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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica


De los Diputados Alliet Bautista Bravo, Gloria Bautista Cuevas y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informar de los resultados de la llamada reforma financiera, así como de las disposiciones aprobadas por el Congreso relativas a propiciar un proceso ordenado de regularización del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.


PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA COMSIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A INFORMAR ACERCA LOS RESULTADOS DE LA LLAMADA REFORMA FINANCIERA, ASÍ COMO DE LAS DISPOSICONES APROBADAS POR EL CONGRESO RELATIVAS A PROPICIAR UN PROCESO ORDENADO DE REGULARIZACIÓN DEL SECTOR DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO

Quienes suscriben, ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, GLORIA BAUTISTA CUEVAS Y JOSÉ ANTONIO LEÓN MENDIVIL, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, sometemos a la consideración de esta Representación Soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA COMSIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A INFORMAR ACERCA LOS RESULTADOS DE LA LLAMADA REFORMA FINANCIERA, ASÍ COMO DE LAS DISPOSICONES APROBADAS POR EL CONGRESO RELATIVAS A PROPICIAR UN PROCESO ORDENADO DE REGULARIZACIÓN DEL SECTOR DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013 “considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país. El desarrollo no es deber de un solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado”.

Y agrega, correctamente, que “El crecimiento y el desarrollo surgen de abajo hacia arriba, cuando cada persona, cada empresa y cada actor de nuestra sociedad son capaces de lograr su mayor contribución”.

Estaestrategia incluyente, forma parte de ese documento que define las metas que se ha fijado el Gobierno de la República, desde su visión, para alcanzar las metas que se propuso desde el inicio del período sexenal. 

En ese sentido, es importante destacar los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el sentido de que aplicará “una política de fomento económico con el fin de crear un mayor número de empleos, desarrollar los sectores estratégicos del país y generar más competencia y dinamismo en la economía”. Con ese propósito “Se buscará incrementar la productividad de los sectores dinámicos de la economía mexicana de manera regional y sectorialmente equilibrada”.

Y particularmente destaca que “se fortalecerá el mercado interno, se impulsará a los emprendedores, se fortalecerán las micro, pequeñas y medianas empresas, y se fomentará la economía social a través de un mejor acceso al financiamiento”.

Siguiendo esa disposición para fomentar la economía social, la estrategia 4.8.5 de este documento establece los compromisos:

Estrategia 4.8.5. Fomentar la economía social.

 Líneas de acción

• Realizar la promoción, visibilización, desarrollo y cooperación regional e intersectorial de las empresas de la economía social, para mitigar las diferentes formas de exclusión económica y productiva.

 • Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras y gerenciales de las empresas de la economía social.

Estalínea de acción del gobierno, de fomentar a la economía social a través de un mejor financiamiento, cobra especial importancia tomando en cuenta que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estima que en 2012 la población en condiciones de pobreza llegó a 53.22 millones.

Es tal la magnitud del problema, que laSecretaria de Hacienda y Crédito Público, ha manifestado que sí algo se puede aprender de las cifras del Coneval, es que: el enfoque exclusivamente asistencialista de la política social no es suficiente, por lo que para dar mayor efectividad a los programas sociales se habrán de rediseñar sus principios y sus reglas, para vincularlos con la productividad y hacer de ellos un elemento que induzca productividad y el crecimiento económico, y no sólo ser un paliativo .

Sin embargo, esa preocupación expresada y en el Plan Nacional de Desarrollo, no se reflejó en las discusiones que se llevaron a cabo en el marco de la reforma financiera que presentó el Ejecutivo en 2013. Contra la demanda del sector de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de constituir un banco social para fortalecer sus operaciones, facilitar la regularización de las que aún estaban en ese proceso y hacer más eficiente su supervisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrapuso su figura de la “banca de desarrollo con función social”, sin definir, sin transparentar ante la sociedad en que consistía ese concepto.

