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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta al Gobierno del estado de Chiapas y a la Comisión Federal de Competencia Económica a investigar, regular, garantizar y resolver los conflictos entre transportistas de cemento de los estados de Oaxaca y Chiapas.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


TERCERA COMISIÓN
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Gobierno del Estado de Chiapas a resolver los problemas viales derivados de acciones tomadas por transportistas, entre Oaxaca y Chiapas.


HONORABLE ASAMBLEA:


A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Gobierno del Estado de Chiapas a resolver los problemas entre transportistas de cemento entre los estados de Oaxaca y Chiapas, presentada por el Diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.


Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:
I. ANTECEDENTES.


1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 30 de junio de 2015.
2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.
3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.
II. CONTENIDO.


A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se regularice la situación en el traslado de cemento entre los Estados de Chiapas y Oaxaca, y de esta forma, terminar con las detenciones ilegales de los camiones transportadores de cemento, practicadas por los transportistas que se ostentan como integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) y de Transportes de Carga Comitán, S.A de C.V.   
La propuesta en estudio señala que existe una normatividad encargada de regular las anomalías alegadas por los transportistas. Sin embargo, la inobservancia que se le ha dado a la misma por parte de las autoridades y los particulares ha ocasionado una violación a los derechos de competitividad de los transportistas que alegan la competencia desleal.  
Entre otras causas que dieron origen a la preocupación del proponente se encuentran:

  • Se encuentran detenciones ilegales realizadas por transportistas de AMOTAC desde el 9 de junio del 2015, que infringen el reglamento en las carreteras, afectando consecuentemente a otros transportistas de carga de Comitán y en particular a la cementera Cruz Azul al impedir la distribución de su producto, esto derivado de un ajuste a la tarifa de tonelaje que era de $450.00 pesos por tonelada y se ajustó a $520.00 pesos por tonelada lo que termina en una situación de competencia desleal según los transportistas integrantes de AMOTAC.
  • El 16 de junio se intentó llevar a cabo una serie de pláticas conciliatorias entre los  transportistas de AMOTAC, el C. Carlos de Jesús Bermúdez Albores y el representante legal de la cementera Cruz Azul, sin embargo fue imposible ante la ausencia de éste último. Al siguiente día en representación de la cementera el Ing. Guillermo Morales Montoya manifestó una negativa ante cualquier acuerdo con AMOTAC, al considerar de chantaje la retención de los transportes con carga de cemento, sólo por el hecho de provenir de otra entidad o representar a otra empresa.
  • La intervención de la Procuraduría de Justicia de la entidad tuvo lugar el día 18 de junio del 2015, dando como resultado tres primicias;
  • La Secretaría de Gobierno convocaría a un reunión el día siguiente para resolver la problemática del reajuste tarifario.   
  • Los representantes de Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. liberarían las unidades detenidas con carga de cemento Cruz Azul, cada tres horas, tres unidades.
  • AMOTAC solicitó que mientras no se resuelvan las mesas de diálogo se evite cargar cemento por parte de la empresa en lagunas de Oaxaca. 
  • La Secretaría de Gobierno llevó a cabo la reunión prometida en las primicias mencionadas con anterioridad, así en reunión con los actores de la problemática se llegaron a los siguientes acuerdos:
  • Los transportistas integrantes de AMOTAC realizarían el traslado de cemento desde la empresa productora Cruz Azul hasta la ciudad de Comitán de Domínguez, en las empresas de Grupo Bermúdez y Cruz Pacífico de Comitán, distribuidores de cemento Cruz Azul.  
  • Las empresas transportadoras antes mencionadas se comprometen a pagar una tarifa de $500.00 pesos por tonelada de cemento trasladada por AMOTAC.
  • Se señaló un plazo de 30 días naturales para que el Gobierno del Estado acuerde las tarifas que podrán pagar los transportistas de AMOTAC por concepto de flete con la empresa cementera Cruz Azul.
  • Las acciones emprendidas por las autoridades y particulares inmiscuidos en dicha problemática resultan contrarias al orden jurídico nacional, comenzando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece en su articulado lo siguiente:
  • Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

 

  • Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

  • Por su parte, la Ley de Planeación prevé en su cuerpo lo siguiente:

 

  • Artículo 3o.

Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

  • Artículo 16.

A las dependencias de la administración pública federal les corresponde:
I.- Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de sus facultades;
II.- Coordinar el desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan a las entidades paraestatales que se agrupen en el sector que, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, determine el Presidente de la República.
III. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados;
IV.- Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan y los programas regionales y especiales que determine el Presidente de la República.
V.- Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales correspondientes;
VI.- Considerar el ámbito territorial de las acciones previstas en su programa, procurando su congruencia con los objetivos y prioridades de los planes y programas de los gobiernos de los estados;
VII.- Vigilar que las entidades del sector que coordinen conduzcan sus actividades conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente, y cumplan con lo previsto en el programa institucional a que se refiere el Artículo 17, fracción II; y
VIII.- Verificar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de las entidades paraestatales del sector que coordinen, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades de los programas sectoriales, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, los programas respectivos.

  • Artículos 26.

Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país fijados en el plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.
El proponente expone que es de fundamental importancia garantizar y proteger la observancia del crecimiento económico de la nación.
Por último el proponente precisa también que “si al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos yclases sociales, esto no podrá lograse si el Estado es presionado para otorgar franquicias de paso a sectores o particulares que libremente dispongan de que bienes y servicios pueden ser ofrecidos o quiénes son los facultados para prestarlos.
En este sentido los acuerdos alcanzados entre la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas y la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC),  para atender los planteamientos de AMOTAC relacionados con la problemática que existe con las Empresas Grupo Bermúdez y Cruz Pacífico de Comitán distribuidores de cemento Cruz Azul, son preocupantes en extremo porque inhiben la competencia económica y el desarrollo nacional”.
B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:
ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Gobierno del Estado de Chiapas para que resuelvan los problemas entre transportistas de cemento entre los Estados de Oaxaca y Chiapas.
III. CONSIDERACIONES.
A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:
México ha implementado medidas de protección a los derechos consagrados en nuestro máximo texto jurídico como lo son los que ahora se encuentran violentados por los transportistas que detienen arbitrariamente e intentan ejecutar acciones de “justicia”, para proteger sus interés personales. Así el proponente advierte una inobservancia de disposiciones constitucionales que le otorgan facultades al Estado para poder resolver dichas problemáticas.
Con motivo de lo anterior, el proponente señaló como fundamental el actuar de la Comisión federal de Competencia Económica y el Gobierno del Estado de Chiapas, para que en el ámbito de sus competencias investiguen, regulen, garanticen y resuelvan la problemática de transporte de materiales de cemento en la entidad. 
Esta Comisión dictaminadora coincide con la intensión del Diputado proponente en vigilar la observancia constitucional y de la legislación secundaria que faculta al estado para resolver este tipo de problemáticas sin vulnerar el crecimiento económico de la nación.  Es por ello, que se considera necesario hacer mención de los alcances jurídicos que tienen las disposiciones y las autoridades citadas con antelación.

  • La Ley Federal de Competencia Económica establece en su artículo 12:
  • La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I…
II. Ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos;
III. Practicar visitas de verificación en los términos de esta Ley, citar a declarar a las personas relacionadas con la materia de la investigación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento de esta Ley, así como solicitar el apoyo de la fuerza pública o de cualquier Autoridad Pública para el eficaz desempeño de las atribuciones a que se refiere esta Ley;
IV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con las Autoridades Públicas para el combate y prevención de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y la competencia económica y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados;
V. Formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público respecto de las probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica de que tengan conocimiento;
VI. a VIII…
IX. Ordenar la suspensión de los actos o hechos constitutivos de una probable conducta prohibida por esta Ley e imponer las demás medidas cautelares, así como fijar caución para levantar dichas medidas;
X…
XI. Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de libre concurrencia o competencia económica a que hacen referencia ésta u otras leyes y reglamentos;
XII. a XIX…
XX. Promover, en coordinación con las Autoridades Públicas, que sus actos administrativos observen los principios de libre concurrencia y competencia económica;
XXI…
XXII. Publicar las Disposiciones Regulatorias que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, entre las que deberán comprenderse las siguientes materias:
a) Imposición de sanciones;
b) Prácticas monopólicas;
c) Determinación de poder sustancial para uno o varios Agentes Económicos;
d) Determinación de mercados relevantes;
e) Barreras a la competencia y la libre concurrencia;
f) Insumos esenciales, y
g) Desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos.
...
XXIII. a XXVI…
XXVII. Establecer mecanismos de coordinación con Autoridades Públicas en materia de políticas de libre concurrencia y competencia económica y para el cumplimiento de las demás disposiciones de esta Ley u otras disposiciones aplicables;
XXVIII. a XXX…

De lo anterior se desprende, la injerencia, competencia y alcances jurídicos de las autoridades citadas en el presente punto de acuerdo, así mismo, la normatividad encargada de regular la problemática planteada.
Bajo este mismo análisis, resulta importante vigilar la legalidad y cumplimiento de las acciones tomadas por los transportistas, en los puntos de las carreteras federales del Estado de Chiapas que colindan con el Estado de Oaxaca, pues dentro de éstas se han notado violaciones a los ordenamientos jurídicos citados, tanto por parte de las autoridades encargadas como por los gobernados inconformes por la situación.  
De acuerdo  lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera adecuado solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica para que revise y garantice la seguridad y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relatadas en el cuerpo del presente dictamen, así como hacer prevalecer la rectoría del Estado en el desarrollo económico y cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Chiapas y a la Comisión Federal de Competencia Económica para que en el ámbito de sus competencias investiguen, regulen, garanticen y resuelvan los conflictos entre transportistas de cemento entre los estados de Oaxaca y Chiapas, en el marco de la libre competencia económica.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiún días del mes de julio de dos mil quince.
TERCERA COMISIÓN

 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
Presidente

 

 

 

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA
Secretario

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN
Secretario

 

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA
Secretaria

 

 

 

 

 

DIP. ROBERTO RUIZ MORONATTI
Integrante

DIP. CRISTINA RUIZ SANDOVAL
Integrante

 

 

 

DIP. ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO
Integrante

SEN. DAVID PENCHYNA GRUB
Integrante

 

 

 

SEN. HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU
Integrante

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA
Integrante

 

 

 

 

 

DIP. ROCÍO REZA GALLEGOS
Integrante

DIP. JOSÉ ANTONIO LEÓN MENDÍVIL
Integrante

 

 

 

DIP. GLORIA BAUTISTA CUEVAS
Integrante

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO
Integrante

 

 

 

DIP. JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO
Integrante