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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo una campaña de supervisión en las escuelas públicas del país, a efecto de que no se condicione la entrega de los documentos y papelería oficiales del recién concluido ciclo escolar, ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo escolar.

INTERVINIERON LOS LEGISLADORES:
SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, PRI.
DIP. ALEJANDRO MONTANO GUZMÁN, PRI.
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOQUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE SUPERVISIÓN EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL PAÍS, A EFECTO DE QUE NO SE CONDICIONE AL PAGO DE CUOTAS LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL RECIEN CONCLUIDO CICLO ESCOLAR NI SE PROHÍBA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdopor el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con sus homólogas en estados y el Distrito Federal, lleven a cabo una campaña de supervisión en las escuelas públicas del país, a efecto de que no se condicione la entrega de los documentos oficiales y papelería del presente ciclo escolar ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo escolar.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de juliode 2015, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaronante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los legisladoresproponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalanexpresamente en sus consideraciones:

“La educación es el factor de mayor relevancia en el avance y progreso de las sociedades, proporciona conocimientos y herramientas a las personas para competir y acceder a mejores condiciones de vida.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha manifestado que “la educación es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico, y fomenta un mundo sostenible en el que se aprecia el conocimiento, promueve la cultura de paz, ensalza la diversidad y defiende los derechos.”

En nuestro país, el artículo 3º Constitucional establece que toda la educación que imparta el Estado debe ser gratuita y de calidad, lo anterior significa que todos los servicios educativos que otorgue el gobierno no tendrán ningún costo y deberán garantizar el máximo logro académico de los alumnos. Al respecto, la Ley General de Educación señala en su artículo 6º que:

La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.”

Gracias a la reforma educativa las cuotas, de aplicarse, son voluntarias y están vinculadas a planes y proyectos específicos de mejora que el director del centro educativo y los padres de familia deben definir.

La aplicación y vigilancia del cumplimiento de la legislación en materia educativa no es exclusivo de la federación, sino también de las entidades federativas e incluso de los municipios del país, así lo señala el artículo 11 de la Ley General de Educación.

Sabemos que la Secretaría de Educación Pública ha manifestado que por ningún motivo permitirá condicionar la inscripción, la entrega de documentación y la aplicación de exámenes, al pago de las cuotas impuestas en algunos centros escolares. Para esto ha dispuesto la línea Educatel en cada entidad federativa, teléfono en donde los padres de familia pueden informar sobre cualquier anomalía o abuso por parte de las instituciones educativas.

Asimismo, las autoridades de las entidades federativas, también han estado atentas para impedir esta situación, sin embargo, en esta temporada en que se encuentra cercano el final del ciclo escolar, se sigue condicionando la prestación de algún servicio o la entrega de documentación al pago cuotas. Diversos medios de comunicación, han evidenciado quejas de padres de familia a quienes se les ha negado el derecho de sus hijos a recibir los servicios educativos por no cubrir las cuotas “voluntarias”.

El acceso a la educación representa una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo y la prosperidad de México. Sin duda alguna, es un factor imprescindible para el crecimiento de nuestra economía y constituye el mejor instrumento para lograr reducir las condiciones de desigualdad y generar oportunidades de movilidad social.

Es fundamental que todas las entidades federativas del país garanticen lo establecido en el Artículo 3° Constitucional y en la Ley General de Educación, que establezcan acciones para que los padres de familia conozcan que las cuotas no son obligatorias sino voluntarias y que cuando se condicione el acceso a un servicio educativo o la entrega de documentación y papelería por no realizar este tipo de aportaciones tengan las herramientas para denunciar.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguientepunto resolutivo:

“Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con sus homólogas en los Estados y el Distrito Federal, lleven a cabo una campaña de supervisión en las escuelas públicas del país, a efecto de que no se condicione la entrega de los documentos y papelería oficiales del presente ciclo escolar ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo escolar.”

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito; haciendo alusión a que la educación es la base fundamental para mejorar el avance de un país formador de valores como el respeto, la tolerancia y una sana convivencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera que “la educación es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico, y fomenta un mundo sostenible en el que se aprecie el conocimiento, promueve la cultura de paz, ensalza la diversidad y defiende los derechos.

Ante ello, y de acuerdo a nuestra Constitución la educación debe ser gratuita, señala en su artículo 3° que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado. Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. Asimismo, la Ley General de Educación instituye explícitamente en el artículo 6° que “En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.

