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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a las entidades federativas a diseñar y fortalecer las políticas públicas, acciones y/o programas para promover la integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de condiciones.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A DISEÑAR Y FORTALECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ACCIONES Y PROGRAMAS PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN UN PLANO DE IGUALDAD DE CONDICIONES, ASÍ COMO GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a las entidades federativas, para que en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, diseñen y fortalezcan las políticas públicas, acciones y/o programas para promover la integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de condiciones, así como garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos humanos

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de julio de 2015, los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos De La Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, y Miguel Ángel Chico Herrera, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“Que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la población mundial de las personas de 60 años o más será más del doble, de 542 millones en 1995 a alrededor de 1.200 millones en 2025. Se estima que entre el 4% y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato. ante ello y las diversas situaciones que viven las personas adultas mayores a nivel mundial, la comunidad internacional ha trabajado históricamente impulsando documentos y tratados que promuevan entre los Estados Parte, entre los cuales destacan:

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Originalmente denominada como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948 no distingue al ser humano por su edad.

Que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales  (1966) y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos  (1966): Ambos pactos al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se refieren de manera general a la persona humana sin distingos por cuestiones de edad, de ahí que lo en ellos vertido aplica y protege los derechos de las personas adultas mayores.

Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en 1982.

Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados en 1991, Objetivos mundiales sobre el envejecimiento en el año 2001

Plan de Acción Internacional de Madrid que incluye diversas cuestiones de manera muy general: la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas de edad.

Adicional a estos instrumentos internacionales, el pasado 15 de junio de 2015, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su 45ª Sesión, coincidiendo con el día mundial de concientización sobre la violencia hacia las personas adultas mayores, aprobó el proyecto final de la Convención  Interamericana  sobre  Derechos de las Personas Mayores, cuya finalidad es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno, goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.

Asimismo, aparejado a estas acciones, la ONU ha emprendido campañas de concientización a favor de la integración y respeto de derechos de las personas adultas mayores:

a).- Día Internacional de las Personas de Edad, aprobado por la ONU el 14 de diciembre de 1990, en seguimiento a las iniciativas tales como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, con el objetivo de instar a los Estados Parte a responder a las oportunidades y los desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI, así como para promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades [*].

b).- Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 66/127 del 9 de marzo de 2012, a partir del cual el 15 de junio como el día en que todos los Estados Parte deben expresar su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores [*].

Que en México, el trabajo realizado hacia este sector de la población ha sido palpable, tanto en la esfera pública como en la agenda legislativa, en donde tenemos los siguientes avances:

I.- Acciones Legislativas:

a).- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el Artículo 1o que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, quedando prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por edad.

b).- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores [*], publicada el 25 de junio de 2002, tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, estableciendo las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de sus derechos. Destaca de esta Ley, la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

c).- Reglamentos: Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud [*].

d).- Normas Oficiales Mexicanas: Norma Oficial Mexicana Nom-167-Ssa1-1997, para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores [*].

II.- Acciones de la Administración Pública Federal: A.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: En materia de integración de las personas adultas mayores establece lo siguiente:

VI.2. México Incluyente

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.

Líneas de acción

Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social.

Estrategia 2.4.2. Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población.

Líneas de acción        

Promover la eficiencia y calidad al ofrecer derechos de protección social a la población, independientemente de la condición laboral y tomando en cuenta a las personas adultas mayores.

B.- Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), catalogado como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Que tanto a nivel internacional y particularmente a nivel nacional se ha trabajado de manera constante a favor del reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Sin embargo algunas de las cifras que se tiene de las condiciones en que viven las personas adultas mayores establecen la necesidad de continuar trabajando y redoblar esfuerzos que mejoren su realidad y más cuando el Instituto Nacional de Estadística  y  Geografía  (INEGI), señala en un conteo de 2014 que el monto de personas de 60 años y más es de 11.7 millones, lo que representa  9.7 por ciento de la población total.³

Señalan que con ello queda de manifiesto que el proceso de envejecimiento es notorio, dado que el número de adultos mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014, con lo que cada vez se hace más notorio el cambio de la curva demográfica, quienes además viven el contexto siguiente:

Diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de mayores de sesenta años. Sólo el 20% gozan de una pensión, el 40% de estas personas viven en pobreza extrema sobreviviendo al día con menos de 22 pesos, para el año 2050 sumarán 42 millones de personas adultas mayores en el país.

