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De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Adán Augusto López Hernández, Rabindranath Salazar Solorio y Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a proceder a liberar a Roger Enrique Narcia Álvarez, preso político en el estado de Chiapas.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE PROCEDAN A LIBERAR INMEDIATAMENTE A ROGER ENRIQUE NARCIA ALVAREZ, PRESO POLÍTICO EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

Los suscritos, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 y 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE PROCEDAN A LIBERAR INMEDIATAMENTE A ROGER ENRIQUE NARCIA ALVAREZ, PRESO POLÍTICO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, en razón de los siguientes:

Al pueblo de Chiapas y al pueblo de México. 

La inconformidad social ante proyectos que dañan el ecosistema y lesionan los derechos de las comunidades no puede reprimirse encarcelando a los inconformes, sino atendiendo previamente las necesidades de la gente y tratando de no afectar el medio ambiente.

Hace ya 10 años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ocupó diversos terrenos ejidales laborales destinados al cultivo de caña del Ejido Francisco Sarabia para la construcción de la Presa Hidroeléctrica denominada “Bombaná”.

Transcurrido el tiempo, las tierras fueron afectadas por la desviación y restricción del agua, provocando la falta de producción agrícola de los pobladores, daños serios ocasionados alecosistema y más pobreza en la región.

En este como en otros muchos casos en el país, las autoridades imponen los proyectos de infraestructura sin atender y resolver las afectaciones reales y directas que las obras generan en las comunidades y sus pobladores, que por no ser atendidas a tiempoprovocan legítimas movilizaciones sociales, como la última opción que las comunidades tienen para que finalmente sean escuchadas por las autoridades.

Por sus recursos naturales, sabemos del potencial de generación de energía eléctrica en el Estado de Chiapas, pero también sabemos de muchos casos donde proyectos de esta índole generan daños irreversibles al medio ambiente y a los derechos sociales y económicos de las comunidades y de comunidades indígenas en particular, como es el caso de la Presa Hidroeléctrica denominada“Bombaná.

Casos donde se pasa literalmente por encima de las comunidades, sin respetar sus derechos.

Se trata de una obra hidroeléctricaque por los impactos sociales y ambientales provocadosaun después de 10 años las autoridades siguen sin hacer las retribuciones sociales, económicas y ambientales a que tienen derecho las comunidades. Una serie de causas y efectos que no deberían suceder: una obra provoca daños que no se reparan o previenen a tiempo que traen como consecuencia movilización social y enfrentamiento, así como consecuencias jurídicas de naturaleza penal.

En un escenario donde deberían convivir armónicamente el derecho a la sustentabilidad y el derecho al desarrollo, en su lugar se imponen la razón del gobierno y la legitima defensa popular contra los abusos. Mientras no se atiendan con seriedad y se prevengan los impactos sociales y ambientales que genera una obra pública seguiremos teniendo inconformidad social a lo largo y ancho del país.

El 21 de enero de 2014 pobladores de Francisco Sarabia, iniciaron una serie de acciones de protesta por los daños causados por la Presa Hidroeléctrica denominada “Bombaná”.

El 22 de enero del 2014, el Ministerio Público de la Agencia Investigadora Número Cuatro, de la Delegación Chiapas de la Procuraduría General de la República dio inicio a la averiguación previa número PGR/CHIS/TGZ-IV/39/2014, por los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten en contra de quien o quienes resulten.

El 18 de marzo ejerció la acción penal en esa causa penal contra de los CC. Nabor Alegría Hernández, Gustavo AmedCulebro Gordillo y Roger Enrique Narcia Álvarez por los delitos de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacionales al impedir la generación de energía eléctrica.

El 4 de abril de 2014 el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas libró la orden de aprehensión en contra de los inculpados.

Justo un año y dos meses después de librada la orden de aprehensión, el 4 de junio de 2015, en pleno proceso electoralfederal y tres días antes de la jornada electoral,elementos de la Procuraduría General de la República detienen a los inculpados.

Autoridades del gobierno del Chiapas, en días previos a su arbitraria detención, le hicieron saber a Roger Enrique que el objetivo era mantenerlo dentro de la cárcel durante el proceso electoral, ante su negativa de apoyar a los partidos políticos oficiales. 

Tanto la averiguación previa como en el proceso penal hubo violaciones a los derechos humanos de Roger Enrique, en los que las autoridades no acreditaron plenamente la relevancia penal del caso y no respetaron sus derechos esenciales. Se trató de una orden de aprehensión viciada, a la cual, como se señaló, sele da cumplimiento 3 días antes de las elecciones.

Su esposa, ante las violaciones cometidas contra sus derechos humanos, el 26 de junio del 2015 presentó queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal a la que recayó el expediente SEVIE 280/2015-QD, mediante el cual denuncia las actuaciones del Juez de Distrito de la causa, quien no favoreció el principio de la igualdad de trato judicial al no liberar a todos los detenidos a pesar de tener conexidad en el expediente, y con ello la presunción de inocencia, y favorecer en todo momento de los derechos humanos del acusado.

