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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Concluida Art. 219 Ficha Técnica


De los Senadores Layda Sansores San Román y Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)


Propone derogar la facultad de la Secretaría de la Defensa Nacional, como autoridad responsable de aplicar las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y en consecuencia propone que la posesión de toda arma de fuego deba manifestarse a la Secretaría de Gobernación, y ya no a la Secretaría de la Defensa Nacional para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas.

Y del mismo modo propone reformas para eliminar la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, sustituyéndola por la de Gobernación en materias como manifestar a esta última la posesión de armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores en el domicilio; la adquisición de armas; el trámite de permiso para posesión de colecciones o museos de armas antiguas o modernas, o de ambas, previo el permiso correspondiente de la Secretaría de Gobernación.

La rendición de informes detallados de las actividades, en el que se especifique el movimiento ocurrido en el mes anterior; así como el facilitar a la Secretaría de Gobernación todo lo necesario para que pueda realizar visitas de inspección, cuando lo estime necesario, en las que inspeccionará las condiciones de seguridad de las instalaciones en fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes, polvorines y vehículos.

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, MANUEL BARTLETT DÍAZ,  SENADORA Y SENADOR INTEGRANTES DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II, 73 FRACCIÓN XIV Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 8 FRACCIÓN I, 164, 169, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; EXPONGO ANTE ESTA HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La civilidad del Estado, acogida por el espíritu de nuestra Constitución, precisa la prohibición para que los militares, la autoridad militar, las fuerzas armadas, realicen funciones  de la exclusiva competencia de la autoridad civil: la deliberación política;  procurar y administrar justicia; aplicar la ley; la persecución del delito por el ministerio público; combatir al narcotráfico y al crimen organizado; y las funciones de  seguridad pública; así lo manda la constitución general.

En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.
Siendo aceptado lo anterior, la democracia tiene como objeto, entre otras cuestiones, crear un andamiaje de frenos, pesos y contrapesos para impedir el ejercicio discrecional del mando o abuso de poder.

Cauce constitucional de la institución armada

La relación civil-militar prevaleciente en México, no obstante la existencia de un cuerpo legal y de una estructura doctrinaria, que bien pueden ser aceptados para conducir a las fuerzas armadas, históricamente ha favorecido la participación militar en la vida civil del país, lo que es violatorio al orden constitucional.

Así tenemos a militares en activo en posiciones políticas, de aplicación de la ley; de inteligencia y de seguridad propias y exclusivas del ámbito civil, por decir lo menos.

Los resultados: miles de desertores que han engrosado las filas del crimen organizado; una crisis institucional y de justicia que lacera la conciencia nacional; la utilización abusiva del cuerpo armado para dirimir, por la fuerza, asuntos sociales y políticos, con resultados irreparables de violaciones a los derechos humanos; altos índices de delincuencia y de extrema pobreza que amenazan a la seguridad nacional.

Dicho de otra forma, el ejército actuando fuera de sus cuarteles, se desnaturaliza, rompe el tejido social y trastoca el orden institucional y jurídico del Estado.

En el México moderno, las fuerzas armadas deben pasar de su papel represor al de impulsoras del cambio social. No obstante las cuentas con el pasado sobre violaciones a los derechos humanos, el ejército tiene amplia aceptación en la sociedad, incluso sobre muchas instituciones.

Para sostener e incrementar esa aceptación social, las fuerzas armadas deben superar los remanentes que aún quedan de sus viejos fueros, las conductas que se hicieron costumbre como resultado de su estrecha relación con el antiguo partido de Estado y tener la voluntad de ingresar a la cultura de la transparencia y de la democracia.

Orden Interno

El debate en torno a la Planeación Estratégica, provista unilateralmente por la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina,   se da en la concepción y operación de los Planes DN-II (Orden Interno), DN-III-E (Asistencia a la Población Civil), y actualmente con la implementación del Plan Estratégico de Combate al Narcotráfico en la crisis de seguridad,

estos planes se refieren al orden interno, esencia operacional y adoctrinamiento de las fuerzas armadas.

Las misiones que contempla la planeación estratégica de orden interno; van desde la preparación y entrenamiento para el combate contra el narcotráfico, hasta las operaciones de contrainsurgencia, de aplicación de la ley; el apoyo a las fuerzas de seguridad pública y la implementación de la denominada acción cívica: Establecer campañas de salud; Protección a la naturaleza; y Otras necesidades públicas, conocidas como de labor social establecidas en el (Plan DN-III- E).

