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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación, supervisión, vigilancia y cumplimiento de la norma oficial mexicana PROY-NOM-031-SSA3-2009, Asistencia Social. Prestación de Servicios de Asistencia Social a los Adultos Mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE FORTALEZCA LA COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-031-SSA3-2009, ASISTENCIA SOCIAL. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo  por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que fortalezca la coordinación, supervisión, vigilancia y cumplimiento, en los tres Órdenes de Gobierno, de la NOM-031-ssa3-2009, relacionada con la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad; así como al Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que coordine, en conjunto con las comisiones estatales en la materia, una investigación sobre las condiciones de protección y salvaguarda de los derechos humanos de los adultos mayores en los espacios destinados a su albergue, resguardo y protección.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:


 

ANTECEDENTES

1. Con fecha  30 de 2015, la Dip. María Sanjuana Cerda Franco integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“Al igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos, tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el marco jurídico internacional de los Derechos Humanos.

En especial, las personas adultas mayores tienen derecho, a recibir la atención y la protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad; a vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y requerimientos, así como ser integradas a los programas de asistencia social cuando se encuentren en situaciones de riesgo o abandono [*].

En este marco, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento emitido en el año 2002 [*], declara los compromisos que los gobiernos integrantes adquieren, asumen y ejercen para dar respuesta a los desafíos que plantea el envejecimiento en las formas de organización social, económica y cultural. Entre los que se encuentra como uno de sus objetivos el “ofrecer asistencia y servicios continuados, de diversas fuentes, a las personas de edad, y apoyo a las personas que prestan asistencia” (105), señalando en específico, entre sus medidas el “… g) Establecer y aplicar normas y mecanismos para garantizar la calidad de la asistencia prestada en contextos estructurados;…”

Acorde con esos propósitos, México ha instrumentado un amplio marco legal y desarrollado políticas públicas destinadas a la atención de las personas adultas mayores. En dichos instrumentos se promueve el respeto a la dignidad humana, el goce a la libertad, la independencia, la protección, los cuidados y el bienestar integral, garantizándoles el ejercicio y cumplimiento de sus derechos.

Su importancia es tal, que se concibe la atención a ese sector de la población mediante la Asistencia Social, como una expresión de la solidaridad humana que se manifiesta en la familia, la sociedad y en el ámbito del Estado. Estos propósitos están regulados en diversos ordenamientos jurídicos como son la Ley General de Salud, la Ley de Asistencia Social y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Sin embargo, los propósitos y objetivos de ese andamiaje normativo han sido rebasados por la realidad, recrudeciéndose las condiciones de soledad, abandono, discriminación, discapacidad y maltrato que sufren notoriamente nuestros adultos mayores. Cada vez son más los familiares que dejan en un hospital, central de autobuses o en asilos a las personas de la tercera edad y se olvidan de ellas, lo que refleja la conducta de una sociedad insensible a su condición.

Una de las principales causas para que suceda tal abandono es la idea preconcebida de que la persona adulta mayor ya no posee una vida laboral útil y comienza a generar gastos a la familia. Situación que causa tensión y trasforma el trato de sus hijas e hijos, amistades y parientes cercanos.

Otro caso frecuente ocurre cuando la familia, aprovechando su fragilidad, falta de memoria o dependencia, se apodera de los bienes materiales del adulto mayor. En estos casos el abandono cobra sentido cuando al dueño original se le ignora, o se le agrede, ya sea de manera verbal o física y en ocasiones se le desplaza de la familia, llevándolo a asilos o albergues en contra de su voluntad.

Sucede también que los adultos mayores que no tienen hijos, ni familiares, enfrentan el riesgo de quedarse sin hogar, sufrir abandono, vivir en la calle, llegar a la indigencia y la desprotección jurídica. Situaciones que sumadas a la condición de maltrato, violencia o abuso realizado por integrantes de la propia familia y el rechazo de los propios familiares ha hecho que el Estado impulse algunas acciones de atención especial o seguridad social en favor de este sector desprotegido, como es la creación de centros gerontológicos, albergues, asilos y casas de medio tiempo, así como alentado espacios similares desde el ámbito social o privado.

En estos espacios residen adultos mayores con limitaciones físicas, mentales o económicamente desamparados, en los cuales se tiene establecido que deben recibir vivienda, comida, servicio médico, actividades culturales y artísticas, terapia física y terapia ocupacional, entre otras.

No obstante que dichos espacios están destinados a brindar condiciones adecuadas de permanencia y protección para un sector en alta condición de vulnerabilidad, una simple recopilación hemerográfica puede dar cuenta de la situación real de dichos centros. Uno de ello fue el ocurrido la madrugada del pasado martes 23 de junio del año en curso en el Ejido Querétaro del Valle de Mexicali, en el estado de Baja California, y que hasta la fecha ha registrado el lamentable deceso de 17 adultos mayores del asilo Hermoso Atardecer, administrado por la asociación civil Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar, A.C.