Roger Enrique intervino para favorecer el diálogo entre la CFE y los ejidatarios, ante sus inconformidades por los daños ecológicos y económicos que causa la actividad de la paraestatal, principalmente a la producción de los cultivos, pues en sus tierras no hay agua suficiente para la satisfacción de las necesidades básicas de vida digna y producción sustentable, además de que la autoridad no ha cumplido con el pago restitutorio al que tienen derecho.

Los ejidatarios exigen el pago de casi 28 millones de pesos por indemnización y 5 millones anuales por la explotación delagua y las tierras ejidales.El ejido tuvo además a su favor una resolución favorable de los tribunales agrarios.

Roger Enrique, no cabe duda,es un preso político.

  • Lo detuvieron 3 días antes de la pasada jornada electoral federal y aun lo mantienen preso cuando se está desarrollando el actual proceso electoral para renovar a los representantes populares en el estado.
  • Le negaron su libertad personal a pesar de que ante los mismos, hechos, expediente y perdón legal, debieron haberlo liberado hace semanas. Otras dos personas ya están libres y Roger Enrique no.
  • Roger Enrique es unlíder de izquierda en la zona; siempre ha estado del lado de las causas de izquierda y actualmente apoya al Movimiento de Regeneración Nacional en la región. Su hermano es candidato a presidente municipal en el Municipio de Chiapa de Corzo. A Roger Enrique se le intimida y se le mantiene en la cárcel por su participación política en la izquierda.

 

En el presente caso también se pone en tela de juicio el sistema de justicia,  principalmente el principio de objetividad e imparcialidad en la aplicación de la ley. Cuando el aparato de procuración y administración de justicia se utiliza de manera facciosa, persecutoria y personalizada se destruye la credibilidad no solo de la ley, sino del gobierno mismo.

A pesar de la supuesta independencia judicial en el Estado de Chiapas se sigue usando la justicia con fines políticos. La orden de aprehensión se ejecuta un año y dos meses después de que se libró y justo tres días antes de lacelebración de la jornada electoral pasada.

El gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, no puede permanecer omiso y tolerar que se retenga en la cárcel de manera injusta a un dirigente social, a cualquier persona, y por otra parte seguir manipulando el sistema de justicia y usando el presupuesto para mantener el control político en la entidad. Denunciamos al gobernador del Estado de Chiapas por su intervención debajo de la mesa y exigimos que salvaguarde la integridad de Roger Enrique.

Hoy el aparato de gobierno se usa para invertir irresponsablemente en la publicidad que muestra una imagen virtual unipersonal del Ejecutivo Local que no corresponde a la realidad, y que se expone no solo local sino nacionalmente; los recursos deberían invertirse y enfocarse en gasto social y productivo.

Chiapas es uno de los estados más endeudados del país, por responsabilidad del gobierno que gasta en cosas superfluas, que no impactan en el bienestar social.  El estado tiene el Índice de Desarrollo Humano más bajo del país y por el saldo histórico de la deuda pública es la décima entidad federativa más endeuda, cuando sólo contribuye con el 1.9% del PIB nacional, ubicándose en el lugar 19 a nivel nacional.

Hay que recordar que la constitución política mexicana ordena a todas las autoridades a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Tenemos que denunciar una gran injusticia local y expresarla a nivel nacional, porque se trata de un móvil político. Desde finales de junio la CFE está satisfecha en el expediente penal; luego entonces, si no hay delito por consecuencia Roger Enrique tiene que ser liberado inmediatamente. Exigimos si inmediata liberación.

Ninguna vida humana ni las libertades pueden depender de un trámite.

Exigimos también se sancione a los responsables por la violación de sus derechos humanos.

¿O es que el gobierno buscare tener en la cárcel a Roger Enrique durante el proceso electoral local? ¿Ese es el móvil, que han armado el gobierno del estado y los jueces?¿Usar la ley y la justicia para beneficiarse electoralmente?

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión la aprobación de la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Primero. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al C. Gobernador del Estado de Chiapas, Lic. Manuel Velasco Coello, para que en el ámbito de sus facultades realice las acciones que sean necesarias a fin de proteger y garantizar los derechos humanos y restablecer el ejercicio de la libertad personal del C. RogerEnrique Narcia Álvarez.

Segundo. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en uso de sus facultades y en pleno respeto a la función jurisdiccional,ante la urgencia del caso y la violación grave de los derechos humanos al debido proceso delC. Roger Enrique Narcia Álvarez,intervenga y revise el expediente, a fin de que se ordene su inmediata liberación.

Tercero. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar el expediente de C. Roger Enrique Narcia Álvarezy en especial la actuación del Juez Segundo de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, quientrató desigualmente a los procesados en la misma causa penal,dejó de privilegiar los derechos humanos a la presunción de inocencia, libertad personaly demás garantías del acusado.

 

En el Senado de la República, a los 8 días del mes de julio de dos mil quince.

Atentamente

             SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO        
SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO
SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