Por ello el ejército es directamente responsable del combate, persecución y detención de los grupos insurgentes inconformen con el gobierno y de perseguir los actos calificados como antisociales; funciones y actividades que suplen facultades exclusivas de las autoridades civiles: La aplicación de la ley; y al Ministerio público en la persecución del delito.

Las acciones que realizan las fuerzas armadas en torno al Plan de Orden Interno  (DN-II),  las cumple estrechamente con la cabeza del sector defensa: La Secretaria de Gobernación. Cuando se trata del combate al narcotráfico o asuntos de seguridad pública, donde en ocasiones hay que sustituir a los cuerpos policiacos federales, estatales o municipales, se coordina incluso con la Procuraduría General de la República.

Muchas de esas tareas son realizadas por una combinación de destacamentos regulares de las fuerzas armadas (Bases de Operaciones Mixtas), entre los cuales destaca la aportación del ejército a través de los Cuerpos de Defensas Rurales, compuesto por 14 mil integrantes según The Military Balance 1997-1998.

El hecho de que las instancias civiles no cumplan tales tareas muestra que el Estado mexicano, en apariencia fuerte, en realidad es débil, con instituciones civiles poco desarrolladas y, por ello requiere que sea la fuerza armada quien lo sustituya en las labores de atención ciudadana, especialmente en las zonas rurales del país.

Para el efecto, es prudente señalar que la mayoría de los ejércitos del mundo no incluyen en sus planes de guerra un equivalente al Plan de Orden Interno (DN-II), pues en su concepción, preparación y conducción, implica tener que considerar a segmentos de población como: el enemigo, que responde a la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por Estados Unidos desde su visión geopolítica en América Latina durante el período de Guerra Fría.

El hecho de que el cuerpo militar sea, por un lado, el brazo para ejercer la violencia legítima del Estado y que su acción se perciba como una solución a la protesta pública, con la consecuente reaparición de rebeliones armadas radicales, y por el otro, que asista a la población en sus necesidades básicas, lleva a valorar el papel que desempeña la institución armada en México; igual obliga a  retomar el debate en torno a la relación civil-militar que data desde los años 1940.

Si el sistema político continúa con el proceso de deterioro que ha venido observando, y en este caso, se fractura sin posibilidades de recomposición; el ejército seguirá en su misión de garantizar el orden interno por la fuerza. De expandirse tal situación a otras regiones del país, estaremos frente a un atraso político notable y al borde de un desquiciamiento social sin precedente.

Lo que está a discusión  en torno a la aplicación del Plan de Orden Interno (DN-II) son tres aspectos: La participación  de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, en la que se presentan problemas de ineficacia y corrupción; El apoyo que da la institución armada a los cuerpos de seguridad pública, y su impacto en los derechos humanos; y Las actividades de contrainsurgencia y de aplicación a la ley que realiza principalmente el ejército, donde se registran violaciones a los derechos humanos y malos tratos a la población civil.

Por ende, las fuerzas armadas mexicanas, antes y ahora, sin una definición exacta de sus misiones y funciones, se ven frente a una encrucijada: Seguir siendo el apoyo de un gobierno ineficiente que no puede recomponer la estabilidad política y, por tanto, se ven obligadas a continuar funcionando en el ámbito de la seguridad interior, sobrecargadas de misiones; o  Quedar en posibilidad de modernizarse si el Estado también se moderniza y el régimen político reconstruye mecanismos y modalidades de estabilidad.

Sin embargo, Felipe Calderón emitió el Programa Sectorial de Defensa 2007-2012, y el Proyecto México 2030; que involucra abiertamente a las Fuerzas Armadas en:

Asuntos de orden interno; sin los adecuados contrapesos institucionales, Dirimir problemas de carácter electoral; Aplicación de la ley; Persecución del delito; Funciones de Policía; y  Espionaje.

Conclusión

Las masacres y violaciones a los derechos humanos: torturas, detenciones arbitrarias, encarcelamiento injustificados, ejecuciones extrajudiciales, fusilamientos de personas inocentes que rayan en crímenes de lesa humanidad cometidas por militares, como los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanuato y ahora Ostula, están estrechamente relacionados con las actividades y funciones encomendadas a las fuerzas en asuntos que son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles como entre otras, la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

CONSIDERANDO

Que el personal militar carece de la pericia y capacidad para aplicar las leyes dentro de un sistema jurídico de derecho;

Que el poder público ha otorgado inconstitucionalmente  a la autoridad militar la facultad de aplicar la ley, que la Constitución General de la República sanciona como una función exclusiva de la autoridad civil del Estado, en cumplimiento al principio de la división de poderes;

Que la intromisión del Ejército en las funciones de seguridad pública, como la aplicación de la Ley Federal de Armas, ha provocado violaciones escandalosos a los derechos humanos;

Qué la Constitución General de la República prohíbe a las autoridades militares en tiempo de paz, realizar funciones y actividades que no tengan exacta relación con la disciplina  militar;

Que en un Estado de Derecho, las fuerzas armadas tienen prohibido la aplicación de las leyes.

