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Gaceta de la Comisión Permanente



Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud informe si hay intenciones de privatizar los servicios de salud que se brindan a los mexicanos.

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, INFORME DE MANERA INMEDIATA, SI HAY INTENCIONES DE PRIVATIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRINDAN A LOS MEXICANOS.

El que suscribe, MANUEL RAFAEL HUERTA LADRON DE GUEVARA, diputado de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 4° constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección a la salud. En esa virtud, el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso a un número creciente de mexicanos. Sin embargo, en fechas recientes se han difundido versiones surgidas en redes sociales y entre la población, sobre la privatización del sistema de salud y la amenaza que representa para el ejercicio de este derecho humano.

Para quienes suscriben el presente punto de acuerdo, esta iniciativa pretende trastocar el derecho humano a la salud y la obligación del Estado de proporcionar servicios gratuitos y de calidad a quienes lo demanden.

El pretexto es crear el Sistema Universal de Salud, como está previsto en la iniciativa presentada por el senador Daniel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional (PAN), el 1° de noviembre de 2014. En realidad la aprobación de esta iniciativa representaría el inicio del desmantelamiento total y fulminante del seguro social, como derecho social de los mexicanos, construido a lo largo de muchas décadas.

La propuesta del PAN coincide puntualmente con la concepción neoliberal del PRI, con las reformas que ya se han hecho en materia energética y educativa. En este caso se pretende adoptar la propuesta de Funsalud-Banco Mundial-Soberón-Frenk-Juan; su origen se remonta a 1995 cuando se reformó la Ley del Seguro Social para privatizar los fondos de pensiones y tiene la misma orientación que el Seguro Popular de naturaleza excluyente.

Para nosotros ambas reformas, la de 1995 y la que ahora prepara la Secretaría de Salud, intentan separar la regulación de la administración de fondos de salud/compra de servicios y de la prestación de servicios, a fin de generar competencia de mercado, con el supuesto de que se mejorará la calidad. Sin poder mostrar hasta ahora evidencia alguna de que la competencia mercantil impacta la calidad, ni que genere mayor eficiencia. Esto solo son premisas o mitos neoliberales puros.

Dicha propuesta, está envuelta en un supuesto atractivo “Sistema Universal de Salud” que, según la iniciativa panista, acabará con la segmentación del sistema público y permitirá establecer igualdad de derechos para todos los mexicanos. Sin embargo, no está explícito el contenido y funcionamiento del nuevo sistema, se esconde el significado real de la propuesta que en realidad tiene dos objetivos: por un lado promueve la prestación privada de servicios que serán pagados con fondos públicos y la ampliación del mercado de seguros médicos complementarios. Por el otro, expone a las instituciones públicas, particularmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a reglas que trastocan la prestación de servicios médicos ofrecidos a sus derechohabientes.

Los problemas de fondo del sistema público de salud en México son su crónico subfinanciamiento y su carencia de infraestructura y personal de salud. Según datos de la Organización Mundial de Salud, México es el país cuyo gasto público en salud es el más bajo como porcentaje del PIB –3 por ciento– entre los países latinoamericanos con un nivel semejante de desarrollo. Tiene, además, el gasto público per cápita –US$ 320– más bajo de estos países así como el incremento porcentual –84 por ciento– más bajo de este indicador de toda América Latina de 2002 a 2013. Esto explica la carencia de infraestructura y falta de personal de salud que afecta negativamente la oportunidad y calidad del servicio. Ninguna institución pública ha construido y equipado la infraestructura física requerida para atender la demanda de servicios frente al cambio demográfico y epidemiológico que sufre la población del país; todos mantienen un déficit grave de personal regular y muchas operan con contratos irregulares. La absoluta prioridad nacional es corregir estos problemas si, como se dice, se quiere hacer exigible e igualitario el derecho a la salud de todos los ciudadanos con independencia de sus características personales o inserción laboral.

La propuesta, que ahora pretende adoptar la Secretaría de Salud, es restrictiva porque sólo determina un Paquete de Garantías Explícitas de Salud (PGES), probablemente como las del Seguro Popular, con estándares de calidad y tiempos máximos de espera cuestionables; con la obligación de la Secretaría de Salud, el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de prestarlo, en situación precaria. En las actuales condiciones de carencias de las instituciones públicas, la medida tendrá necesariamente dos consecuencias. Por un lado, las instituciones se verán obligadas a posponer la atención de todos los padecimientos excluidos del PGES, lo que en la práctica significa una pérdida de derechos a la atención médica oportuna de los derechohabientes del seguro social.

Por otro lado, como las instituciones públicas no tienen la capacidad suficiente de atención, se tendrá que comprar la atención del PGES a los prestadores privados, pagándoles con recursos del fondo público que se pretende establecer. Es decir, habría una transferencia de recursos públicos a los privados; recursos que serán descontados a las instituciones públicas. No es una dinámica hipotética y se está dando en Chile, donde existe el mismo esquema. Es, además, una dinámica que promueve el aseguramiento en salud, porque orilla a los que tienen capacidad económica a resolver la falta de atención, comprando seguros privados de salud.

Dicha propuesta a demás excluye a los que no están asegurados, que según la Encuesta Nacional de Salud 2012 constituyen de 21 a 25 por ciento de la población; dato no mencionado los promoventes.

Con propuestas como esta, México está llegando tarde y mal a un tipo de reforma que está impugnada por las amplias evidencias negativas y está siendo crecientemente abandonada en el resto del mundo.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.La comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, Dra. Mercedes Juan López, informe de manera inmediata, si hay intenciones de privatizar los servicios de salud que se brindan a los mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónsolicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se destinen mayores recursos a las instituciones públicas de salud y seguridad social.


Diputado

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara


Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 28 de julio de 2015.

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