En realidad, el haber aprobado que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) tuviera funciones de banca social,  sólo se ha utilizado, por ejemplo, con un esquema corporativista, para facilitar la recuperación de cartera de desarrolladores de vivienda, ante la imposibilidad de los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de cubrir sus hipotecas vencidas. Además de ello, también se pretende utilizar para armar el paquete de rescate de los ahorradores de Ficrea S.A de C.V.-FICREA- defraudados a pesar de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Así, el concepto de “banca social” de Hacienda resultó un instrumento útil para encubrir las deficiencias de sus políticas económicas, en beneficio de empresarios privados o grupos incondicionales. Sin que los organismos de la economía social viesen reflejada dicha política pública de manera positiva.

También, a pesar de lo establecido en el PND, en la reforma financiera tampoco se incluyó lo relativo a la regularización de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que en ese año 2013 transitaban por un proceso que entraba a su fase final. A pesar de los riesgos que eso suponía, la Secretaria de Hacienda no consideró las propuestas de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), presentadas por diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios, en su calidad  de órgano consultivo del Estado en materia cooperativa, con el propósito de lograr un proceso ordenado.

Para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo este proceso no ha sido sencillo, porque no cuentan con el apoyo necesario ante los riesgos que les significan la adopción de normas y tecnologías que les implican costos y obligaciones semejantes a los que aplican la banca comercial, pero sin el respaldo que se proporciona a ésta.

Así, se llegó al 27 de marzo de 2014, cuando se puso a discusión el dictamen sobre la propuesta de reformas que se hicieron a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (LFIPAGO), así como a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), ante el inminente vencimiento del plazo, el 31 de marzo, para que las cooperativas de ahorro y préstamo solicitaran autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), previo dictamen favorable del Comité de Supervisión Auxiliar, para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo.

Si bien las reformas fortalecieron la supervisión de parte de la CNBV, la intervención de la CONCAMEX y el legislativo logró incluir que los trabajos de consolidación que realizan las sociedades que serán apoyadas por el FIPAGO, se lleven a cabo por expertos en finanzas populares. También fue posible ampliar el universo de sociedades sujetas a apoyo del FIPAGO, en beneficio de los ahorradores. Además, se aceptó beneficiar a las sociedades cooperativas que se hubieren constituido legalmente antes del 31 de diciembre de 2002 e incluso a las que se registraron en el Fondo de Protección, a través del Comité de Supervisión Auxiliar, a que se refiere el artículo 7o. de la LRASCAP, antes del 1 de febrero de 2014, o haberse constituido a más tardar el 13 de agosto de 2009 y haber dejado de celebrar operaciones pasivas y activas antes del 31 de diciembre de 2012, acreditando que cumplen con los supuestos a que se refiere el artículo 7o. de la Ley.

En este proceso se acordó fortalecer el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básico, que no requerían autorización de la CNBV. Se aprobó que el Comité de Supervisión Auxiliar evaluará periódicamente a dichas sociedades e informará a la CNBV cuando alguna de ellas haya sido clasificada en D por representar un muy alto riesgo de pérdida de patrimonio de sus socios y, en consecuencia, facultará a esta última para ordenarles la disolución y liquidación.

Si bien las SOCAPS, se podrán seguir constituyendo ante fedatario,  éste debe informarlo al Comité de Supervisión Auxiliar dentro de los 20 días siguientes a dicha constitución, además sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de nueva creación debe inscribirse en menos tiempo ante el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo del Comité de Supervisión Auxiliar del FOCOOP.

Asimismo, se faculta a la CNBV para que ordene la medida precautoria de inmovilizar los recursos de las personas físicas o personas morales que realicen operaciones reservadas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, con el fin de salvaguardar los ahorros de los socios depositantes.

En este sentido, contamos con quejas de graves intervenciones de la Procuraduría General de la República persiguiendo cooperativas e interviniendo sus cuentas aún cuando las cooperativas se encuentren en proceso de autorización.  