Se emite la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2°, 7°, 15, 17, 21, 23, 68, 69 y 72  DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; PARA QUEDAR COMO SIGUE:
 
ARTÍCULO ÚNICO:

Se reforma el Artículo 2° de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Artículo 2o.- La aplicación de esta Ley corresponde a:

(…)

III.- ABROGADO

(…)

Artículo 7o.- La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de Gobernación,  para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas.

Artículo 15.- En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de Gobernación, para su registro.
Artículo 17.- Toda persona que adquiera una o más armas, está obligada a manifestarlo a la Secretaría de Gobernación, en un plazo de treinta días. La manifestación se hará por escrito, indicando, marca, calibre, modelo y matrícula si la tuviera.
Artículo 21.- Las personas físicas o morales, públicas o privadas, podrán poseer colecciones o museos de armas antiguas o modernas, o de ambas, previo el permiso correspondiente de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 23.- Las armas que formen parte de una colección podrán enajenarse como tal, o por unidades, en los términos de las disposiciones de esta Ley y previo el permiso escrito de la Secretaría de Gobernación y demás autoridades competentes.
Artículo 68.- Quienes tengan permiso general, deberán rendir a la Secretaría de Gobernación, dentro de los cinco primeros días de cada mes, un informe detallado de sus actividades, en el que se especifique el movimiento ocurrido en el mes anterior.
Artículo 69.- Las negociaciones que se dediquen a las actividades reguladas en esta Ley, tienen obligación de dar las facilidades necesarias a la Secretaría de Gobernación,  para practicar visitas de inspección.
Artículo 72.- La Secretaría de Gobernación, cuando lo estime necesario, inspeccionará las condiciones de seguridad de las instalaciones en fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes, polvorines y vehículos destinados a las actividades a que se refiere este título.

TRANSITORIO
PRIMERO.  Se abrogan todas las disposiciones que se contrapongan al cumplimiento de este Decreto.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.


Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
CUADRO COMPARATIVO

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Artículo 2o.- La aplicación de esta Ley corresponde a:

I.- El Presidente de la República;

II.- La Secretaría de Gobernación;

III.- La Secretaría de la Defensa Nacional, y

IV.- A las demás autoridades federales en los casos de su competencia.

Artículo 7o.- La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas.

Artículo 15.- En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de la Defensa Nacional, para su registro.
Artículo 17.- Toda persona que adquiera una o más armas, está obligada a manifestarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional en un plazo de treinta días. La manifestación se hará por escrito, indicando, marca, calibre, modelo y matrícula si la tuviera.
Artículo 21.- Las personas físicas o morales, públicas o privadas, podrán poseer colecciones o museos de armas antiguas o modernas, o de ambas, previo el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Artículo 23.- Las armas que formen parte de una colección podrán enajenarse como tal, o por unidades, en los términos de las disposiciones de esta Ley y previo el permiso escrito de la Secretaría de la Defensa Nacional y demás autoridades.
Artículo 68.- Quienes tengan permiso general, deberán rendir a la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de los cinco primeros días de cada mes, un informe detallado de sus actividades, en el que se especifique el movimiento ocurrido en el mes anterior.
Artículo 69.- Las negociaciones que se dediquen a las actividades reguladas en esta Ley, tienen obligación de dar las facilidades necesarias a la Secretaría de la Defensa Nacional para practicar visitas de inspección.
Artículo 72.- La Secretaría de la Defensa Nacional, cuando lo estime necesario, inspeccionará las condiciones de seguridad de las instalaciones en fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes, polvorines y vehículos destinados a las actividades a que se refiere este título.

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Artículo 2o.- La aplicación de esta Ley corresponde a:

I.- El Presidente de la República;

II.- La Secretaría de Gobernación;

III ABROGADO

IV.- A las demás autoridades federales en los casos de su competencia.

Artículo 7o.- La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de Gobernación,  para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas.

Artículo 15.- En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de Gobernación, para su registro.
Artículo 17.- Toda persona que adquiera una o más armas, está obligada a manifestarlo a la Secretaría de Gobernación, en un plazo de treinta días. La manifestación se hará por escrito, indicando, marca, calibre, modelo y matrícula si la tuviera.
Artículo 21.- Las personas físicas o morales, públicas o privadas, podrán poseer colecciones o museos de armas antiguas o modernas, o de ambas, previo el permiso correspondiente de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 23.- Las armas que formen parte de una colección podrán enajenarse como tal, o por unidades, en los términos de las disposiciones de esta Ley y previo el permiso escrito de la Secretaría de Gobernación y demás autoridades competentes.
Artículo 68.- Quienes tengan permiso general, deberán rendir a la Secretaría de Gobernación, dentro de los cinco primeros días de cada mes, un informe detallado de sus actividades, en el que se especifique el movimiento ocurrido en el mes anterior.
Artículo 69.- Las negociaciones que se dediquen a las actividades reguladas en esta Ley, tienen obligación de dar las facilidades necesarias a la Secretaría de Gobernación,  para practicar visitas de inspección.
Artículo 72.- La Secretaría de Gobernación, cuando lo estime necesario, inspeccionará las condiciones de seguridad de las instalaciones en fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes, polvorines y vehículos destinados a las actividades a que se refiere este título.

Artículo 129.-  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 27-05-2015.

“… en la actualidad la doctrina militar está contenida en leyes, reglamentos, decretos, disposiciones, manuales y circulares y, además, en usos, costumbres, tradiciones y antecedentes históricos que pasan de generación en generación por medio de las enseñanzas y prácticas de la vida militar y por medio del ejemplo de los superiores las apreciaciones morales y materiales, las actitudes, la disciplina, el ceremonial y las formalidades del servicio.  Por  estos medios se orienta la orgánica, el uso del lenguaje apropiado, la conservación y utilización del armamento y del equipo de toda clase y los procedimientos de planeación y conducción de las actividades”. Párrafo 620. Secretaría de la Defensa Nacional, (Biblioteca del Oficial Mexicano) “Nociones de Estrategia”,  Ed. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, México 1980. t. II, p. 186.
“Las doctrinas de guerra, por su parte, se pueden apreciar en los antecedentes históricas, en las leyes constitucionales, en las declaraciones políticas, en la actividad diplomática, económica y científica, en la
Administración Pública, en los Planes Estratégicos de Defensa Nacional y de Guerra, en los Planes de Movilización, en el grado de preparación y equipamiento de los ejércitos, en su despliegue, en la educación de la población para la guerra, etcétera”. Párrafo 621. Ibid., 186-187.
Vid. Objetivos 3, 4 y 5, en Programa Sectorial de Defensa Nacional  2007-2012.  Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2008. pp.11-15.

Párrafo 52. “Además de la función que las leyes asignan a las Fuerzas Armadas, de defender la soberanía, integridad e independencia de 1a Nación, contra agresores externos e internos, también le asignan la muy importante y siempre vigente de velar por la seguridad y el orden interior, manteniendo así el imperio de la Constitución y demás leyes”. Secretaría de la Defensa Nacional, “Manual de Operaciones en Campaña”, Ed. Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, 1ª edición 1969, 2ª edición 1970, 3ª edición 1996, México, t. I,  p.29.  (VIGENTE)
“… Como consecuencia de un profundo estudio y  análisis que se llevó a cabo, con el fin de actualizar su contenido para eficientar (sic) las acciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en cumplimiento de sus misiones generales de la LOEFAM, y las de: combate integral al narcotráfico, reformar la seguridad en las fronteras, seguridad a instalaciones vitales, coadyuvar al mejoramiento del medio ambiente, eficientar (sic) las actividades de auxilio a la población civil y desarrollar una política integral de labor social”. Secretaría de la Defensa Nacional, (Prólogo) “Procedimientos Sistemáticos de Operar Aspectos Militares”. Ed. Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, México 1996. 631 pp.

Vid. Plan Estratégico de Combate al Narcotráfico: “Hacer frente a las situaciones de riesgo que atenten contra el Estado de Derecho  y la Seguridad Interior de la Nación”.  Secretaría de la Defensa Nacional, “La Secretaría de la Defensa Nacional en el inicio de un nuevo siglo”, Ed. Secretaría de la Defensa Nacional-Fondo de Cultura Económica, México 2005. pp. 103-113.

Vid. “Jurisprudencias: 34 a 39/2000 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, en interpretación al artículo 129 constitucional,  permite la actuación de las fuerzas armadas en el orden interno.   Secretaría de la Defensa Nacional, “La Secretaría de la Defensa Nacional en el inicio…”, op.cit.,  pp. 22-24.
“El ejército y fuerza aérea mexicanos han desplazado relativamente su función represiva, en favor de actividades de tipo preventivo. Sin embargo, la primera de estas tareas sigue siendo la labor primordial que desarrollan. Las distintas ramas militares son el elemento medular del aparato represivo de Estado; pero por diversas causas, han ido complementando su papel principal con otras funciones periféricas.  Así, las campañas de asistencia social a la población civil que el ejército realiza, caen dentro de los parámetros que delimitan el funcionamiento de los aparatos ideológicos del Estado”. Véase, “Las fuerzas armadas y el control interno en México: función represiva”, en Boils, Guillermo, “Los militares y la política en México, 1915-1974”, Ed. Caballito, México 1975, p.127.

