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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Primera Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a las instancias de procuración e impartición de justicia de la Federación y de las entidades federativas a implementar herramientas tecnológicas amigables especializadas que garanticen a las niñas, niños y adolescentes el más amplio respeto a sus derechos humanos y al principio del interés superior de la niñez.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


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DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AMIGABLES ESPECIALIZADAS QUE GARANTICEN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

 

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a implementar herramientas tecnológicas amigables especializadas que permitan la toma de declaraciones, práctica de dictámenes periciales e investigación de delitos y atención de niñas, niños y adolescentes”, presentada por la senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

  1. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.
  2. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.
  3. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.
  4. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

 

I. ANTECEDENTES GENERALES

  1. En la sesión del miércoles 30 de junio de 2015 la senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a implementar herramientas tecnológicas amigables especializadas que permitan la toma de declaraciones, práctica de dictámenes periciales e investigación de delitos y atención de niñas, niños y adolescentes”.
  2. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1385.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La senadora señala que el 12 de octubre de 2011 nuestro país llevó a cabo una reforma constitucional trascendente, en la que se plasmó que en todas las decisiones del Estado se debe observar y atender el principio de Interés Superior de la Niñez, también contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que México es parte.

Indica que la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada el 3 de diciembre de 2014, es un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en México, pues establece que este grupo poblacional tiene derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, así como a participar, ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan.

Bajo esa perspectiva, la senadora explica que la observación 22 inciso c), el Comité de los Derechos del niño de las Naciones Unidas instó al Estado mexicano a asegurar que existan mecanismos amigables para niñas y niños con el objeto de investigar sobre denuncias referentes a muertes violentas, asesinatos y desapariciones.

La senadora pone como ejemplo a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que ha incorporado la utilización de avances tecnológicos para aportarlos al procedimiento penal, que, de acuerdo con la proponente, ha empezado a utilizar una herramienta denominada Bosty, con la finalidad de facilitar la toma de declaraciones, práctica de dictámenes periciales, investigación de delitos y atención psicoterapéutica; esta herramienta es especial para los casos en las víctimas o testigos sean niñas, niños y adolescentes.

Por esa razón, considera oportuno que las Procuradurías contemplen la utilización de herramientas tecnológicas amigables para niñas, niños y adolescentes, con el fin de realizar diligencias propias del proceso judicial.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la república y a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a implementar herramientas tecnológicas amigables especializadas que permitan la toma de declaraciones, práctica de dictámenes periciales e investigación de los delitos y atención de niñas, niños y adolescentes.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

Esta Comisión dictaminadora considera importante señalar que la resolución 44/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual entró en vigor el 2 de septiembre de 1990 y fue ratificada por México. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento que promueve y protege los aspectos de la niñez en todos los aspectos de la vida; particularmente su artículo 3 establece lo siguiente:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

De conformidad con lo anterior, en los párrafos noveno, décimo y décimo primero del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece lo siguiente:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento  evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

En atención a esas disposiciones, en diciembre de 2014 el Estado mexicano expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un marco regulatorio que tiene por objeto garantizar, la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución a este sector poblacional.

Ese ordenamiento prevé, en el artículo 71, que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

El artículo 72 dispone que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen y el artículo 73 establece que tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan.

Por tanto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligados a establecer mecanismos para que las niñas, niños y adolescentes sean escuchados y tratados conforme a su edad en todos los actos que involucre un trato con la autoridad, lo que supone que tanto sus instalaciones, como sus estrategias para levantar declaraciones, tratamiento de psicoterapia, dictámenes periciales o cualquier investigación de delitos que los involucre sean diseñados conforme a su edad, respetando en todo momento el interés superior de la niñez.

En ese tenor, esta Comisión estima procedente la propuesta para incorporar el uso de las tecnologías para restar el estrés y la presión que puede producir en los menores estar involucrados en un proceso jurisdiccional, toda vez que el interés superior de la niñez es uno de los principios consagrados en nuestra Carta Magna y que la legislación secundaria en la materia establece la obligación de observar este principio en la actuación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Con el resolutivo que se propone, se espera que herramientas tecnológicas y de otra naturaleza se incorporen en los procedimientos de actuación judicial a fin de contribuir a facilitar la participación de los menores en los actos judiciales de los que sean parte, garantizando también el derecho de acceso a la justicia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión somete a consideración de los integrantes de la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instancias de procuración e impartición de justicia de la federación y de las 32 entidades federativas, a implementar en el ejercicio de sus respectivas facultades y atribuciones, herramientas tecnológicas amigables especializadas que garanticen a las niñas, niños y adolescentes, el más amplio respeto a sus derechos humanos y al principio del interés superior de la niñez.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los siete días del mes de julio de 2015.


LEGISLADORES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Arturo Zamora Jiménez
Presidente

 

 

 

Dip. Abel Salgado Peña
Secretario

 

 

 

 

Dip. José González Morfín
Secretario

 

 

 

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero
Secretaria

 

 

 

Dip. Manuel Añorve Baños
Integrante

 

 

 

Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez
Integrante

 

 

 

Sen. Graciela Ortiz González
Integrante

 

 

 

Sen. Manuel Cavazos Lerma
Integrante

 

 

 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez
Integrante

 

 

 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks
Integrante

 

 

 

Dip. Fernando Rodríguez Doval
Integrante

 

 

 

Sen. Angélica de la Peña Gómez
Integrante

 

 

 

Dip. Graciela Saldaña Fraire
Integrante

 

 

 

Dip. Tomás Torres Mercado
Integrante

 

 

 

Dip. Lilia Aguilar Gil
Integrante