Que como se sabe en unas semanas se realizan en la mayoría de las instituciones educativas del país las inscripciones de niñas y niños al próximo ciclo escolar y pese a la regulación en torno a que las inscripciones de las niñas y niños, y a que no se puede condicionar al pago de las llamadas cuotas “voluntarias”, resulta de la mayor importancia, el que esto no ocurra.

Sin duda alguna, la escuela es el centro de enseñanza por excelencia, en donde se unen los educandos y maestros, con el propósito de que estos últimos transmitan su conocimiento y los preparen para afrontar los retos del futuro.Debido a esto, como se sabe el cobro de cuotas en las escuelas ha generado conflictos con los comités de padres de familia por el mal manejo de recursos y entre los padres de familia que por su situación económica no puedan cubrir las cuotas educativas se había convertido en un obstáculo para la educación de sus hijos y un medio de discriminación o rechazo.

Haciendo referencia a la estadística de la Encuesta Nacional de Vivienda de Parametría realizada en el año 2013, arrojo que cuatro de cada cinco mexicanos creen que las cuotas escolares que solicitan las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria son obligatorias y, solo el 20% sabe que las mismas son voluntarias, lo cual refleja que es una constante el cobro de cuotas escolares, lo que se vuelve costumbre en detrimento de la economía de las familias mexicanas, pero que contraviene los derechos de los educandos.

II.- Quienes formamos parte de esta comisión, no omitimos recordar que durante la sesión del 13 de agosto de 2014, la Comisión Permanente constituida en ese entonces,  aprobó un dictamen solicitando respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen las medidas necesarias para:

  • Garantizar que los directivos y docentes no coloquen en cualquier área de las instituciones educativas y privadas del nivel básico y medio superior, documentos o listadas que contengan nombres de alumnos que por cualquier motivo no hayan cubierto las “cuotas voluntarias o cuotas de recuperación” o que adeuden el pago de las colegiaturas.
  • Evitar que se exija cualquier tipo de aportación voluntaria.
  • Impedir que se condicione la prestación de los servicios educativos al pago de dicha contribución.
  • Dar a conocer en sus portales electrónicos, la forma de denunciar casos de cobro de cuotas escolares como condición para la prestación del servicio educativo, así como el procedimiento de atención de estas denuncias.

III.- La Segunda Comisión reitera que la educación contribuye a mejorar la vida y erradicar el círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad, allanando el terreno para un desarrollo sostenible. En este sentido, es evidente que el pago de cuotas impuestas por las escuelas de educación pública, cualquiera que sea su modalidad, no genera una obligación para los padres de familia.

Por lo que, el hecho de que las autoridades educativas y/o las asociaciones de padres de familia, con un sentido coercitivo cobren cuotas y condicionen la inscripción de las y los niños, constituye una clara violación al derecho fundamental a la educación que mandata la Constitución y a lo establecido en la Ley General de Educación; así como lo estipulado en diversos instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.

Por tal motivo, quienes integramos esta comisión dictaminadora, estimamos oportuno reiterar la solicitud a las autoridades educativas del país, tanto federales como locales, para que en ámbito de sus competencias, vigilen, eviten y sancionen este tipo de prácticas; generando campañas o fortaleciendo las ya establecidas a fin de erradicar esta inaceptable medida y así garantizar una educación gratuita.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con sus homólogas en los Estados de la República y el Distrito Federal, lleven a cabo una campaña de supervisión en las escuelas públicas del país, a efecto de que no se condicione la entrega de los documentos y papelería oficiales del recién concluido ciclo escolar, ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo escolar.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de julio del año dos mil quince.


POR LA SEGUNDA COMISIÓN

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Armando Ríos Piter

Presidente

     

Sen. Daniel Amador Gaxiola

Secretario

     

Sen. Fernando Yunes Márquez

Secretario

     

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes

Secretaria

     

Dip. Alejandro Montano Guzmán

     

Dip. Filiberto Guevara González

     

Sen. René Juárez Cisneros

     

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu

     

Sen. Juan Carlos Romero Hicks

     

Dip. Rocío Reza Gallegos

     

Dip. Fernando Rodríguez Doval

     

Dip. Amalia García Medina

     

Sen. Luis Armando Melgar Bravo

     

Sen. Manuel Bartlett Díaz

     

Dip. María Sanjuana Cerda Franco