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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre los Derechos y Obligaciones en materia de Pensión Alimenticia.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.


Propone expedir la Ley General sobre los derechos y obligaciones en materia de Pensión Alimenticia, para garantizar los derechos humanos y la obligación alimentaria a la que tienen derecho los acreedores alimentarios a gozar de las condiciones mínimas para una vida digna.

La ley tiene por objeto establecer y regular los derechos de las personas beneficiarias de la pensión alimenticia. Asimismo, regula el derecho de recibir y las obligaciones de las personas de dar prestación alimentaria derivada de las relaciones por parentesco consanguíneo, afinidad y civil.

Establece los criterios generales que deberán observarse en los procedimientos para aplicar e interpretar las normas en materia de pensión alimenticia; y, crea la Base de Datos Nacional de Personas Obligadas a proporcionar la Pensión Alimenticia.

Por otra parte, determina que la Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia, deben expedir las disposiciones legales y tomarán las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de la Ley.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE PENSIÓN ALIMENTICIA
 

Quien suscribe, Martha Lucía Mícher Camarena, Diputada Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General sobre los derechos y obligaciones en materia de Pensión Alimenticia, al tenor del siguiente

  1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
  2. El Estado debe de garantizar los derechos humanos y la obligación alimentaria que se fundamenta en el derecho que tienen los acreedores alimentarios a gozar de las condiciones mínimas para una vida digna.

    El derecho internacional de los derechos humanos así lo ha contemplado y dentro de las obligaciones del Estado están i) la armonización del derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos  que implica la necesidad de realizar reformas legislativas acordes a lo establecido por la comunidad internacional para garantizar dicho derecho ii) el principio de la debida diligencia establecido por los tratados internacionales y reforzado por la jurisprudencia de la justicia internacional que establece la obligación del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia.
     
    Ambos principios se conjugan  para justificar el mejoramiento de la legislación alimentaria ya que persiste legislación dentro de la federación que  contradice  principios establecidos en los tratados internacionales ya sea por no incorporar la perspectiva de género o  excluir los nuevos paradigmas de abordaje de las personas con discapacidad, personas mayores o niñas, niños y jóvenes acorde a las exigencias de los estándares internacionales.

  3. El derecho alimentario está dirigido a  garantizar las condiciones de una vida digna  en especial para aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad  por razones de sexo, edad, discapacidad entre otras. En este caso las cifras estadísticas del Estado Mexicano refleja   datos alarmantes, ejemplo de ello es la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 4 años indígenas, aunque ha presentado una disminución mayor al 10% en los últimos 20 años, aun es del triple de la media nacional 37.4%  El 60% de las muertes anuales en menores de 5 años son atribuibles a la desnutrición.

    El 15% de los hogares en México es mantenido por una mujer de ellos, el 97,9% carece de cónyuge en el hogar El 16,3% de mujeres jefas de hogar en México son solteras En México (2013), donde los hogares encabezados por mujeres representan una cuarta parte, 8 de cada 10 jefas de familia vive sin cónyuge y participa en el mercado laboral para cubrir las necesidades de sus hijas e hijos, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
     
    A partir de los 45 años, aumenta la proporción de jefaturas femeninas en comparación con las masculinas. Las mujeres de 45 a 59 años son jefas de hogar en 31.8 por ciento y de 26.9 por ciento cuando rebasan los 60 años; los hombres en esos grupos de edad representan el 28.7 y 18.1 por ciento, respectivamente .
     
    La obligación alimentaria es un  deber jurídico y encierra un profundo sentido ético, ya que significa la preservación de la vida como valor primario. Las fuentes de la obligación alimentaria, son la ley y la voluntad, de ahí que el Estado mexicano, imponga medidas para su cumplimiento.  Sin embargo, la falta de homogeneidad en la legislación local en materia de pensión alimenticia constituye un grave problema, si bien es cierto, que todas las entidades federativas regulan en sus leyes de materia civil los derechos de las personas beneficiarias de las pensiones alimenticias, así como las obligaciones de las personas deudoras, los criterios utilizados varían de un lugar a otro.
     
    Esta  falta de uniformidad en esta materia de los distintos Estados no permite una protección adecuada a los estándares internacionales  para  las personas  acreedoras que  en este caso, según las estadísticas son en su gran mayoría mujeres,  niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad, se requiere por lo tanto una legislación adecuada que permita avanzar en la  armonización del marco ético jurídico de los derechos humanos  en las normas tanto que regulan la materia.

    Un marco jurídico que tome en cuenta la complejidad de los derechos de los   sujetos acreedores, incorporando sus perspectivas contempladas en el derecho internacional de los derechos humanos. El impacto del incumplimiento incide directamente en derechos básicos como la alimentación, educación, la salud, la nutrición, vestido, recreación  y que sonnecesarios para gozar de una vida digna. Generando el incumplimiento  condiciones de discriminación y violencia que en caso de las mujeres significa un empobrecimiento  de su patrimonio lo que da como resultado un acto de violencia, por lo tanto no se puede obviar como lo destaca la Recomendación 19 del Comité de la CEDAW, que la violencia es una forma de discriminación, en otras situaciones es fundamental la valoración de los posibles ciclos de violencia en que se encuentran las mujeres, las niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad, constituyéndose en factores importantes para los jueces y juezas.

    Asimismo  para los niños y las  niñas implica una violación a sus derechos y al principio del bien superior de la niñez y constituyéndose el incumplimiento  en un obstáculo para el ejercicio de otros derechos. Asimismo dicho incumplimiento en el caso de las personas mayores y personas con discapacidad  incide en el derecho a la autonomía personal reconocido en los instrumentos de derechos humanos.