Cinco de cada diez personas adultas mayores no trabajan por dedicarse a los quehaceres de su hogar y dos de cada diez están pensionadas. El 9.92% de los adultos mayores en México está jubilado y el 19.16% de los adultos mayores son pensionados. El 8.21% de los adultos mayores está incapacitado para trabajar por el resto de su vida.

26 de cada 100 personas adultas mayores sufren algún tipo de discapacidad.

Asimismo, 8 de cada 10 personas adultas mayores ven vulnerados sus derechos sociales o en su ingreso.

Aunado a lo anterior, seguimos siendo testigos de que en diversas situaciones que ocurren dentro del territorio nacional, ya sea desastres naturales o incidentes diversos, las personas adultas mayores son vulnerables a ser afectados de dicha situación.

Ejemplo de ello, se vivió el mes de noviembre del año 2013 cuando por el paso de las tormentas Ingrid y Manuel por el país, personas adultas mayores quedaron atrapadas en la Casa del Anciano, ubicado en la Unidad Habitacional Colosio en Acapulco Guerrero, en virtud de que por su condición física y la imposibilidad de caminar, así como la falta de protocolos adecuados, les fue imposible salir del lugar teniendo que ser rescatados por autoridades días después de lo ocurrido, con lo que se puso en grave peligro su integridad.

Asimismo, el pasado 23 de junio, en un hecho lamentable, se  registró un incendio en la casa de reposo para personas adultas mayores llamada “Hermoso Atardecer” ubicada en el municipio del Ejido Querétaro en Mexicali, Baja California, que tuvo como lamentable consecuencia que 17 personas perdieran la vida.

Que en México, sin lugar a dudas trabajar en favor de la integración, reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores es una realidad y una constante que nos permite tener avances palpables pero también que nos indica que es necesario redoblar esfuerzos y seguir trabajando para que cada día este grupo poblacional cuente con las herramientas necesarias para gozar y ejercer sus derechos íntegramente.

Que las cifras expuestas señalan la necesidad de insistir en que se debe trabajar en perfeccionar las políticas públicas de todos los ámbitos, con un enfoque intergeneracional que garantice a las personas adultas mayores su integración y protección que se traduzcan en acciones concretas a hacer frente a las situaciones que transgreden sus derechos, teniendo como ente coordinador al Instituto  Nacional  de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas, para que a través de sus instancias correspondientes y en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, diseñen y fortalezcan las políticas públicas, acciones y/o programas que tengan como objetivo promover la integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de condiciones, así como garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos humanos.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito ya que en la última década del siglo XX las estadísticas demográficas de México dan cuenta del notable incremento en los números absolutos y porcentuales de la población en edades avanzadas, esto es, de las personas mayores de cierta edad, contadas a partir de los 60 o 65 años. El comportamiento de las variables demográficas que determinan esta transformación es, principalmente, el descenso en la mortalidad y fecundidad, cuyas tendencias dan lugar al proceso de envejecimiento de la población, de acuerdo con el conocido patrón de la transición demográfica. No obstante, es necesario analizar las condiciones de vida y los principales problemas de las personas adultas mayores en el presente, con el objetivo de prever el perfil de demandas y necesidades de este grupo de población en los años por venir.

De conformidad con el artículo 1º constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,  por lo que los derechos de las personas adultas mayores se extienden no solo a los reconocidos por la legislación mexicana, sino que también a los reconocidos por los diversos instrumentos internacionales que tutelan dichos derechos, algunos de estos documentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, que imponen a los gobiernos la obligación de generar espacios, programas, políticas, que aseguren el respeto de los derechos humanos de los adultos mayores; son: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Convención Americana sobre Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La legislación mexicana establece que los adultos mayores tienen derecho a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio, a desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir la protección que establecen las disposiciones legales de carácter laboral, por lo que es fundamental atender las necesidades de los adultos mayores, de tal manera que se puedan eliminar las barreras que dificultan su participación plena en la sociedad. El volumen y estructura de la población de 60 años o más, así como el conocimiento de cómo incide el comportamiento demográfico en su estructura por edad y sexo constituyen la base para el diagnóstico, diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de este grupo de población, considerando sus necesidades y oportunidades particulares

II.- Esta Dictaminadora  considera que la vulnerabilidad social se relaciona con grupos específicos de población que se encuentran en situación de “riesgo social”, debido a factores propios de su ambiente doméstico o comunitario. Estos grupos son más propensos a experimentar diversas formas de daño por acción u omisión de terceros o a tener desempeños deficientes en esferas clave para la inserción social. Los individuos que conforman estos grupos comparten algún atributo básico común, como la edad, condición étnica o localización territorial, lo que se supone genera problemas similares.

