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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Concluido Acuerdo MD Ficha Técnica


De los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo y Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de perspectiva de Género.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.


Propone reformar el párrafo tercero del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales para incorporar el supuesto jurídico para que los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así como los protocolos especializados con perspectiva de género y demás disposiciones aplicables.

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERÍA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de ésta H. Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de perspectiva de género al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

 

Con fecha 18 de junio del año 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional para rediseñar nuestro sistema de justicia, con la finalidad de convertirlo en un sistema acusatorio y oral en vez de un sistema mixto.

Por lo que entre sus principales objetivos encontramos establecer un sistema de igualdad entrelas partes, que reconociera y protegiera plenamentelos derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en losTratados Internacionales en la materia, de los queel Estado mexicano es parte.

De la implementación del nuevo sistema en laConstitución, se advirtió la conveniencia de unificarla legislación procesal, para logar una transicióncon criterios uniformes en todo el país, ademásde contribuir en la elaboración de políticas públicasentre las diferentes instancias de gobierno.

En este contexto se realizaron los trabajos legislativos correspondientes para concretar la reforma que facultara al Congreso de la Unión para poder expedir una legislación única en materia procedimental penal, quedando de la siguiente manera:

Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Fracción XXI. Para expedir:

Inciso c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF)  el 8 de octubre del 2013.

Derivado de lo anterior es que el 5 de marzo del 2014 se promulga el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), mismo que fue aprobado por el Poder Legislativo Federal y que surgió de las deliberaciones iniciadas a partir de lasdistintas iniciativas presentadas en el Senado de laRepública.

Con lo que refrendamos nuestro compromiso como legisladoras y legisladores de impulsar y concretar leyes que desarrollen adecuadamente los principios constitucionales, que fortalezcan a las instituciones públicas en materia de seguridad y justicia y, lo más importante, que contribuyan al bienestar y el desarrollo de la población de este país.

El CNPPfue el resultado de las acciones tendientes a la implementación del Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio, emanado de la citada reforma constitucional, con el principal objetivo de lograr la impartición de justicia más expedita para las y los mexicanos.
Hablando de las bondades de dicha codificación única encontramos que este contiene los principios del proceso penal, bajo un esquema del debido proceso y respeto a los derechos humanos.
El proyecto se encuentra estructurado en XIII Títulos y 490 artículos. 

BENEFICIOS DE LA CODIFICACIÓN PROCESAL ÚNICA:

  • Establece las medidas y mecanismos que aseguren a toda persona el acceso a la justicia, para resolver sus conflictos de carácter penal y que los daños causados por el delito sean reparados.
  • Prevé los mecanismos y técnicas de investigación que permitan esclarecer los hechos penalmente relevantes de que tenga conocimiento la autoridad, así como establecer quién lo cometió o participó en su comisión y, en su caso, determinar si se procede o no en su contra, para procurar que el culpable no quede impune y se proteja al inocente.
  • Señala los medios que permitan demostrar los elementos del delito del que se trate.
  • Prevé mecanismos alternativos de solución de controversias penales, así como los supuestos y condiciones de su aplicación, permitiendo con ello que la procuración y la impartición de justicia penal sea expedita e imparcial y se realice dentro de los plazos y términos fijados por la Constitución. 
  • Permite armonizar en todo el país los criterios judiciales.
  • Favorece la protección al respeto de los derechos humanos al establecer en un solo documento las disposiciones del proceso penal.
  • Fortalece la coordinación y ejecución de acciones entre todas las instancias encargadas de la procuración de justicia en todo el país.
  • Ayuda a la profesionalización de los operadores del sistema de justicia (juicio, ministerios públicos, defensores), al permitir que se imparta capacitación con criterios uniformes en todo el país.
  • Establece condiciones más adecuadas para la construcción de una política criminal coherente, articulada e integral.
  • Permite la uniformidad del mecanismo para hacer justicia en nuestro país, tomando como base las mejores experiencias y prácticas estatales en el modelo acusatorio.
  • A diferencia del sistema tradicional, la libertad es la regla y la prisión la excepción. Esto es, disminuye el número de personas procesadas que cumplan con prisión preventiva.