    Estas nuevas exigencias establecidas por los estándares internacionales     ameritan   incluir   nuevas instituciones jurídicas  que sustituyan otras que reproducen la discriminación y violencia de un sistema patriarcal que ha buscado naturalizarlas   tales como el concepto de concubinato por el de unión de hecho, la diferenciación discriminatoria  entre   hijos legítimos o ilegítimos, el tratamiento en relación al derecho alimentario  para acreedores con discapacidad las normas estatales regulan este derecho bajo el paradigma  asistencial  y violentando el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

    Por ello, con fundamento en las facultades que nuestra Constitución establece, resulta necesario plasmar en una ley los criterios generales que deberán observarse en los procedimientos para aplicar e interpretar las normas en materia de pensión alimenticia que harán que las personas deudoras alimentarias cumplan con su obligación en toda la República Mexicana y así garantizar que la vida de las personas beneficiarias sea lo más saludable y cuente con un mínimo de satisfactores, que le permitan llevar un nivel de vida aceptable; alimentación suficiente, vestido adecuado y una vivienda decorosa.
  4. ARGUMENTACIÓN
  5.  
    La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce   que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos  en ellay en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano  sea parte.  Establece   que la normativa de los derechos humanos se interpretará de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
     
    Reconoce  que la discriminación  motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.  Afirmando que toda persona tiene derecho a la alimentación  nutritiva, suficiente y de calidad y a una vida digna que incluye el derecho  a la educación, salud, vivienda, recreación entre otros.
     
    Estos derechos se ven reafirmados y ampliados por el derecho internacional de los derechos humanos en donde diversos instrumentos reconocen el derecho alimentario sin discriminación. La  Convención  sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer  establece  la  obligación  de los Estados  de modificar los patrones socioculturales  de conducta de hombres y mujeres   que están basado en la idea de inferioridad o superioridad  de cualquiera de los sexos, patrones establecidos por una sociedad patriarcal que  genera violencia patrimonial que en ocasiones se manifiesta en   que los hombres no se responsabilicen de sus obligaciones alimentarias con su pareja hijos/as, padre, madre, hermanas/os entre otros. Afectando las posibilidades de las mujeres no solo a nivel económico sino emocional colocándolas en situaciones que son un obstáculo para el logro del principio de igualdad sustantiva. Este instrumento establece la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos.
     
    Afirma  que   los Estados Unidos Mexicanos  por ser signatario de este instrumento deberán adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer  en la esfera social y económica y asegurar en condiciones de igualdad los mismos derechos en particular  el derecho a prestaciones familiares.
     
    La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  reconoce: que la población con discapacidad tiene el derecho a vivir de forma independiente  y facilitar  las medidas  efectivas  y pertinentes para facilitar el pleno goce de sus derechos  que incluye elegir el lugar de residencia, a servicios  de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios  que están incluidos en las obligaciones alimentarias.  Establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado lo que incluye alimentación, vestido y vivienda. Así como el derecho a la salud, educación, recreación entre otros.
     
    La Convención de los Derechos del Niño  reconoceque toda niña/o  tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los padres y otras personas encargadas  son responsables primordiales de  proporcionar  dentro de sus posibilidades y medios económicos   el nivel de vida adecuado particularmente  la nutrición, vestuario y vivienda. Establece  que los Estados Unidos Mexicanos  deben tomar las medidas  apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia  del deudor alimentario tanto que vivan en la República como en el exterior.
     
    La Convención Iberoamericana de Derechos de los jóvenes  reconoce  la importancia de la familia y la responsabilidad y deberes de padres y madres  y otros responsables  en garantizar el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en dicho instrumento.
     
    En relación a las personas mayores la comunidad internacional  reconoce en varios instrumentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Carta de San José  el derecho de las personas mayores a gozar de derechos alimentarios conforme a sus características  específicas, promoviendo su independencia, autonomía  y dignidad.

    Se une a estos instrumentos laConvención  Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares  donde se reconoce  que los trabajadores migrantes y sus familiares tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros  en particular los fondos necesarios  para el sustento de sus familiares.

    Bajo la obligación de la armonización del derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos  se hace  necesario contar con una legislación que regule de manera adecuada la  obligación alimentaria  y el respeto de los derechos humanos  que surgen de dicha obligación; se vuelve indispensable, la introducción de un instrumento legal que oriente adecuadamente las actuaciones públicas y privadas a favor del cumplimiento de esta obligación. 
     
    Que las violaciones a las obligaciones alimentaria violenta  los derechos humanos  de los acreedores/as alimentarios que afectan la vida, integridad, goce y disfrute de sus derechos humanos y bajo el principio de la debida diligencia el Estado debe desarrollar acciones dirigidas a prevenir, detectar, atender, proteger y sancionar estas formas de violencia.
     
    Las desigualdades de poder entre  deudores y acreedores  alimentarios, no permiten ejercer plenamente sus derechos en el campo social,  económico, cultural y familiar, negándoseles el acceso a una vida  digna, lo cual constituye una violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales; en razón de lo cual es necesario, legislar de manera integral a través de medidas que incluyan la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia patrimonial contra los acreedores alimentarios.
  6. FUNDAMENTO LEGAL

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto por losArtículos 71 fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se expide la Ley General sobre los derechos y obligaciones en materia de Pensión Alimenticia
 
Artículo Único.-Se expide la Ley General sobre los derechos y obligaciones en materia dePensión Alimenticia

 
LEY GENERAL SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
 
EN MATERIA DE PENSIÓN ALIMENTICIA
 
TITULO PRIMERO
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

 
CAPITULO I
 
Del Objeto
 

 
Artículo 1.-La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia obligatoria general en toda la República Mexicana y tiene por objeto:

  1. Establecer y regularlos derechos de las personas beneficiarias de la pensión alimenticia;
  2.  
  3. Establecer y regular al derecho de recibir y las obligaciones de las personas de dar prestación alimentaria derivada de las relaciones porparentesco consanguíneo, afinidad y civil;
  4.  
  5. Establecer los criterios generales que deberán observarse en los procedimientos para aplicar e interpretar las normas en materia de pensión alimenticia; y,
  6.  
  7. Establecer la Base de Datos Nacional de Personas Obligadas a proporcionar la Pensión Alimenticia.
  8.  
  9. La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia, deberán expedir las disposiciones legales y tomarán las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a esta Ley.
  10.  

