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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Comisión Permanente Ficha Técnica

Del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República a realizar una revisión y valorar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el "Informe Tlatlaya a un Año: la orden fue abatir".

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA QUE REALICEN UNA REVISIÓN Y VALOREN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL “INFORME TLATLAYA A UN AÑO: LA ORDEN FUE ABATIR”

Los suscritos, legisladores integrantes del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El pasado 2 de julio del presente año, en el contexto del aniversario del Caso Tlatlaya en el que se conoce que 22 personas murieron a manos de efectivos de la Sedena, durante un “enfrentamiento armado” ocurrido en una bodega de la comunidad “Cuadrilla Nueva”, en el Municipio de Tlatlaya, Edomex, el 30 de junio de 2014; se presentó, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez el Informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir.   El Informe se contiene de 6 apartados:

  1. Presentación;
  2. Justicia incompleta y ausencia de verdad
  3. Necesidad de Investigar la Responsabilidad Institucional del Ejército;
  4. Indebida Extensión de la Jurisdicción Militar;
  5. Revictimización y
  6. Recomendaciones.

La Procuraduría General de la República, en reuniones con senadores y diputados que participaban en sendas comisiones legislativas sobre este Caso, ha señalado que  de las investigaciones realizadas, el 29 de octubre de 2014, se consignó a siete militares acusados indistintamente de diversos delitos: homicidio calificado (el delito de ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias no se está tipificado en el Código Penal Federal) en contra de 8 personas; abuso de autoridad; alteración ilícita del lugar y vestigio del hecho delictivo; ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.

Antes de continuar quisiera poner en el radar legislativo la ausencia de la armonización y la tipificación de las ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias que se corresponda con los más altos estándares internacionales; hemos logrado un avance extraordinario con la reforma al Artículo 73 constitucional para abrir la posibilidad de contar con legislación nacional en materia de combate a la tortura, los tratos crueles inhumanos y degradantes y de la desaparición forzada, secuestro o cualquier otra forma de privación ilegal de la libertad, pero quedó pendiente legislar para terminar con la impunidad en las ejecuciones extrajudiciales.

El informe presentado por la representación legal de la víctima y testigo, respaldado por un conjunto de organizaciones de derechos humanos, señala con un sentido crítico por la impunidad implícita, la ausencia de justicia y de verdad y las enormes lagunas en la investigación.

Con fecha 21 de octubre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió la Recomendación 51/2014 relacionada con el expediente CNDH/2/2014/5390/Q sobre estos hechos ocurridos. 

Las autoridades de procuración de justicia recomendadas aceptaron la recomendación, lo que derivó en la apertura de indagatorias tanto en la Procuraduría General del Estado de México, como en la Procuraduría General de la República, vinculadas con los elementos contenidos en los puntos recomendatorio; particularmente, a nivel estatal, la investigación de personal de la procuraduría estatal que fueron señalados por la presunta comisión del delito de tortura, y a nivel federal, los contenidos de la recomendación debería permitir la ampliación de la investigación para determinar y deslindar responsabilidades en la cadena de mando.

El 15 de enero de 2015, la CNDH informa que “resolvió reclasificar como una investigación de violaciones graves a Derechos Humanos el expediente CNDH/2/2014/5390, mismo que derivó en la Recomendación 51/2014”. Esta resolución se inscribe en lo que señala el último párrafo de la fracción VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

El Informe, en el apartado tercero, señala, en concordancia con señalamientos que se contienen en la recomendación de la CNDH 51/2014 arriba citada, que se debe investigar la responsabilidad institucional del ejército en los hechos violentos ocurridos en esa fecha y sustentan esta solicitud en el contenido de dos documentos [*] , fechados el 11 de junio de 2014, suscritos por un Teniente Coronel de Infantería 2/0 comandante y JGS  que detallan instrucciones al personal militar de la zona: a) Orden General de Operaciones San Antonio del Rosario y b) Orden de Relevo y Designación de Mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez (uno de los ocho militares que participaron en los hechos y actualmente consignado por su presunta responsabilidad penal en estos hechos).

