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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a brindar el apoyo necesario para realizar los exámenes acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la ciudadana Brenda Quevedo Cruz.

INTERVINO EL DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ, PRD.
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA  COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE BRINDAR EL APOYO NECESARIO MEDIANTE EL PERSONAL, LAS GESTIONES LOS PROCEDIMIENTOS Y/O LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS CORRESPONDIENTES EXÁMENES MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS ACERCA DE PRESUNTOS ACTOS DE TORTURA EN AGRAVIO DE LA C. BRENDA QUEVEDO CRUZ, BAJO LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a brindar el apoyo necesario para realizar los exámenes acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la ciudadana Brenda Quevedo Cruz” presentadas por los Diputados Gloria Bautista Cuevas, Elena Tapia Fonllem, Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

  1. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.
  2. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.
  3. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.
  4. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTE

A. En la sesión del miércoles8de julio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a brindar el apoyo necesario para realizar los exámenes acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la ciudadana Brenda Quevedo Cruz, dicha proposición fue presentada por los Diputados Gloria Bautista Cuevas, Elena Tapia Fonllem, Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1611.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Los proponentes señalan que la situación de Brenda Quevedo Cruz es un caso sumamente complejo, que crecientemente ha atraído la atención de algunos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y cuyo esclarecimiento podría mostrar una vez más la debilidad del sistema de justicia mexicano, en que la fabricación de pruebas y la práctica de la tortura se convierten en herramientas para el abuso del poder ante la incapacidad de conducir investigaciones penales deficientes.

Manifiestan que al igual que otras cinco personas, Brenda Quevedo se encuentra recluida por supuestamente haber participado en el secuestro y posterior asesinato del Sr. Hugo Alberto Wallace Miranda

Señalan que la C. Brenda Quevedo ha presentado en diversas ocasiones las quejas, denuncias y recursos contra diversas personas y servidores públicos que, asegura, han violado sus derechos humanos a fin de incidir en el proceso penal.

Los diputados promoventes expresan que Brenda Quevedo asegura que ha sido torturada dos veces, primero en el Centro Federal de Readaptación Social de “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el año 2009 y después en el año 2010 en el complejo penitenciario de las Islas Marías.

Destacan que ya existen documentos de las autoridades competentes que permiten presumir actos de tortura en agravio de Quevedo Cruz. Quienes suscriben esta proposición tienen conocimiento del informe remitido a la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dentro del Expediente CNDH/3/2010/6007/Q en el que se detalla la valoración psiquiátrica realizada por la Médico psiquiatra Bertha Esther Imaz Lira. Expresan que la conclusión de dicha especialista reporta la presencia del “trastorno porestrés postraumático, crónico, depresión y ansiedad severas” de acuerdo a las Escalas de Beck y de Horowitz que corresponden con los criterios sugeridos en el Protocolo de Estambul.

Indican que a través de su defensor, la C. Quevedo Cruz solicitó la realización de las periciales para la constatación de actos de tortura presuntamente cometidos en agravio propio y del procesado Jacobo Tagle Dobín (también acusado de los mismos hechos delictivos de que se acusa a la C. Quevedo), lo que manifestó debidamente ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, donde radica la causa penal 35/2006-II que se sigue en su contra.

Señalan que dicha solicitud se dio respuesta por parte de la autoridad jurisdiccional el 13 de mayo de 2015, mediante la cual el juez notificó al defensor que “El Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informó que se encuentra imposibilitado de dar cumplimiento a lo solicitado en el sentido de designar especialistas en medicina, psicología y fotografía, para realizar el estudio denominado Protocolo de Estambul del procesado Jacobo Tagle Dobín, de lo que se toma conocimiento, por lo tanto se requiere a los procesados Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz, para que en el término de tres días señalen de manera precisa la designación de peritos para la práctica del estudio antes señalado”.