CAPÍTULO II
 
De la Interpretación
 

 
Artículo 2.-Las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar que se tomen en cuenta los intereses y opiniones de laspersonas que tienen derecho a la pensión alimentaria.

Asimismo, se aplicarán los principios y las normas establecidos en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de los que el México forma parte; especialmente deberá observarse la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niñoy la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Artículo 3.- En términos de esta Ley, las características de la obligación alimentaria son: perentoria, personalísima, irrenunciable y prioritaria, así como la directriz de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de los sujetos obligados. En materia procesal, se estará a los principios de gratuidad, oralidad, celeridad, oficiosidad, sencillez, informalidad y sumariedad, todo esto en equilibrio adecuado con el debido proceso.

Artículo 4. La pensión alimenticia es inembargable y tiene prioridad, sin excepción, sobre cualquier otra deuda que tenga la persona obligada a darla, y el pago de la misma no estará sujeto a los porcentajes y limitaciones establecidas para descuentos directos fijados en otras leyes.

 
Artículo 5.- Son principios rectores de para la protección de las personas que tienen derecho a la pensión alimenticia, los siguientes:

  1. La Dignidad Humana;
  2.  
  3. La Interpretación Pro Persona;
  4.  
  5. La Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así́ como en los tratados internacionales;
  6.  
  7. El Interés Superior de la Niñez;
  8.  
  9. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
  10.  
  11. No Discriminación;
  12.  
  13. Igualdad Sustantiva;
  14.  
  15. El acceso a una vida libre de violencia
  16.  
  17. Enfoque diferencial y especializado; y,
  18.  
  19. Mínimo existencial.
  20.  

 
Capítulo III
 
Reglas Generales de Aplicación
 

 
Artículo 6.- Para conocer de los procesos mencionados en esta Ley, serán competentes los jueces y juezas de lo familiar.

Artículo 7.- Las resoluciones dictadas conforme a lo dispuesto en esta Ley, no constituirán cosa juzgada material.  La autoridad competente podrá modificarlas a solicitud de las personas beneficiarias.

Artículo 8.- Las Procuradurías de Protección, a nivel federal y estatal, en términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tendrán larepresentación en suplencia de niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales en materia de pensión alimenticia.

La autoridad que conozca de los procesos alimentarios de niñas, niños y adolescentes, así como de personas adultas con alguna discapacidad, en situación de abandonodeberá actuar de oficio.
 
Artículo 9.- Ninguna persona funcionaria podrá cobrar ni recibir emolumento alguno, por realizar servicios, asesoría, representación legal, notificaciones u otro tipo de diligencias en materia de pensión alimenticia
 
Artículo 10.-Con el fin de hacer valer los derechos aquí consignados, las personas que carecieran de asistencia legal por falta de recursos económicos para pagarla, tendrán derecho a que el Estado se la suministre gratuitamente.  Para este efecto, serán representados por el SistemaNacional para el Desarrollo Integral de la Familia  y los Sistemas Estatales.
 
Artículo 11.-Las personas que realicen depósitos de pensiones alimenticias, sea convenio o por mandato judicial, serán integradas a laBase de Datos Nacional de Personas Obligadas a proporcionar la Pensión Alimenticia, de la que será responsable SistemaNacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

En dicha base de datos, se llevará un registro de la persona deudora alimentaria, de las personas beneficiarias, el monto fijado por resolución judicial o mediante convenio, la fecha y monto de los depósitos mensuales. Así como, el registro de laspersonas que hayan dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias por dos meses de manera consecutiva o por cuatro de forma alternada.

Artículo 12.-Toda persona obligada alimentariamente tendrá impedimento migratorio para salir del país, cuando la persona beneficiada o su representante legal lo solicite de forma expresa y una o un juez lo determine.

Para que se permita la salida del país, la o el juez deberá autorizarlo por escrito,para lo cual la personas obligadadeberá aportar garantía de cumplimiento de la obligación por seis meses y la prueba necesaria que demuestre fehacientemente que el motivo de su viaje será por razones laborales, de estudio o vacaciones, así como la duración de su estadía en el extranjero en la materia.

TITULO SEGUNDO
 
DE LAS PERSONAS OBLIGADAS Y LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
 

 
CAPITULO II

De la Obligación Alimentaria entre Parientes
 

 
Artículo 13.-El derecho a los alimentos es una prerrogativa derivada de las relaciones derivadas del parentesco por parentesco consanguíneo, afinidad y civil.

Siendo determinado por convenio o sentencia, si no se ha establecido otro incremento, los alimentos tendrán uno automático, equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente, en el lugar donde se encuentre la persona deudora o la persona beneficiaria alimenticios. Sólo en el caso que la persona deudora alimentaria demuestre, que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos, se ajusta al que realmente hubiese obtenido económicamente.

Artículo 14.Los padres y madres e hijas e hijos, procreados en matrimonio, concubinato, adopción, inseminación artificial o en cualesquiera de sus formas de concepción, tendrán los mismos derechos, respecto a los alimentos en general, en todo el territorio nacional, como se establece en esta Ley, sin discriminación de acuerdo a su origen.

Artículo 15.Los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de separación, divorcio, nulidad de matrimonio y otros que la ley disponga. Los concubinos, al igual que los cónyuges, que sean padres y madres de hijas e hijos reconocidos, no reconocidos o declarados, tienen la obligación de prestar la pensión alimenticia, en cualesquiera de las formas de concepción citadas en el artículo anterior.

Artículo 16.Padres, madres, hijas e hijos, están obligados recíprocamente a darse alimentos, aún en los casos de padres y madres no reconocidos o declarados; una vez hecho tal reconocimiento, el pago de alimentos se hará en forma retroactiva. A falta o por imposibilidad de madres y padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. Para hacer efectivo el pago retroactivo de alimentos, se observará la buena o mala fe de la persona deudora alimentaria, sólo en casos de buena fe se exceptuará del pago retroactivo de los mismos.

Artículo 17. Las y los hijos están obligados a dar alimentos a sus padres y madres. La obligación quedará subsistente para las madres o padres biológicos no reconocidos, así como para las y los hijos no declarados o reconocidos. Esta obligación será exigible a las y los hijos, a partir de que comience a trabajar, en su profesión, arte u oficio y cuando la madre y/o el padre, caigan en desgracia o enfermedad. La madre, el padre, la hija o el hijo, que deseen reclamar el pago de alimentos, podrán hacerlo en cualquier tiempo e incluso, a parientes colaterales de la persona deudora alimentaria, hasta el cuarto grado en la línea colateral desigual.

Artículo 18. A falta o por imposibilidad de las y los ascendientes o descendientes, la obligación recae en las y los hermanos del padre o la madre. Para el caso de dar alimentos a la madre y/o padre, todas y todos los hijos sin distinción, tendrán la obligación de alimentarles, cuando los necesiten, por enfermedad, discapacidad o deterioro físico de su persona y no puedan alimentarse a sí mismos.

Faltando parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos, las y los parientes colaterales dentro del cuarto grado en la línea colateral desigual. Lo mismo se observará para las madres, padres, hijas e hijos no reconocidos o declarados.

Artículo 19.- En los casos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, física o mental,la obligación alimentaria de los padres y madres debe mantenerse aunque  haya alcanzado la mayoría de edad y durante el tiempo que persista su discapacidad o hasta lograr su rehabilitación y pleno desarrollo, o pueda  sostenerse económicamente por sí misma.

Están obligados a proporcionar alimentos de manera subsidiaria, en caso de muerte del padre o madre o personas que ejerzan la guardia y custodia, las y los hermanos mayores de  18 años de edad, ascendientes por orden de proximidad y colaterales hasta el tercer grado o, en sudefecto, el Estado, hasta el cumplimiento de los dieciocho 18 años.

La Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de sus competencias, deberán generar programas de coadyuvancia para padres y madres y personas que ejerzan la guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes en la situación descrita en el párrafo anterior.

Artículo 20.- Tratándose de las personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica se procurará, además de garantizar la pensión alimenticia, todo lo necesario para su atención geronto-geriátrica, independientemente de su integración al seno familiar.
 
CAPITULO II

Del Concepto de alimentos
 
Artículo 21.- Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo, educación, recreación, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por la persona beneficiada, para su normal desarrollo físico y síquico, así como sus bienes.

En cuanto a la educación si las personas son menores de 18 años de edad se proporcionará  los recursos necesarios a fin de procurar se concluya la educación a nivel superior o el aprendizaje de un arte u oficio, aun después de la mayoría de edad hasta un máximo de veinticinco años, si los estudios se realizan con provecho, tanto en tiempo como en el rendimiento académico,la edad se extenderá hasta los treinta años. En el caso de personas con discapacidad que no les permita proveerse lo necesario para el sustentase a sí misma, la obligación se extenderá el tiempo que lo la persona lo requiera.

Artículo 22. Tratándose de gastos de embarazo y partodeberá incluirse el costo de las pruebas para acreditar el embarazo, constatar y monitorear el estado general de salud de la madre y del producto que va a nacer; el costo de las visitas ginecológicas, los análisis y estudios necesarios y en su caso, los medicamentos y suplementos alimenticios para la madre, prescritos por la o el médico, que deben practicarse durante los nueve meses de la gestación; la ropa de maternidad; el costo de los elementos necesarios para tener a la persona nacida en condiciones óptimas de higiene, alimentación y bienestar; como son: vestido, pañales, mamilas, alimento complementario o suplementario, según sea el caso. Durante el primer año de vida de la persona recién nacida, visitas mensuales al pediatra para vigilar y asegurar su sano y apropiado desarrollo; recibir las vacunas y los refuerzos pertinentes, observar sus cambios de alimentación, su aumento de peso y crecimiento proporcionado a su edad.
 
Artículo 23.- La persona deudora alimentaria de niñas y niños  menores de doce años podrá solicitar semestralmente ante la o el juez respectivo, un examen médico que certifique el estado de salud físico y nutricional. Este examen deberá ser practicado o certificado por la instancia respectiva del sistema de salud.

CAPITULO III
 

 
De las Características de la obligación alimentaria
 

 
Artículo 24.- El derecho a los alimentos no podrá renunciarse ni transmitirse de modo alguno. La obligación alimentaria es imprescriptible,personalísima e incompensable.

Artículo 25.- La obligación  de prestar alimentos no puede ser  compensada con obligación alguna, ni  ser  objeto de transacción; ni  el  derecho a los alimentos puede renunciarse  ni  transferirse  por  acto  entre  vivos  o  muerte de la persona  beneficiaria  o deudora de alimentos, ni constituir a terceros derecho  alguno sobre la suma que se destine a  los alimentos.

CAPITULO IV
 

 
De la Fijación de Alimentos
 
Artículo 26.- Los alimentos se fijarán o variarán en relación con las posibilidades y recursos económicos de quien los debe dar y las necesidades de quien los recibe. Para fijar la pensión se tomarán en cuenta:

  1. El capital o los ingresos económicos de la persona deudora;
  2.  
  3. Los gastos de la persona beneficiaria, para ello se tomará en cuenta la edad y sus necesidades;
  4.  
  5. El salario mensual de la persona deudora alimentaria; si renunciare a su trabajo para no cumplir con su obligación, el último salario mensual será la base para fijar la pensión;
  6.  
  7. Si la persona deudora alimentaria trabajare sin salario fijo o no se pudiere determinar sus ingresos, la o el juez hará inspección en sus bienes y determinará la renta presuntiva;
  8.  
  9. La edad y necesidades de otras personas beneficiarias que pudieran existir;
  10.  
  11. Los gastos personales de la persona deudora alimentaria, quien en ningúncaso podrá evadirlas responsabilidades de la pensión.
  12.  

