hace un año, Vera, en una entrevista con la televisora independiente Rompeviento TV, la activista responsabilizó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de lo que pudiera sucederle, señalando que había recibido amenazas de muerte y por esa razón huyó del estado.

Versiones citadas por el diario El País de España y la prensa mexicana señalan que las mujeres fueron violadas.

Al menos se puede decir que de las víctimas del homicidio múltiple el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, forman parte del complejo fenómeno de desplazamiento interno forzado que padece México.

Desde la década de los setenta, la intolerancia religiosa, conflictos comunales, así como disputas por tierras y recursos naturales generaron este problema en algunos estados de la República. En los años noventa, estos problemas se combinaron con la creciente inseguridad y conflictos en los que intervinieron el ejército mexicano y las policías locales desplazando a miles de personas. En particular, en 1994, el conflicto Zapatista en Chiapas originó un desplazamiento sin precedentes en el país y se estima que al día de hoy, más de 30 mil personas se encuentran en condición de desplazamiento interno forzado prolongado en esta entidad. En este siglo XXI, se incrementó este fenómeno multifactorial y extendido por todo el territorio nacional.

El fenómeno de Desplazamiento Interno Forzado es sumamente complejo, deriva ya sea por  catástrofes naturales, disputas religiosas, cuestiones económicas o razones de seguridad. El problema radica en que una persona, su familia o comunidad se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia habituales, o deciden hacerlo, bien sea con carácter temporal o permanente, desplazándose a otras regiones del país, compitiendo, con las poblaciones que los acogen, por los recursos, servicios básicos, puestos de trabajo, entre otros. Pero además en los casos de seguridad, requieren protección especial y especializada, porque los desplazados internos no son libres.

No son libres porque abandonan, en contra de su voluntad y libertad, el lugar en donde viven. Abandonan su patrimonio. Abandonan a su familia y amigos. Abandonan sus escuelas y trabajos. Interrumpen sus vidas, que nunca vuelven a ser las mismas. Porque incluso una vez que se desplazaron, siguen sin ser libres. Porque nunca estarán tranquilos en un lugar al que migraron forzosamente. Porque las amenazas pueden continuar en contra de personas cercanas. Porque, aunque quieran, no pueden regresar a sus comunidades. Porque entran a un espiral de exclusión social, desempleo, deserción escolar y violencia. 

Tal es el caso de los periodistas que se ven desplazados de sus hogares debido a la inseguridad para ejercer plenamente su profesión, tal fue el caso de Rubén Espinosa.

Ante dicha problemática, es responsabilidad del legislador emprender medidas de protección de las personas internamente desplazadas y contribuir a mejorar la protección de esas personas en situaciones de crisis, concibiendo la asistencia humanitaria adecuada que promueva la protección de las personas internamente desplazadas en cualquiera de sus formas. Propuestas existen:

  • El 23 de abril de 1998 se propuso una iniciativa de Ley General para Personas Desplazadas Internamente en la Cámara de Diputados. 
  • En el año 2004, el 30 de marzo, el Diputado del Partido de la Revolución Democrática, Emilio Zebadúa González promovió una iniciativa en la cual se propone incorporar al texto del artículo 4º constitucional la figura de desplazados internos, con fundamento en el derecho internacional humanitario. 
  • El 6 de abril del año 2005, la Senadora Gloria Lavara Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa con proyecto de reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Población, entre las cuales incluía disposiciones en materia de protección a los desplazados internos. 
  • El día 14 de febrero de 2012, el Congreso de Chiapas expidió la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, la cual fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad el día 22 del mismo mes.  
  • El 15 de noviembre de 2012, el Diputado Israel Moreno Rivera del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa en la cual se propone incorporar al texto del artículo 4ºconstitucional la obligación de todos los órdenes de gobierno para atender a los desplazados internos. 
  • El 18 de diciembre de 2012 presenté la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. 
  • El 10 de julio de 2013, la Diputada Aleida Alavez Ruiz presentó una iniciativa que crea la Ley General de Interculturalidad y Población, la cual entre otros aspecto pretende regular este fenómeno. La iniciativa fue desechada el 18 de mayo de 2015. 
  • El 12 de septiembre de 2013, el Senador Eviel Pérez Magaña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Población para establecer disposiciones en materia de población desplazada. 
  • El 8 de octubre la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo presentó una iniciativa que reforma el artículo 3° y adiciona un capítulo a la Ley General de Población. 
  • El 15 de diciembre de 2014, la Diputada Aleida Alavez Ruiz presentó una iniciativa que expide la Ley General de Interculturalidad, Identidad y Movilidad Humana. La iniciativa fue desechada el 17 de junio de 2015. 
  • El 3 de marzo de 2015, la Senadora Gabriel Cuevas Barrón presentó una iniciativa que reforma la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  • El 29 de julio de 2015, la Diputada Gloria Bautista Cuevas presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. 

