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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica


De los Diputados Alliet Bautista Bravo, Gloria Bautista Cuevas y José Antonio León Mendívil y de los Senadores Benjamín Robles Montoya, Héctor Larios Córdova y Francisco Búrquez Valenzuela, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emita su determinación sobre la aplicación de esta regulación a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo nacionales.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A SOLICITAR AL COMITÉ DE SUPERVISIÓN BANCARÍA DE BASILEA EMITA SU DETERMINACION SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTA REGULACIÓN A LA SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO NACIONALES

Diputada Gloria Bautista Cuevas, Diputado José Antonio León Mendivil y Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Senador Benjamín Robles, Senador Héctor Larios y el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, presentamos ante esta Soberanía proposición con punto de acuerdo en materia financiera internacional al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

Al ser nuestro País México, miembro de este Comité, solicitamos su intervención para que el sector cooperativo de este país, sea escuchado sobre la problemática que vive por lo que ellos consideran una sobre regulación ya que se le están imponiendo obligaciones similares o más estrictas que las impuestas a los bancos comerciales o a los grupos financieros, solicitamos nos informen si para la supervisión de este sector social (específicamente cooperativas de ahorro y préstamo) aplican las normas y recomendaciones de BASILEA I, BASILEA II y BASILEA III, así como nos confirmen si son recomendaciones o normas de carácter obligatorio contenidas en esos acuerdos, para los países miembros del comité, así también si los mencionados acuerdos son aplicables al sector social que realiza actividades mutualistas y cooperativas, de ahorro y préstamo entre los propios socios de las entidades, sin fines de lucro y no con el público en general, lo anterior porque las autoridades de nuestro país, le aplican a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (parte del sector social), los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva, es decir el conjunto integral de reformas elaboradas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, y según se tiene conocimiento estas normas están dirigidas al sector bancario, sector distinto al social en México.

Violándose en perjuicio de la sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de México y de sus integrantes de estos entes jurídicos, los artículos 1, 5, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en los que nuestro país es parte de los mismos, como ilustración se trascriben los preceptos legales invocados.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte….

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.


Articulo 17. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño…


Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.


La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario "pacta suntservanda", contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

Es evidente, que todo tratado o convenio celebrado por el presidente de la República, así esté aprobado por el Senado, pero que contradiga o esté en oposición con los preceptos de la Constitución, en los puntos o actos en que esto acontezca, no debe tener eficacia jurídica.

Por lo tanto con la aplicación de BASILEA I, BASILEA II y BASILEA III, al sector social (especialmente cooperativas de ahorro y préstamo) además de violentar los derechos individuales y humanos de las integrantes de ese sector social mexicano, se violan sus derechos sociales consagrados en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales, ya que estos derechos facultan a los ciudadanos o habitantes de un país a desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad así como aquellos derechos que les permiten unas condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna.

Como consecuencia los derechos sociales, al ser una parte de los derechos económicos, sociales, culturales y de los derechos humanos, aparecen en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) aprobado en 1966 y de forma más genérica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, como consecuencia deben ser observados y respetados por todas las autoridades del mundo.

AFECTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE BASILEA A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO EN MÉXICO.

Los acuerdos de Basilea se comenzaron a publicar desde 1988 y su objetivo es dictar recomendaciones que se traduzcan en normas regulatorias y esquemas de supervisión estandarizados en los sistemas financieros de los países que decidan adoptarlas en todo el mundo, México ha decidido, como parte de sus acuerdos internacionales y de una política pública clara, participar activamente en la adopción y participación de éstas normas para su sistema financiero, pero ha permitido que se genere una grave consecuencia de ello para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en el país.

La grave consecuencia consiste en lo siguiente:

1. Los acuerdos de Basilea llevan al regulador financiero, Comisión Nacional Bancaria y de Valores  (CNBV) a exigirle a los bancos y grupos financieros en México a que tengan un capital fortalecido en relación a los riesgos que toman al realizar su intermediación financiera, al realizar inversiones con recursos financieros en diferentes mercados y en general al operar con los recursos que captan del público en general, en éste caso de todos los mexicanos que depositan recursos en éstos, lo cual es totalmente lógico y recomendable, pero para éste tipo de instituciones.

 

2. No obstante lo anterior muchos de los bancos y grupos financieros en México has estado pidiendo durante el proceso de implantación de éstas normas que se aplacen y que les permitan a través de diversos medios como emisiones en bolsa de valores, fortalecer su capital o sanear sus activos antes de que entren en vigor ya que son de alta exigencia de capital.

3. Las cooperativas de ahorro y préstamo en México (SOCAPS) fueron obligadas a entrar al esquema de capitalización por riesgos recomendada por Basilea, desde la promulgación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) en 2001, hace 14 años.

Siendo éste un sector noble hasta ese momento, pero empírico en la administración básica de sus cooperativas, la autoridad regulatoria  (CNBV) en una clara muestra de desconocimiento impuso en homologación con el sector privado un modelo regulatorio que resulto  nocivo para ellas, permitiendo que se emitiera una regulación bancaria supuestamente adecuada a su operación, lo cual fue un error estratégico que terminó con un sinnúmero de reformas y al final el reconocimiento de las autoridades y el gobierno mexicano de que éste no era el marco regulatorio para éste tipo de sociedades, seguido a ello, se promulga la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) en 2009.