Artículo 27.- Cuando no sea comprobable el salario o los ingresos de la persona deudora alimentaria, la o el Juez resolverá con base en la capacidad económica y el nivel de vida que hayan llevado en los últimos dos años la persona y sus beneficiarios alimentarios.

Artículo 28.- Para el caso de fijar de manera provisional una pensión alimenticia, se computará el monto del retroactivo desde la fecha de la solicitud de alimentos. Una vez fijada la suma de pensión alimenticia definitiva, el monto se pagará a partir de esta última fecha.

Si la suma de la pensión alimenticia provisional es superior a la establecida en la pensión alimenticia definitiva, no se devolverá el excedente.

De no fijarse pensión alimenticia provisional se computará el retroactivo cuando se fije la pensión alimenticia definitiva, desde la fecha en que se interpuso la solicitud de alimentos.

Artículo 29.- Un bien inmueble que sirva como habitación de las personas beneficiarias, o que, por su misma naturaleza y plusvalía, ofrezca mayores ventajas para éstas, podrá considerarse como pago adelantado de la obligación, siempre y cuando la parte actora se mostrare conforme.

CAPITULO V
 

 
De las Personas Beneficiarias Alimentarias
 
Artículo 30.-Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos:

  1. La persona beneficiaria;
  2.  La o el ascendiente que tenga a las hijas e hijos bajo su patria potestad;
  3.  La persona que tenga la tutoría de la persona beneficiaria;
  4.  Las  y los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado;y,
  5.  El Ministerio Público.

Artículo 31.-Tendrá derecho a la pensión alimenticia prenatal, aquella mujer que impute la paternidad de la hija o hijo concebido, que demuestre estar embarazada, y tenga los medios probatorios para ello, indicando que para acreditar la maternidad y paternidad correspondiente se estará al resultado de la prueba de Ácido Desoxirribonucleico (ADN).

Artículo 32.-Tratándose alimentos, las y los cónyuges;las y losconcubinos; las parejas; y, las y los hijos menores de 18 años de edad o mayores con servicios de apoyo para la toma de decisionespor vivir una discapacidad que no les permite valerse por sí mismas, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y los bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la fuente de ingresos. Se entiende que un ser humano tiene discapacidad, cuando padece temporal o permanentemente una disminución en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales que le impiden realizar una actividad normal, por lo que la satisfacción alimentaria debe darse con plena referencia a su ámbito personal, familiar, educativo y social, para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. Podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos éstos. Los ingresos que se reciban por alimentos no podrán ser gravados por impuesto alguno.

CAPITULO VI
 

 
De la Deuda alimentaria
 
Artículo 33.-La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tuviere derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda.Se verifica el pago por meses anticipados. Los alimentos concedidos comenzarán a devengar intereses legales por mora, desde el momento en que se dicte la sentencia o si es de mes a mes, desde que venció o debió ser satisfecha la obligación.

Artículo 34.-La persona deudora alimentaria no estuviere presente o se rehusare entregar lo necesario para alimentar a los miembros de su familia con derecho a recibirlos, será responsable de las deudas que éstos contraigan para cubrir esas exigencias, pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria.

Artículo 35.-El cónyuge o persona concubina que abandone a la otra sigue obligada a cumplir con los gastos derivados de la asistencia familiar. En tal virtud, la persona que no haya dado lugar al abandono, podrá pedir a la jueza o Juez que obligue a ministrar alimentos por el tiempo que dure la separación, en la misma proporción en que lo venía haciendo hasta antes de ésta, y a cubrir las deudas contraídas en los términos del artículo anterior.

Si dicha proporción no pudiera determinarse, la o el Juez, según las circunstancias del caso, fijará la suma, la periodicidad y las formas de pago que juzgue conveniente y dictará las medidas necesarias para asegurar su entrega, así como el pago de las cantidades que se hubiesen dejado de cubrir desde que se produjo la separación, siempre que no se prolonguen por más de dos años.

Artículo 36.-Es obligación de las o los empleadores, gerentes generales y representantes legales de la fuente de trabajo de la o el deudor alimentario, dar cabal cumplimiento a las determinaciones judiciales que se emitan en relación a los descuentos y deducciones correspondientes al pago de la pensión alimenticia decretada por la autoridad judicial; en la inteligencia de que corresponderá a la fuente de trabajo el pago de las pensiones alimenticias que deje de pagar en la forma ordenada, con independencia de las sanciones que establece el Código Penal para el caso de incumplimiento a una orden judicial.
 
Artículo 37.-El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, fideicomiso, depósito o en cualquier otro medio lícito bastante a cubrir los alimentos.

 
CAPITULO VII
 

 
De la Concurrencia de las Personas Obligadas
 

 
Artículo 38.-Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre éstas el pago, en cantidad proporcional a su respectivo patrimonio.

En caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, la o el Juez podrá decretar que uno o varios de las personas obligadas los presten provisionalmente, sin perjuicio de que puedan reclamar de los demás la parte que les corresponda
 

 
Artículo 39.-La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos  o más las personas obligadas, se hará por el siguiente orden:

  1. A cónyuge;
  2. A las y los descendientes de grado más próximo;
  3. A las y los ascendientes, también de grado más próximo; y
  4. A las y los hermanos, pero están obligados en último lugar los que sólo sean de vínculo sencillo.

Entre las y los descendientes y ascendientes, se regulará la gradación por el orden en que sean llamados a la sucesión intestada o legal de la persona que tenga derecho a los alimentos.

