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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, en la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática, se incorporen las medidas necesarias para fomentar el respeto a la libertad de expresión de los periodistas y de los medios de comunicación en el contexto de los procesos electorales.

INTERVINIERON LOS LEGISLADORES:
DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, NA.
DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ, PRD.
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR CONDUCTO DE SU CONSEJO GENERAL, PARA QUE EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA, SE INCORPOREN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA FOMENTAR EL RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE LOS PERIODISTAS Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DE TOLERANCIA Y DE DERECHOS HUMANOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a tomar medidas para lograr el respeto a la libertad de expresión, los periodistas y los medios de comunicación, en el contexto de los procesos electorales a través de la formación en una cultura de tolerancia y derechos humanos”, presentada porel senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

  1. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.
  2. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.
  3. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.
  4. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

  1. En la sesión del miércoles 22 de julio de 2015, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a tomar medidas para lograr el respeto a la libertad de expresión, los periodistas y los medios de comunicación, en el contexto de los procesos electorales a través de la formación en una cultura de tolerancia y derechos humanos”.
  2. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el Oficio CP2R3A.-2138.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El senador expone que en época de elecciones surge una nueva fuente de violencia para quienes han hecho de la libertad de expresión su oficio; indica que organizaciones como Propuesta Cívica, Periodistas a Pie, Reporteros Sin Fronteras, International Center of Journalalist (ICFJ) y Freedom House han llevado a cabo un monitoreo sobre las agresiones a periodistas con motivo del proceso electoral 2015.

Refiere que dicho seguimiento y análisis está previsto para concluir el 28 de agosto, cuando finalice el proceso electoral con las últimas resoluciones de las autoridades competentes, sin embargo, expone que las organizaciones de periodistas hicieron un corte con fecha 30 de junio del año en curso y presentaron los resultados en la página web de Propuesta Cívica.

Señala que la información presentada se concentró en una base de datos bajo cuatro parámetros: a) Ubicación, b) Víctima, c) Tipo de agresión y d) Dimensión electoral. El senador apunta que, a través del seguimiento de medios informativos y en contraste con reportes en el mapa de Periodistas en Riesgo, se detectaron 58 agresiones a periodistas en el marco de la renovación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, gubernaturas, ayuntamientos y diputaciones locales en entidades federativas, de los cuales en 38 casos participó algún partido político, autoridad electoral o candidato independiente como probable agresor.

Expone que diversos legisladores, así como la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones en contra de Periodistas y Medios de Comunicación, plantearon ante la Comisión Permanente la necesidad de que las instituciones de procuración de justicia del fuero común como del federal procedieran a agotar todas y cada una de las líneas de investigación relacionadas con los hechos más graves

El senador expone que todos los actores políticos por igual debieran impulsar un ambiente en la que las afectaciones a las libertades civiles y políticas en general y a la libertad de expresión en particular no tuvieran cabida.

Considera que los periodistas contribuyen de manera significativa al enriquecimiento y avance de nuestra vida democrática ya que su labor informativa da cuenta a la ciudadanía no solo de las plataformas y oferta política sino también de los vicios que se registran antes, durante y después de la emisión del voto. Por esa razón, estima que actualmente proliferan y se intensifican los ataques a los periodistas.

En sus consideraciones, el senador presenta un análisis de los datos aportados por Propuesta Cívicay afirma  que la contracultura de la violencia en el ámbito electoral se encuentra extendida prácticamente entre todos los participantes, explica que fueron autores de las violaciones casi todos los partidos políticos, hasta los candidatos independientes y algunas autoridades en materia electoral aunque en contados casos estas últimas.

Refiere que, como consecuencia de la reciente reforma política, las facultades y actividades electorales se han centralizado en el Instituto Nacional Electoral, que ha desarrollado una relación de mayor proximidad con las autoridades electorales locales, por ello, el considera que corresponde al Instituto encabezar el impulso de esquemas con el objeto de garantizar la libertad de expresión a través del respeto integral de los derechos a la vida, a la integridad corporal y a la libertad de los periodistas así como mantener a salvo a los medios de comunicación.

Bajo esa línea argumental propone lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta, con toda atención, al Instituto Nacional Electoral, por conducto de su Consejo General, con el propósito de que tome medidas para lograr el respeto a la libertad de expresión, los periodistas y los medios de comunicación en el contexto de los procesos electorales a través de la formación en una cultura de tolerancia y derechos humanos.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora coincide con el promovente en lo referente a que  la información no sólo es un derecho humano consagrado por nuestra Constitución, sino que es un precursor de la democracia y de la conformación de una ciudadanía participativa y crítica, asimismo, es conveniente puntualizar que, dado que nuestro país es una república democrática, el papel de los periodistas es fundamental para enaltecer los valores democráticos que deben caracterizar nuestra cultura política y cívica.

Como bien señala el proponente en su exposición, la libertad de expresión es uno de los derechos humanos consagrados por nuestra Carta Magna en su artículo 6, el cual dispone que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Sobre el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, el texto constitucional dispone en su artículo 73, la fracción XXI, párrafo séptimo, que las autoridades federales podrán conocer de los delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
En ese sentido, y atendiendo los dispuesto por el artículo primero constitucional en materia de tratados internacionales, es necesario señalar que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

De las disposiciones analizadas, esta Comisión dictaminadora encuentra necesario advertir que, además de la libertad de expresión, también se tutela el derecho a la información, el cual consiste en la libertad de recibir, investigar y difundir información por cualquier medio de expresión.

En México, como se mencionó líneas arriba, se consagra la garantía del derecho a la información, lo que entraña una  participación activa tanto del Estado como de los ciudadanos, unos para proteger este derecho e impedir obstáculos para la libre recepción informativa, y  otros para ejercer libremente el derecho y participar en él a través de la difusión.

Sobre el mismo tema, nuestro país ha dado pasos adelante en cuanto a la libertad de información, muestra de ello es la reciente expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 4 de esta nueva Ley se refiere al derecho humano de acceso a la información, mismo que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información; asimismo, enuncia que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias.

El artículo 5 de la misma Ley puntualiza que ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.

Por tanto, el derecho de acceso a la información está intrínsecamente relacionado con la labor de los periodistas y la libertad de expresión. Si bien es cierto que contamos con una legislación muy sensible respecto a la garantía y protección de estos derechos, también es necesario advertir que, como lo señala el promovente, durante las contiendas electorales se presentaron casos de agresiones a profesionales de la información derivado de la competencia política.

Lo anterior está fundamentado en la investigación de Propuesta Cívica, titulada “Elecciones y Agresiones”, en la que se da cuenta de 58 casos de agresiones supuestamente vinculadas con el contexto electoral, de las cuales, 48 se cometieron directamente en contra de periodistas y 10 fueron hechas contra medios de comunicación. En 41 casos de agresiones se registraron al menos 62 periodistas agredidos, de los cuales 34 son hombres y 26 mujeres.

El estudio citado, indica que la agresión más frecuente fue la amenaza, con 16 casos; golpes en 12 casos; 7 ataques verbales; 6 robos o destrucción de equipo; 5 detenciones arbitrarias; 4 ataques cibernéticos; 2 campañas de desprestigio y 2 de acoso legal; 1 ataque de medios; 1 agresión sexual; 1 alteración de sitio web y, 1 penetración en cuenta.

De todas ellas, 38 fueron presuntamente perpetradas por algún partido político, autoridad electoral o candidato independiente, señalados como posible agresor y el 50% de las agresiones en contra de la prensa están vinculadas a candidaturas municipales, 23% a diputaciones federales, 20% a gubernaturas y 7% a diputaciones locales. Por tanto el estudio señala como conclusión que, en los años electorales, los partidos políticos agreden más a la prensa que la misma delincuencia organizada. [*]

México actualmente cuenta con una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

La disposición anteriormente citada, establece que habrá coordinación entre las autoridades federales y estatales para proteger el ejercicio profesional de los periodistas en todo momento, y más adelante establece los procesos a través de los cuales los mecanismos de protección se operarán.

De igual forma, los legisladores integrantes de esta Comisión consideran señalar que, dado que el exhorto está dirigido al Instituto Nacional (INE), es menester precisar que este organismo autónomo cuenta con una Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática (ENEC) 2011-2015, que tiene como objetivo diseñar e implementar una serie de proyectos y acciones dirigidos a la construcción de una ciudadanía democrática y a la creación de condiciones para el ejercicio integral de los derechos de las y los mexicanos.

El objetivo más importante de esta estrategia es implementar programas que estén encaminados a promover y fomentar ciudadanía participativa y democrática, lo que se traduce en acciones cuyo propósito sea el fortalecimiento de los valores democráticos. Esta Comisión dictaminadora considera pertinente que la solicitud del promovente se inserte en esta Estrategia, puesto que el periodo de tiempo de vigencia de la misma está por extinguirse, lo que permitiría que en la construcción de la Estrategia 2016-2020 se considere incorporar medidas para lograr el respeto a la libertad de expresión, los periodistas y los medios de comunicación en el contexto de los procesos electorales a través de la formación en una cultura de tolerancia y derechos humanos. Bajo esa premisa, el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) establece lo siguiente:

El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

El mismo ordenamiento otorga como una de las atribuciones del Consejo General del INE la de “fijar las políticas y programas generales del Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva” (Art. 44, Fr. bb).

Ahora bien, la Junta Directiva del INE tiene como atribución proponer al Consejo General las políticas y los programas generales del Instituto  (art. 48, fr. I), por tanto, esta Comisión considera procedente extender el exhorto a esta instancia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetosamente al Instituto Nacional Electoral, por conducto de su Consejo General, para que en la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática, se incorporen las medidas necesarias para fomentar el respeto a la libertad de expresión, de los periodistas y de los medios de comunicación en el contexto de los procesos electorales, a través de la formación de una cultura de tolerancia y de derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintiocho días del mes de julio de 2015.


[*] Propuestacivica.org.mx/trabajo/derechos-humanos/eleccionesyagresiones/