En este sentido, el grupo de adultos mayores presenta mayor “riesgo social” que resulta en parte inherente al avance de la edad y que se ve acentuada por las deficiencias de cobertura y calidad en materia de seguridad social y atención a la salud; por su mayor propensión a presentar limitaciones físicas o mentales, o por su condición étnica.

Bajo esta tesitura, es indispensable señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por lo que es necesario promover la integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de condiciones, así como garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos humanos.

III.- La Segunda Comisión reitera la importancia de mencionar que el fenómeno del envejecimiento ha sido un camino anunciado con mucha anterioridad, pero hasta ahora es que se le está prestando atención en vista de los niveles que está alcanzando, dentro de una inercia de tal grado que en el siglo XXI el sector de la población en edades avanzadas en mucho marcará los rumbos sociales y económicos de la nación. Esta aseveración parte de las diversas dimensiones que tiene el proceso de envejecimiento demográfico, las cuales transformarán la manera de mirar a la población en su composición, capacidades y necesidades. La presencia de menos niños y adolescentes, y de más personas adultas y envejecidas requiere de una nueva visión social y cultural sobre los distintos segmentos de la población y su funcionamiento. Habrá cambios sustanciales en las capacidades de trabajo y productividad, los patrones de demanda y consumo de bienes y servicios, las necesidades de atención a la salud, los requerimientos a la seguridad social, las relaciones familiares, la conformación de redes de apoyo, las transferencias de recursos y los sistemas políticos y administrativos.

Un hecho notorio respecto al envejecimiento es que mientras en la última mitad del siglo XX la población total se multiplica por 3.8, al pasar de 26.2 millones a 99.8 millones, la de 65 años y más, lo hace por 5.9, creciendo de 811 mil hasta 4.8 millones. De acuerdo con las estimaciones, en los próximos 50 años, de 2000 a 2050, se espera una desaceleración en el crecimiento demográfico, pues ahora la multiplicación para la población total será tan sólo por 1.3, para llegar a 132.4 millones. Sin embargo, en la población de 65 años y más, el factor multiplicativo será de 6.8 veces, alcanzando 32.5 millones, cifra que es la cuarta parte del total proyectado de la población. En esta carrera hacia la acumulación de la vejez, en algún momento, poco después de 2030, la población de 65 años y más comenzará a ser más numerosa que la de 0 a 14, de tal manera que ya para 2050 habrá 167 personas de 65 años y más por cada 100 de 0 a 14.

Cabe señalar, que de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) a partir de 1950, cuando las personas en edad avanzada eran 811 mil, lo que representaba 3.1 por ciento de la población total, su monto creció pausadamente hasta llegar a 3 millones 124 mil en el año 1990 (3.7 por ciento). De hecho, durante las primeras nueve décadas del siglo XX, los incrementos en la participación porcentual de esta población representa, cuando mucho, 0.2 por ciento; esto contrasta con la diferencia porcentual entre 1990 y 2000, la cual es 1.1 por ciento, lo que indica la aceleración que toma el envejecimiento, diferencias que se irán agrandando conforme avancen las décadas de la primera mitad del siglo XXI.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a las entidades federativas, para que a través de sus instancias correspondientes y en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, diseñen y fortalezcan las políticas públicas, acciones y/o programas que tengan como objetivo promover la integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de condiciones, así como garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos humanos.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de julio del año 2015.


POR LA SEGUNDA COMISIÓN

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Armando Ríos Piter

Presidente

     

Sen. Daniel Amador Gaxiola

Secretario

     

Sen. Fernando Yunes Márquez

Secretario

     

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes

Secretaria

     

Dip. Alejandro Montano Guzmán

     

Dip. Filiberto Guevara González

     

Sen. René Juárez Cisneros

     

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu

     

Sen. Juan Carlos Romero Hicks

     

Dip. Rocío Reza Gallegos

     

Dip. Fernando Rodríguez Dova

     

Dip. Amalia García Medina

     

Sen. Luis Armando Melgar Bravo

     

Sen. Manuel Bartlett Díaz

     

Dip. María Sanjuana Cerda Franco