Si la persona llamada en grado anterior a la prestación no estuviera en condiciones de soportar la carga en todo o en parte, dicha obligación será puesta en todo o en parte a cargo de las personas llamadas en grado posterior.

CAPITULO VIII
 
De Inexistencia de Obligación Alimentaria
 
Artículo 40.-No existirá obligación de proporcionar alimentos cuando:

Cuando la persona deudora no pueda suministrarlos sin desatender sus necesidades alimentarias o sin faltar a la misma obligación de alimentos para con otras personas que, respecto de ésta, tengan título preferente.

Cuando quien los recibe deje de necesitarlos.

  1. En caso de injuria, falta o daños graves de la persona beneficiaria  contra lapersona deudora alimentaria, excepto entre madres, padres, hijas e hijos.
  2.  Cuando las personas beneficiarias hayan alcanzado su mayoridad de edad, salvo que no hayan terminado los estudios para adquirir una profesión u oficio, mientras no sobrepasen los veinticinco años de edad y obtengan buenos rendimientos con una carga académica razonable.  Estos requisitos deberán probarse al interponer la demanda, aportando la información sobre la carga y el rendimiento académicos.
  3.  Entre ex cónyuges, o concubinos, parejas cuando persona beneficiaria contraiga nuevas nupcias o establezca una relación de concubinato o de pareja.
  4.  Cuando la persona deudora alimentaria haya incumplido los deberes alimentarios respecto a la persona beneficiada, si legalmente debió haber cumplido con tal obligación.
  5.  Por separación por mutuo consentimiento, salvo pacto en contrario, las y los cónyuges y concubinos  no tienen derecho a pensión alimenticia.
  6.  Cuando la persona beneficiaria sea condenada por violencia familiar odelitos cometidos en contra de quien debía prestárselos.
  7.  Los demás que prevean las leyes. 

El cese de la obligación de dar alimentos sólo afectará al que hubiere dado lugar a ello, continuando vigente la obligación de dar alimentos que la persona beneficiaria tuviere con sus demás deudores alimentarios.

Las causales eximentes de la obligación alimentaria se probarán ante la autoridad que conozca de la demanda alimentaria.  Pero, si en un proceso de divorcio, separación judicial o penal, la o el juez resolviere cosa distinta, se estará a lo que se disponga.
 
CAPITULO VII
 

 
De las Formas de Pago de las Obligaciones Alimentarias
 
Artículo 41.-Los alimentos se deben desde la primera demanda, y se pagarán por anticipado. No se podrá pedir la restitución de aquellaparte de laanticipación es que el alimentario no hubiere devengado, por haber fallecido.

Artículo 42.-Las pensiones alimenticias gozarán de preferencia en su totalidad y cuando afecten sueldos, salarios, pensiones, indemnizaciones u otro tipo de emolumentos o prestaciones de personas empleadas o trabajadoras públicos o privados, se harán efectivas por el sistema de retención, sin tomar en cuenta las restricciones que sobre embargabilidad establezcan otras leyes. La retención ordenada deberá acatarse inmediatamente por la persona encargada de hacer los pagos y, de no cumplirla, será solidariamente responsable.

Artículo 43.-La aseguración podrá consistir en hipoteca, prenda con o sin desposesión, fianza odepósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos.
 
Artículo 44.-Las personas asalariadas obligadas a pagar una pensión alimentaria, provisional o definitiva, deberán cancelar, por concepto de aguinaldo, la suma equivalente a una mensualidad, pagadera en los primeros quince días de diciembre, sin necesidad de resolución que así lo ordene. Si la persona obligada a pagar pensión no recibe aguinaldo por no ser asalariado, deberá cancelar solo el cincuenta por ciento de una mensualidad. Si es asalariada pero no recibe el aguinaldo completo porque ingresó a laborar avanzado el año, deberá pagar ese beneficio en la proporción que lo recibe.

CAPITULO IX
 

 
De los Delitos relacionados con la PensiónAlimenticia
 
Artículo 45.-Los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respetivas competencias,legislaran a fin de que sea sancionado penalmente el incumplimiento de obligaciones alimentarias, cuando menos en  las siguientesconductas:

  1. A quien que estando obligado por la ley, sin motivo justificado abandone a sus descendientes, ascendientes, cónyuge, concubina, concubino  pareja o persona beneficiaria de alimentos, sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, aun cuando éstas, con motivo del abandono, se vean obligadas a allegarse por cualquier medio de recursos para satisfacer sus requerimientos indispensables, independientemente de que se inicie o no la instancia civil.
  2.  A quien intencionalmente se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
  3.  El padre, madre, tutor o quien tenga legalmente la custodia de una persona menor de 18 años de edad, que por incurrir en negligencia u omisión en más de una ocasión en las obligaciones que le impone esta Ley, ponga en riesgo la salud mental o física de la niñas, niño o adolescente.

Se garantizara que estos delitos se persigan por querella, salvo cuando los ofendidos sean personas menores de 18 años edad o personas con alguna discapacidad que no les permita valerse por sí misma, en cuyo caso, se perseguirá de oficio.
 
Artículo 46.-Se deben alimentos al hijo o hija nacida como consecuencia de la comisión del delito de violación o estupro, la cual deberá fijarse como parte de la repación integral del daño.

TITULO TERCERO
 
DE LOS ASPECTOS PROCEDIMENTALES
 

 
CAPITULO ÚNICO
 
Del Procedimiento
 

 
Artículo 47.-En el juicio de alimentos, la demanda podrá presentarse por escrito o expresarse por comparecencia personal ante la o el juzgador, debiendo acompañarse los documentos en que funde su derecho.

La o el Juez fijará en un plazo no mayor a tres días, la pensión alimenticia provisional, sin que para ello medie audiencia de la persona deudora alimentaria, mientras se resuelve el juicio.

