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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a concluir con el proceso de expedición de la cédula de identidad ciudadana contemplada en la Ley General de Población.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A CONCLUIR CON EL PROCESO DE EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA CONTEMPLADA EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESTHER QUINTANA SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

La que suscribe, diputada federal ESTHER QUINTANA SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme con lo dispuesto en los artículos 3 y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a concluir con el proceso de expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana contemplada en la Ley General de Población, al tenor de los  siguientes:

CONSIDERANDOS:

La identidad no es sólo uno más de los elementos que conforman la esencia del ser humano como tal, sino que representa la individualidad de cada uno y la potencialidad de desarrollarnos como personas y como parte de un grupo social, de aprovechar todas las capacidades y aptitudes naturales y adquiridas, así como gozar y ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico nos reconoce u otorga.

El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas. Asimismo, implica su incorporación como sujeto de derechos dentro de un Estado y su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos internacionalmente.

El Estado, como organización política y jurídica de una sociedad, tiene como fines supremos realizar el bien común, y para ello, debe de proveer los mecanismos institucionales y normativos que operen el servicio público de registro y certificación de la existencia de una persona, y las variaciones a su estado civil.

Existe normatividad internacional como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que establece de manera expresa la existencia de un derecho a la identidad en su artículo 8 y el derecho al nombre y a la nacionalidad en su artículo 7, señalando que “EI niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre, una nacionalidad…”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 24 que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre y que todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Igualmente, El artículo 15 de la Declaración Universal Derechos Humanos y el 20 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos consagran el derecho a la nacionalidad. Por último, la Convención Americana reconoce en su artículo 3° el derecho a la personalidad jurídica  y en el artículo 18 el derecho al nombre, siendo México parte en todos ellos, generando obligatoriedad de cumplimiento.

En el caso de México, es el Registro Civil el encargado de realizar la inscripción correspondiente, y de esa forma se le otorga un nombre y una nacionalidad.

La inscripción del nacimiento de las personas en el registro civil es un elemento esencial e imprescindible del derecho a la identidad, es por ello que desde hace algunos años en México el Registro Nacional de Población y los registros civiles de los estados han realizado esfuerzos importantes en el proceso de mejora en la cobertura, oportunidad y calidad del registro de nacimiento, así como en la modernización e incorporación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos.

Las actas emitidas por el registro civil son la base para que las personas accedan a todos los demás derechos, además, de que es un elemento esencial en la planificación nacional, porque ofrece datos demográficos sobre los cuales diseñar estrategias.

Ahora bien, el artículo 86 de la Ley General de Población establece que el Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad.

Este registro nacional está a cargo de la Secretaría de Gobernación, en él se inscribirá a los mexicanos y extranjeros residentes en el país, y lo conforman el Registro Nacional de Ciudadanos, Registro de Menores de Edad; y el Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana.

La expedición de la Cédula de Identidad Personal  en nuestro país, fue anunciada por el Gobierno Federal el 28 de julio de 2008, cono respuesta al compromiso adquirido en el Eje 3, “Igualdad de oportunidades” del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”, y a la suscripción del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 22 de agosto de 2008, en el que se estableció el compromiso de integrar en un solo sistema el Servicio Nacional de Identificación Personal.

La Cédula de Identidad Personal, es un documento oficial seguro y libre de duplicados, que ofrece garantizar la identidad legal y jurídica de las personas inscritas en el Registro Nacional de Ciudadanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el segundo párrafo, de la fracción primera, de su artículo 36, prevé que: “La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley…”.

En este mismo sentido, la Ley General de Población atribuye, a la Secretaría de Gobernación, la facultad de registrar y acreditar la identidad de todas las personas residentes en el país, tratándose de ciudadanos, menores de edad y extranjeros residentes, a través de un documento de identificación, por lo que en el segundo bimestre del año 2011 en las entidades de Baja California, Colima y Guanajuato iniciaron con el registro de menores en edad escolar, es decir de 4 a 17 años. Sin embargo esta acción gubernamental, deja en estado de vulnerabilidad a todos los niños de cero a tres años y once meses, ciudadanos y extranjeros con residencia en el país.

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece, en materia de derecho a la identidad, fortalecer el Registro Nacional de Población mediante la emisión del documento establecido por la Ley General de Población, garantizando así la unicidad de la identidad biográfica y biométrica de la población.

El año pasado, el entonces Instituto Federal Electoral manifestó su oposición para que se expidiera la Cédula de Identidad Ciudadana, el maestro Miguel Ángel Trinidad Zaldivar, señala en su columna del Diario “Excelsior” de fecha 11 de diciembre de 2014 lo siguiente: “… La preocupación del IFE (sic) radicaba en que, de aprobarse un nuevo instrumento de identificación, la credencial para votar con fotografía, que hoy hace las veces de identificación oficial, dejaría de ser “atractiva” al ciudadano al perder su utilidad como identificación para cualquier trámite. Esto, afirmaba el IFE, seguramente provocaría una disminución del padrón electoral y, por tanto, decrecería el número de votantes en los subsecuentes comicios, afectando nuestra incipiente democracia.”, pero el problema no radica en la intención gubernamental, sino en el mandato legal contenido en la Ley General de Población que establece que la Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad en relación con su titular, y que la misma tendrá valor como medio de identificación personal.

Para finalizar esta argumentación, debo reconocer que en esta tribuna, varios de mis compañeros han manifestado esta preocupación respecto de los menores de edad, sin embargo, el incumplimiento de la Ley va más allá de los menores, ya que conforme al artículo 104 de la Ley General de Población, el único documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular, es la Cédula de Identidad Ciudadana y a la fecha la Secretaría de Gobernación ha sido omisa ante esta problemática.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, informe el estado que guarda el proceso de registro y expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal a los veintidós días del mes de julio del año dos mil quince.

Diputada Federal Esther Quintana Salinas