En esta materia, y en resumen, el Congreso de la Unión aprobó las siguientes reformas:

  • El 4 de enero de 2013, el decreto por el que se reforma la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos PRIMERO; y TERCERO de los artículos TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, del "Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009.
  •  
  • El 28 de abril de 2014 el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos tercero y cuarto de los artículos transitorios del artículo primero, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado el 13 de agosto de 2009.
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  • En el marco de la reforma financiera, a través del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, el 10 de enero de 2014.
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Todas ellas buscaban, en apariencia, la regularización de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo para cuidar los ahorros de los socios, así como la participación de las cooperativas de ahorro y préstamo en el acceso a créditos al alcance de todos y finalmente su inclusión en el sistema financiero nacional.

No obstante, lo reciente de esas reformas, y sin un proceso de maduración, en menos de un año, nuevamente la Secretaria de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores buscan cambiar la norma regulatoria. Eso lo hicieron en el marco de los trabajos de la Comisión Bicamaral que se constituyó durante el período de sesiones de la Comisión Permanente en enero de este año, para analizar las causas del fraude a los ahorradores en FICREA, empresa privada bajo la figura asociativa de Sociedad Financiera Popular (SOFIPO), apenas constituida en 2008.

Aunque la Comisión también se proponía investigar las fallas en la vigilancia por parte de la autoridad responsable, el martes 14 de abril se presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para su análisis y dictamen se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En la práctica, esta iniciativa exonera a las autoridades de la CNBV y además, sorpresivamente, les daba mayores poderes en contra de las Cooperativas de ahorro y préstamo.

Eso sucedía a pesar de que en el informe que envió el 9 de abril el grupo de trabajo en relación con FICREA, al Senado de la República; no se menciona en ningún caso que la reforma a la LRASCAP se hubiera constituido en una condición o un objetivo de la Comisión Bicamaral para resolver las demandas de los defraudados de FICREA.

Con gran premura, escaso análisis, nula consulta a los sectores cooperativos, el miércoles 15 de abril, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se presentó y aprobó el dictamen correspondiente de una nueva Ley que sustituía a la LRASCAP. Aunque su presentación en el pleno se retrasó un poco, finalmente se aprobó el 22 de abril y pasó como minuta al Senado.

Al conocer el carácter de la iniciativa, que en teoría debería atender al problema del fraude en FICREA, y que sin conocimiento del sector cooperativista incluía reformas a la  LRASCAP, diversas organizaciones de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) expresaron su rechazo e inconformidad.

Además, se puede anticipar que el contenido de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como las reformas a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo no son realmente la herramienta que impedirá cometer nuevos fraudes.

De acuerdo con la “Atenta nota a la Junta de Gobierno” de la Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la CNBV, desde marzo de 2014 se advirtieron irregularidades en FICREA: incumplimiento en operaciones de crédito; simulación de operaciones; pasivos no reconocidos no registrados; falta de transparencia en la información; deficiencia en el establecimiento de controles en materia de prevención de recursos de procedencia ilícita y violaciones reiteradas al marco legal.

No obstante, ante la omisión de las autoridades,  al 30 de septiembre de 2014 FICREA informaba que era una empresa “solida” con activos por $6,388 millones de pesos; una cartera de crédito de $5,767 millones colocada entre 6,724 clientes; pasivos por $5,729 millones de pesos, por la captación de ahorro por $5,629 millones, de los contratos con 6,366 clientes y un capital contable de $659 millones de pesos. Incluso, informaba que su índice de morosidad era de sólo 2.4% sobre el total de su cartera; con una cobertura sobre pagos de 120% y un nivel de capitalización de 103.3%. Así dibujaban los fugitivos de FICREA su operación y eso les permitió, según la comisión de trabajo bicamaral, desviar recursos por $5,900 millones de pesos.    