Hecho lo anterior, la o el Juez girará oficio al centro laboral de la persona demandada, al Registro Público de la Propiedad del Comercio y Crédito Agrícola del Estado, a las instituciones de seguridad social, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y a la Contraloría General del Estado o a la Auditoría General del Estado, según corresponda, para que informen sobre sueldos, prestaciones, ingresos y bienes declarados por la persona deudora alimentaria, debiéndose remitir la información solicitada en un plazo no mayor a ocho días, con el apercibimiento de que de no hacerlo se aplicarán medidas de apremio.

Artículo 48.-La demanda de alimentos contendrá fundamentalmente las siguientes indicaciones:

  1. Nombre, apellidos y calidades de las personas gestionante y presunto obligada.
  2.  Nombre y apellidos de las y los beneficiarios.
  3.  Monto que la parte demandante pretende para cada  uno de las y los beneficiarios.
  4. Mención de posibilidades económicas de las personas obligadas alimentariamente y necesidades de las y los beneficiarios.
  5. Pruebas que fundamentan los hechos de la demanda.
  6. Señalamiento del lugar para atender notificaciones.

Artículo 49.-La obligación alimentaria regirá una vez notificado la persona demandada de la resolución que impone el monto provisional por concepto de alimentos.

Artículo 50.-Al admitirse la queja de violencia familiar o durante el proceso, a juicio de la o el juez podrán fijar una pensión alimenticia provisional a favor de la víctima (s) y las personas menores de 18 años de edad dentro de las medidas protección

Artículo 51.-Presentada la demanda en forma, o subsanados los defectos, la o el juez concederá a la persona demandada ocho días de plazo para contestarla, ofrecer laspruebas, oponer excepciones y señalar lugar para atender notificaciones.

Este plazo será prorrogable hasta un máximo de treinta días, cuando la persona demandada residiere fuera del país.
 
Artículo 52.-Mientras se ventila el juicio, el Juez deberá, después de la contestación de la demanda, ordenar que se den alimentos provisionales siempre que estime que hay pruebas suficientes en favor de la pretensión del demandante, fijando el monto de la pensión. De esta determinación no habrá recursos.

Artículo 53.-Después de que la o el juez haya fijado la pensión alimenticia provisional, girará el oficio correspondiente a la persona que cubra el salario lapersona demandada, previniéndole para descontar la pensión fijada, por semanas, quincenas o meses adelantados, según sea el tipo o períodos acostumbrados para pagarlos; con apercibimiento de doble pago en caso de desacato. La resolución dictada y la comunicación para su cumplimiento, tendrán efectos de mandamiento en forma, para su inmediata ejecución
 
Artículo 54.- No obstante el artículo anterior, mientras se ventila la obligación de prestar  alimentos, podrá la o el juez ordenar que se den provisoriamente, desde que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento plausible; sin perjuicio de la restitución si la persona a quien se demandan obtiene sentencia absolutoria.

Cesa este derecho a la restitución, contra el que, de buena fe y con algún fundamento plausible, haya intentado la demanda

Artículo 55.- Al admitirse la demanda de divorcio se dictarán provisionalmente y mientras dure el juicio, las medidas que procedan. El señalamiento y aseguramiento de alimentos para la persona cónyuge acreedora y los hijos e hijas  no podrá demorarse por el hecho de no tener las y los juzgadores datos para hacer la fijación del monto de la pensión, sino que se decretará tan pronto se pida. El monto de la pensión y la resolución que la establece podrán ser modificados durante el juicio cuando cambien las circunstancias o la o el juzgador tenga mayores datos sobre las posibilidades económicas y posición de las personas cónyuges deudoras.

Artículo 56.-La persona demandada formulará la contestación en los términos prevenidos para la demanda. Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que fueren supervenientes.

En la misma contestación propondrá la reconvención en los casos en que proceda y nunca después; y se dará traslado del escrito al actor para que conteste en el término de seis días.

Artículo 57.-Si transcurrido el término del emplazamiento no es contestada la demanda, se hará la declaración de rebeldía.

Para hacer la declaración de rebeldía, el juez examinará escrupulosamente si las notificacionesprecedentes están hechas al demandado en la forma legal, si el demandante no señaló casa en el lugar del juicio, y si el demandado quebrantó el arraigo.

Artículo 58.-Las pensiones alimenticias se pagaran mensual o quincenalmente.

En el caso de las personas asalariadas, las pensiones se pagarán según la forma de pago del salario.

La persona empleadora está obligada a deducir la pensión fijada por la o el Juez bajo pena de cancelarla personalmente si no la dedujere. En todo caso la pensión alimenticia deberá pagarse en el plazo de tres días después de recibida la remuneración.

Las pensiones alimenticias podrán complementarse con especies de acuerdo a las circunstancias de la persona obligada debidamente valoradas por la o el Juez.

Artículo 59.-La prueba documental se presentará con la demanda o la contestación.  De no poder aportarse la prueba, se indicará el lugar donde se encuentre y, si procediere, se ordenará traerla a los autos.

Cuando se ofreciere prueba testimonial, pericial o reconocimiento judicial, se indicarán los hechos que se pretende demostrar.

Artículo 60.-La o el juez en el mismo auto en que admita la contestación o declare la rebeldía, citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días posteriores y resolverá sobre la admisión de las pruebas, previniendo a las partes, con por lo menos cinco días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia, para que aporten los elementos necesarios para el desahogo de las pruebas a su cargo.

Abierta la audiencia se procederá al desahogo de las pruebas admitidas y de las ordenadas oficiosamente. Una vez desahogadas, se procederá a la formulación de alegatos, ya sea oralmente hasta por quince minutos por cada parte o por escrito. Acto continuo, la o el juez citará a las partes para oír sentencia, misma que deberá ser dictada dentro de los quince días siguientes.