Quienes suscriben la proposición consideran que no existe razón alguna para considerar a la CNDH como “imposibilitada” de dar cumplimiento a la designación de especialistas para efectuar los exámenes para investigar presuntos actos de tortura de acuerdo al Protocolo de Estambul.

Manifiestan que de acuerdo a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se establece:

“Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
I.- (…)
II.- Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal;
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas;”

Asimismo, indican que en el citado ordenamiento se define que:

“Artículo 24.- Los Visitadores Generales tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I.- (…)
II.- Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que le sean presentadas, o de oficio, discrecionalmente aquéllas sobre denuncias de violación a los derechos humanos que aparezcan en los medios de comunicación;
(…)”.

Destacan que la Ley General de Víctimas dispone que:

“Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:
(…)
XIII.     En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas”.

Señalan que en el artículo 1º de la Constitución Política establece las obligaciones de las autoridades para investigar las violaciones a los derechos humanos, así como para la protección, garantía y reparación, para lo cual deberá aplicar el principio pro persona, es decir, deberá aplicar en todo momento las normas que más favorezcan el ejercicio de los derechos.

Manifiestan que así lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en revisión 703/2012:

“a. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a quelas autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación seainvestigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal.
b. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades delpaís, y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso.
c. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos delmencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto detortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule antecualquier autoridad con motivo de sus funciones”.

Destacan que de esta forma, se colige que la CNDH, y en particular los visitadores generales, tiene la obligación legal de investigar los presuntos actos de tortura por parte de servidores públicos, para lo cual puede hacerlo por sí misma o bien valerse expertos independientes para la realización de peritajes, como lo ha solicitado la víctima.

De esta forma, consideran que la existencia del “Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato” para la Procuraduría General de la República, y publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2003, no es un pretexto para evadir la posibilidad de la CNDH de realizar un examen de esta naturaleza o de proponer a quienes pudieran realizarlo.

Quienes suscriben consideran que es necesaria la actuación inmediata de todas las instituciones ante el alarmante crecimiento de los índices de tortura y malos tratos en el país durante los últimos nueve años. Destacan que los años en que la C. Quevedo asegura haber sido torturada coinciden con la tendencia de alza en esta práctica, de acuerdo a los propios informes anuales de la CNDHsobre las quejas por tortura y malos tratos, que superaron las 7,000 entre 2010 y 2013.

Manifiestan que es conocido que los principales órganos internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre los retos que significa el problema de la tortura en México.

Es por todo lo anterior que quienes suscriben consideran pertinente exhortar a que la CNDH atienda la solicitud tramitada a través de la autoridad judicial por parte de la C. Brenda Quevedo Cruz, toda vez que no existe impedimento legal para que el órgano de protección de derechos humanos participe en la investigación de presuntos actos violatorios en agravio de la procesada.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo de los proponentes:

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, considere brindar el apoyo necesario mediante el personal, las gestiones los procedimientos y/o los recursos necesarios para realizar los correspondientes exámenes médicos y psicológicos acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la C. Brenda Quevedo Cruz, bajo los más altos estándares de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales en la materia de los que México es parte.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en laProposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Esta Comisión dictaminadora manifiesta que la C. Brenda Quevedo Cruz fue detenida en Louisville Kentucky, Estados Unidos el 28 de noviembre de 2007 a causa de la orden de aprehensión emitida por el Juez Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal al Agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en la Investigación de Secuestro dentro de la causa penal 35/2006 y que el 25 de septiembre de 2009, tras la solicitud de detención provisional con fines de extradición, fue trasladada a la Ciudad de México para ser internada en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en el Estado de México.

Dentro de la investigación que realizó esta Comisión dictaminadora se destaca que la C. Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la queja  por actos de posible tortura ocurridos el día 27 de noviembre de 2009, en el interior del penal de “Santiaguito” ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México y dicha queja fue recibida por le Primera Visitaduría General de la Comisión y quedó asentada en el expediente CNDH/1/2009/4670/OD.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos practicó a la C. Brenda Quevedo Cruz, el certificado medicó de integridad física y mecánica de lesiones, el cual concluyó en términos generales que se descartaba lo señalado por la supuesta víctima al manifestar actos de posible tortura en su contra.

