+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta de la Comisión Permanente



Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De las Diputadas Roxana Luna Porquillo y Graciela Fraire Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Defensa Nacional, al Comisionado Nacional de Seguridad, a los gobernadores de los 31 estados de la República Mexicana y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a atender cabalmente las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el "Informe Especial sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana".

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL, AL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD, A LOS GOBERNADORES DE LOS 31 ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA ATENDER CABALMENTE CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL “INFORME ESPECIAL SOBRE LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA”

Quienes suscriben, las diputadas Roxana Luna Porquillo y Graciela Saldaña Fraire, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

 

Consideraciones

De acuerdo al “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana” elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Estado mexicano no brinda la atención pertinente a las mujeres que se encuentran en cárceles del país, incumpliendo así con su obligación de adoptar medidas para asegurar que este sector poblacional goce de todos los derechos que les corresponden.

Entre las denuncias que se enumeran en el Informe destacan las ineficientes condiciones materiales; insuficiencia en los servicios; desigualdad entre las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato físico; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno , cobros y privilegios; prostitución; inadecuada separación y clasificación; aplicación discrecional de sanciones disciplinarias; falta de atención médica; inexistencia de manuales de procedimientos; prohibición de estancia para las hijas y los hijos de las internas en algunos casos; falta de apoyo para centros de desarrollo infantil; deficiencia de programas para la atención de personas con adicciones; insuficiente personal técnico y de seguridad; falta de capacitación e inadecuada supervisión de los centros.

El documento señala datos alarmantes que ponen en entredicho la seguridad e integridad de las mujeres, así como de sus hijos e hijas en los centros de reclusión.

La lista de denuncias es larga y no es nueva, aun así éstas deben enunciarse.  

Para iniciar, la CNDH reportó que en 33 penales de casi todo el país - Baja California, Chipas, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz, etc. -, 60 internas denunciaron haber sido golpeadas por el personal; 147 internas de 50 cárceles, han sido amenazadas, 256 internas en 61 penales han sufrido algún tipo de humillación y 213 presas de 55 centros señalaron tratos discriminatorios por parte del personal del centro penitenciario.

En cuanto a ineficientes condiciones materiales se recalcaron las fallas en el suministro de agua que se utiliza para el aseo de las internas y de las estancias. Esta declaración nos recuerda las denuncias de la líder comunitaria Nestora Salgado, quien se encuentra recluida en el en el Centro Federal Femenil Noroeste, en Tepic, Nayarit, quien señaló que el agua potable le ha sido negada.

Aunado a esto se detectaron cantidades insuficientes de alimentos para satisfacer las necesidades de las internas, en algunos casos sólo se proporcionan dos comidas al día. También se señaló la falta de alimentación especial a las/os hijas/os de las internas que viven con ellas en los centros.

Resulta alarmante la alerta de sobrepoblación y hacinamiento en 17 penales - Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas – en donde las internas deben dormir en el suelo a falta de camas. Tal es el caso del centro de Venustiano Carranza, en Nayarit, que cuenta con una sobrepoblación es de 246%, o de lo casos de Chalco y Ecatepec, Estado de México, y Cárdenas, Tabasco, en los que la sobrepoblación es igual o mayor al 100%.

De igual forma, los casos de explotación sexual son también un problema en los centros penitenciarios. De acuerdo a la CNDH se encontraron casos de explotación sexual en 20 establecimientos de Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. En 66 centros ni siquiera existe separación por situación jurídica ni clasificación, entre varones y mujeres, lo que ha derivado que en algunos casos cohabiten mujeres y hombres.

Estas denuncias se agravan al conocer que en 27 centros de reclusión (Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas), el personal asignado para vigilar y custodiar las instalaciones es insuficiente; en algunos casos tan sólo hay de una a cuatro personas por turno encargadas de la seguridad y custodia.

En cuanto al tema de capacitaciones en materia de derechos humanos y prevención de la tortura, en 57 centros (Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) el personal directivo o de seguridad y custodia no ha recibido ninguna capacitación.

Al respecto de la prestación de servicios médicos, en 73 penales de 77 visitados, se registran irregularidades en la prestación de éstos, puesto que se carecen de instalaciones y personal médico específico para las internas, además, muchas veces son atendidas en el servicio médico destinado a los varones, cuya atención resulta deficiente e inoportuna debido a que son insuficientes, incluso para los internos.

Tampoco existe atención médica especializada para las mujeres ni para los menores que viven con ellas. Aunado a este problema, se destaca que en los centros de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas está prohibida la estancia de menores de edad lo que vulnera el interés superior de la infancia y el derecho de los menores de estar y convivir con sus madres, así lo señala lo CNDH; en al menos 53 penales no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y/o educación básica.

Finalmente, en tanto a la accesibilidad de los centros, en 25 de ellos - Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz-, no hay adaptaciones para facilitar el desplazamiento de las personas con alguna discapacidad. El problema se agrava con internas con padecimientos mentales, las cuales, de acuerdo a la CNDH, se encuentran en áreas con malas condiciones y sin personal médico que las atienda.

En la investigación de la CNDH se señala que en promedio hay 14 irregularidades por centro, y los que concentran el mayor número de éstas son centros en Guerrero, particularmente los de Chilpancingo y Acapulco.

Las condiciones precarias, abusos y vulneraciones a los derechos de las mujeres privadas de su libertad en los centros de reclusión del país, deben ser atendidas de manera inmediata. Desde hace al menos una década, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos ha alertado sobre esta situación, y los gobiernos han permanecido omisos e indiferentes ante estas graves violaciones. Todos los derechos para todas las personas.

El Secretario de Defensa Nacional, el Comisionado Nacional de Seguridad, y cada Gobernador así como el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deben atender cabalmente las recomendaciones de la CNDH para garantizar los derechos humanos de las mujeres reclusas, y así eliminar las desigualdades y violaciones a derechos humanos que se ejecutan en los centros penitenciaros contra la población femenil.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Defensa Nacional y al Comisionado Nacional de Seguridad a atender cabalmente con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, publicado en marzo de 2015.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a atender cabalmente con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, publicado en marzo de 2015.

 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, México D.F.  Julio de 2015

 

 

Suscribe,

 

 

 

____________________________

_____________________________

Dip. Roxana Luna Porquillo

Dip. Graciela Saldaña Fraire

 

 

 

 

 

 

El autogobierno es definido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un tipo de gobierno paralelo al régimen interior que legalmente debe de prevalecer en un centro penitenciario y mediante el cual un grupo de internos o internas, impone métodos informales de control y realiza actividades ilícitas intramuros, lo que deriva en graves violaciones a los derechos humanos provocadas por omisión, complicidad connivencia de la autoridad penitenciaria.