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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a desarrollar un programa para la construcción y reconocimiento de los centros de desarrollo infantil en las instalaciones penitenciarias femeniles del país; asimismo, exhorta a considerar una partida presupuestal para construir centros de desarrollo infantil en las instalaciones penitenciarias.

INTERVINO LA DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, NA.
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA; ASÍ COMO A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD A REALIZAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS NECESARIOS A FIN DE ASEGURAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE VIVEN CON MADRES RECLUSAS EN CENTROS PENITENCIARIOS

A la Segunda Comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en elSegundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdoque exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública; así como a la Comisión Nacional de Seguridad para que en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, realicen la planeación y ejecución de programas necesarios a fin de asegurar el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios, mientras éstas cumplen una sentencia condenatoria, en los términos de la constitución y los tratados internacionales en la materia.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de junio de 2015, las SenadorasCristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza,  Leticia Herrera Ale, Itzel Saraí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partidode la RevolucionarioInstitucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las legisladoras proponentesdel punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus consideraciones:

“Los niños que viven en prisión con sus madres han sido denominados “niños invisibles” debido al abandono institucional y social que padecen. Estos niños sufren y viven la pena impuesta a sus madres sin tener ninguna responsabilidad en el delito. Expertos en el tema aseguran que esta situación viola el principio de derecho penal de intrascendencia de la pena a terceros ya que un acto cometido por la madre afecta el desarrollo del niño.

La ausencia de políticas públicas y normatividad que protejan a los cerca de dos mil infantes que se ubican dentro de nuestro sistema penitenciario obliga a este Senado de la República a revisar la implementación, por parte de las autoridades, de la legislación vigente.

El artículo 3 constitucional es muy claro al establecer que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que en los grados de preescolar, primaria, secundaria y media superior será obligatoria.

Además, el artículo 4 constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

No obstante lo anterior, desde hace más de dos décadas nuestro país forma parte de un listado de países que han ratificado e impulsado distintos instrumentos internacionales en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto obliga a nuestro país a realizar mayores acciones tendientes a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes sin importa su condición o la de sus padres.

Resulta una triste realidad que en las cárceles de nuestro país no prevalezcan los derechos mencionados anteriormente y que el interés superior de la niñez debiendo ser el punto de partida de las acciones gubernamentales en la defensa, protección y promoción de los derechos de la niñez, en el caso de aquellos que habitan en los reclusorios no lo sea.

En la vida cotidiana de los reclusorios, las autoridades penitenciarias no tutelan los derechos de los infantes que por diversas circunstancias habitan en los reclusorios, mucho menos, se han tomado en cuenta las necesidades particulares que requieren para su desarrollo integral.

Diversos organismos internacionales, entre ellos Unicef, han realizado estudios respecto de la importancia de los primeros años de vida de cualquier individuo. Como resultado se ha determinado que la educación recibida durante los primeros 6 años de vida son determinantes para el futuro de los niños. La estimulación temprana, una nutrición adecuada, así como la atención médica especializada son indispensables para garantizar el desarrollo integral de los niños.

Dentro de algunos reclusorios existen Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que ofrecen cursos escolares a los niños que viven con sus madres. Por ejemplo, en el Centro de Reclusión de Santa Martha Acatitla, en el cual existen actualmente 128 niños y el CENDI se encuentra abierto de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes para ofrecer cursos educativos a todos los niños que quieran participar. Sin embargo, este centro no se encuentra certificado por la Secretaría de Educación Pública, situación que discrimina a los niños que viven al interior del reclusorio ya que al momento de incorporarse a la vida en libertad no cuentan con los documentos necesarios para comprobar sus estudios e incorporarse al grado escolar que les corresponde.

En este orden de ideas, cuando los menores cumplan 6 años de edad tendrán que incorporarse al sistema educativo en el exterior y se enfrentan a la imposibilidad de poder acreditar los años cursados al interior del centro. Además, se merma la calidad de la educación recibida por estos al no existir un control por parte de la autoridad competente sobre los temas impartidos.

