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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ENVIAR AL SENADO DE LA REPÚBLICA LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en elSegundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de que sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha  24 de junio de  2015, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:
“Los adultos mayores en nuestra cultura han ocupado un lugar especial en la transmisión de los valores y las tradiciones, representan una fuente de sabiduría, al ser poseedores de un conocimiento que la experiencia ylos años otorgan.
La acelerada transición demográfica tendiente al envejecimiento de la población representa un reto para México con profundas repercusiones en los ámbitos económico, político y social, particularmente en relación con los derechos de las personas adultas mayores y la obligación del Estado Mexicano de protegerlos.
En México, la ley establece que la edad para considerar a un ciudadano como adulto mayor es de 60 años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) esta población supera actualmente los 10.9 millones de habitantes, lo que representa más del 9.3 por ciento de la población total, cifra que podría triplicarse en los siguientes 40 años como consecuencia del proceso acelerado de transición demográfica hacia el envejecimiento que vive nuestro país a causa de la reducción de las tasas de natalidad y de mortalidad y del aumento de la esperanza de vida.
En México, como sucede en otros países latinoamericanos, el proceso de envejecimiento de la población está ocurriendo a un ritmo acelerado en comparación con los países desarrollados y en contextos socioeconómicos frágiles, con altos niveles de pobreza y crecientes desigualdades sociales y económicas. Aunado a ello, una de las particularidades de la vejez en nuestro país es que está formada mayoritariamente por mujeres, quienes integran el 60% de la población adulta mayor, y además representan un grupo vulnerable de la población.
Derivado de estas circunstancias tanto a nivel nacional como internacional se han llevado a cabo grandes esfuerzos a fin de que sean plenamente reconocidos los derechos de este sector de la población.
En nuestro país existen dos importantes acciones, que permiten la protección de los adultos mayores, en primer lugar, se creó el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), que en 2002 cambió de nombre a Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el cual está incorporado a la Secretaría de Desarrollo Social como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía técnica y de gestión con el objeto de dirigir las políticas públicas para la atención específica de la población de 60 años y más.
En segundo lugar y para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como para establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, se publicó en el 2002 la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
En el ámbito internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de las personas a contar con un nivel de vida adecuado, que le asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y social en la vejez.
Pese a ello, no existía un régimen de protección internacional específico para este sector de la población que estandarizará los derechos de las personas adultas mayores y que estableciera los mecanismos y el órgano u órganos para hacerlos exigibles.
El pasado 15 de junio durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
El objeto de la Convención , el primer instrumento regional de su tipo en el mundo, es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. El punto de partida de la Convención es el reconocimiento de que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales existentes se aplican a las personas mayores, y que deben gozar plenamente de ellos en igualdad de condiciones con los demás.
Se reconocen como derechos de los Adultos Mayores:

  • Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.
  • Derecho a la independencia y a la autonomía.
  • Derecho a la participación e integración comunitaria.
  • Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia.
  • Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  • Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.
  • Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.
  • Derecho a la libertad personal.
  • Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información.
  • Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación.
  • Derecho a la privacidad y a la intimidad.
  • Derecho a la seguridad social.
  • Derecho al trabajo.
  • Derecho a la salud.
  • Derecho a la educación.
  • Derecho a la cultura.
  • Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte.
  • Derecho a la propiedad.
  • Derecho a la vivienda.
  • Derecho a un medio ambiente sano.
  • Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal.
  • Derechos políticos.
  • Derecho de reunión y de asociación.
  • Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.
  • Igual reconocimiento como persona ante la ley.
  • Acceso a la justicia.

La coyuntura actual en materia de derechos humanos generada por la reforma del artículo 1ro. constitucional, aprobada en 2011, reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, por lo que es necesario que nuestro país sea un de los primeros en firmar y aprobar la mencionada Convención.
La aprobación de la Convención, por parte del Senado de la república, como una de sus facultades exclusivas, permitirá reforzar las obligaciones jurídicas de respetar, promover y reconocer los derechos humanos de las personas mayores, conllevará la obligación de los Estados parte de adoptar medidas, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.”
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:
      “ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que envíe, a la brevedad posible al Senado de la República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de que sea aprobada en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.”
CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, y al respecto consideramos oportuno mencionar que el día 25 de junio de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ordenamiento de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores; los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Tomando lo anterior como antecedente, y reconociendo que en América Latina residen alrededor de 106 millones de personas mayores de 60 años, y se calcula que en 2050 esta cifra alcanzará aproximadamente los 310 millones, de los cuales 190 millones residirán en América Latina y el Caribe. Asimismo, que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha estimado que aproximadamente la mitad de las personas mayores de 60 años en la actualidad no disponen de recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades diarias, y una tercera parte no cuenta con ingresos por concepto de jubilación, pensión o trabajo remunerado.