En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. …”.  Artículo 129 constitucional.
Vid. Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2012.

Ley de Transparencia: Respuesta de la Sedena: Pregunta 1.- Qué son las bases de operaciones mixtas.
Respuesta. Las bases de operaciones mixtas (BOM) son fuerzas interinstitucionales, integradas con efectivos de dependencias federales y de los gobiernos de las entidades federativas que así se determine.
Pregunta 2.- Cuántas existen en el país. Respuesta. 35. Pregunta 3.- Cuál es su distribución por estado de la Republica, es decir, número de bases de operaciones mixtas por estado.  Respuesta. Se hace de su  conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 fracc. i de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en las fracciones a, b, c y d del párrafo V del lineamiento décimo octavo, de los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, esta información se encuentra clasificada como reservada, en virtud de tratarse del despliegue operativo que mantiene la Sedena para garantizar la seguridad interior de la nación; asimismo, por la seguridad de los trabajos que desempeñan las tropas en coordinación con…”.
Página Web. http://www.sedena.gob.mx/leytrans/petic/2005/dic/06122005.html (Consultada 09 de diciembre  de 2012)

La orgánica del ejército comprende la Dirección General de Defensas Rurales. “El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desarrollan sus acciones de Defensa Nacional en forma conjunta y se mantienen  unidas en una sola Dependencia. Está compuesta por: Unidades de Combate, Unidades de los Servicios, Cuerpos Especiales, Cuerpos de Defensas Rurales y Establecimientos de Educación Militar”. Artículo 53 de la  Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1986.TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 03/04/2012.
Vid. Secretaría de la Defensa Nacional, “Instructivo para la Organización, Funcionamiento y Empleo de los Cuerpos de Defensas Rurales”. Ed. Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, México 1996. t, X. pp. 5-43.

Benítez Manaut, Raúl, en Global Exchange, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, Centro Nacional de Comunicación Social, (comp.) “Siempre cerca, siempre lejos: Las Fuerzas Armadas en México”, Ed. Global Exchange, CIEPAC, CENCOS, 2ª edición 2002, México, p.28.

“… el concepto de Seguridad Nacional fue convertido durante la Guerra Fría en la Doctrina de Seguridad Nacional, aplicada a los países de América Latina bajo la influencia de Estados Unidos. Se destaca el papel de los militares en la aplicación de esta doctrina, así como la lucha contra el enemigo interno y sus implicaciones para la política de los países considerados. La seguridad nacional tuvo una variante en América del Sur: la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta variante mantuvo la idea de que a partir de la seguridad del Estado se garantizaba la de la sociedad.  Pero una de sus principales innovaciones fue considerar que para lograr este objetivo era menester el control militar del Estado. El otro cambio importante fue la sustitución del enemigo externo por el enemigo interno”.  Leal Buitrago,  Francisco, “La doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur”.
Página Web. http://res.uniandes.edu.co/view.php/476/view.php (Consultada 04 de diciembre de 2012)
“La orientación de la organización militar suele ser de sistema cerrado, como entidad  autosuficiente, y enfocada al pensamiento contrainsurgente para lograr la superioridad frente al enemigo, en este caso el interno. Puede arriesgarse como hipótesis la asociación entre las organizaciones militares cerradas, de tipo tradicional, que niegan la legitimidad del autogobierno social, con las que dicen percibir la amenaza a la existencia del Estado-nación en el propio escenario nacional acuñando la teoría del enemigo interno”. Bañón Martínez, Rafael y José Antonio Olmeda, (comp.) “La institución militar en el Estado contemporáneo”, Ed. Alianza Universidad, Madrid, España 1985, pp.18 y 22.

Vid. Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza, citada anteriormente.

Programa Sectorial de Defensa Nacional, citado anteriormente.
Flores, Nancy, (Primera Parte) “Proyecto México 2030: La venta de un país”, Revista Contralínea,
Nº 170, Año 8, del 21 al 27 de febrero de 2010, México.
Página Web. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/02/21/proyecto-mexico-2030-la-venta-de-un-pais/ (consultada 15 de mayo de 2010)

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1972. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 22-05-2015.
Página Web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (Consultada 24 de julio de 2015)