 

  • En el Sistema Acusatorio se observaran los principios de:
  • Publicidad: Dota de transparencia al Proceso Penal, incrementa la confianza y legitimidad ante la sociedad, al permitir que las audiencias sean públicas.
  • Contradicción: El proceso debe ser una contienda argumentativa entre las partes, en la que sea refutable cualquier elemento discursivo o probatorio.
  • Concentración: Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en el propio Código.
  • Continuidad: Se refiere a la ininterrupción del proceso. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en el Código.
  • Inmediación: El juzgador debe estar presente en la audiencia y ante él personalmente habrán de desahogarse las pruebas.

De igual forma, el Código prevé otros principios constitucionales, tales como el de presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso.

  • Presunción de inocencia: Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un Juez.
  • Juicio previo y debido proceso: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un Juez previamente establecido, conforme a leyes expedidas con antelación al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con 17 apego estricto a los derechos humanos establecidos en la Constitución, Tratados Internacionales y leyes que de ella emanan.
  • Debido proceso: Que se desarrollara garantixando la protección de los derechos humanos de las personas.

 

ALCANCES DEL CNPP EN MATERIA  DE PERSPECTIVA DE GÉNERO:
Actualmente el CNPP busca garantizar la procuración de justicia para las mujeres en nuestro país.

Enuncia como derecho primordial de la víctima y ofendido el resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deben observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables.

Al respecto encontramos que el objeto de la citada Ley es (Art. 1°):

Establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto de las Medidas de protección EL CNPP (Artículo 137) establece que:

Son medidas de protección las siguientes:

Párrafo cuarto: En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia(LGAMVLV).

Al respecto las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser (Artículo 28 LGAMVLV):

  • De emergencia;
  • Preventivas, y
  • De naturaleza Civil.

 

Asimismo el Código enuncia que en los casos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento del consentimiento informado de la víctima y con respeto de sus derechos.
Establece la excepción respecto de los procedimientos especiales, hablando particularmente de los pueblos y comunidades indígenas cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en el que la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer. (Art. 420 del CNPP).
Sin embargo aún cuando se reconocen y resaltan las bondades que dicho Código posee en materia procesal penal, de forma específica en materia de perspectiva de géneroes necesario que los servidores públicos a la hora de impartir justicia, lo hagan protegiendo y garantizando los derechos humanos de las mujeres en los delitos de violencia y homicidio de forma específicos aquellos que se cometan en razón del género, en el caso de las mujeres cuando se cometa feminicidio.

Por lo que el OBJETIVO DE LA PRESENTE INICIATIVA ES:Reformar el Artículo 109, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales con la finalidad de incorporar que para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así como los protocolos especializados con perspectiva de géneroy demás disposiciones aplicables.

Lo anterior de acuerdo a lo establecido por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) enunciando en su artículo segundo que:
“Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) y b) […]
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo de discriminación;
[…].”
Del mismo modo la Convención Belém Do Pará instaura en su artículo octavo que:
“Los Estados Parte convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
[…]
c) Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
[…]
e) Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y el sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
[…].
Aunado a lo anterior, no se debe olvidar que el Comité de la CEDAW (el “CoCEDAW”), señaló en su Recomendación General 19:
Recomendaciones concretas
24. A la luz de las observaciones anteriores, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer recomienda que:
a) […]
b) Los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y lo malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integran y su dignidad. Deben proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención.
Asimismo, en las recomendaciones emitidas en el 2006, estableció de nueva cuenta:
“Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el Poder Judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal.
En este tenor la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, misma que manifiesta en su artículo tercero lo siguiente:
La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:
[…]

  • El derecho a igual protección ante la ley;

[…].
Asimismo, el artículo 4 establece:
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:
[…]
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares;
d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sea objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, aun resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medios de esos mecanismos;
e) […]
f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer.
[…]
i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer;
[…].

No obstante lo anterior, debemos reconocer que a pesar de que se han realizado esfuerzos para capacitar y sensibilizar a las y los impartidores de justicia, aún estamos lejos de alcanzar la perspectiva de género, entendiendo a esta, como bien señala la Ley General de Acceso en su artículo 4:

Como la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, y que propone: (i) Eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género; (ii) promover la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, contribuyendo a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

Es derivado de esto, en agosto de 2014 se presentó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género” como un esfuerzo del Poder Judicial Federal por atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la aplicación del derecho internacional, a efecto de establecer instrumentos y estrategias de capacitación y formación en materia de perspectiva de género y derechos de las mujeres, según se expone en dicho documento.