Por otro lado, se informa que el 7 de octubre de 2010 Brenda Quevedo Cruz fue trasladada al penal de las Islas Marías.

Se da cuenta que en el mes de noviembre nuevamente la madre de Brenda Quevedo  presentó quejas ante la CNDH con motivo de hechos ocurridos en el interior del Complejo penitenciario “Islas Marías”, lo que dio origen al expediente CNDH/3/2010/6007/Q conociendo de la misma la Tercera Visitaduría General de la Comisión nacional de los Derechos Humanos y con fecha 30 de septiembre de 2011, se informó a la quejosa que después de la investigación y diligencias realizadas dentro del expediente citado, no se contó con elementos suficientes para poder acreditar la agresión denunciada.

Como consecuencia de lo anterior, se tiene conocimiento que se inició la Averiguación Previa 18/UEIDAPLE/LE/12/2011 en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la república, a la cual se acumularon las averiguaciones previas 75/UEIDAPLE/LE/12/2011 y 108/UEIDAPLE/LE/12/2011, por lo actos investigados por la CNDH; autorizando en definitiva el no ejercicio de la acción penal el día 28 de julio de 2011; averiguación que obra en la causa penal de origen 35/2006 del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal; en la que obra el certificado médico de integridad física y mecánica de lesiones así como el dictamen en materia psicológica y dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul.

Se señala que el 17 de marzo de 2015, al desahogar su ampliación de declaración, la C. Brenda Quevedo Cruz dentro de la causa penal 35/2006, denunció de nueva cuenta los hechos que ya habían sido investigados por la CNDH y la PGR dentro de la averiguación previa 18/UEIDAPLE/LE/12/2011 en la que se determinó el no ejercicio penal de la acción penal; y a pesar de ello el Juez Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por acuerdo de fecha 18 de marzo de 2015, ordenó de manera oficiosa que se le aplicara el estudio denominado Protocolo de Estambul a la procesada de mérito, iniciándose con motivo de ello, la averiguación previa 433/UEIDAPLE/DT/3/2015, respecto a los supuestos actos de tortura.

El Protocolo de Estambul es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentada el 9 de agosto de 1999, con la finalidad de combatir en el mundo la tortura, práctica denigrante para la humanidad, se destaca que el manual comprende la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes.

El manual es reconocido como un estándar internacional que permite ser veraz en la detección de la tortura física o psicológica y ofrece parámetros médicos y también orientación para realizar la investigación de probables casos de crueldad ejercida por el Estado.

Los principios más importantes que comprende este documento en la investigación de casos de tortura, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son la habilidad, la imparcialidad, la independencia, la prontitud, la ética médica y la confidencialidad.

El principal objetivo es brindar directrices internacionales aplicables a la evaluación de las personas que confiesen haber sido torturadas y haber sufrido malos tratos.

Esta Comisión dictaminadora ha manifestado su compromiso indudable para asegurar que las obligaciones jurídicas constitucionales e internacionales para la protección de los derechos de las personas se realicen.

Ante las consideraciones antes vertidas, esta comisión dictaminadora considera que se han aplicado los correspondientes exámenes médicos y psicológicos acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la C. Brenda Quevedo Cruz, bajo los más altos estándares de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales en la materia de los que México es parte; por lo tanto las legisladoras y legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora estiman que la proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen ha quedado sin materia.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para que “la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el ámbito de sus atribuciones, considere brindar el apoyo necesario mediante el personal, las gestiones los procedimientos y/o los recursos necesarios para realizar los correspondientes exámenes médicos y psicológicos acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la C. Brenda Quevedo Cruz, bajo los más altos estándares de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales en la materia de los que México es parte”, toda vez que el asunto ha sido suficientemente atendido.

SEGUNDO.-  Archívese como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de julio de 2015.