El fenómeno de los desplazados sigue sin ser nombrado en México. Por tanto, es un tema no atendido por el Estado. Aunque no hay cifras oficiales, en parte porque el INEGI no pregunta el motivo del cambio de residencia, hay varios cálculos de este problema. Comparto tres:

  1. Según Parametría (2012): 2% de la población de 18 años o más ha sido desplazada por violencia; esto es cerca de un millón y medio de personas. 
  2. Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre 2011 y febrero de 2015: 281, 418 personas se han desplazado de manera forzada como consecuencia de la violencia en México. 
  3. Según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (2013): en México hay 170,000 desplazados. 

El problema sigue sin reconocerse. No hay un conteo oficial, ni una autoridad responsable, ni una Ley al respecto. Pero eso se debe acabar, el problema no se resolverá solo, solamente se complicará si no se atiende.

El pasado 28 de abril se dio el primer paso. Se incorporó en la exposición de motivos del Dictamen de la Reforma Constitucional en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de Tortura, sancionar las conductas que atenten en contra de la libertad de las personas y que constituyen, además de delitos, violaciones a los derechos humanos, tales como el desplazamiento forzado, el tráfico de personas, el secuestro o la detención arbitraria entre otras conductas.

Derivado de lo anterior, es imperativo regular este fenómeno, a través de legislación secundaria especializada.

Finalmente, es importante destacar, que no habrá esclarecimiento de los hechos sobre el homicidio múltiple del pasado 31 de julio, si no se determinan las causas reales y de los homicidios; si no se determina la vinculación o no de que la ejecución de Rubén Espinosa Becerril tiene que ver con su desempeño como periodista; si no se determina la veracidad o no de las supuestas amenazas que recibió en el Estado de Veracruz; si no se determina si su desempeño como periodista en el Estado de Veracruz fue objeto de presiones por parte del poder político de esa entidad; si no se determina si la causa de la ejecución de la activista social Nadia Vera está vinculada o no a sus acciones de participación en movimientos sociales.

En ese sentido es imperativo que el Estado mexicano y sus tres órdenes de gobierno, cumplan los principios del esclarecimiento de la verdad, del castigo a los responsables, de la reparación del daño y de las garantías de no  repetición, en los casos de violación a derechos humanos de periodistas.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el trágico homicidio múltiple ocurrido en la Colonia Narvarte del Distrito Federal, el día 31 de julio y se pronuncia por el esclarecimiento de estos hechos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su solidaridad y su más sentido pésame  a las familias de las víctimas y al gremio periodístico.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión insta a los tres órdenes de gobierno, que para los asuntos de violación a derechos humanos de periodistas, se cumplan los principios del esclarecimiento de la verdad, del castigo a los responsables, de la reparación del daño y de las garantías de no repetición de asuntos de esta naturaleza.

CUARTO.Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación en su calidad de Presidente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas informar el motivo por el cual no se activó el mecanismo en comento en el caso de Rubén Espinoza, así como a rendir un informe sobre los resultados derivados de dicho instrumento en lo general.

QUINTO.Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a atraer el trágico homicidio múltiple, toda vez que pudiera tratarse de delitos en contra de la libertad de expresión.

SEXTO.  Se exhorta respetuosamente a la Subsecretaría de Población y Asuntos Religiosos y la Subsecretaría de Derechos humanos de la Secretaría de Gobernación a rendir un informe a esta H. Soberanía sobre las acciones y programas de política pública que ha implementado para atender el fenómeno del desplazamiento interno.

SÉPTIMO.Se solicita respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía informar a esta H. Soberanía sobre el número total de personas en situación de desplazamiento interno en territorio nacional

OCTAVO.Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de los Diputados a tener en cuenta la insuficiencia presupuestal en la que se encuentra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y otorgar los recursos necesarios para su adecuada operación en la siguiente discusión y eventual aprobación Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016.

NOVENO.Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Senadores para que a través de sus órganos de gobierno convoque a  las Comisiones involucradas para que realicen el proceso de análisis, discusión y dictaminación de las Iniciativas en materia de prevención y atención del Desplazamiento Interno.

DÉCIMO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 5 del mes de agosto del 2015.

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