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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Comisión Permanente Ficha Técnica

De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y al titular del gobierno del estado de México a cumplir a la brevedad las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el "Caso Tlatlaya".

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA  A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL,  PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CUMPLAN A LA BREVEDAD LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL “CASO TLATLAYA”.

La suscrita LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, Diputada Federal, a la LXII Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición al tenor de las siguientes:

                                                             Consideraciones

PRIMERO.Uno de los principales problemas que persisten en nuestro país es la violencia que ejercen los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley. Así se han presentado infinidad de problemas como el lamentable caso sucedido en Iguala en contra de estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en donde queda evidenciado el uso desmedido de órganos de seguridad pública de carácter estatal y municipal, que ha generado problemas de carácter nacional e internacional. Otro de los ejemplos son las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se investigan en el caso Tlatlaya, Estado de México, constatando el abuso de las fuerzas armadas en la indebida aplicación de la ley. Así, podríamos agregar una larga lista de violencia y el uso inadecuado de la fuerza en contra de los ciudadanos que se manifiestan cotidianamente ante la insatisfacción de sus demandas. Ello ocurre no solamente en el ámbito federal sino también en distintas entidades federativas y en el ámbito municipal.

SEGUNDO. Al respecto, no existe una ley de carácter federal ni en algún otro nivel de gobierno que establezca la necesidad de hacer un uso adecuado de la fuerza por parte de los funcionarios de hacer cumplir la ley. Lo que existe son distintos marcos de carácter administrativo en distintos órganos de seguridad pública, sin llegar a tener el carácter de Ley. Ello genera una dispersión en dichas disposiciones que dan la percepción de un cumplimiento parcial e incompleto y, peor aún, de manera fragmentada de las obligaciones que en dicha materia tiene el Estado Mexicano.

TERCERO. Aunado a la problemática anterior, pese a los discursos oficiales de la transparencia y rendición de cuentas con el que supuestamente se conduce el gobierno mexicano los hechos demuestran que muy lejos está que la ciudadanía tenga acceso a la información y los gobiernos de rendir cuenta plena e sus actos.

Por lo anterior, el Estado Mexicano no cumple con la protección de las garantías fundamentales determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

 

CUARTO. El reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto de incumplimiento de la recomendación 51/2014 por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y por el Gobierno del Estado de México, hacen presumir que la estrategia dominante de dichas autoridades es la opacidad y la trasgresión permanente de la ley. Ocasionando con ello serias consecuencias en el Estado de Derecho y fomentando cada vez la impunidad, serio problema que persiste en nuestra sociedad.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de la Defensa Nacionalinforme a esta soberanía en un plazo máximo de 10 días hábiles respecto de las causas por la que no han dado pleno cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente la registrada con el expediente numérico 51/2014, relativa al “Caso Tlatlaya”. Dicho informe deberá contener por lo menos lo siguiente:a) Nombre y apellido de los responsables del incumplimiento de dichas recomendaciones, b) Las razones por las que no se ha procedido a los inicios de procedimientos de determinación de responsabilidades en el ámbito militar de los servidores públicos involucrados en el caso, c) El plazo específico en que se dará cumplimiento con las recomendaciones, d) El plazo perentorio para la conclusión de los procedimientos de responsabilidades correspondientes y e) Las sanciones a implementar respecto de los funcionarios responsables que no han cumplido con dichas recomendaciones.

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Procuradora General de la República informe a esta soberanía en un plazo máximo de 10 días hábiles respecto de las causas por la que no han dado pleno cumplimiento a las cinco recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente la registrada con el expediente numérico 51/2014, relativa al “Caso Tlatlaya”.  Dicho informe deberá contener por lo menos lo siguiente: a) Nombre y apellido de los responsables del incumplimiento de dichas recomendaciones, b) Las razones por las que aún se mantiene en integración el desglose de la averiguación previa  para investigar la responsabilidad de otras personas, c) El plazo específico en que se dará cumplimiento con las recomendaciones, d) El plazo perentorio para la conclusión de los procedimientos de responsabilidades correspondientes, e) Las sanciones a implementar respecto de los funcionarios responsables que no han cumplido con dichas recomendaciones.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a Gobernador del Estado de México informe a esta soberanía en un plazo máximo de 10 días hábiles respecto de las causas por la que no han dado pleno cumplimiento a las ocho recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente la registrada con el expediente numérico 51/2014, relativa al “Caso Tlatlaya”.  Dicho informe deberá contener por lo menos lo siguiente: a) Nombre y apellido de los responsables del incumplimiento de dichas recomendaciones, b) Las razones por las que aún no se realiza el proceso de indemnización, la atención médica y sicológica a las víctimas  y la determinación ministerial y administrativa de los responsables c) El plazo específico en que se dará cumplimiento con las recomendaciones, d) El plazo perentorio para la conclusión de los procedimientos de responsabilidades correspondientes, e) Las sanciones a implementar respecto de los funcionarios responsables que no han cumplido con dichas recomendaciones.

 

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente a los veintinueve días del mes de junio del año 2015

 

 

SUSCRIBE,

 

DIPUTADA LIZBETH E. ROSAS MONTERO