Este asunto de la mayor relevancia para las y los infantes en México que atraviesan por esta situación no se encuentra regulada a nivel nacional, generando un trato diferenciado dependiendo de los criterios de los funcionarios en turno de cada centro penitenciario.

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, con lo cual de acuerdo al artículo 4 de este instrumento legal quedó obligado a adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”. Uno de los derechos contenidos en esta Convención es el derecho a la educación. Es obligación del Estado velar por el acceso de todos los niños y niñas del país a una educación de calidad. En especial aquellos niños que se encuentran al cuidado de una autoridad como los niños que viven en prisión. Asegurar que puedan acceder a una educación semejante a la que recibirían estando fuera de los centros de reclusión es uno de los primeros requisitos para garantizar su desarrollo integral y poder romper con patrones violentos y delictivos que los rodean.

Enfatizando la importancia de asegurar el derecho de la educación de los niños en prisión, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por la ONU en su artículo 23, 2) establece que “Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado”. Por estas razones es indispensable solicitar a la Secretaría de Educación Pública que realice una investigación de la situación de estos centros educativos en el país para que se regularice la educación que está siendo impartida en los mismos.

El interés superior del niño debe prevalecer en la toma de cualquier decisión gubernamental que impacte su desarrollo. Garantizar su derecho a la educación es primordial para construir nuevas oportunidades que los alejen de entornos criminógenos como la prisión.

El descuido de esta población en estado vulnerable puede influir negativamente en su proyecto de vida. Si la educación es la mejor herramienta para homologar las oportunidades de crecimiento de la población mexicana. Apostar por el futuro de estos niños y garantizar su derecho a la educación es el primer paso para acceder a las mismas oportunidades que el resto de la población. Su nacimiento en la cárcel no debe ser condicionante de su futuro.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a desarrollar un programa para la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en los reclusorios de mujeres en el país, o en caso de considerarlo pertinente por la ubicación, condiciones o cualquier otra situación del centro penitenciario, se realicen convenios de colaboración entre dichos centros penitenciarios y escuelas ubicadas en las cercanías al mismo, que puedan brindar servicios educativos a los menores que viven con madres reclusas mientras éstas cumplen una sentencia condenatoria en dichos centros penitenciarios.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se determinen las partidas presupuestales correspondientes, a fin de que las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública lleven a cabo la planeación y desarrolle un programa para la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en los reclusorios de mujeres en el país.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad para que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social establezca los lineamientos generales para determinar las condiciones que aseguren el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios en los términos de la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia, mientras éstas cumplen una sentencia condenatoria.

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a realizar las certificaciones necesarias a los Centros de Desarrollo Infantil existentes ubicados en los reclusorios del país, de manera que se otorgue validez a los estudios que realicen los menores en ellos así como la elaboración de planes de estudio homologados para dichos Centros en todo el país.”

CONSIDERACIONES

I.- Para los integrantes de esta Comisión, el tema de que se ocupa la proposición que se analiza reviste una especial preocupación, tal y como ha quedado asentado en los análisis a diversas proposiciones presentadas con anterioridad, relativas al tema de la presencia de niñas y niños al interior de establecimientos penitenciarios por virtud de la privación de la libertad de su madre.

La problemática derivada de la presencia de niñas y niños en establecimientos penitenciarios, representa una problemática de suyo difícil en virtud de la relevancia  que los primeros años de vida tienen en la formación de todo individuo, tal y como lo señalan las proponentes.

De ahí la necesidad de que el Estado ponga especial atención en aras de proporcionarlas mejores condiciones posibles para las niñas y niños en tal situación, garantizando el cuidado de su salud y el acceso a la educación y a una adecuada alimentación.

Al respecto vale la pena recordar que este tema ha sido motivo de especial atención en el ámbito internacional. Como ejemplo, la resolución58/183 adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2003, en la que invitó a gobiernos, órganos internacionales y regionales, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales a que prestasen mayor atención a la cuestión de las mujeres en prisión, incluidos los hijos que se encontraban con ellas, a fin de identificar los problemas fundamentales y los modos de abordarlos.