Según el Informe del Centro Pro: “La Orden del Relevo fue emitida en el Campo Militar No. 22-D, San Miguel Ixtapan, Estado de México, el 11 de junio de 2014. Fue dirigida al Teniente Ezequiel Rodríguez Martínez. En el rubro, se aprecia que la dependencia emisora se identifica como ‘102 BTN. De Inf., Grupo de Comando’ y como número de oficio SIIO/10582. En el cuerpo de la Orden se reiteran operaciones y el modo en que deben llevarse a cabo; refiriendo específicamente que son órdenes provenientes del ‘Alto Mando’, es decir, del secretario de la Defensa” [*]

Resalta, por la gravedad de sus implicaciones, la disposición v de la Orden de Relevo, según la información proporcionada por el multicitado informe que instruye: “las acciones para reducir la violencia se planearán y ejecutarán en horas de obscuridad, sobre objetivos específicos…”, “…abatir delincuentes…”, denuncia el informe.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, manifiesta que la orden de “abatir” a presuntos delincuentes “ debe implicar, para las autoridades federales ministeriales que llevan la indagatoria vinculada con la recomendación CNDH 51/2014, la obligación de investigar la responsabilidad de los superiores jerárquicos, más aún porque desde que se inició la “guerra” contra los grupos criminales que cometen delitos de alto impacto, en la pasada administración y en la actual, el término abatir se ha usado, sin lugar a dudas ni a referencias semánticas en los diccionarios, para aludir a la pérdida de la vida de presuntos delincuentes en enfrentamientos armados con las fuerzas federales o locales.  

La presentación del Informe coincide, a un año de cumplirse con los acontecimientos de Tlatlaya, con las declaraciones que el Secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos Zepeda ofreciera al reportero de El Universal [*] , Carlos Benavides, sobre “asuntos incómodos” señala la nota del citado diario nacional, particularmente, sobre el Caso Tlatlaya y lo “costoso” que ha sido para el Ejército, textualmente el titular de la Defensa Nacional señala que:

“…ha fallado un poquito de información…quisiéramos saber realmente qué pasó, y si nuestra gente tiene responsabilidad, que se le castigue de acuerdo con la ley. Pero si no son culpables…son inocentes…se empieza a hacer un desarrollo mediático que finalmente nos ha creado un desgaste importante…se insista en que el juicio se inicie…están poniendo al Ejército en situaciones muy sensible, vulnerables, delicadas…”

Estas declaraciones del secretario de la Defensa responden a la inquietud manifiesta de que se avance en las investigaciones que resulten en el conocimiento de los hechos para atemperar el desprestigio y desgaste que el caso Tlatlaya le ha significado al Ejército. 

Otro tema del Informe que nos interesa señalar se refiere a la seguridad de “Julia”, testigo, sobreviviente y madre de una víctima adolescente, quien expresó que falsamente se ha informado que recibió una millonaria indemnización, lo que, aunado a la ya situación de riesgo que ha enfrentado, viene a incrementar la amenaza a su seguridad al ponerla en la circunstancia de ser secuestrada o extorsionada. La señora “Julia” cuenta con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismas que ya han determinado la necesidad de contar con seguridad personal para prevenir cualquier daño a su integridad física.

El Informe emite recomendaciones agrupadas en los siguientes apartados temáticos:

I. Para revertir la falta de justicia y verdad es imprescindible que:

  1. En cumplimiento de los estándares establecidos en los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, la  PGR debe permitir la creación de una nueva comisión indagatoria en la que participen especialistas institucionales, de la Cndh e independientes
  2. Se adopte un procedimiento especial para investigación de casos donde servidores públicos hayan privado de la vida a civiles
  3. Se garantice el acceso a la información pública contenida en las investigaciones militares y civiles
  4. Se formule un mecanismo de alto nivel para dar cabal cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe Final del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, en especial, crear una institución nacional de servicios forenses de carácter autónomo