Dicho Protocolo también responde a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Campo Algodonero, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; “relativas al ejercicio del control de convencionalidad por quienes imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del Derecho de origen internacional, así como el establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres.”

Asimismo, el Protocolo permite identificar y evaluar:

  • Los impactos diferenciados de las normas;
  • La interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres;
  • Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género;
  • La distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones, y
  • La legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias.

El propósito del mismo es combatir la perpetuación de las violaciones a los derechos humanos, enfatizando la importancia de tomar en cuenta los factores sociales, económicos y culturales.

Por lo que así como este protocolo y otros más han sido creados con el objetivo de que la procuración de justicia se haga con perspectiva de género, podemos enunciar otros protocolos tales como:

  • El Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.
  • El Protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género para la violencia sexual.

 

Ambos publicados en el Diario Oficial de las Federación el 3 de marzo de 2015, con la finalidad de que los servidores públicos a la hora de impartir justicia eviten hacer estereotipos o cualquier tipo de discriminación de la mujer.

En el caso del Protocolo sobre feminicidio este busca fortalecer la capacidad y habilidades del personal sustantivo en las investigaciones que se realicen desde el enfoque de la perspectiva de género y la debida diligencia para el delito de feminicidio a cargo de la Procuraduría General de la República.

Que las y los operadores sean agentes sensibles a los factores sociales y estructurales en el que se generan las desigualdades de género que provocan los actos de violencia misógina.
Es por ello que dicho Protocolo no solo significa dar cumplimiento a la normatividad interna y de las sentencias y criterios de la Corte Interamericana, sino la convicción de la institución de combatir la impunidad en los delitos de violencia de género y afianzar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, con lo que se acrecentara la confianza de la sociedad en las instituciones de procuración de justicia.

Respecto del Protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género para la violencia sexual el mismo fue creado para ser utilizado como guía de actuación, destinados a transmitir al personal sustantivo, la necesidad de actuar con una perspectiva de género, fortalecer la capacidad y habilidades en las investigaciones que se realicen desde el enfoque de la perspectiva de género y la debida diligencia para todos los delitos relacionados a la violencia sexual cometidos en contra de mujeres y niñas.

Concluyendo que resulta de suma importancia que parte de los derechos que debe tener la víctima u ofendido, de forma particular las niñas y mujeres en los procedimientos previstos en este Código es:

Que en el caso de los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deban observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como los protocolos especializados con perspectiva de género y demás disposiciones aplicables, con lo que se logrará que además de que con este nuevo sistema de justicias penal expedito se imparta justicia con perspectiva de género y se garantice la protección y el pleno ejerció de los derechos humanos de las mujeres mexicanas.

 

Por los argumentos expuestos anteriormente, someto ante esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el párrafo tercero del Artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 109.  …

I.-XXIX …

Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los protocolos especializados con perspectiva de géneroy demás disposiciones aplicables.

Artículo Transitorio:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República
a los 30 días del mes de junio de 2015.

 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJOSenadora de la República

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro comparativo

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido

En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:

  • A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución;
  • A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia;
  • A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un Asesor jurídico;
  • A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar, e incluso con su Asesor jurídico;
  • A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal;
  • A ser tratado con respeto y dignidad;
  • A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable;
  • A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna;
  • A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas;
  • A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias;
  • A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el idioma español;
  • En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos;
  • A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad;
  • A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este Código;
  • A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo dispuesto en este Código;
  • A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal;
  • A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa;
  • A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones que le proporcionen estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran;
  • A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares;
  • A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación;
  • A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;
  • A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional;
  • A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados;
  • A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las formas previstas en este Código;
  • A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente al Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite;
  • Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa;
  • A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento, de conformidad con las reglas que establece este Código;
  • A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión, y
  • Los demás que establezcan este Código y otras leyes aplicables.

 

En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados, así como los previstos en el presente Código.

Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables.

Artículo 109.  …

I.-XXIX …

Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los protocolos especializados con perspectiva de géneroy demás disposiciones aplicables.

 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, p. 7

Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.

Que odia a las mujeres, manifiesta aversión hacía ellas, hacía lo femenino. Diccionario Esencial de la Lengua Española. Real Academia Española, Editorial
Espasa.

Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.

Diario Oficial de la Federación, 3 de marzo de 2015. Protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género para la violencia sexual.