La audiencia podrá ser diferida, a criterio de la o el Juez, por una sola ocasión, de oficio o a petición de parte, justificando debidamente el motivo del aplazamiento, debiendo celebrarse dentro de los tres días siguientes al diferimiento.

Cuando la causa del diferimiento de la audiencia, en los términos del párrafo anterior, sea la imposibilidad de desahogar en ese momento alguna prueba, la o el Juez señalará nueva fecha para su celebración dentro de los cinco días siguientes, apercibiendo a las partes que de no aportar los elementos necesarios para el desahogo de las mismas, se le tendrá por perdido ese derecho, continuándose con el desarrollo de la audiencia.

 
Artículo 61.-Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede la o el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier bien o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley. En casos de violencia familiar, la o el Juez admitirá las pruebas preconstituidas que se encuentren, en poder de la parte actora o bien aquellas que obren en instrumentales públicas de instituciones o dependencias que hayan atendido dicha problemática con antelación.

En los asuntos donde se controviertan derechos de personas menores de 18 años de edad o personas discapacidad o en materia de alimentos a favor la persona beneficiaria alimenticia, la o el juez podrá ordenar el desahogo y práctica de cualquier medio probatorio.

Artículo 62.-Sepodrá ordenar la recepción o ampliación de pruebas, cuando se trate asuntos que afecten los derechos de personas menores de 18 años de edad o personas discapacidad o en materia de alimentos a favor la persona beneficiaria alimenticia.
 
Artículo 63.-El procedimiento en la acción de alimentos, será  sumario,  y  no  se acumulará  a  otra  acción  que  deba  tener  un  procedimiento ordinario;  y  desde  el principio de la causa o en el  curso de ella, la o el juez, según el mérito  que  arrojaren  los hechos,  podrá  decretar  la  prestación  de  alimentos  provisorios para  el  actor,  y  también  las  expensas  del  pleito,  si  se  justificare  absoluta falta de medios para seguirlo.

Artículo 64.-Los asuntos del orden familiar las y los jueces y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho.

No se requieren formalidades especiales para acudir ante la o el Juez tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre la administración de bienes comunes, educación de hijas e hijos, oposición de madres, padres y tutores, y en general, de todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial.

En los mismos asuntos, la o el juzgador podrá exhortar a las personas  interesadas a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimientos

Artículo 65.-La prueba no evacuada en su oportunidad procesal será prescindida aun de oficio, sin necesidad de resolución que así lo indique; sin perjuicio de la facultad de la o juez, de ordenarla para mejor proveer tanto en primera como en segunda instancia.

Artículo 66.-En cualquier estado del proceso, antes de dictar la sentencia, la autoridad competente procurará llamar a las partes a una comparecencia de conciliación, que se realizará ante ellas y la o el juez. El arreglo del monto alimentario será homologado de inmediato por la o el juzgador, si considerare equitativa y proporcional la suma convenida. La resolución quelo acordare tendrá carácter de sentencia y no cabrá recurso alguno.

Artículo 67.-Las excepciones son las defensas que puede emplear la persona demandada para destruir la acción, o bien, para contradecir el derecho que el actor pretende hacer valer, con objeto de que en la sentencia que ponga fin al procedimiento, se le absuelva total o parcialmente.

Artículo 68.-Las excepciones que las personas demandadas pueden oponer en los juicios del orden familiar son las siguientes:

  1. Perentorias:
    1. Falsedad de la demanda;
    2. Falta de derecho a demandar;
    3. Nulidad o falsedad de documentos;
    4. Falta de legitimación;
    5. Reconvención, y
    6. Cosa Juzgada.
  2. Dilatorias:
    1. Incompetencia;
    2. Litispendencia, y
    3. Falta de personalidad.

Tanto la incompetencia como la litispendencia son excepciones dilatorias de previo y especial pronunciamiento, por tanto su interposición suspende el procedimiento; la falta de personalidad no suspende el trámite del juicio en los casos en que a criterio de la o el juez pueda subsanarse, para lo cual debe prevenir a la parte actora.
 
Artículo 69.-Si la demanda no reuniere los requisitos, la o el juez de oficio señalará los defectos y ordenará a la parte actora, corregirlos dentro del plazo de cinco días.  Si en este período no se cumpliere esa prevención, se ordenará archivar el expediente, hasta que la parte actora cumpla justificando el atraso.

En la aplicación de este artículo, la autoridad judicial no procederá con criterios puramente formalistas.
 
Artículo 70.-El crédito alimenticio podrá afectar cualquier ingreso que perciba lapersona deudora alimentaria; el atraso en el pago de las pensiones alimenticias sin justa causa, será penado con el pago de un 5% por cada mes de retraso. La persona juzgadoraresolverá que se pague o no, en base a la equidad.
 
Artículo 71.-Las sentencias dictadas en juicios de alimentossólotendrán autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente; sólo podrán alterarse o modificarse mediante nuevo juicio.

Podrán acudir, a través de un juicio autónomo, a solicitar la modificación de sentencia definitiva que haya determinado la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de la pensión alimenticia únicamente cuando se compruebe que ha cumplido con ésta por más de un año y, en su caso, otorgue garantía anual sobre la misma, para que proceda su recuperación.

TRANSITORIOS
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-A partir de la expedición de la Ley General sobre los Derechos y Obligaciones en materia de Pensión Alimenticia, se deberá expedir su Reglamento Interno, en un plazo no mayor a 30 días.

TERCERO.- Las yLos Jueces de lo familiar iniciarán la aplicación de la presente Ley, a partir de su entrada en vigor.

CUARTO.-Las instituciones relacionadas con la asistencia y asesoría jurídica, en materia de familia, iniciarán la aplicación de la presente ley, a partir de su entrada en vigor.

QUINTO.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

 
Dada en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de Julio del año 2015

 
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MARTHA LUCIA MÍCHER CAMARENA
 
DIPUTADA FEDERAL

   
   

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/85051.html

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