4. En éste periodo de 8 años la mayoría de las SOCAPS intentaron cumplir con una distorsión contranaturalque consistía en demostrara la CNBV la fortaleza de un capital que realmente desde su origen nunca estuvieron preparadas para crear, por la sencilla razón de que fueron creadas sin fines de lucro y esto de manera natural genera un capital pequeño, falto de la acumulación de utilidades o remanentes durante su historia y para el caso de las que si generaron remanentes, éstos se utilizaban para dar servicios adicionales y ayuda a sus socios; entonces, ¿De dónde pueden éstas SOCAPS acumular un capital fuerte similar al de los bancos cuando estos a diferencia centran toda su estrategia, logística, recursos y habilidad, única y exclusivamente en generar dividendos que fortalezcan su capital y por ende crezca la riqueza de sus accionistas?

5. La otra contrariedad grave, es que no obstante la debilidad del capital de éstas sociedades demostrado a lo largo de éste plazo, la CNBV, insistió en meter nuevamente un esquema regulatorio basado en la fortaleza de capital, derivado de las normas de Basilea, así  la LRASCAP  continúa el proceso de la desaparición gradual de las SOCAPS de México, ya que con la entrada en pleno vigor de la LRASCAP se elimina al 80% de las SOCAPS en México por tener una debilidad de capital que de manera natural su esquema de operación les ha creado.

6. Lo anterior generó un círculo vicioso que ha llevado a las SOCAPS a invertir y destinar recursos financieros de su patrimonio en tratar de cumplir con la regulación que les impusieron, contratando asesores, personal especializado y caro, adquiriendo sistemas de información costosos, adecuando instalaciones, implementando sistemas de control interno, endureciendo las políticas de crédito, situación que redujo su colocación y el acceso a crédito a sus socios, todo esto contribuyó a reducir aún más su capital.

7. Lo inverosímil de éste asunto es que no obstante todo lo comentado en los puntos anteriores la CNBV a través de la facultad-discresionales- que le otorgan los legisladores para dictar normas de operación, dicta, yendo más allá de sus facultades, normas de  capitalización, poniendo restricciones (de forma, cantidad, % de aportación por socio, plazos, requisitos legales, etc.) a las aportaciones a capital de los socios de las cooperativas en las “disposiciones de carácter general” relativas a la LRASCP, Ley que solamente regula las actividades de las SOCAPS, no así el esquema societario o las aportaciones a su capital. El hecho es que a un esquema de capital pequeño, la propia autoridad regulatoria le pone restricciones e impedimentos a las aportaciones de los socios de las SOCAPS.

8. En contexto a lo anterior, las SOCAPS se encuentran en una situación de mercado que las debilita aún más, y es que, derivado de la mala reputación que se ha estado creando, con el cierre obligado por la CNBV de varias de ellas debido a su capital pequeño, lo socios solicitan una tasa mayor de interés al percibir el supuesto riesgo; esto está encareciendo su fondeo, por otro lado, el gobierno federal de acuerdo a su compromiso de políticas públicas al sector social, debiendo asignarles fondos baratos o a tasa cero, para fomento de su actividad sin fines de lucro,  para que lo trasladen a su socios  y que estos tengan acceso a crédito barato en condiciones de ayuda mutua con asesoría para que progresen económicamente, no lo hace, y ello provoca un encarecimiento de los costos de fondeo para su operación.

9. Por lo que la ruta de declinación se configura:

a. SOCAPS que de manera natural tiene un capital pequeño por no acumular utilidades debido a su naturaleza sin fines de lucro;

b. Erosión de capital por tratar de cumplir una regulación que no es para ellas durante 14 años;

c. Erosión de capital por que los socios les solicitan mayores rendimientos por la percepción del supuesto riesgo reputacional por el cierre de muchas de ellas provocado por las acciones del regulador (CNBV);

d. Erosión de capital por los elevados costos de fondeo (Depósitos de su socios y bloqueo a líneas de crédito barato o sin costo);

e. Restricciones de aportaciones al capital por parte del regulador (CNBV) en exceso a sus facultades impidiendo que el capital crezca;

f. El resultado de ésta fórmula es sencillo calcularlo capital = 0 y por otro lado un requerimiento del regulador de 1, al no cumplirlo te obligan a liquidarte; y

g. Al obligarles a liquidarse ya erosionaron el capital y ahora como se le regresa a los socios, se llega al final de la sociedad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a esta H. Asamblea la siguiente:


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, se pronuncie sobre la aplicación de las normas y recomendaciones de BASILEA I, II y III a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo ya que hasta este momento le son aplicadas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender la recomendación del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, derivado de la consulta de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y en ese lapso suspender toda acción administrativa o fiscal en detrimento de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

TERCERO.-
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a que el proceso de consulta con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea se lleve a cabo con el acompañamiento de los organismos de representación del sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
Dado en la Sede de la H. Comisión Permanente a 8 días del mes de julio de 2015


S u s c r i b e n

 

 

Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo

 

 

 

Sen. Benjamín Robles Montoya

 

 

Dip. Gloria Bautista Cuevas

 

 

Sen. Héctor Larios Córdova

 

 

 

Dip. José Antonio León Mendivil

 

 

 

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela