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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a reconsiderar y modificar la iniciativa que reforma el artículo 1 de su Constitución.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE NUEVO LEÓN A RECONSIDERAR Y MODIFICAR LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1 DE SU CONSTITUCIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena del Grupo Parlamentario del PRD, presenta ante esta soberanía proposición con Punto de Acuerdo en materia de derechos reproductivos de las mujeres, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En marzo de 2014,el Congreso de Nuevo León aprobó en primera vuelta reformas a la Constitución local para elevar a rango constitucional el derecho a la vida, desde su inicio en la fecundación, hasta la muerte natural.

Es probable que en los próximos días el Congreso de Nuevo León de continuidad al proceso y someta dicha reforma constitucional a su escrutinio en segunda vuelta, aún a pesar de que ha sido cuestionada no sólo por organizaciones de la sociedad civil sino también por  los representantes en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quienes estiman que la reforma es contraria  a los compromisos internacionales que México ha suscrito y por lo tanto violatoria de los derechos humanos de las mujeres.

Con la nueva redacción del artículo 1, según se advierte en su redacción, se pretende garantizar la protección absoluta del derecho a la vida desde la concepción:

Artículo 1.- El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Consideramos que dicha reforma, como se observa, además de discriminar y criminalizar a las mujeres, pone en entre dicho el derecho a la reproducción asistida y a la fecundación in vitro, con lo que se restringen el derecho de la mujeres a la salud sexual y reproductiva.

Estimamos que la iniciativa en ciernes que busca constitucionalizar el derecho a la vida desde el momento de la fecundación, es una pretensión irracional y retrógrada que atenta en contra de la dignidad de las mujeres, su derecho a decidir y a la autonomía reproductiva, además de ser contraria al  criterio de la Corte Interamericana de Derechos humanos, que en ese sentido, ha establecido el alcance del artículo 4. 1 de la Convención [*], señalando que el embrión no es persona y por lo tanto no es titular del derecho a la vida, considerando que para la protección de la vida prenatal se deben tomar en cuenta los derechos humanos de las mujeres embarazadas.

De igual manera le recordamos al Congreso de Nuevo león, que la mayoría de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siete de once, se han pronunciado ya por la inconstitucionalidad de reformas similares, bajo el argumento de que la protección absoluta del producto de la concepción pone en riesgo los derechos reproductivos de las mujeres. La mayoría de los Ministros han reconocido que la protección de la vida prenatal no puede ser absoluta o incondicionada y que debe ser compatible con los derechos de las mujeres. [*]

Insistir en garantizar el derecho a la vida desde la concepción es un atentado al Estado       Laico  y democrático  en        el   que lejos de imponer una visión religiosa o filosófica, se debe fomentar y garantizar la autonomía personal y la libertad de consciencia de mujeres y hombres.

Consideramos inadmisible que la legislatura neolonesa, apueste por perpetuar  la violencia institucional en su propia Constitución local al  querer institucionalizar normas que además de restringir derechos humanos de las mujeres, las discrimina, criminaliza y las condena a vivir en un clima de persecución que atenta contra su vida y su libertad.

El Congreso del estado de Nuevo León debe tener presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado, que su función legislativa en cuanto a derechos fundamentales está acotada por una regla que lo obliga a respetar siempre ciertos contenidos mínimos y máximos de  protección previstos por el orden Federal, de tal suerte que las reformas a su Constitución local se encuentran subordinadas formal y materialmente a los contenidos precisados por nuestra Constitución Federal que ciertamente reconoce, que no hay un derecho absoluto a la vida. Por ello sostenemos que la iniciativa es restrictiva y no respeta el principio de supremacía constitucional e igualdad entre las personas.

Llama la atención también, que la iniciativa es contraria a las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) quien en 2012 durante su 52 periodo de sesiones recomendó  al estado mexicano que: “Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación general núm. 24” [*]

Destacamos que la pretendida reforma va a contracorriente con la mayoría de legislaciones más avanzadas en la materia, incluso con las de países con una fuerte religiosidad católica como Polonia e Italia, y contraviene las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha llamado a los países a crear condiciones seguras para el aborto: “El aborto inseguro es una de las cuatro causas principales de mortalidad y morbilidad materna [...] Casi todas las muertes por el aborto inseguro ocurren en países donde el aborto está rigurosamente prohibido por la ley. Cada año, aproximadamente 47.000 mujeres mueren debido a complicaciones del aborto inseguro“. [*]

Consideramos inadmisible una reforma de esta naturaleza que sólo propicia un marco legal punitivo que orilla a las mujeres a situaciones de mayor riesgo de perder la vida  por practicarse abortos clandestinos e  inseguros            y eso es a todas luces violencia institucional a través de una política pública feminicida.

Es oportuno recordarle al Congreso de Nuevo León que en agosto de 2013, en el marco de la Conferencia Regional  sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, México suscribió el Consenso de Montevideo, y se comprometió que entre otras cosas a: “Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños” [*]

Desde la izquierda progresista rechazamos esta afrenta a los derechos humanos de las mujeres, y expresamos nuestra preocupación por la afectación que dicha reforma representa para el avance progresivo de la igualdad sustantiva en el país.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Congreso de Nuevo León, a que convoque a un ejercicio plural y democrático de discusión para que conforme a criterios jurídicos y  objetivos se  informe a toda la población sobre el impacto negativo y las serias consecuencia que provocaría  en la vida y salud de las mujeres, la iniciativa de reforma al artículo 1 de la Constitución del estado de Nuevo León que busca proteger la vida desde el momento de la fecundación.

Asimismo,  se le  exhorta a reformular su propuesta de legislar a favor de la vida, sin desconocer ni afectar desproporcionadamente los derechos humanos de las mujeres, adoptando medidas legislativas tales como: garantizar el acceso y prestación de servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio, asegurando la atención médica prenatal y la provisión gratuita y suficiente de ácido fólico a las mujeres; reducir los índices de mortalidad materna y combatir la violencia obstétrica.

Martha Lucía Mícher Camarena

Diputada Federal

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 07 de julio de 2015


[*] Corte IDH, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación In Vitro) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257, párrafo 264. Disponible en http://bit.ly/VUYz0A

[*]Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el martes 27 de septiembre de 2011, pp. 60 y 61. Disponible en

[*]http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf

[*]Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud. Segunda edición. Organización Mundial de la Salud OMS. 2012

[*]http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/8/50708/2013-595-Consenso_Montevideo_PyD.pdf