Dentro del mencionado andamiaje jurídico, se establece en la Ley General de Salud, artículo 3º, fracción XVIII, que la Asistencia Social es materia de Salubridad General, correspondiéndole a los gobiernos de las entidades federativas, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, la organización, operación, mejoramiento y evaluación de la prestación de los servicios de salubridad general, en este caso, la Asistencia Social (13, inciso B, fracción I). Para lograr dicho propósito se emiten las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

A mayor abundamiento, la Ley de Asistencia Social señala en su artículo 7, que los servicios de salud en materia de Asistencia Social que presten la Federación, los Estados, los Municipios y los sectores social y privado, forman parte del Sistema Nacional de Salud, a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada; y que los servicios que presten los gobiernos locales, así como los sectores social y privado, formarán parte de los sistemas estatales de salud, en lo relativo a su régimen local.

Por su parte, el artículo 14 de la ley en comento establece claramente las atribuciones de la Federación en esta materia, entre las que se encuentran la coordinación del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada (fracc. III); la coordinación del Servicio Nacional de Información de Instituciones de Asistencia Social Públicas y Privadas (fracc. IV); así como la vigilancia, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y de los demás ordenamientos que de ella deriven (fracc. VIII).

En función de lo anterior, se infiere que las competencias en materia de Asistencia Social son concurrentes, por lo que corresponde a las autoridades de Salud y a los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia de los 3 órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, supervisar el funcionamiento de los centros de atención para adultos mayores del país y de manera específica, el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2009, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Asimismo, considerando que el paso del tiempo afecta las habilidades y capacidades de todas las personas, asumir a priori que una persona es inútil, incapaz o enferma debido a su edad, es una práctica injustificable desde cualquier punto de vista. Particularmente, cuando se trata de recibir lo que toda persona merece en su dignidad y que se refleja mediante el reconocimiento real de sus derechos humanos, especialmente en esta etapa de la vida.

Por ello, resaltan los Resultados sobre personas adultas mayores de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis 2010) al dar cuenta de los niveles de exclusión, falta de reconocimiento y obstaculización de derechos y oportunidades, fundamentales para llevar a cabo una vida digna y satisfactoria independientemente de la edad.

En ella se revela, entre otros resultados, que en nuestro país, 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad y que el 40.3% describe como sus principales problemas los económicos, aspectos que en parte resuelven o son obligados a resolver, al sujetarse a la protección y resguardo de un albergue, asilo o casa de asistencia diurna.

Tales consideraciones motivan una amplia participación de la instancia nacional y coordinación a nivel local de las instituciones responsables de los Derechos Humanos en el país, a efecto de evaluar y conocer en que condiciones se encuentran en esos lugares, teniendo específicos parámetros de revisión, con la intención de identificar cualquier forma de maltrato o acciones que vulneren los derechos humanos de los adultos mayores.

Fundamentalmente deberá considerarse que las violaciones a los derechos humanos contempla aspectos como las condiciones de salud, alimentación, limpieza, calidad de la atención, entre otras; situaciones que pueden ser reconocidas en la diversa cobertura mediática que a nivel local se encuentra, al indagar sobre casas hogar para ancianos en diversas partes del país.

Lamentablemente, a pesar de loables y significativas acciones emprendidas por reconocibles instituciones, existe una enorme cifra negra de ancianos que son maltratados en albergues públicos o privados.”
.
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que fortalezca la coordinación, supervisión, vigilancia y cumplimiento, en los tres órdenes de gobierno, de la NOM-031-ssa3-2009, relacionada con la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad;

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que coordine, en conjunto con las comisiones estatales en la materia, una investigación sobre las condiciones de protección y salvaguarda de los derechos humanos de los adultos mayores en los espacios destinados a su albergue, resguardo y protección.”

 

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, y al respecto consideramos oportuno mencionar que el día 25 de junio de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ordenamiento de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores; los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Como ya lo hemos mencionado, en otros dictámenes avalados por esta Comisión, dicho ordenamiento entiende a la asistencia social, como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

II.- Por otra parte, esta Dictaminadora considera oportuno señalar como antecedente que, con fecha 13 de julio de 2011, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA3-2009, Asistencia Social. Prestación de Servicios de Asistencia Social a Adultos y Adultos Mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Dicha Norma tiene por objeto establecer las características de funcionamiento, organización e infraestructura que deben observar los establecimientos de los sectores público, social y privado, que presten servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad; y es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los establecimientos de los sectores público, social y privado cualquiera que sea su denominación jurídica que presten servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores.

Define como Adulto, a la persona a partir de los 18 años y hasta los 59 años, 11 meses de edad; como  Adulto mayor, a la persona que cuente con 60 años o más de edad; y Adulto y adulto mayor en estado de abandono, a la persona que presenta cualquiera de las características siguientes: carencia de familia, rechazo familiar, maltrato físico, psicológico y carencia de recursos económicos.