En la misma tónica, su resolución 63/241 del 24 de diciembre de 2008 exhorta a los Estados a tener en cuenta los efectos que la detención y encarcelamiento de los padres en los niños, así como determinar y promover buenas prácticas en relación con las necesidades y el desarrollo físico, emocional, social y psicológico de los bebés y los niños afectados por la detención y encarcelamiento de los padres.

El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General aprobó lasreglaspara el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como las Reglas de Bangkok. De manera particular las Reglas 49 a la 52 se refieren a los niños que se encuentran con sus madres privadas de la libertad, señalándose que no deberán ser tratados como reclusos y que dispondrán de servicios permanentes de atención de su salud, con énfasis en la supervisión de su desarrollo por parte de especialistas y de los servicios sanitarios de la comunidad.

Se aclara también que en la permanencia de los niños en establecimientos penitenciarios, particularmente en la atención y cuidado que para ellos debe observarse, se deberá observar en todo momento el principio del interés superior del niño.

II.- Al igual que en ocasiones anteriores, esta Comisión dictaminadora estima necesario retomar los datos contenidos en elInforme Especial sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, dado a conocer porla Comisión Nacional de los Derechos Humanos en marzo del presente año, mismos que resultan reveladores e ilustran la situación de vulnerabilidad de las mujeres privadas de su libertad en los establecimientos penitenciarios del país y, consecuentemente,de las niñas y niños que se encuentran con sus madres al interior de dichos centros. 

El Informe resalta la ausencia de condiciones de estancia dignas para las mujeres en prisión, debido principalmente a la ausencia de una perspectiva de género en el sistema penitenciario nacional, por lo que “la infraestructura, organización y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión gira preponderantemente, alrededor de las necesidades de los varones”.

El personal de la CNDH constató la presencia de menores de edad en 51 centros penitenciarios en los que no se proporciona alimentación especial para los niños que viven con sus madres internas; incluso en algunos se restringe el acceso de fruta, frascos de alimento para bebés e incluso leche en lata (fórmula) la cual únicamente puede ingresar en bolsas de plástico, por lo que se echa a perder en pocos días.

Por otro lado, en 53 establecimientos penitenciarios en los que se permite la estancia de menores de edad con sus madres, no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y de educación básica.

También de manera destacada existen graves omisiones en lo que se refiere al cuidado de la salud de las niñas y niños que se encuentran con sus madres privadas de la libertad. Según el informe de la CNDH “la mayoría de los establecimientos visitados carece de atención médica especializada para los padecimientos propios de las mujeres, así como de los menores que viven con ellas, quienes en el mejor de los casos son atendidos por médicos generales cuando lo requieren”.

Estas son sin duda algunas de las circunstancias que colocan a las mujeres privadas de su libertad y sus hijas e hijos que se encuentran con ellas, en una especial condición de vulnerabilidad que agudiza la vulnerabilidad intrínseca derivada de laprivación de libertad.

III.- Ha sido criterio sostenido por esta Comisión, que la problemática en los establecimientos penitenciarios del país que tienen presencia de niñas y niños, no se deriva exclusivamente de las limitaciones naturales impuestas por la propia naturaleza punitiva de los centros de reclusión, sino de una omisión de las autoridades penitenciarias competentes, desde los directores de dichos centros hasta las autoridades administrativas rectoras, en garantizar las mejores condiciones para dichos menores.

Las y los integrantes de esta Comisión consideran de especial urgencia garantizar la observancia de los derechos de las niñas y los niños que se encuentran con sus madres en los centros penitenciarios del país.

Teniendo en cuenta el contexto de violencia y criminalidad que vive nuestro país, es necesario que el Estado invierta recursos y esfuerzos en garantizar que las y los niños de hoy tengan acceso a las condiciones que les permitan un desarrollo integral, de manera que en el futuro el camino de la delincuencia no sea una alternativa para ellos.