En tal virtud, los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han reafirmado diversos compromisos, destacando la importancia de los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos; e impulsando los esfuerzos en el marco de la OEA para elaborar un instrumento interamericano sobre los derechos de las personas mayores, en alianza con instituciones hermanas especializadas en el tema, como son la OPS y la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL).

Es por ello que los Estados Parte, en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscribieron la misma, al reconocer que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;  reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular, la discriminación por motivos de edad; remarcando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano; reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades; reconociendo la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza; y recordando lo establecido en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia para la región de América Latina y el Caribe (2007), la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y  la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe (2012).

Es por ello que decididos a incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en las políticas públicas, así como a destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada implementación y evaluación de las medidas especiales puestas en práctica; y reafirmando el valor de la solidaridad y complementariedad de la cooperación internacional y regional para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor; respaldando activamente la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a hacer efectivos los derechos de la persona mayor y destacando la necesidad de eliminar toda forma de discriminación; convencidos de la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales; y convencidos también que la adopción de una convención amplia e integral contribuirá significativamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de la persona mayor, y a fomentar un envejecimiento activo en  todos los ámbitos

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Personas Mayores, tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir con su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Estableciéndose que los Estados Parte sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.

En particular, la citada Convención, establece como principios generales, entre otros, los siguientes: La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor; La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor; La igualdad y no discriminación; La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; El bienestar y cuidado; La seguridad física, económica y social; La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida; Enfoque diferencial para el goce efectivo de  los derechos de  la persona mayor; Respeto y valorización de la diversidad cultural; La protección judicial efectiva; Responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.

Para la consecución de sus objetivos, los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos  humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:

  • Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales como, aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.
  • Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma.
  • No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios, para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la personas mayores, así como para asegurar su plena integración, social, económica, educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo.
  • Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias, y de cualquier otra índole,  incluyendo un adecuado acceso a la justicia, a fin  garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.
  • Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.
  • Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.
  • Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor,  en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente Convención.
  • Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención.

II.- Esta Dictaminadora  considera oportuno mencionar que a la fecha Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay son los primeros países latinoamericanos que firmaron la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas Ancianas.

Éste es el primer instrumento de la región para la promoción, protección y reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de los ancianos y ancianas. Podemos sintetizar que su objeto "es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”. Establece asimismo que las personas pueden presentar denuncias a la CIDH sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas mayores reconocidas en este instrumento.  En el artículo 36, la nueva Convención indica que los Estados Parte podrán formular consultas a la CIDH en cuestiones relacionadas con su efectiva aplicación, así como solicitar asesoramiento y cooperación técnica a la CIDH para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones allí establecidas.

Sin duda alguna, la OEA ha dado un ejemplo al mundo con la aprobación del primer instrumento regional que protege específicamente los derechos de las personas mayores; en donde se acuerda el adoptar medidas para fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base de una cultura de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez.  Asimismo, se comprometen a promover el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto.

En síntesis, la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, es el primer instrumento regional de su tipo en el mundo, que contiene más de 40 artículos específicos para asegurar el reconocimiento y el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores. Además de considerar en su redacción el respaldo a la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a las personas de ese rango poblacional.

Sin duda alguna, la aprobación del citado instrumento multilateral por parte del Senado de la República, únicamente estaría garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores, en términos de exigibilidad jurídica, en todo el territorio nacional, de conformidad con nuestras leyes vigentes.

 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, al Ejecutivo Federal para que envíe, a la brevedad posible al Senado de la República, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con el objeto de que sea analizada y en su caso aprobada en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de julio del año dos mil quince.


POR LA SEGUNDA COMISIÓN

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Armando Ríos Piter
Presidente

 

 

 

Sen. Daniel Amador Gaxiola
Secretario

 

 

 

Sen. Fernando Yunes Márquez
Secretario

 

 

 

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes
 Secretaria

 

 

 

Dip. Alejandro Montano Gúzman

 

 

 

Dip. Filiberto Guevara González

 

 

 

Sen. René Juárez Cisneros

 

 

 

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu

 

 

 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks

 

 

 

Dip. Rocío Reza Gallegos

 

 

 

Dip. Fernando Rodríguez Dova

 

 

 

Dip. Amalia García Medina

 

 

 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo

 

 

 

Sen. Manuel Bartlett Díaz

 

 

 

Dip. María Sanjuana Cerda Franco