El problema del FICREA se generó en una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO), que son sociedades anónimas que operan conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y son promovidas desde el sector hacendario para erosionar al sector social. Desde el punto de vista y experiencia de quienes operan en el sector social, el fraude no se debió al tipo de regulación o a una mala regulación, sino a omisiones y fallas en la vigilancia del ente regulador y, probablemente a complicidades con los defraudadores.

Por otra parte, la solución que se dé al problema de FICREA, no debe servir de pretexto para imponer nuevas reformas que prácticamente dan lugar a una nueva LRASCAP, en un tiempo en el que ni siquiera se han puesto a prueba las reformas aprobadas apenas en marzo de 2014.

Las reformas de abril de 2014 están en proceso y han significado para el sector cooperativista, que ha realizado grandes inversiones en asesorías, equipos y consolidación de operaciones. Todo para que figuras asociativas del sector social cumplan con los parámetros que les imponen esas disposiciones.

Ahora, en medio del proceso en torno al FICREA y sin ninguna consulta, Hacienda y la Bancaria proponen modificaciones a las condiciones de operación de las SOCAP, modificaciones que generan nuevos y grandes riesgos e incluso toman recursos de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo en el Fondo de Protección a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que ha permitido apoyar la regularización del sector y que cuenta con recursos aportados por las SOCAP de más de $800 millones de pesos.

Sin duda, esta Legislatura pasará a la historia como la legislatura que ha colocado al borde  de la desaparición a las cooperativas de ahorro y préstamo, dando paso a entes financieros privados que lucrarán y abusaran de campesinos, obreros, amas de casa, pequeños comerciantes.

Lamentablemente, estás son las cuentas que la LXII Legislatura deja al concierto internacional; en particular a la O.N.U., la cual el pasado sábado de julio lo declaró como el “Día Internacional de las Cooperativas.” Nuestros cooperativistas están agraviados, nuestro Estado les ve como entes que han sobrevivido la transición del Estado Benefactor al Estado de Mercado.  

Finalmente, compartimos con el Gobierno de la República la preocupación de la protección de los ahorros de los socios, para el caso de las cooperativas, sin embargo, no compartimos que la sobreregulación inequitativa sea la solución, ya que las cooperativas llevan en el mercado nacional más de seis décadas brindando sus servicios a sus socios y las comunidades en las que se asientan.

Efectivamente, como lo señalamos, en esta Legislatura aprobamos tres grandes reformas que han impuesto a las cooperativas disposiciones que les ponen en alto riesgo de insolvencia e inoperación. 

Estamos por la construcción de una política pública que aliente el crecimiento de las SOCAPS, que le de trato diferenciado en la Ley, que les consolide como el ente de las comunidades, de los ejidos, de los trabajadores y de los sectores que no tienen acceso a la banca comercial y de desarrollo.

Por lo expuesto anteriormente, se someten a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que informen en detalle los avances para dar cumplimiento a las siguientes  reformas:

  • El 4 de enero de 2013, el decreto por el que se reforma la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos PRIMERO; y TERCERO de los artículos TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, del "Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009.
  •  
  • El 28 de abril de 2014 el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos tercero y cuarto de los artículos transitorios del artículo primero, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado el 13 de agosto de 2009.
  •  
  • En el marco de la reforma financiera, a través del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, el 10 de enero de 2014.
  •  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Economía un informe que detalle los avances de la Estrategia 4.8.5. Fomentar la economía social.

 Líneas de acción

• Realizar la promoción, visibilización, desarrollo y cooperación regional e intersectorial de las empresas de la economía social, para mitigar las diferentes formas de exclusión económica y productiva.

• Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras y gerenciales de las empresas de la economía social.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 8 de julio de  2015.

Suscriben,

DIP. ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO

DIP. GLORIA BAUTISTA CUEVAS

DIP. JOSÉ ANTONIO LEÓN MENDIVIL

 

Ibíd. p.140.

Estimación de pobreza sin considerar el indicador de combustible para cocinar. Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2012. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Comunicado de Prensa 046/2013, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 29/VII/2013.