IV.-Ahora bien, dentro del conjunto de factores que configuran la problemática de las y los hijos que se encuentran con sus madres en centros penitenciarios, la proposición que se analizase refiere de manera específica a la falta de acceso a la educación para dichos infantes.

Al respecto es necesario subrayar que los datos del Informe de la CNDH a que ya se ha hecho referencia, evidencian la ausencia de apoyo para que accedan a servicios de guardería y educación básica, de tal suerte que el Estado vulnera el más elemental derecho de las y los niños a la educación, situación que además de agravar la ya de por sí lastimosa circunstancia de encontrarse en un entorno no ideal, genera una importante afectación en su desarrollo psico-social.

Como bien refieren las proponentes, son muy pocos los centros penitenciarios que cuentan con Centros de Desarrollo Infantil, mismos que lamentablemente no cuentan con certificación de la Secretaría de Educación Pública, colocando así a las y los niños en una situación de desventaja y discriminación, ya que, como bien señalan las proponentes, al incorporarse a la vida en libertad no cuentan con la documentación necesaria para ingresar al grado que les correspondería.

De igual manera, esta dictaminadora coincide en que otra desventaja en perjuicio de las y los niños que se encuentran en tal situación, es que al no existir participación alguna por parte de las autoridades educativas competentes en la operación de estos CENDIS, resulta viable que lo que en ellos se enseña no se encuentre apegado a los planes y programas de estudio oficiales.

Es por ello que los integrantes de esta Comisión comparten plenamente el espíritu que motiva la proposición de mérito y consideran no solamente viables, sino necesarios los exhortos propuestos, a fin de que las autoridades competentes lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar el derecho a la educación de las y los niños que se encuentran con sus madres en el interior de centros penitenciarios.

No obstante, es necesario recordar que la mayoría de los centros penitenciarios del país pertenecen al ámbito local, por lo que esta Comisión estima pertinente incluir en los exhortos propuestos a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, como la instancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública encargada de impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional y que aglutina a los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social de la Federación, los Estados y el Distrito Federal.

De esa manera se posibilitaría la participación de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, en las acciones tendientes a garantizar el acceso a la educación para las niñas y niños que se encuentran con sus madres privadas de la libertad en los centros penitenciarios bajo su jurisdicción.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, en coordinación con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, a desarrollar un programa para la construcción y reconocimiento de los Centros de Desarrollo Infantil en las instalaciones penitenciarias femeniles del país, o en su caso se realicen convenios de colaboración entre dichas penitenciarias y escuelas ubicadas en las cercanías al mismo, con la finalidad de brindar servicios educativos a los menores que viven con madres reclusas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a considerar una partida presupuestal en el anteproyecto de Egresos de Presupuesto con el objeto de construir Centros de Desarrollo Infantil en las instalaciones penitenciarias.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que a través de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, establezca los lineamientos generales para determinar las condiciones que aseguren el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios, en cumplimiento a lo establecido por la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a realizar las certificaciones necesarias a los Centros de Desarrollo Infantil ubicados en centros penitenciarios del país, de manera que se otorgue validez a los estudios que realicen los menores en ellos y se elaboren planes de estudio homologados para dichos Centros en todo el país.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los veintiochodías del mes de julio del año 2015.


POR LA SEGUNDA COMISIÓN

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Armando Ríos Piter

Presidente

     

Sen. Daniel Amador Gaxiola

Secretario

     

Sen. Fernando Yunes Márquez

Secretario

     

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes

 Secretaria

     

Dip. Alejandro Montano Guzmán

     

Dip. Filiberto Guevara González

     

Sen. René Juárez Cisneros

     

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu

     

Sen. Juan Carlos Romero Hicks

     

Dip. Rocío Reza Gallegos

     

Dip. Fernando Rodríguez Dova

     

Dip. Amalia García Medina

     

Sen. Luis Armando Melgar Bravo

     

Sen. Manuel Bartlett Díaz

     

Dip. María Sanjuana Cerda Franco