II. Para indagar la responsabilidad institucional del Ejército en los hechos de Tlatlaya es indispensable que:

  1. Se desahoguen las pruebas propuestas por la coadyuvancia y se cite a comparecer en el fuero civil a las autoridades militares probablemente responsables por su calidad de mando,
  2. Se transparenten, por parte de la Sedena, las órdenes vinculadas con la Operación Dragón, suspender todas las órdenes que instruyan a la tropa a “abatir delincuentes” y someterse a un proceso de revisión civil independiente

III. Para poner fin a la indebida extensión del fuero militar es fundamental que:

  1. El Poder Judicial de la Federación resuelva a favor de la víctima y testigo Julia el juicio de amparo que ha interpuesto para cuestionar la extensión de la jurisdicción militar castrense en el caso Tlatlaya
  2. Reparar el daño a la señora Clara Gómez González, una de las testigos y sobreviviente de la matanza
  3. Nueva ronda de reformas al Código de Justicia Militar para hacerlo compatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

IV. Para no seguir con la Revictimización de las sobrevivientes de los hechos se requiere que:

  1. Garantizar el acceso de las víctimas sobrevivientes a la totalidad de las causas abiertas y abrir al escrutinio social las versiones públicas,
  2. Cumplir cabalmente las medidas cautelares brindadas a la víctima Julia y sus familiares,
  3. Reparar el daño causado a Julia desde una perspectiva integral

 

La justicia restaurativa (derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición) que ha sido base de las reformas constitucionales garantistas de amparo y de derechos humanos, de la Ley General de Víctimas, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma al Código de Justicia Militar y de la pronta entrada en vigor del sistema penal acusatorio, oral y adversarial, nos demanda a todos los Poderes de la Unión la congruencia con los principios establecidos que están generando un nuevo orden jurídico nacional a favor de la dignidad de las personas.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al ámbito de las respectivas competencias, exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Defensa, de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, para que realicen una revisión, valoren el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe Tlatlaya a un Año: la orden fue abatir y, en un plazo no mayor a quince días naturales, emitan una respuesta a las mismas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República, Maestra Arely Gómez González, para que en la indagatoria que se hubiera iniciado con motivo de la recomendación CNDH 51/2014, amplíe la investigación a la cadena de mando militar para deslindar responsabilidades.

TERCERO.- La Comisión Permanente exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa a que, en un plazo no mayor a quince días naturales, en cumplimiento de las facultades y obligaciones que al efecto le otorga la Ley de Seguridad Nacional, envíen a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional un Informe sobre la Operación Dragón, sin menoscabo del cuidado de la confidencialidad de información comprometida.

CUARTO.- La Comisión Permanente exhorta a los comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que cumplan con los derechos a la reparación integral que tienen las víctimas del caso Tlatlaya y se abstengan de hacer declaraciones que pongan en riesgo a los familiares de las víctimas y sobrevivientes.  

QUINTO.- La Comisión Permanente exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación para que se fortalezcan las medidas cautelares, en el rubro de seguridad, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Julia, la testigo, sobreviviente y madre de una víctima adolescente.

SEXTO.- La Comisión Permanente exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación para mantener una comunicación constante con los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y las organizaciones de derechos humanos que se solidarizaron con el Informe Tlatlaya a un Año: la orden fue abatir para atender cualquier riesgo a su seguridad y, eventualmente, otorgar medidas de protección, en el marco del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los ocho días del mes de julio de dos mil quince.

Suscribe,

 

DIPUTADO FERNANDO BELAUZARÁN

 



[*] Dichos documentos, se señala en el informe, fueron obtenidos a partir de una serie de acciones legales a fin de obtener acceso a la causa penal 338/2014 radicada ante el Juzgado Sexto Militar adscrito a la I Región Militar. Ref. Pág. 17 del Informe Tlatlaya a un Año: la orden fue abatir.  Pág. Oficial del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro.

[*] Ídem. Informe Tlatlaya a un Año: la orden fue abatir.  Pág. 19.

[*] El Universal. Sección Nación. Lunes 29 de junio 2015. www.eluniversal.com