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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación al probable cobro de dádivas a empresarios de dicho estado por parte del titular del Ejecutivo, el Secretario de Hacienda del estado y el Tesorero General estatal.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, PARA QUE DE MANERA OBJETIVA, PROFESIONAL E IMPARCIAL, LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES EN RELACIÓN AL PROBABLE COBRO DE DÁDIVAS A EMPRESARIOS DEL ESTADO DE SONORA, POR PARTE DEL TITULAR DEL EJECUTIVO, EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO Y EL TESORERO GENERAL ESTATAL, PARA QUE EN SU CASO SE IMPONGAN LAS PENAS Y MEDIDAS QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN. 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

La transparencia y rendición de cuentas son elementos fundamentales para la consolidación del sistema democrático, las instituciones públicas y el Estado de Derecho. En este sentido, los servidores públicos están obligados a conducirse con total apego al principio de legalidad.  

En contraposición a las consideraciones referidas, en días recientes se denunció públicamente que durante la administración de Guillermo Padrés Elías como Gobernador de Sonora, se ha llevado a cabo el cobro de dádivas a empresarios de la entidad.  

Para ponderar la gravedad del asunto que motiva la presente proposición con punto de acuerdo, basta mencionar que tan solo en el año 2013 se detectaron irregularidades por alrededor de 2 mil millones de pesos. Al respecto, los empresarios agraviados señalan que esto obedece a que en Sonora opera una red de corrupción de altos funcionarios estatales, entre ellos el Secretario de Hacienda y el Tesorero General, todos bajo el mando del actual Gobernador.  

De acuerdo a medios de comunicación, la referida red de corrupción se dedica al “cobro forzado de moches” de hasta 30% por cada uno de los contratos que firma el gobierno estatal con prestadores de servicios, asimismo, en cuanto a su temporalidad, los denunciantes señalan que comenzó a operar a partir del año 2012, por medio de “Cpetres SA de CV, SOFOM ENR”.

Lo anterior ha generado el quebrando económico de diversas empresas, causando inconformidad entre los empresarios afectados, quienes interpusieron denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. En la denuncia se precisa que dolosamente, el gobierno de Sonora comenzó a retrasar el pago a prestadores de servicios, acción que según testimonio de los agraviados tenía como objetivo desesperarlos y obligarlos a buscar a funcionarios estatales para “agilizar” sus pagos, panorama en el que se actualizaba el cobro de dádivas.

Asimismo, según testimonio de los empresarios, los funcionarios implicados les presentaban escenarios complejos, ante los que recomendaban ceder los derechos de la deuda a través del factoraje financiero que proporcionaba la empresa, “Cpetres SA de CV, SOFOM ENR”. Cabe mencionar que con la intervención de esta empresa, una de las primeras consecuencias para los empresarios es que tenía que ceder hasta 30% de la deuda que el gobierno tenía con ellos.
Según información que obra en la mencionada denuncia penal, una vez que los empresarios accedían, la empresa financiera les pagaba de inmediato el 70% al prestador de servicios, y a su vez, el gobierno estatal le pagaba de inmediato a “Cpetres SA de CV, SOFOM ENR”, la totalidad del adeudo inicial.

A reserva de que las autoridades correspondientes se pronuncien sobre las imputaciones, queda de manifiesto la comisión de abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal, tipo penal contemplado en el artículo 180 del Código Penal del estado de Sonora.

En el caso concreto, la fracción III del precepto jurídico referido, señala que este delito se da “cuando un servidor público indebidamente retarda o niega a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud”.

Además la ley sustantiva en materia penal del estado, en su artículo 185, fracción II, establece que comete el delito de cohecho el servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa directa o indirectamente, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.

Por la naturaleza del encargo que desempeñan los funcionarios implicados en el asunto controvertido, éstos forman parte del régimen de servidores públicos, que en términos del artículo 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, entre otros, está integrado por todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal.

En complemento a lo anterior, los denunciantes señalan que la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora omitió el pago a sus proveedores incurriendo en mora, situación que en la mayoría de las ocasiones los orillaba a realizar el proceso antes mencionado, en el que “curiosamente”, una vez que la deuda recaía en las arcas de la citada entidad financiera, el pago se hacía prácticamente de inmediato.

Ante este panorama, debemos precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Federal, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia ley fundamental establece.

Para ello, la actuación de las instituciones de seguridad pública, en todo momento deben estar supeditadas a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, tal y como lo solicitamos en la presente proposición con punto de acuerdo.

Además de las consideraciones vertidas, se encuentra ampliamente documentado que no se trata de un acontecimiento aislado, por el contrario, forma parte de una constante que prevalece en la actuación y conducción del titular del gobernador y altos funcionarios de la administración pública del estado de Sonora.

Basta mencionar casos como el de la condonación de impuestos a personas cercanas al titular del Ejecutivo estatal o irregularidades en la adjudicación de contratos. Por lo que respecta al primer asunto, el 26 de abril de 2015 se dio a conocer la condonación de impuestos por casi 708 millones de pesos a 41 empresas cercanas a Guillermo Padrés Elías y su familia.
En cuanto al segundo aspecto, uno de los casos más recientes se dio a conocer en marzo del presente año, cuando el titular cuando el Ejecutivo estatal y su hermano, fueron acusados de recibir recursos por parte de un empresario que has sido beneficiado con adjudicaciones. Al respecto, en principio se iniciaron investigaciones por dádivas que ascendían a por lo menos 3.3 millones de dólares en pagos en favor del Gobernador del estado de Sonora.  

Ante la magnitud del asunto mencionado, el diario “The Wall Street Journal”, señaló que de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a nombre de Tenerife CV –firma con sede en Holanda y en la que supuestamente es el único beneficiario-, el hermano del Gobernador transfirió 5.7 millones de dólares a una cuenta bancaria en Estados Unidos que abrió en 2012.

Estas son solo algunos de los casos en los que el gobernador de Sonora y personas cercana a él, han sido relacionadas con la comisión de conductas antijurídicas y al margen de la ley, de ahí la importancia de que el presente asunto se aprobado por esta Soberanía Nacional.     

Asimismo, en atención a los bienes jurídicos vulnerados, es fundamental que las autoridades que conozcan del asunto, se conduzcan con responsabilidad, eficacia, eficiencia, profesionalismo y transparencia, para que de ser el caso, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

 

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora, para que de manera objetiva, profesional e imparcial, lleve a cabo las investigaciones conducentes en relación al probable cobro de dádivas a empresarios del estado de Sonora, por parte del Titular del Ejecutivo, el Secretario de Hacienda del estado y el Tesorero General estatal, para que en su caso se impongan las penas y medidas que conforme a derecho procedan. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones, presente ante esta Soberanía Nacional los avances de las investigaciones por el probable cobro de dádivas a empresarios del estado de Sonora, por parte del Titular del Ejecutivo, el Secretario de Hacienda del estado y el Tesorero General estatal

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 08 días del mes de julio de 2015.
Atentamente

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