Por otra parte, la Norma entiende a la asistencia social como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.

Señala que la prestación de servicios de asistencia social temporal y permanente estarán orientados a:  Promover el bienestar presente y futuro del adulto y el adulto mayor;  Otorgar con oportunidad la prestación de servicios de asistencia social;   Favorecer la interacción del adulto y adulto mayor con la familia y la sociedad;  Promover la participación social; Realizar acciones que promuevan la participación en actividades educativas, físicas, ocupacionales, productivas y recreativas;  Realizar acciones de referencia y contra-referencia para la resolución de urgencias médico quirúrgicas; Fomentar el respeto a la persona, a sus derechos civiles y pertenencias; y Otorgar vigilancia, protección y seguridad.

En materia de Infraestructura, la citada Norma menciona que para ofrecer servicios de asistencia social de calidad, se debe contar con infraestructura e instalaciones planeadas y diseñadas con los espacios requeridos por los adultos y adultos mayores, que les permitan llevar una vida digna, segura y productiva. Su diseño y construcción deberá incluir los elementos necesarios para lograr un ambiente confortable en las diferentes áreas que lo integran, de acuerdo a la función, mobiliario, equipo y condiciones climáticas de la región, con materiales y distribución adecuados para adaptarse al medio ambiente.

Por otra parte, indica que toda institución que brinde servicios de asistencia social para adultos y adultos mayores, debe llevar para sus controles un expediente administrativo por cada usuario, o en su caso expediente clínico; así como los índices de mortalidad, reporte de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud en términos de las disposiciones aplicables.

III.- Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión coincide con los planteamientos de la Diputada Cerda Franco, en el sentido de que los propósitos y objetivos de nuestro andamiaje normativo han sido rebasados por la realidad, recrudeciéndose las condiciones de soledad, abandono, discriminación, discapacidad y maltrato que sufren notoriamente nuestros adultos mayores; y reconoce que cada vez son más los familiares que dejan en un hospital, central de autobuses o en asilos a las personas de la tercera edad y se olvidan de ellas, lo que refleja la conducta de una sociedad insensible a su condición.

Por ello, reiteramos nuestra convicción de que en nuestro país la asistencia social es una expresión de solidaridad humana que se manifiesta en la familia, en la sociedad y en el ámbito del Estado. Su importancia es tal que la misma se regula en la Ley General de Salud, la Ley de Asistencia Social y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. No obstante lo anterior, actualmente se están agudizando las condiciones de vulnerabilidad de los grupos sociales más desprotegidos como son los adultos y adultos mayores en condiciones de soledad, abandono, discriminación, discapacidad, así como víctimas del maltrato en sus diversas expresiones.

En este marco y de acuerdo a las tendencias demográficas que señalan un acelerado crecimiento de la población adulta y adulta mayor, es evidente que la demanda de servicios asistenciales tenderá a incrementarse, lo que representará un verdadero reto para la sociedad en su conjunto y para todas aquellas instituciones de los sectores público, social y privado que brindan los servicios de asistencia social para este sector de la población.

Por lo que resulta de la mayor importancia el estimular y fortalecer las acciones de asistencia social que realizan los integrantes del Sistema Nacional de Salud de conformidad con lo que disponen las leyes respectivas, con el fin de mejorar la calidad de la atención, procurando que la prestación de los servicios asistenciales respondan a parámetros que aseguren una operación integral más eficaz, que contribuya a brindar una atención digna a los adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.


Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Salud, para que fortalezca la coordinación, supervisión, vigilancia y cumplimiento, en los tres órdenes de gobierno, de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA3-2009, Asistencia Social. Prestación de Servicios de Asistencia Social a los Adultos Mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que coordine, en conjunto con las comisiones estatales en la materia, una investigación sobre las condiciones de protección y salvaguarda de los derechos humanos de los adultos mayores en los espacios destinados a su albergue, resguardo y protección.

 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de julio del año dos mil quince.


POR LA SEGUNDA COMISIÓN

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Armando Ríos Piter
Presidente

 

 

 

Sen. Daniel Amador Gaxiola
Secretario

 

 

 

Sen. Fernando Yunes Márquez
Secretario

 

 

 

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes
 Secretaria

 

 

 

Dip. Alejandro Montano Gúzman

 

 

 

Dip. Filiberto Guevara González

 

 

 

Sen. René Juárez Cisneros

 

 

 

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu

 

 

 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks

 

 

 

Dip. Rocío Reza Gallegos

 

 

 

Dip. Fernando Rodríguez Dova

 

 

 

Dip. Amalia García Medina

 

 

 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo

 

 

 

Sen. Manuel Bartlett Díaz

 

 

 

Dip. María Sanjuana Cerda Franco